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El aumento de la moneda estadounidense en la vecina orilla, fluctuando en 20 y 21 pesos argentinos, lo que representa un 7% de aumento en un mes, ha comenzado a tener un impacto negativo en el mercado inmobiliario de ese país. Varios especialistas analizaron cómo podría comportarse el mercado en el 2018 de mantenerse la tendencia.

El portal de noticias www.iprofesional.com consultó a varios especialistas sobre la situación y cómo está afectando al sector. En este contexto, Armando Pepe, presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Argentina, señaló que “en los últimas semanas hubo un receso de llamadas, eso tiene que ver con los aumentos que se empezaron a sentir, con el clima político y por supuesto con la suba del dólar” y agregó que aquellos compradores, que buscan hacer una transacción sin crédito hipotecario, prefieren esperar a que “el escenario esté más estable. Para nosotros el panorama es complejo, hay que ver qué pasa si sigue en alza la moneda estadounidense será aún más complicado”, sentenció Pepe.

 

Créditos y plazos

Por su parte, Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), señaló que “todo movimiento del dólar produce inquietud en quien tomó un crédito. En aquellos casos en donde los plazos de otorgación superan los 120 días es aún más complicado y en esos casos puede caerse la operación”. El principal problema gira en torno de los plazos de otorgación de los créditos, que en algunos casos pueden llegar hasta los cinco meses. “Es fundamental que los bancos empiecen a acortar los plazos, porque es difícil sostener durante tanto tiempo una transacción”, agregó Bennazar.

Por ejemplo, quienes comenzaron a gestionar un crédito hipotecario en noviembre lo hicieron con un dólar a $17,90, por lo que si pedían un monto de u$s100.000 significaba en pesos 1.790.000, ahora con un dólar a 20,36 ese valor en moneda local es de $2.036.000, es decir que el tomador de hipoteca tiene una diferencia de $246.000 (u$s12.082). “Se trata de cifras muy altas, las que hoy están necesitando los compradores con hipoteca. En general los bancos están extendiendo los plazos de otorgación para que puedan conseguir ese dinero que muchas veces es mediante la ayuda de familiares o amigos. En algunos casos los dueños están dispuestos a renegociar los valores, pero claro, nadie quiere perder dinero”, aclaró Pepe.

No sólo el valor del dólar se dispara, sino que las propiedades para la venta también vieron incrementado sus precios. Según los datos difundidos por la empresa  inmobiliaria Properati, en enero pasado se registró una suba interanual del 9% en dólares sólo en la Ciudad de Buenos Aires. “Si tomamos todo el territorio de la Argentina esa suba alcanzó “el 12%”, detalló Bennazar. Para el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, los precios seguirán en alza, más allá de la disparada del dólar, lo que parece que complicará aún más el panorama, agregó.

En noviembre, según el Colegio de Escribanos, en el ámbito porteño se firmaron 7.850 actos de compraventa, un 27% por encima del registro del mismo mes de 2016. De esta manera, dicho mes se erige como el mejor diciembre de la última década, en línea con la tendencia mostrada durante todo el año, que cerró con un total de 63.382 escrituras, lo que implica un avance del 41% sobre las cifras de 2016, siendo éstas las mejores desde 2011. “Mientras no se logre bajar el nivel de inflación, la situación va a seguir igual, será un año complicado”, sentenció Armando Pepe, presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Argentina.

 

Blindaje contra el dólar

Varios agentes inmobiliarios plantearon pasar el financiamiento de viviendas en dólares a Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs), una unidad de medida creada por el Banco Central de la república Argentina para fomentar el crédito hipotecario. La idea es que los operadores privados comiencen a financiar en UVAs de manera de “blindar” el crédito frente a  la suba del dólar.

Damian Tabakman, presidente de la Asociación Argentina de Profesores y Consultores de Real Estate, explicó al diario Clarín que esta sería la mejor medida ante la actual situación. “Si la compra venta se pactara en UVAs, una disparada del dólar no haría que se cayeran tantas operaciones. Respecto de ventas en pozo (antes de iniciarse la construcción del edificio), sí es bueno y esperable que se pacten en UVAs para calzarlas con los préstamos intermedios, que se desembolsan en UVAs y se indexan de esa misma manera”.

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En entrevista con Del Constructor, el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU), Daniel Zulamian, se refirió a la situación del sector en el 2017 y qué se puede esperar para este año, teniendo en cuenta que en junio habrá un nuevo convenio de salarios. También se refirió a la situación de las viviendas promovidas (antes denominadas de interés social) y especialmente a la falta de políticas que incentiven el crédito para la compra de viviendas.

 

Usted tiene una vasta experiencia en el sector inmobiliario y ha sido electo presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU). Desde su perspectiva, ¿cómo ha sido este año para el sector?

Sí, parece que fue ayer cuando recibido de abogado, y con una pequeña empresa desarrolladora, con mi esposa Teresa, planeando construir la casa de mis padres, casi de manera inadvertida, se plasmó uno de nuestros primeros desarrollos  inmobiliarios. Pero han pasado 30 años y estamos agradecidos de todo lo que nuestro país nos ha dado y nosotros algún granito de arena también hemos aportado. En especial, agradecidos a la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU), donde luego de ser  directivos varios años; a partir de mayo de 2017 accedimos a la presidencia. Y en las elecciones de noviembre pasado fuimos electos por 2 años para este cargo que nos honra. Desde nuestra perspectiva, el 2017 creo que ha sido un año bisagra. Cuando esperábamos seguir con la caída en los emprendimientos y por consecuencia en la cantidad de empleos que tan ágilmente genera la industria de la construcción, a partir del primer semestre y confirmado con el segundo semestre de 2017, se produjo un freno a esta caída. Lo cual ya de por sí es importante. Lo mismo ocurrió con los precios de venta que por razones del enlentecimiento de las mismas ocurrido en el 2015, se mantenían o ajustaban algo a la baja medidos en dólares, cuando en realidad nuestros costos subían en dicha moneda, lo que producía un desfasaje en las cuentas. Desde el segundo semestre 2016 y en todo el 2017 se están recuperando, volviendo a valores mínimamente lógicos, por debajo de los cuales se empata o se pierde en relación a los costos.  

 

El número de trabajadores de la industria de la construcción ha bajado en los últimos años, luego del pico histórico registrado en diciembre de 2012, con más de 72 mil trabajadores cotizantes. ¿En qué situación se encuentra la industria hoy? ¿Preocupa esto a los promotores privados?

Es nuestro deseo que tengamos un excelente 2018, que nos permita trabajar en paz. Esa paz que es el ambiente imprescindible para el desarrollo de toda actividad. En especial porque este año tenemos que realizar un nuevo convenio de salarios. Le decía que la caída se detuvo, se frenó. Que quizás con algunas normas, que luego comentaremos, se generaron algunos nuevos desarrollos, pero esto no es suficiente. Acá hace falta el esfuerzo de todos. Esto es: empresarios, profesionales, trabajadores y el Estado, de manera de poder lograr acuerdos productivos, que permitan a los trabajadores disponer de fuentes de trabajo lo más estable posibles, y a las empresas generar unos márgenes razonables en sus resultados, motor que hará que se entusiasmen para producir  nuevas obras que generarán nuevos y más puestos de trabajo. Y el Estado que podrá ver como se soluciona la situación económica y social de sus ciudadanos, los trabajadores, los usuarios de vivienda y los empresarios. No hay ingresos que el Estado pueda percibir a través de impuestos, que superen el poder lograr una buena situación social y económica de la  gente.

 

Medidas y soluciones       

¿Cuáles serían las herramientas para amortiguar esta situación?

Algunas medidas ya se han realizado. A nivel nacional con los grandes emprendimientos, aunque por el volumen de inversión exigida son pocos. Y a nivel departamental por ejemplo en Maldonado con exoneraciones en derechos de edificación, entre otros. Faltaría que Montevideo, por lo menos, generara unas medidas similares. Pero, por sobre todo, falta el estímulo al crédito que necesariamente en el mundo se utiliza para acceder a bienes inmuebles. Con créditos en las compras de inmuebles, se agilitaría la colocación y permitiría generar más producción, o sea más obras y por tanto más mano de obra. Si utilizamos crédito, usualmente, para compra de bienes fungibles o consumibles, y bienes muebles no fungibles pero de corto uso, como electrodomésticos y autos, ¿cómo no vamos a utilizar créditos para adquirir bienes que son raíces? Es donde más deberíamos utilizar crédito a mediano y largo plazo. Creemos que medidas para el incentivo del crédito en la adquisición de inmuebles tanto para residentes como para no residentes, o como prefiero llamarlos: residentes temporarios, sería muy beneficioso para incentivar la construcción y la actividad inmobiliaria.

 

¿La nueva planta de UPM, en caso de concretarse, qué beneficios trae para los promotores privados? 

Para los promotores es muy puntual. Beneficiará a quienes logren alguna contratación en la planta y poco más.

 

¿Qué opinión le merece las viviendas promovidas, antes denominadas de interés social? ¿Pueden ser una solución o se necesita adoptar otras medidas?

Luego de marzo de 2017, fecha del último gran cambio en materia de las viviendas promovidas, se han presentado menos permisos, excepto los ingresados rigiéndose por la normativa anterior.  La tarifa estatal en los precios de determinados porcentajes de inmuebles, con cifras incluso, por debajo de su costo, y su comercialización por el Estado, recién una vez el edificio se termine, son cortapisas muy fuertes en este tipo de emprendimientos. Es necesario tratar de buscar un camino con las autoridades estatales para volver a transitar los niveles de actividad de años anteriores.

 

El gobierno anunció que los proyectos de vivienda con una inversión superior a 15 millones de dólares podrán acogerse a los beneficios de la Ley de Promoción de Inversiones, que incluyen franjas de exoneración del IRAE y beneficios en el Impuesto al Patrimonio ¿Qué piensa de esta medida?

Estas son medidas ingeniosas. Cuando decimos que somos tres partes en esto, los empresarios y trabajadores que somos nosotros, los obreros y el Estado, queremos decir que  todos tenemos que aportar un poco. Acá tuvimos un incentivo para determinadas obras. Son de gran porte, eso es un tema que la limita a la propuesta; pero se trata de una norma que se basa en la generación de grandes cantidades de mano de obra y eso se da en grandes emprendimientos. De todos modos, eran obras con permiso e inicio antes del 31 de diciembre de 2017.  Por lo cual supongo que si no se legisla nuevamente, no seguiremos teniendo esta opción.

 

¿Desde la APPCU se le solicitará al gobierno un beneficio similar para obras de menor porte?

Eso ya lo hicimos el año pasado, justamente cuando se estaba elaborando una  segunda versión del decreto. La posibilidad de incluir emprendimientos cuyo valor en obra civil (que es lo que genera mano de obra) sean menores a los exigidos en el decreto. Este prevé unas 123 millones de Unidades indexadas (UI) que según los momentos fueron unos 15 millones de dólares y hoy son cerca de 16 millones sólo de obra civil. El tema es que la norma del decreto se basa, se respalda en la Ley 16.906, y son facultades del Poder Ejecutivo. Pero obviamente sería muy bueno para nuestros socios que se incluyeran en un futuro normas que permitieran algún estímulo fiscal en obras de menor porte.  

 

En busca de soluciones

¿Hay perspectivas de reactivación a mediano plazo?

Y si no creemos que las hubiera a mediano plazo, sería muy duro. Acá es fundamental manejar elementos de trabajo como proyectos de arquitectura claros, completos.  Necesitamos procedimientos adecuados, y por el lado del trabajador, actitud de trabajo, además de rendimientos que, se debe entender, son básicos para que luego pueda seguir trabajando en otras obras que se generen. Y por el lado de la dirección de la empresa entender que hay que estar todos los días en la fragua, buscando soluciones ingeniosas que permitan generar productos con valor competitivo y colocación en el mercado de los bienes resultantes. El Estado deberá pensar y plantear colaborar en toda esta trama de relación y ver la posibilidad de generar incentivos que permitan seguir generando emprendimientos.

 

¿Cómo cree que será este año?

El 2018 va a ser un año de lucha y de trabajo, como siempre. Esto es fundamental tenerlo presente. Fácil no hay nada. El mundo está complicado, y si no observe lo que ocurre en Estados Unidos y Europa, por referirnos a mercados que funcionaban espectacularmente y no obstante tuvieron complicaciones. Ahora están empezando a salir. Y con nosotros ocurre lo mismo. Si todos los que integramos el sector nos esforzamos, podremos mantener cierta recuperación y empleo razonable que nos permita mejorar la situación actual.

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Fundada en setiembre de 1919, la Liga de la Construcción del Uruguay cuenta con más de 300 socios distribuidos en todo el país. Su actual presidente, Ubaldo Camejo, se mostró preocupado por la situación de los subcontratistas y comercios que integran la Liga, teniendo en cuenta que el 2017 no fue un buen año.

 

¿Cómo ha sido el 2017 para la Liga de la Construcción?

Hay algún sector que se ha mantenido, hay otros que han estado un poco regular, y algunos sectores que están mal. Por distintos motivos, pero están mal. No están de acuerdo a lo que vivimos en los últimos seis, siete años, donde había un trabajo continúo. Donde, si bien había una competencia, no era la competencia brutal que existe hoy, con unos precios deprimidos totalmente. Esto ocurre porque, evidentemente, todas las empresas quieren trabajar y cuando vemos que no hay trabajo, entramos en lo que yo le llamo “remate”, que significa ver quién baja más los precios. El costo de este “remate” cada uno lo evaluará a su manera. Honestamente conozco muchas empresas y comercios a los que los números no le cierran. En Uruguay existe la creencia popular de que el empresario es llorón, pero la realidad es que los números no cierran. Los costos que tenemos son muy elevados: energía eléctrica, combustible, impuestos. Aquí a cualquier cosa se le pone impuesto. Producir en condiciones normales es trabajar prácticamente por debajo del costo. Es muy alta la carga impositiva. Para los socios de la Liga, según los índices que tenemos, el 2017 no ha sido un buen año. De los últimos años, este ha sido el peor. Es más, yo me atrevo a decir que sufrimos menos con la crisis del 2002 que con lo que pasamos el año pasado.

 

Pero algunos sectores se muestran optimistas ante una posible reactivación este año.

Bueno, depende de qué hablamos cuando nos referimos a reactivación. Yo hablo pura y exclusivamente de los socios de la Liga que, como sabemos, está nucleada por pequeños y medianos subcontratistas, y por empresas constructoras pequeñas y algunos de un porte un poco más importante. En la medida que la construcción tenga trabajos de arquitectura, podemos mejorar la situación y retomar la actividad en una forma medianamente potable. Ahora, si la construcción se reactiva sólo por el lado de la infraestructura, trabajarán algunas determinadas empresas, pero no los subcontratistas. Pongamos el ejemplo de la licitación de una carretera o de un tramo de ella. No lleva yeso, no lleva herrería, ni aluminio, ni pintura. Esto nos deja afuera de la llamada reactivación del sector.

 

Usted lo dice porque desde el gobierno se apuesta a una tercera planta de celulosa y los requerimientos de infraestructura que ésta necesita en material vial y ferroviaria, por ejemplo.

En los últimos diez años, la inversión pública fue alrededor de un 30%, mientras que la inversión privada fue de un 70%. Eso llevo a que el sector tuviera más de 70 mil trabajadores cotizantes en el Banco de Previsión Social. Hoy, en la industria de la construcción,  estamos por debajo de los 44 mil trabajadores cotizantes. Esto es muy claro y no admite dos lecturas. En cuanto a la concreción de la segunda planta de UPM, al momento que usted me realiza esta entrevista, yo lo de concreción lo pondría entre comillas.

 

¿Cómo le ha impactado a la Liga, si es que así fue, el tema de las cooperativas? 

En algo raro como se construyen esas viviendas. Hay mucha cooperativa, y las cooperativas, por lo general, trata de abaratar sus costos porque sino no le alcanzan los préstamos para la construcción de las viviendas. Por lo tanto, hay casos de cooperativas que compran determinados materiales y se fabrican ellos los productos que necesitan. Entonces, para nosotros no es un impacto positivo significativo.

 

¿Y en el caso de las llamadas viviendas promovidas?

Con ellas hubo algún movimiento porque bajo esta modalidad, en algunos casos, trabajan las medianas empresas y, en otros casos, las grandes empresas. En todo esto, más que un monopolio, veo oportunismo. Y muchas empresas traen los materiales importados y acá no se les dice nada.

 

El tema de la importación de algunos productos, ¿preocupa a la Liga de Construcción?

Hay materia prima que se fabrica en el país y otra que evidentemente es importada. Sí le puedo decir que últimamente la materia prima importada en el país de origen ha tenido subas importantes. Esa suba no se ha trasladado en demasía a los precios aquí, porque todos queremos vender. Entonces sacrificamos los beneficios a la mínima expresión.

 

¿Y cómo se sale de esta situación?

Volviendo a los últimos cinco, seis años pasados. Es decir donde haya inversiones privadas y donde la inversión pública se haga notar. Hubo un traslado de la inversión privada porque hay otros mercados que son más favorables para los inversionistas que el Uruguay.

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Un estudio llevado a cabo por la arquitecta Sharon Recalde propone generar conocimiento sobre la precariedad habitacional dispersa de Montevideo y estudiar medidas que permitan revertir la situación.  El estudio es la tesis de doctorado presentada ante la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Pablo y recibió una mención en la última edición del Premio Nacional de Urbanismo.

Según el trabajo, “en este nuevo siglo se produce una polarización entre las condiciones de vida de los distintos estratos sociales, que tiene su reflejo en el territorio” y que se materializan en la “segmentación social, segregación residencial y exclusión urbana”.

De manera paralela “se manifiestan nuevas formas de habitar en el tejido formal de la ciudad, asociadas a nuevas formas de pobreza y vulnerabilidad”. Se trata de la precariedad habitacional dispersa y es “la menos visible, subdiagnosticada y atendida por las políticas públicas”, afirmó Recalde.

 

Precariedad habitacional

Se considera precariedad habitacional, entonces, a la manifestación física de pobreza o vulnerabilidad en el hábitat residencial. La precariedad dispersa es la precariedad física y social que caracteriza localizaciones puntuales dentro del tejido formal. En tanto, la precariedad habitacional concentrada hace referencia a la precariedad física y social que caracteriza porciones homogéneas de la ciudad, como parte de procesos de fragmentación urbana.

Existen ambos tipos de precariedad habitacional, pero en la tesis doctoral se recuerda un trabajo estadístico previo que daba cuenta que existen tres familias pobres en el tejido formal por cada una que vive en asentamientos irregulares en Montevideo. Ello, sostuvo Recalde, “evidencia la existencia de situaciones de vida críticas diseminadas por ese tejido formal que no necesariamente son conocidas y mitigadas por la acción estatal”.

Los barrios de las zonas centrales de Montevideo fueron identificados como poseedores de algunas situaciones de precariedad habitacional. Es más, en el trabajo se indica que existen “niveles críticos (altos) en las zonas centrales e intermedias o que presentan particularidades que implican la necesidad de profundizar el análisis en las zonas de interés”.

 

Cambio de paradigmas

Según Recalde, en los últimos años se observa un “real interés en innovar en la búsqueda de soluciones para las problemáticas habitacionales existentes, tanto a nivel legal como institucional, como en el diseño e implementación de los programas”. Cree que “existe un evidente viraje del paradigma del acceso a la vivienda al de permanencia en ella” y que la diversificación de los programas “ha permitido comenzar a atender el stock habitacional existente” en el que se evidencia la precariedad.

De todos modos, pese a la existencia de diagnósticos y la aplicación de planes desde el Estado, la especialista entiende que “aún existe desconocimiento de situaciones de precariedad, mayormente de la precariedad dispersa, tanto de su localización como de su caracterización”.

 

Formales y precarios

La tesis doctoral afirma que se desarrollaron programas estatales “de aplicación concentrada y dispersa” y que las medidas aplicadas sobre la precariedad dispersa “tienen menor inversión ya que se limitan a mejoras en la vivienda, han tenido menor evaluación, van en aumento (diversificación), aunque no están aún consolidadas”.

Asimismo, señaló que “su gestión no es simple, debe atenderse caso a caso“, y que los beneficiarios son los protagonistas ya que son los que deben procurar el programa habitacional más adecuado a sus necesidades y posibilidades”.

Recalde sostuvo en el trabajo que “los programas que atienden las situaciones de precariedad concentrada tendrán un mayor impacto a nivel urbano, por un lado por la propia concentración de los resultados y porque incluyen acceso a servicios de infraestructura y equipamientos sociales y culturales. También será mayor la cantidad de beneficiarios”.

Sobre los programas de aplicación dispersa, señaló  que “se limitan a intervenciones en las viviendas y su alcance es aún limitado”. Y explica: “Pueden atender situaciones que promuevan la conservación del stock construido, salpicando de mejoras el tejido formal en proceso de deterioro. Esos programas a pesar de no proponer el mejoramiento del espacio público, en algunos casos contribuyen a la imagen urbana a partir de las mejoras de los inmuebles”.

 

Conclusiones

Entre las conclusiones del trabajo se encuentra la necesidad de generar más información acerca de la precariedad habitacional dispersa. “La falta de información es el primer obstáculo a superar para revertir esa problemática. La investigación realizada propone una metodología para su reconocimiento, define zonas donde comenzar un análisis más profundo y genera un sistema de información geográfica que queda disponible para continuar con la manipulación de los datos e indicadores utilizados”, indicó Recalde.

Además, sostuvo que la visibilidad de los distintos tipos de precariedad habitacional es diferente, “siendo mayor el reconocimiento en el caso de los edificios ocupados, luego el caso de los terrenos formales con ocupación precaria y finalmente el de las pensiones”.

“Los edificios ocupados se encuentran en toda el área estudiada, los terrenos formales con ocupación precaria se localizan en la parte más periférica de esa zona y las pensiones en la zona más central”, explicó la profesional.

Desde su perspectiva, “es necesario coordinar y articular, hacer sinergia entre programas de distintos sectores (urbano, habitacional y social) y entre distintos organismos, potenciar la autogestión, autoproducción, autoconstrucción e intensificar el apoyo técnico; facilitar las acciones y aproximar los programas a los usuarios”. En línea con lo que trabaja el gobierno, Recalde  manifestó que en el caso de terrenos formales con ocupación precaria los principales aspectos a resolver son las condiciones de habitabilidad y las condiciones legales de las viviendas.

“Las intervenciones físicas a realizar incluyen el mejoramiento de las condiciones materiales y apoyo a la autoconstrucción. Las estrategias a desarrollar deben tender a potenciar las acciones a través, por ejemplo, de la cooperación entre familias y coordinación entre beneficiarios para hacer más eficiente la acción de las instituciones, valorando las intervenciones grupales sobre las individuales”, enfatizó la arquitecta.

Por otro lado, se plantea en la tesis doctoral que “hace falta facilitar la formalización de las viviendas lo que implica posibilitar la subdivisión de los terrenos originales, la regularización de las construcciones -impedida por el incumplimiento de las condiciones físicas-, permitiendo en ambos casos la incorporación a propiedad horizontal”.

En el caso de los edificios ocupados, plantea que antes de cualquier otra acción se deben resolver los problemas de tenencia, y sostiene que el caso de las pensiones y casas de inquilinato “debe ser reconocido como un problema a atender” ya que “apenas se conocen las condiciones de vida de los locales habilitados”, señala el estudio de la arquitecta Sharon Recalde.

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La reactivación también llegó al real estate de nuestro principal balneario, con un leve crecimiento, pero crecimiento al fin, en materias de proyectos edilicios que dinamizarán el sector inmobiliario en los próximos años.

Luego de cuatro años de caídas, la cifra de emprendimientos volvió a subir, pasando de 29 emprendimientos durante el 2017 a los 32 presentados durante este año, según un informe del diario argentino El Cronista. El informe, elaborado por la periodista María Eugenia Usatinsky, señala que “tras pasar los últimos años con inversiones en baja, ventas ralentizadas, escasez de anuncios y cúmulo de unidades en stock, el actual contexto promete mayor nivel de actividad y los desarrolladores se animaron a lanzar nuevos proyectos”. Esto, según la autora de la nota, está relacionado con las perspectivas de crecimiento en la vecina orilla, que repercuten favorablemente en nuestro país.

"Después de varios años, Punta del Este vuelve a ser centro de interés. Los desarrollos que se lanzaron este año son de mayor calidad que los de años anteriores. Esto se debe a que están apuntados al comprador argentino, que siempre fue el más activo y el cual nuevamente confía en que éste es un buen lugar para tener una propiedad vacacional. Además, el Gobierno uruguayo presentó exenciones impositivas para quienes construyan este tipo de proyectos, lo que pudo haber incentivado este proceso", sostuvo Germán Gómez Picasso, fundador de la consultora Reporte Inmobiliario, que realizó un relevamiento sobre el mercado uruguayo en la zona que se extiende entre Punta Ballena y el Puente de la Barra.

Este informe muestra que luego de cuatro años de caídas, la cifra de emprendimientos volvió a subir -aunque levemente- pasando de 29 el año pasado a 32 en la actualidad. Pero lo que queda en evidencia es que los desarrollos que se lanzaron son de mayor escala dado que la superficie total en ejecución o en etapa de comercialización era de 257.500 m2  hace un año y en la actualidad se duplicó: hay 518.126 m2.

 

Preventa y precios en m2 

En cuanto a los precios de oferta de venta promedio en la costa esteña el estudio mostró que en los últimos 12 meses hubo un leve crecimiento, por segundo año consecutivo. El valor por m2  escaló de u$s 3.803 a u$s 3.870, con un incremento del 1,76%, aunque el precio actual aún sigue por debajo de los picos de los años 2012, 2013 y 2014 que habían sido cercanos a los u$s 4.000. Si bien éste es el precio promedio, el rango que presenta el mercado es amplio: según el tipo de unidad, los amenities del complejo y su ubicación, van desde los u$s 2.344 por m2  hasta los u$s 10.471 por m2.

 

Nuevas torres

Dos empresas del sector como la constructora Criba y la inversora Rasga se unieron para desarrollar el tercer edificio Le Parc en Punta del Este, que ya cuenta con más del 60% de las unidades reservadas. “Eso representa un récord en la preventa de departamentos ya que se lanzó hace solo dos meses. Hubo una muy buena aceptación", destacó Pablo Kiesel, gerente Comercial de Raghsa.

La torre se levantará sobre un terreno de 7.000 m2 , con acceso desde la Rambla y estará ubicada en la parada 9 y medio de Playa Brava. Le Parc Punta del Este Torre III contará con 24 pisos de residencias a la venta, donde habrá 96 departamentos como máximo (cuatro por piso aproximadamente) que irán desde 195 hasta 435 m2  cada uno, tendrán de 3 a 5 dormitorios en suite y prometen que contará con "la más noble calidad constructiva, terminaciones de primera categoría y tecnología de avanzada". El estudio de arquitectura a cargo del proyecto es Mario Roberto Álvarez y Asociados.

Santiago Tarasido, presidente y CEO de Criba, contó a El Cronista  que en breve "comenzará el movimiento de suelos y las obras, ni bien se termina la veda de construcción en Punta, pero el avance se verá más fuerte a partir de marzo". Las unidades se entregarán a fines de 2020. En preventa los valores arrancaron en 3.300 u$s/m2 pero actualmente el valor de las unidades que quedan a la venta ya trepó hasta 3.800 u$s/m2 en promedio.

"Estamos muy contentos con la preventa. Esperábamos que funcionara bien pero nos sorprendió.  Punta del Este venía de varios años sin proyectos emblemáticos pero hubo bastantes cambios que produjeron que vuelvan a lanzarse varios proyectos interesantes. Un cambio clave fue la ley de promoción de inversiones que exonera del pago de muchos impuestos a los proyectos, lo que hizo que la relación venta-costo mejore sensiblemente", explicó Tarasido.

El valor por m2  escaló de u$s 3.803 a u$s 3.870, con un incremento del 1,76%, aunque el precio actual aún sigue por debajo de los picos de los años 2012, 2013 y 2014. En este contexto, Kiesel coincidió con su socio: "El mercado de real estate en Punta del Este se reactivó y generó un buen dinamismo, atrajo inversiones y ofertas de buenos proyectos. Las medidas implementadas por el Gobierno uruguayo fueron fundamentales para que los desarrolladores volvamos a focalizarnos en Punta del Este".

Cercano a Le Parc III continúa en avance la obra de Trump Tower, ubicada en esa misma parada de La Brava. Esta torre tendrá 26 pisos con 160 unidades en total que van de los 113 a los 300 m2 de superficie, salvo las más exclusivas que serán tipo penthouse de 831 m2.

El edificio estaría listo para inaugurarse en mayo de 2019. El desarrollo es de YY Development Group, implica una inversión de u$s 150 millones y en promedio el precio de venta del metro cuadrado de las unidades ronda los u$s 6.000. Solo queda un 20% de departamentos por colocar.

Juan José Cugliandolo, director general del grupo desarrollador, aportó su mirada sobre ese mercado: "Punta del Este es el destino justo para una nueva categoría de residencias ultra exclusivas. Si bien sigue siendo un destino estacional, existen propuestas que alientan a que no sea solo visto cuando el calor asoma".

Convalidando la apuesta a este mercado, y también está "avanzando" con la renovación del renombrado Hotel Campanario que -con la adquisición del terreno lindero- a sus 70 unidades agregarán otras 200 "pensadas bajo el esquema de residencias con servicio hotelero de una prestigiosa marca internacional". Según prevé Cugliandolo, "el mercado seguirá en ascenso" y contó que también adquirieron una importante tierra en La Brava, frente al océano, donde están "buscando llevar adelante otra propuesta ultra exclusiva" así como en zona de La Mansa.

La desarrolladora Weiss Mora Weiss (WMW) inauguró la temporada 2018 con una fiesta en la que presentó Venetian Luxury Residences. Se trata de una torre de 144 departamentos en 27 pisos que levantarán en un terreno de 14.000 m2 de superficie ubicado en la primera fila del mar, en la parada 18 de la rambla La Mansa de Punta del Este. Las unidades son de 160 m2 de superficie hasta 856 m2, con terrazas de 20 hasta 250 m2, estas últimas con piscina individual.

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