En diálogo con Del Constructor, el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Ignacio Otegui, evaluó la situación del sector del 2017 y analizó el posible escenario para este 2018 e inicios del 2019. Se refirió, además, a la inversión pública, a la privada, a las inversiones inmobiliarias en viviendas promovidas y al escenario y desafíos que plantea la posibilidad de que se concrete una nueva planta de UPM.

 

¿Qué balance hace del sector en el 2017?

Creo que el 2017 fue un año de pequeña caída con respecto al 2016, aunque no están cerrados los números todavía del Banco Central, pero seguramente vamos a tener una contracción menor a la que tuvimos en el 2016 con respecto al 2015 y 2015 con respecto al 2014. Pero en definitiva, da la impresión, que la industria está en lo que yo llamo el piso. Poco más, poco menos, es como la industria  se comportó. Desde el punto de vista de la ocupación, estamos en un año, me refiero al 2017, en el que la industria estuvo en el entorno de los 44 mil, 45 mil trabajadores ocupados y vamos a cerrar el año con 47 mil trabajadores, porque eso es lo que ocurre todos los años, ya que entre octubre y noviembre hay una mayor demanda de mano de obra, porque mucha gente contrata personal para hacer tareas en los balnearios. Este es un dato estadístico, pero relevante. De repente, podrán ser 2 mil o 3 mil trabajadores más. Y en enero y febrero esa demanda normalmente cae y en marzo, con suerte, empieza a novelarse.

 

Posible escenario 2018

 

¿Qué es lo que se espera para este año?

Tuvimos contracción del PIB en el 2017, menor que en el 2016, pero una contracción al fin. Tuvimos un menor nivel de ocupación que en el 2016 y tenemos una convicción personal de que de 2018 va a ser muy parecido al 2017. ¿Qué quiero decir con esto? La obra pública es un motor importante de la industria y el Estado, que no tiene muchos recursos, está haciendo todo lo que puede. Y los que tiene, son los que están destinandos. Con esto va a estar en el entorno del 30% la demanda de la obra pública  en toda la industria para este año. Es probable que tengamos una recuperación en la inversión en el rubro viviendas. El año pasado estuvimos entre un 14% y 15% de demanda y para el 2018 es probable que nos arrimemos al 20%, porque, en definitiva, están las obras de Punta del Este que importan y que van a generar unos 2.500 puestos de trabajo a partir de mitad de año. Esto, claro está, si todo se desarrolla dentro de los marcos razonables. Es un número importante de trabajadores, pero tampoco nos mueve la aguja razonablemente. Y otro tanto puede ocurrir, en menor medida, en Montevideo. Aquí, la vivienda de interés social, hoy renombradas como viviendas promovidas, pasó de los inversores criollos, que fueron los que hicieron la primera etapa de inversión, y hoy hay trabajando en Montevideo varios inversores argentinos. Son obras que están comenzando y es probable que el 2018 sea un poco mejor que el 2017 en el rubro vivienda. En el resto del país, la impresión que tenemos es que va a seguir como venía, sin llegar a tener un gran destaque. Otro rubro, que no es menor, es el otro 50% de la demanda sobre la industria que es la obra privada no vinculada a la vivienda. Hoy existe una contracción un poco mayor, porque, en definitiva, los proyectos aprobados por la Comap (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones) si bien son un número importante, son menores en monto de inversión. Y vamos a tener una caída en el 2018 en ese rubro.  ¿Qué nos queda como elemento nuevo que puede llegar a mover la aguja? Nos quedan tres cosas, pero ninguna se va a empezar antes de fines del 2018. Primero, las PPP que están licitadas, que alguna está adjudicada, otras están en proceso de análisis y otras para realizar el llamado. Estas obras, que ya datan de una licitación en algunos casos de más de un año, ninguna de ellas se va a empezar antes de finales del 2018.  Si todas se empezaran, es probable que ahí podamos tener 3 mil, 4 mil puestos de trabajo más, no mucho más que eso, concentrados en Montevideo y en el interior. Porque dentro del modelo PPP hay obras de educación que la primera se va a empezar, con suerte, a fin de año, y la segunda licitación, con suerte, en el primer trimestre del 2019. Estas son obras que están repartidas en todo el país, con una concentración mayor en Montevideo.  Después, están las obras de vialidad que son inversiones importantes, que están en la misma situación que la de educación, algunas estudiadas y adjudicadas e ingresando en el proceso de tratar de ajustar los temas económicos, que siempre son difíciles, y las restantes están en estudio. Hay otro elemento o factor, que son las obras de las intendencias. Ahí hay algunas obras importantes que puede lanzar la Intendencia de Montevideo, pero que sumadas todas pueden ser mil trabajadores más, pero bienvenido sea. Esas obras se están licitando, por lo que hay que analizarlas, evaluarlas y adjudicarlas, lo que nos lleva a pensar que comiencen en el último trimestre de este año. Y finalmente queda, como último elemento, las obras que ha planteado UPM que se deben hacer. Ahí están las obras referentes al ferrocarril que, con suerte, se comenzarán a fines de este año o comienzo del 2019. Estamos hablando si todo sale bien. Después tenés una inversión en el puerto, que también UPM está planteando, y cuya obra se va a empezar después del ferrocarril, no antes. Porque además, tengo entendido, que esa obra la financiaría UPM.

 

Y resta la planta física de la tercera planta.

Claro, la otra vía de acción es la planta física de acceso a la ubicación de esta eventual tercera planta de celulosa. Estas son obras de carretera, caminos secundarios y de acomodar los puentes. Esto es una obra importante porque si vienen los tritrenes hay que hacer la mayor parte de los puentes.  Y estas obras, personalmente no creo que se empiecen antes de mediados del 2019. Con este panorama, lo que le puedo decir es que si la industria de la construcción termina el 2018 como terminó el 2017, yo me quedo contento.

 

¿Y que debiera pasar para que esto no ocurriera?

Creo que no hay elementos suficientes como para que le pueda decir que  vamos a tener una caída. Por supuesto que puede ocurrir una caída si cambia algo en el mundo o por que el estado uruguayo pierda parte de las posibilidades de financiar las obras que está haciendo y bancando que son el 30% al que nos referíamos o porque los inversores inmobiliarios, por diferentes razones, entiendan que no vale la pena seguir apostando al Uruguay o a Punta del Este en particular. Yo no encuentro ningún elemento que me haga suponer que eso va a ocurrir, que la industria va a caer en un estancamiento mayor del que tiene hoy.  Pero igual, la industria está en una situación incómoda. Perdimos 30 mil puestos de trabajo directos, más los administrativos, los técnicos y los indirectos. Sumando todo esto, la industria perdió una cantidad muy importante de trabajadores y no encontramos ningún elemento sólido que nos haga suponer que podamos entrar a mejorar. Y estamos en un año preelectoral que es un año que, en general, la industria mostraba una actividad un poco mayor, si uno analiza los períodos de todos los gobiernos anteriores. 

 

Infraestructura

 

La sensación es que la industria, o un sector de ella, depende de si se concreta o no la tercera planta de celulosa.

Si se hace UPM es una historia y si no se hace es otra. Esto es así, para nosotros y para el país. Entonces estamos en una situación compleja. Yo defino cuál es la situación que nosotros prevemos que va a ocurrir durante 2018 y no me animaría a darle muchos más datos de que puede ocurrir en el 2019, porque UPM puede ser un alentador de inversiones o un desalentado de inversiones si no se concreta o se posterga la decisión. Y creo que hay una serie de cosas para resolver antes de que UPM diga que sí. Está clarísimo que UPM dijo que hacía la planta, si nosotros, el Uruguay, hacíamos antes las obras requeridas por ellos. 

 

¿Usted cree que las obras que pidió UPM se concretarán en la fecha estipulada?

Acá el tema es el ferrocarril, que es la obra más larga desde el punto de vista del tiempo que lleva, es la inversión más grande, donde el país no tiene un registro de empresas y técnicos propios que lo puedan hacer como se hace en el primer mundo. Y quien diga lo contrario, miente. El país no tiene eso. La licitación que se hizo, que es una licitación muy grande, vamos a esperar a ver si  en algún momento la obra es adjudicada y hay un inicio de la obra.  Si la obra del ferrocarril se inicia en el 2018, es probable que después venga la obra del puerto y las otras obras.  Estas otras obras pueden llevar dos años y medio, tres años, pero la planta va a demorar dos años y medio en construirse. Y UPM no la puede empezar, por lo menos, hasta fines el 2019 o principios del 2020. Este es el dato que yo tengo arriba de la mesa. Me puedo mentir y decir que va empezar en enero del 2019, pero estaría mintiendo.  

 

El gobierno, para incentivar a los inversores, ha exonerado de algunos tributos y gravámenes a obras de gran porte. ¿Qué impacto ha tenido esta iniciativa en la industria?

Parte de las cosas que se están haciendo en Punta del Este, entre otros factores, es por eso.  Creo que esas cosas han venido bien, aunque no me cambian la temperatura. Han disminuido, han enlentecidoel nivel de caída de la actividad en la industria e, incluso, en algún subsector la pueden haber frenado. Tenemos que aprender a decir las cosas buenas y también decir las cosas que no están bien, para tratar de corregirlas. Una industria que sigue cayendo, no me va a servir.

 

¿Y qué es lo que no está bien? 

Los costos internos del país no están bien. Por ejemplo, el costo del combustible y la energía. A mí me pueden criticar los salarios, pero nosotros hemos logrado alinear ahora  los salarios al Índice del Precio al Consumo (IPC). Y cuando la industria tiene una franja de crecimiento de actividad y tenés un desempleo del 5.5% es una realidad. Ahora, cuando se  tiene un desempleo del 8%, con una industria que está estabilizada en 40 mil y pico de trabajadores, es otra la realidad. Y es eso las cosas que uno tiene que tomar en cuenta cuando negocia.

 

Negociación y productividad

 

Justamente este año hay negociación colectiva.

Y va a ser compleja. En julio tenemos que negociar salarios y no va a ser un tema sencillo. Yo aspiro a que todos entendamos la realidad que tenemos arriba de la mesa. Por eso es importante no talentear y tener información  veraz arriba de la mesa. Y nosotros nos hemos especializado en generar información veraz. No alcanza con pedirle sólo al gobierno. También nosotros, todos los involucrados, tenemos que hacer los deberes. La productividad es un tema importante para la industria y no alcanza con decir que los trabajadores rinden menos, cosa que además es cierto. Pero no es el único motivo que afecta a la productividad de una obra. La Cámara Chilena de la Construcción vivió este proceso cuatro o cinco años antes que nosotros y llegaron a la conclusión que, en realidad, la productividad es la suma de situaciones que se dan desde quien resuelve el proyecto hasta quien entrega la vivienda. Es un proceso productivo extenso, donde intervienen decenas de personas diferentes, de empresas diferentes, y donde todos pueden cometer un error y encarecer el producto final. Y todo se traslada de uno a otro. Si el proyectista comete un error y hay que corregir después en obra, se pierde productividad. Y si después viene un tercero y tiene que corregir sobre lo corregido, se pierde más productividad y se encarece aún más el costo final de la obra. La productividad no es solo la mano de obra. Es un factor, pero no el único. Esto es uno de los desafíos que tiene la Cámara de la Construcción del Uruguay y uno de los objetivos para este año. Tenemos que mejorar la productividad de la industria de la misma forma que tenemos que mejorar la productividad del país. No alcanza con que me bajen el combustible, no alcanza con que me bajen la energía eléctrica, hay que pensar además en mejorar todas las aristas que se puedan mejorar en lo que uno hace. No es un tema simple, es un tema complejo.

 

Hablando de productividad y corregir ciertas aristas, algunos sectores de la construcción señalan que Uruguay no apostó a infraestructura vial en la década de bonanza.

Se lo voy a decir sin anestesia. Acá hubo un gobierno que se equivocó y fue el gobierno anterior. Cuando entra el Frente Amplio al gobierno, veníamos de una situación de inversión razonable en los mantenimientos y en la generación de redes viales en el país y había una subutilización, porque había una actividad económica menor.  Se utilizaban menos las rutas. Eso empieza a cambiar a fines del primer gobierno del Frente Amplio, cuando se nota un incremento importante en las toneladas cargadas y en la demanda. El crecimiento del país generó un tránsito mayor. Creo que el segundo gobierno del Frente Amplio se optó por invertir en la franja de la costa. Y ahora sigue creciendo la economía, siguen creciendo las toneladas y la inversión en infraestructura se empieza a nivelar en el 2017. En el 2016 empezó a crecer y el año pasado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas llegó a una inversión record, 420 millones de dólares en rutas y para el 2018 va a ser una cifra superior a los 500 millones de dólares. Nosotros pusimos esto como un desafío. O el país entendía primero y atendía los temas de infraestructura vial, o el Uruguay iba a tener un colapso. Personalmente creo que esta administración está haciendo un esfuerzo importante en el área que está vinculada al MTOP y aspiro a que las PPP, con varias licitaciones que se han llamado, se puedan comenzar.

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En el 2017, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas duplicó la ejecución de recursos destinados a la construcción y refacción de rutas y carreteras, en relación al 2016, y alcanzó unos 460 millones de dólares, confirmó el ministro Víctor Rossi. Esta cifra aumentará en 2018 a unos 500 millones de dólares. En referencia a las inversiones con participación público-privada, dijo que la aspiración es iniciarlas en 2019.

“El año pasado se logró un récord de inversión en carreteras en la historia del ministerio”, destacó Rossi en declaraciones a la Secretaría de Comunicación Institucional.

El jerarca consideró fundamental la mejora de las condiciones de infraestructura vial, debido “a los puntos críticos que se habían generado como consecuencia del importante aumento de carga que se transporta por las carreteras nacionales”.

En otro orden, anunció, para mediados de 2018, la concreción de un plan maestro para el puerto de Montevideo, con una proyección de largo plazo hacia 2035 y aportes de todos los actores involucrados. “Se trata de una partitura, una orientación, que tienen todos los operadores portuarios, pero la responsabilidad es del Gobierno y de las autoridades del sistema de puertos”, explicó.

El ministro adelantó que en abril de este año se concretará un encuentro con todos los actores de la aviación comercial y civil del Uruguay “para procurar fortalecer la participación”. “Es necesario continentar un ámbito donde todos los que se sienten parte de esta comunidad puedan realizar sus aportes, ser tenidos en cuenta, definir objetivos comunes”, precisó.

Por último, confirmó el avance de los proyectos ejecutados a través de la modalidad de participación público-privada y aseguró que la aspiración es iniciar los trabajos en 2019.

“Estamos en condiciones de ir avanzando a la meta que nos habíamos establecido en materia de infraestructura vial en el país”, indicó.

 

Licitación pública internacional 

En otro orden, el martes 5 de diciembre, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas difundió las bases de contratación del proyecto Ferrocarril Central Montevideo-Paso de los Toros. Durante el evento, el titular de la cartera de Transporte  y Obras Públicas, Víctor Rossi,  informó que el plazo para recibir las ofertas es el 9 de abril de 2018 y se espera adjudicar las obras el 1º de noviembre.

 “Críticas siempre hay, si se hace o no se hace”, señaló Rossi al ser consultado por la prensa sobre opiniones acerca de la obra esbozadas por algunos dirigentes de la oposición. El jerarca detalló que desde la presentación del llamado se recibirán ofertas hasta el 9 de abril del este año, y, “a partir de ahí, comenzará una fase exigente para realizar las adjudicaciones, que se espera estén prontas el 1º de noviembre”.

El jerarca hizo hincapié en que “si bien la proyectada planta de UPM reavivó la importancia de la recuperación del modo ferroviario y brindaría un respaldo de dos millones de toneladas anuales, se realizaron los estudios que demuestran que, una vez generada la infraestructura, habrá millones de toneladas de los rubros tradicionales que produce el país”.

Agregó que "se transportaban por este modo y que, a medida que el tren no ofrecía seguridad, se fueron cambiando a otros medios”.

Ese mismo día, la secretaría de Estado publicó el llamado a licitación para el financiamiento, diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria del tramo puerto de Montevideo-estación Paso de los Toros. El proyecto fue presentado el 15 de agosto a los empresarios, en un acto encabezado por el presidente de la República, Tabaré Vázquez.

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El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de “Inmuebles vacíos, sin uso y degradados” para poder usar en forma adecuada los inmuebles que se encuentren en esa situación y que estén ubicados en zonas urbanas que cuenten con todos los servicios e infraestructura.

El director de Vivienda, Salvador Schelotto, explicó que, una vez comprobados los 24 meses de abandono, la edificación podrá ser vendida por acción judicial, según informó Presidencia de la República en su sitio web.

 “La iniciativa responde a una inquietud compartida por los distintos actores públicos y privados en cuanto a encontrar herramientas útiles y eficaces para contemplar la situación de inmuebles urbanos en franco deterioro y visiblemente abandonados”, explicó Schelotto.

 

Objetivos 

El objetivo del proyecto es otorgarles un uso social, pudiendo ser adquiridos por particulares o por el Estado para ejecutar las políticas públicas de vivienda, hábitat y desarrollo urbano. El estado de abandono de un inmueble por lo general produce impactos negativos, en particular en materia de seguridad, salubridad y habitabilidad, que afectan a la convivencia social en su entorno inmediato, así como a las edificaciones linderas.

El titular de la Dirección Nacional de Vivienda advirtió, además, que este proyecto aporta herramientas complementarias, aunque la legislación vigente ya contempla la problemática, en especial el artículo 37 de la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible donde se disponen los deberes que tienen los propietarios de usar, conservar y cuidar sus inmuebles.

Entre ellas, el jerarca mencionó la posibilidad de vender por vía judicial el inmueble a partir de la declaratoria de abandono, “lo cual es una innovación que permite contribuir a que los inmuebles que estén en una prolongada situación de abandono puedan ser puestos en uso por parte de la sociedad, ya sea desde el sector público o privado”.

Este proyecto de ley es muy minucioso, dijo Schelotto, para luego añadir que establece plazos para los distintos actores. Para la declaratoria de abandono se concrete deberá haber una comprobación fehaciente de que el inmueble estuvo en esa situación durante 24 meses. En ese caso, si el propietario no comparece, no puede rehabilitar el inmueble o no tiene interés en ello, se procederá a su venta judicial para que un nuevo propietario proceda en consecuencia y lo rehabilite.

El proyecto de ley es una de las vías que avanza en las acciones a corto y mediano plazo que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente está implementando en el marco de la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano, una iniciativa de política pública que promueve un mayor aprovechamiento de la ciudad en el marco de una política urbana y habitacional coherente con los objetivos de integración social y de desarrollo urbano sostenible.

 

Función social

En ese sentido, el proyecto enviado al Parlamento profundiza la idea de la función social de la propiedad inmueble y reconoce el derecho a la vivienda como parte del “derecho a la ciudad” donde, además de favorecer el acceso a la vivienda, se promueva una mejor convivencia en la ciudad.

En sus seis capítulos, el texto se focaliza en que, independientemente de cuál sea el propietario o el destino del inmueble, se cumplan tres condiciones: estén vacíos, degradados y ubicados en zonas urbanas consolidadas. Se estipula que para que se considere vacío deberá haber estado al menos 24 meses deshabitado y la degradación implica ruina, deterioro y edificación paralizada.

Dado a que las situaciones, con respecto al pago de tributos de estos inmuebles, pueden ser variadas y distar de lo comúnmente llamado abandono en el sentido jurídico, el proyecto apunta en primera instancia a trabajar con sus dueños, incentivándolos a que regularicen sus deudas y asuman el cumplimiento de sus deberes.

En los casos en que las inspecciones técnicas  declaren al inmueble urbano vacío y degradado, se dará paso a la declaración judicial que le otorgará al propietario  un plazo para ocuparse de la rehabilitación del inmueble y, en caso de que esta acción no se realice, se procederá a la venta judicial.

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El informe señala que si bien el  balance actual de la industria continúa en terreno  negativo, el indicador del  clima  de  la  economía  se  encuentra  en  “clima  de  crecimiento”, mientras que el indicador de clima del sector se encuentra en “ clima de recuperación”. Asimismo, señala que el porcentaje de empresas que encuentran poco o muy poco probable la expansión de personal es el más elevado desde octubre de 2016.

El informe, elaborado por el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (CEEIC) en diciembre del año pasado, señala que el principal objetivo del documento es monitorear las expectativas de las empresas del sector  de  la  construcción  respecto  a  las  principales  variables  económicas,  su  capacidad instalada y expectativas de crecimiento de manera tal de poder obtener información sobre la coyuntura actual y evolución futura del sector y la economía en su conjunto. De esta manera, se relevó la opinión de 71 empresas asociadas a la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), así como de 10 empresas asociadas a la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU). Del total de empresas contactadas se obtuvo una tasa de respuesta de 33,3%.

Los resultados de dicho documento se dividieron en tres secciones (“Expectativas”, “Capacidad “Instalada” y “Evolución de los costos”). En la primera sección, las empresas fueron consultadas respecto a la percepción actual y sus expectativas futuras sobre la economía en general y el sector de la construcción en particular. La percepción actual es relevada mediante la apreciación del estado actual de la variable de interés como (“Buena, “Ni buena ni mala” y “Mala”) mientras que las expectativas son recogidas mediante la percepción de la evolución futura respecto al estado actual (“Al alza”, “Igual”, “A la baja”).

En cuanto  a  la  percepción  actual  de  la  economía,  predominan  las  respuestas  neutras (85,2%) seguido por las respuestas asociadas a una percepción positiva (11,1%). En cambio, para el caso de la percepción específicamente del sector, existe un 96,3% de respuestas neutras o negativas. En  cuanto  a  las  expectativas  futuras,  predominan  las  visiones  neutras  tanto  para  la economía (70,4%) como para el sector (59,3%). En ambos casos, le siguen  las expectativas favorables sobre el futuro, siendo mayores para el sector.

Asimismo, el documento señala que, al  igual que en todas las ediciones anteriores del referido  informe, se observa un  balance actual negativo  para  el  sector  (-11,1%), aunque, a  diferencia  de  ediciones  anteriores,  se observa  un  balance  actual  positivo  para  la  economía  (7,4%),  lo  que  supone  una  mejora respecto a la última publicación de la Encuesta de Expectativas, elaborada por el CEEIC en noviembre del año pasado.

 

Capacidad instalada 

Para la segunda sección, las empresas fueron consultadas respecto a su capacidad instalada actual y su expectativa sobre el futuro. Para ello se solicitó que categoricen su situación actual y sus expectativas en uno de los 6 tramos previamente establecidos. Los resultados muestran que el 62,5% se encuentran operando debajo del 70% de su capacidad instalada. Al analizar las expectativas,  este valor se ubica en 54,6%. Además se les consultó a las empresas respecto a la probabilidad de expansión de la capacidad instalada en cuanto a maquinaria y personal, lo que arrojó que dos tercios de las empresas ven como muy poco probable o poco probable la expansión de  maquinaria,  mientras  que  esto  es  superior  para  el  caso  de  la  expansión  de  personal (70,3%).  Ello  permite  anticipar  que  los  empresarios  ven  más  probable  incorporar maquinaria  que  personal.

 

Evolución de los costos 

En cuanto a la evolución de los costos, el 59,3%  estima que estos evolucionan a la  par del IPC, mientras que  un tercio  espera que evolucionen por encima, manteniéndose estables respecto a la edición anterior. Consultadas las empresas respecto a los principales factores que influyen sobre  sus  costos, como subcontratos,  mano  de  obra,  insumos  importados,  insumos  locales, costos financieros, el  96,3% reportó como principal factor la mano de obra, seguido por los insumos locales (3,7%).  El resto de los factores no fueron señalados como relevantes en materia de costos.

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Mediante un decreto firmado por el presidente Tabaré Vázquez, se estableció que los trabajadores que realicen tareas a una altura superior a los dos metros deben usar un dispositivo de seguridad que prevenga el riesgo de una caída libre. La medida se toma para unificar realidades dispares en cuanto a las exigencias en materia de seguridad, explicó el inspector general del Trabajo y de la Seguridad Social, Gerardo Rey.

El Poder Ejecutivo modificó el decreto n.º 406/988, según recomendó el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El decreto firmado por Vázquez el 8 de enero modifica el numeral 5 del artículo 18 del capítulo VII (Escalas Fijas de Servicio) y el numeral 4 del artículo 19 del capítulo VIII (Escaleras de Mano) del título II, y el artículo 21 del capítulo VIII (Cinturón de Seguridad) del título V, del decreto n.º 406/988, reglamentario de la ley n.º 5032, del 21 de julio de 1914.

Rey, explicó que el cambio nació de la necesidad de unificar realidades dispares en cuanto a las exigencias en materia de seguridad. "Cuando se realizaba una fiscalización de condiciones de trabajo en la construcción, las medidas de seguridad personal vinculadas a evitar la caída de altura regían a partir de los dos metros, pero al realizar la misma inspección en una tarea similar en otro sector de actividad, regía otro decreto (n.º 406/988), que establecía que la altura mínima era tres metros", explicó Rey.

El decreto detalla que la norma se aplicará a todo establecimiento público o privado de naturaleza industrial, comercial o de servicios, cualquiera sea la actividad que se desarrolle. "No parecía coherente que ante un mismo riesgo se exigieran medidas de protección distintas, según fuera la construcción u otro sector”, puntualizó. Por tanto, “se decidió unificar en dos metros para todo tipo de actividad y no solo en la construcción," agregó el jerarca.

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