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El Ministerio de Vivienda (MVOTMA) salió al cruce de los promotores privados de la construcción por los proyectos de vivienda promovida y justificó los topes de precio que impuso al decir que “tampoco es la revolución urbana”.

La Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU) planteó que se ha frenado la presentación de nuevos proyectos para construir viviendas promovidas (reciben una exoneración de impuestos para favorecer la inversión) y que eso ocurre porque los números “son muy finitos” y el tope impuesto el año pasado para la comercialización de una de cada 10 viviendas, “troncha” los emprendimientos. En la comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de Diputados, el MVOTMA salió al cruce de esas afirmaciones.

“Solamente en los tres años del actual período de gobierno se promovieron 6.330 viviendas. La meta del plan quinquenal era 6.000. Es decir que ya en el año 2017 superamos la meta prevista en el plan quinquenal y la vamos a superar con creces. Ya en el año 2018 tenemos ingresadas aproximadamente 900 viviendas hasta inicios de julio y nos queda otro semestre y todo el año próximo”, dijo el director Nacional de Vivienda, Salvador Schelotto.

“El sector privado sigue interesado en esto; no es cierto que se haya inviabilizado el negocio, sino que sigue siendo tan rentable como siempre y los operadores privados siempre van a reclamar mejores condiciones, lo cual está dentro de las reglas de juego”, agregó al quitar trascendencia al reclamo de la APPCU.

La ministra de Vivienda, Eneida de León dijo en la comisión que “ha habido mucho ruido” y se dice que “la posible baja en la inversión en las viviendas promovidas se debe a la reglamentación que nosotros hicimos”.

En ese sentido, De León justificó los topes en que “vimos que indudablemente los precios de las viviendas no solo no estaban llegando a los sectores medios y bajos, como decía la ley, sino a los medios. Es decir que todos estos proyectos llegaban a los deciles ocho y nueve (parte del 30% de la población de mayores ingresos)”.

“Lo que nosotros hicimos, sin tocar el negocio total de las viviendas promovidas y poniendo como ejemplo cualquier edificio que se haga, fue quitar el tope del 100% del interior y bajar el de Montevideo del 25% al 10%, porque el negocio total al promotor le quedó igual”, agregó.

 

Viviendas promovidas

En 2014 el Ministerio de Vivienda topeó el precio del 25% de las unidades construidas dentro del régimen, pero a un valor que estaba por encima del costo de construcción y dejaba al promotor vender a quien quiera. En 2017 el nuevo decreto al que refería la ministra, topeó el precio de arrendamientos a los empresarios que invierten en viviendas para alquilar, si supera los valores fijados por el MVOTMA, la exoneración es del 40% y no del 100%, y además estableció que en determinados proyectos el 10% de las unidades deberán venderse a un precio fijado por la cartera. Los nuevos topes “están por debajo del costo de construcción y entonces el promotor pierde totalmente”, dijo Julio Villamide, asesor de APPCU, al diario El País.

“El Ministerio, en la reglamentación, toma ese 10% y en vez de venderlo a US$ 100.000 dice: Este es un negocio tuyo, lo vendes a US$ 100.000, US$ 120.000 o US$ 150.000, pero el límite es este y si se alquila, el límite es este. ¿Para qué? Para llegar a algunos deciles más abajo. Tampoco es la revolución urbana”, respondió De León.

“Nos quedamos con ese 10% solo durante seis meses. Si no hay interesados dentro de los deciles que nosotros queremos promocionar, se devuelve al inversor la totalidad. La construcción es una industria que tiene sus ciclos. Los inversores están pensando en terminar y vender algo”, añadió la ministra.

Según De León “venimos en una baja y se ve que estamos en un momento donde se perdieron puestos de trabajo en la construcción, que se perdió inversión y la solución, en estos casos, es la inversión pública porque los privados no lo van a hacer por más exoneraciones que haya”.

Del lado de los promotores privados la visión es otra. En la reunión que los directivos de APPCU mantuvieron con Mujica y Topolansky se comprometieron a invertir si se dejan sin efecto los decretos que topean el precio de las viviendas. De hecho, se ofrecen a impulsar proyectos para la construcción de más de 100.000 metros cuadrados, que implican la generación de unos 4.000 empleos directos en el sector. “Los números son bien finitos aunque al MVOTMA y a la Agencia Nacional de Vivienda les cueste advertirlo”, indicó en una carta el secretario ejecutivo de la APPCU, Aníbal Durán.

Según la ministra, la construcción de viviendas “bajó, pero no tanto porque sigue siendo un buen negocio mantener funcionando las empresas constructoras. Estamos alcanzando a los de menor poder adquisitivo, especialmente a aquellos que pueden pagar una cuota, y nosotros ayudamos”.

 

La mano de obra en sector

Según la Cámara de la Construcción (CCU), la cantidad de trabajadores directos de obra en esta industria ascendió a 43.755 en mayo, 400 trabajadores por encima del mes anterior pero casi 2.200 trabajadores por debajo de mayo de 2017. El director de Vivienda, Salvador Schelotto cuestionó que “se habla de una pérdida de 40.000 puestos de trabajo en la industria de la construcción, medida en relación al pico histórico más alto de ocupación de la industria de la construcción en el país, que se dio en los años 2013 y 2014. Es irreal pensar que a través de la promoción de construcción de vivienda en estas condiciones, con beneficios fiscales, se pueda compensar esa pérdidas; se va a compensar con el conjunto y el despliegue de la inversión pública y privada, tanto en vivienda como en proyectos de infraestructura”.

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En el marco de una reunión solicitada por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU)a la vicepresidente de la República Lucía Topolansky y al expresidente José Mujica, representantes de la asociación plantearon nuevamente la necesidad de modificar la normativa que regula el régimen de viviendas promovidas para reactivar la inversión.

 

Planteo

En concreto, el planteo de la gremial empresarial fue que si se retorna a la ley original de 2011, (ley 18.7952) se comprometen a impulsar proyectos para la construcción de más de 100.000 metros cuadrados, que implican la generación de unos 4.000 empleos directos.

Como se recordará, en  2011, con el apoyo de todos los partidos políticos se aprobó una ley que otorgaba una serie de beneficios fiscales a los inversores privados buscando promover el acceso a la vivienda (a través de la compra o el alquiler) de los sectores de ingresos medios y medios bajos.

El mercado respondió y se reactivó la construcción en especial en zonas alejadas de la costa, donde solían concentrarse los proyectos inmobiliarios.

Como se recordará, en el 2014 el Ministerio de Vivienda (MVOTMA) impulsó una reglamentación de la ley que topeó el precio del 25% de las unidades construidas dentro del régimen, un cambio que si bien limitaba la rentabilidad imponía “un tope que estaba por encima del costo de construcción y dejaba al promotor vender a quien quiera”, según explicó al diario El País, el consultor y operador inmobiliario Julio Villamide.

La mayor complicación llegó después, a principios de 2017, cuando un nuevo decreto del MVOTMA topeó el precio de arrendamientos a los empresarios que invierten en viviendas para alquilar, si supera los valores fijados por el Ministerio, la exoneración es del 40% y no del 100%,  y además estableció que en determinados proyectos el 10% de las unidades deberán venderse a un precio fijado por la cartera.

Los nuevos topes “están por debajo del costo de construcción y entonces el promotor pierde totalmente”, sostuvo Villamide. Las modificaciones impactaron en el sector, pasando las viviendas promovidas “de 300 o 400 por mes antes a unas 80 por mes este año”, subrayó el consultor y asesor de Appcu.

Según se informa en la web de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), desde 2011 a la fecha se presentaron 703 proyectos para acceder a beneficios, de los cuales 608 fueron promovidos, lo que significó más de 16.600 viviendas construidas.

Las cifras en la web del MVOTMA muestran que mientras en todos los años previos (2012-2016) las unidades edificadas bajo el régimen superaron las 2.000, en 2017 fueron 1.571 y este año van 862.

 

En busca de apoyo

En este contexto se llegó a la referida reunión, donde los promotores buscaron el apoyo de los dos líderes político del MPP, sector  al que pertenecen la ministra de Vivienda, Eneida De León, y el presidente de la ANV, Francisco Beltrame. “La ministra y Beltrame se oponen porque dicen que los promotores ganan mucho, pero le mostramos a Mujica y Topolansky  que eso no es así. Vieron con buenos ojos nuestro planteo, lo que más le gustó es que el Estado no pone dinero, es todo de los privados”, dijo a El País el secretario ejecutivo de APPCU, Aníbal Durán.

Julio Villamide afirmó que  el Ministerio de Economía y Finanzas “siempre tuvo una postura muy clara a favor de promover inversiones y generar mayor cantidad de estímulos y quitar trabas para concretar proyectos que puedan sumar mano de obra”; pero el MVOTMA ha impulsado “una política mucho más ideologizada, que no ha priorizado la ocupación, ni la recuperación de la actividad ni de los niveles de inversión, sino otras cosas que no sé cuáles son”.

 

Imposición de topes 

El asesor inmobiliario agregó que conoce “varios casos (de inversores) que han vendido incluso los terrenos que tenían y otras empresas que se están reorientando hacia la costa” por la imposición de los topes. “Es que limitan la rentabilidad en un momento complicado por las turbulencias del tipo de cambio en Argentina y Uruguay, y hacen que el mercado esté bastante parado”, indicó.

Por su parte, la Cámara Inmobiliaria respalda la posición de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay. “La inversión se ha frenado bastante, no existe prácticamente la vivienda promovida” porque los cambios legales “no fueron atractivos para los promotores y se fueron para otro lado, así de sencillo”, dijo su presidente Wilder Ananikian ante la consulta del diario.

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Mientras los promotores privados reclaman modificaciones reglamentarias que devuelvan el dinamismo a la construcción de Viviendas Promovidas (antes Vivienda Social), el gobierno considera que el flujo de inversión privada sigue siendo importante.

A partir de 2015 y hasta la fecha, se han promovido 257 proyectos con 6.706 viviendas. Según el Ministerio de Vivienda, esa cifra supera la meta trazada en el plan quinquenal 2015-2019 que es de 6.000 nuevas unidades.

“Desde el momento de su aprobación y fundamentalmente a partir de 2012, la inversión privada en vivienda exonerada de ciertas cargas impositivas se viene ejecutando de forma sostenida”, informó la cartera.

Las cifras muestran que el pico de proyectos ingresados se dio entre 2012 y 2013 con una media algo superior a las 3.000 viviendas. En los años posteriores las cifras descendieron y el año pasado se presentaron algo más de 1.500 viviendas.

En lo que va de 2018 se presentaron ante la Oficina del Inversor de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) 33 nuevos proyectos por un total de 862 viviendas. Según el ministerio, el flujo de proyectos “no se ha detenido, sino que continúa a buen ritmo”.

En la actualidad hay 7.954 viviendas terminadas, 6.016 en construcción y 1.188 cuyo proyecto ya fue aprobado y se espera el inicio de las obras. En tanto, existe declaración de venta de los inversores-promotores de 6.430 unidades

Los promotores privados sostienen que los inversores comenzaron a perder interés a comienzo de 2017 cuando entraron en vigencia los cambios en el sistema de tope de precios dispuestos por el Poder Ejecutivo.

De hecho, señalan ese factor como el principal elemento que ha modificado sus ecuaciones y que ha desestimulado la presentación de nuevas obras. Los empresarios entienden que la única regulación de ese mercado promovido desde el gobierno con exoneraciones impositivas casi totales debe estar dada por la oferta y la demanda.

Originalmente, cuando se aprobó la ley de Vivienda Social en 2011, no había topes sobre los precios de venta. Tres años después se limitó el precio del 25% de las unidades de cada proyecto. Luego, en 2017 el tope se redujo al 10% de las viviendas, pero con la salvedad de que esas unidades se ponen a disposición del Ministerio de Vivienda hasta un año después de terminadas y a valores de entre US$ 35 mil y US$ 40 mil menos que su valor de mercado.

También se modificaron los beneficios fiscales para las viviendas que se vuelcan al mercado de arrendamiento. Los inversores que adquieren esos inmuebles pueden exonerar el 100% de IRPF e IRAE siempre que los precios de arrendamiento no superen los topes que determina el gobierno. Cuando se supera ese límite, el beneficio se reduce a 40% de las rentas generadas. Antes la normativa no hacía referencia a los precios.

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Jueves, 28 Junio 2018 15:08

Relaciones laborales equilibradas

Ante una instancia tan peculiar que  viviremos en poco tiempo, con una cantidad muy importante de acuerdos salariales que deberían cerrarse, es buena cosa insistir en aspectos básicos.

Y lo que expondré no es ni  de derecha ni de izquierda, es sentido común y primacía de la ley, en lo posible. Ya alguna vez nos hemos referido a este tema en del Constructor.

 

El ejercicio de las libertades y derechos fundamentales (libertad de trabajo, de empresa, de circulación, de propiedad, seguridad jurídica), debe estar garantizado y protegido por el gobierno. Cuando se ocupa un lugar de trabajo, eso no sucede. Recurrentemente dicho: es inconstitucional.

 

Los protagonistas principales de las relaciones laborales deberían ser los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones. Diálogo mediante, las organizaciones deberían llevar a cabo negociaciones colectivas bipartitas, libres y voluntarias. Incluso el artículo 2do de la ley de negociación colectiva se refiere a ello.

Pero eso no ocurre: en los Consejos de Salarios, se incorpora el gobierno, incluso estableciendo “pautas” o “lineamientos” desde el vamos. Como volvió a ocurrir. Los Convenios de la OIT, abogan por una negociación bipartita, libre y voluntaria.

El gobierno debe tener un rol subsidiario. Llevamos muchos años de negociación colectiva y sin duda los actores ya tienen la madurez y práctica suficientes, como para encarar las negociaciones sin la presencia gubernamental.

 

Sin perjuicio del imprescindible equilibrio que tiene que guardar el gobierno en todo este entramado (el gobierno de izquierda no debe volcarse a los trabajadores  per se), sería menester que con la antelación debida, aquél ponga sobre la mesa todas las propuestas que tenga en mente, modificaciones legales incluso, para que todos los actores puedan opinar y tener incidencia en una posible redacción. ¿Eso sucedió?

 

La buena fe debe imperar en todos los actores y el cumplimiento estricto de las normas. Se puede producir lo que se llama la anomia, donde las reglas existen pero son desoídas. Sucede.

Deberían haber sanciones trascendentes para quien incumpla la norma y el gobierno actuar con el equilibrio reclamado líneas arriba.

 

La huelga prevista en la Constitución desde 1934, mandata a la ley la reglamentación de su ejercicio y efectividad. Transcurridas varias décadas desde su reconocimiento, sólo se ha tenido en cuenta la obligación de preavisarla (y a veces no se cumple), con siete días. Hay que aprobar un marco regulatorio de la huelga, subsidiario del que puedan pactar las partes en la negociación colectiva. En dicho marco hay que especificar el concepto de huelga, reglas de procedimiento para su declaración y límites formales y materiales para su ejercicio.

 

Algo determinante: el gobierno debe asumir una postura de neutralidad e imparcialidad en su rol de mediador voluntario en los conflictos laborales. De ninguna manera debe mimetizarse con la postura de los trabajadores a priori, por el solo hecho de serlo. Cómo bien ha propuesto el abogado Nelson Larrañaga, versada y destacadísima figura en derecho laboral, habría que crear un órgano independiente del gobierno, integrado por idóneos en técnicas de negociación, que brinde servicios de conciliación, mediación y arbitraje voluntarios, como existe en países desarrollados.

 

Todo lo aquí propuesto (por lo menos eso entiendo yo)  no va en desmedro de nadie.

 

La consigna es recurrente: necesitamos magnanimidad y paz entre las partes en la mesa de discusión (que no es contradictorio con el  énfasis en la discusión). La paz brinda un tiempo para reflexionar, que es cuando la mayoría de las cosas buenas tienen su comienzo.

 

Aníbal Durán

Gerente Ejecutivo de APPCU

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En entrevista con Del Constructor, el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU), Daniel Zulamian, se refirió a la situación del sector en el 2017 y qué se puede esperar para este año, teniendo en cuenta que en junio habrá un nuevo convenio de salarios. También se refirió a la situación de las viviendas promovidas (antes denominadas de interés social) y especialmente a la falta de políticas que incentiven el crédito para la compra de viviendas.

 

Usted tiene una vasta experiencia en el sector inmobiliario y ha sido electo presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU). Desde su perspectiva, ¿cómo ha sido este año para el sector?

Sí, parece que fue ayer cuando recibido de abogado, y con una pequeña empresa desarrolladora, con mi esposa Teresa, planeando construir la casa de mis padres, casi de manera inadvertida, se plasmó uno de nuestros primeros desarrollos  inmobiliarios. Pero han pasado 30 años y estamos agradecidos de todo lo que nuestro país nos ha dado y nosotros algún granito de arena también hemos aportado. En especial, agradecidos a la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU), donde luego de ser  directivos varios años; a partir de mayo de 2017 accedimos a la presidencia. Y en las elecciones de noviembre pasado fuimos electos por 2 años para este cargo que nos honra. Desde nuestra perspectiva, el 2017 creo que ha sido un año bisagra. Cuando esperábamos seguir con la caída en los emprendimientos y por consecuencia en la cantidad de empleos que tan ágilmente genera la industria de la construcción, a partir del primer semestre y confirmado con el segundo semestre de 2017, se produjo un freno a esta caída. Lo cual ya de por sí es importante. Lo mismo ocurrió con los precios de venta que por razones del enlentecimiento de las mismas ocurrido en el 2015, se mantenían o ajustaban algo a la baja medidos en dólares, cuando en realidad nuestros costos subían en dicha moneda, lo que producía un desfasaje en las cuentas. Desde el segundo semestre 2016 y en todo el 2017 se están recuperando, volviendo a valores mínimamente lógicos, por debajo de los cuales se empata o se pierde en relación a los costos.  

 

El número de trabajadores de la industria de la construcción ha bajado en los últimos años, luego del pico histórico registrado en diciembre de 2012, con más de 72 mil trabajadores cotizantes. ¿En qué situación se encuentra la industria hoy? ¿Preocupa esto a los promotores privados?

Es nuestro deseo que tengamos un excelente 2018, que nos permita trabajar en paz. Esa paz que es el ambiente imprescindible para el desarrollo de toda actividad. En especial porque este año tenemos que realizar un nuevo convenio de salarios. Le decía que la caída se detuvo, se frenó. Que quizás con algunas normas, que luego comentaremos, se generaron algunos nuevos desarrollos, pero esto no es suficiente. Acá hace falta el esfuerzo de todos. Esto es: empresarios, profesionales, trabajadores y el Estado, de manera de poder lograr acuerdos productivos, que permitan a los trabajadores disponer de fuentes de trabajo lo más estable posibles, y a las empresas generar unos márgenes razonables en sus resultados, motor que hará que se entusiasmen para producir  nuevas obras que generarán nuevos y más puestos de trabajo. Y el Estado que podrá ver como se soluciona la situación económica y social de sus ciudadanos, los trabajadores, los usuarios de vivienda y los empresarios. No hay ingresos que el Estado pueda percibir a través de impuestos, que superen el poder lograr una buena situación social y económica de la  gente.

 

Medidas y soluciones       

¿Cuáles serían las herramientas para amortiguar esta situación?

Algunas medidas ya se han realizado. A nivel nacional con los grandes emprendimientos, aunque por el volumen de inversión exigida son pocos. Y a nivel departamental por ejemplo en Maldonado con exoneraciones en derechos de edificación, entre otros. Faltaría que Montevideo, por lo menos, generara unas medidas similares. Pero, por sobre todo, falta el estímulo al crédito que necesariamente en el mundo se utiliza para acceder a bienes inmuebles. Con créditos en las compras de inmuebles, se agilitaría la colocación y permitiría generar más producción, o sea más obras y por tanto más mano de obra. Si utilizamos crédito, usualmente, para compra de bienes fungibles o consumibles, y bienes muebles no fungibles pero de corto uso, como electrodomésticos y autos, ¿cómo no vamos a utilizar créditos para adquirir bienes que son raíces? Es donde más deberíamos utilizar crédito a mediano y largo plazo. Creemos que medidas para el incentivo del crédito en la adquisición de inmuebles tanto para residentes como para no residentes, o como prefiero llamarlos: residentes temporarios, sería muy beneficioso para incentivar la construcción y la actividad inmobiliaria.

 

¿La nueva planta de UPM, en caso de concretarse, qué beneficios trae para los promotores privados? 

Para los promotores es muy puntual. Beneficiará a quienes logren alguna contratación en la planta y poco más.

 

¿Qué opinión le merece las viviendas promovidas, antes denominadas de interés social? ¿Pueden ser una solución o se necesita adoptar otras medidas?

Luego de marzo de 2017, fecha del último gran cambio en materia de las viviendas promovidas, se han presentado menos permisos, excepto los ingresados rigiéndose por la normativa anterior.  La tarifa estatal en los precios de determinados porcentajes de inmuebles, con cifras incluso, por debajo de su costo, y su comercialización por el Estado, recién una vez el edificio se termine, son cortapisas muy fuertes en este tipo de emprendimientos. Es necesario tratar de buscar un camino con las autoridades estatales para volver a transitar los niveles de actividad de años anteriores.

 

El gobierno anunció que los proyectos de vivienda con una inversión superior a 15 millones de dólares podrán acogerse a los beneficios de la Ley de Promoción de Inversiones, que incluyen franjas de exoneración del IRAE y beneficios en el Impuesto al Patrimonio ¿Qué piensa de esta medida?

Estas son medidas ingeniosas. Cuando decimos que somos tres partes en esto, los empresarios y trabajadores que somos nosotros, los obreros y el Estado, queremos decir que  todos tenemos que aportar un poco. Acá tuvimos un incentivo para determinadas obras. Son de gran porte, eso es un tema que la limita a la propuesta; pero se trata de una norma que se basa en la generación de grandes cantidades de mano de obra y eso se da en grandes emprendimientos. De todos modos, eran obras con permiso e inicio antes del 31 de diciembre de 2017.  Por lo cual supongo que si no se legisla nuevamente, no seguiremos teniendo esta opción.

 

¿Desde la APPCU se le solicitará al gobierno un beneficio similar para obras de menor porte?

Eso ya lo hicimos el año pasado, justamente cuando se estaba elaborando una  segunda versión del decreto. La posibilidad de incluir emprendimientos cuyo valor en obra civil (que es lo que genera mano de obra) sean menores a los exigidos en el decreto. Este prevé unas 123 millones de Unidades indexadas (UI) que según los momentos fueron unos 15 millones de dólares y hoy son cerca de 16 millones sólo de obra civil. El tema es que la norma del decreto se basa, se respalda en la Ley 16.906, y son facultades del Poder Ejecutivo. Pero obviamente sería muy bueno para nuestros socios que se incluyeran en un futuro normas que permitieran algún estímulo fiscal en obras de menor porte.  

 

En busca de soluciones

¿Hay perspectivas de reactivación a mediano plazo?

Y si no creemos que las hubiera a mediano plazo, sería muy duro. Acá es fundamental manejar elementos de trabajo como proyectos de arquitectura claros, completos.  Necesitamos procedimientos adecuados, y por el lado del trabajador, actitud de trabajo, además de rendimientos que, se debe entender, son básicos para que luego pueda seguir trabajando en otras obras que se generen. Y por el lado de la dirección de la empresa entender que hay que estar todos los días en la fragua, buscando soluciones ingeniosas que permitan generar productos con valor competitivo y colocación en el mercado de los bienes resultantes. El Estado deberá pensar y plantear colaborar en toda esta trama de relación y ver la posibilidad de generar incentivos que permitan seguir generando emprendimientos.

 

¿Cómo cree que será este año?

El 2018 va a ser un año de lucha y de trabajo, como siempre. Esto es fundamental tenerlo presente. Fácil no hay nada. El mundo está complicado, y si no observe lo que ocurre en Estados Unidos y Europa, por referirnos a mercados que funcionaban espectacularmente y no obstante tuvieron complicaciones. Ahora están empezando a salir. Y con nosotros ocurre lo mismo. Si todos los que integramos el sector nos esforzamos, podremos mantener cierta recuperación y empleo razonable que nos permita mejorar la situación actual.

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