En entrevista con Del Constructor, el contador y asesor de APPCU, Alfredo Kaplan se refirió a la exposición que realizará sobre medidas tributarias para ser adoptadas a corto plazo de cara a las eleccciones. La charla fue realizada en la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay y, en el siguiente diálogo, Kaplan explica los alcances de las mismas.

 

¿Cuáles serían a su juicio las medidas que debería adoptar el nuevo gobierno?

De alguna forma, Lo que yo planteé referido al sector inmobiliario y que se podría hacer extensivo a otros sectores, es que cualquiera sea el color político del próximo presidente es claro que Uruguay tiene que responder a una serie de situaciones, como por ejemplo: seguridad, educación, salud, inversión  y empleo, entre otros. Son  puntos que el gobierno los tiene que desarrollar.

Creo, y es un tema filosófico, que las medidas se tienen que tomar fundamentalmente en los primeros 100 días del próximo gobierno. Le pongo solo un ejemplo: la reforma del Banco de Previsión Social o el gasto público, son medidas que para tener efectividad tienen que tomarse en un período poselectoral, para no sufrir luego, digamos, todo el desgaste político que significa eso. Yendo concretamente al tema inmobiliario, me encuentro con una serie de medidas como  vivienda promovida o megaproyectos, por citar dos ejemplos.

La vivienda promovida (ex vivienda de interés social), fue la única ley, o de las poquísimas leyes, que salieron votadas por unanimidad por todos los partidos políticos en el Parlamento. En realidad, era vivienda para la clase media, para la construcción y o arrendamiento y funcionó muy bien la ley. Se generaron inversiones, se generaron puestos de trabajo, se cambió la realidad urbana de Montevideo y de muchos lugares del interior, no de todos pero sí de muchos. En los últimos 30 años en Montevideo, en  zonas como el Centro, Cordón, La Blanqueada o El Prado, no se había construido prácticamente nada. Todo era en la costa. Se aprovechó la estructura de la ciudad de Montevideo, me refiero a  luz, saneamiento, energía, calles. Toda la infraestructura de la ciudad con costo cero porque ya estaba, para cambiar el mapa edificio de la ciudad de Montevideo. El Estado no invertía, el Estado exoneraba.

Ahí viene todo un tema filosófico. Uno se puede preguntar, ¿pero cuánto cuestan esas exoneraciones que da el Estado? Si uno toma en cuenta exoneración de rentas para la primera de la unidad, exoneración de alquileres, exoneración de IVA en la construcción, no pago de patrimonio por la obra, no pago de ITP  a la primera venta. Haciendo promedio entre 1 y 2 dormitorios uno puede decir  que son 12 mil dólares por unidad.

Si se hacen 100 mil unidades al año son 120 millones de dólares, en un momento que los números en el Uruguay o están cerrados o son negativos en forma respetarle. Habría que preguntase  si estaría bien orientado el tema. Otra forma de ver costos son los costos marginales. ¿En 30 años, cuánto se recaudó por todos esos conceptos en esos lugares en el Uruguay? La respuesta es cero, porque nadie edificó.

Entonces, más que la renuncia fiscal, eso generó mejor calidad de vivienda, género una oferta importante en el mercado de arrendamiento que permitió no subir los alquileres, género trabajo, generó inversión, género mayor recaudación de aporte unificado, género mayor pago de impuestos porque las barracas, los subcontratistas, los profesionales, tuvieron que pagar sus impuestos, porque la exoneración era para el promotor.

 

Pero luego vinieron los topes. 

Exacto. Entonces a algo que funcionaba bien, se le empezaron a poner topes, porque los promotores privados ganaban mucho. Hay  frases que uno las tiene que conceptualizar. ¿Qué es ganar mucho? Yo te diría, porque las estadísticas las tiene el Ministerio de Vivienda, todos los promotores tienen que presentar los balances todos los años al MVOTMA, vía Agencia Nacional de Viviendas. Nunca se publicaron esos resultados.

Habría sido interesante conocerlos. Y difícilmente el número haya sido mayor al 20% de las ventas para una actividad que desde la compra de los terrenos hasta la construcción del edificio, hasta vender las unidades y cobrarlas, lleva entre tres y cuatro años. Se pasaron por distintos procesos de topes hasta llegar a un 10% de tope de las vivienda del programa, tanto en tipología de uno y de dos dormitorios, que las das a disposición del Ministerio, que las paga luego del año de finalizado el edificio, a precios, por decirte algo, alrededor de 90 mil dólares dos dormitorios y 70 mil dólares un dormitorio. El precio de venta 50% por encima de eso. Conclusión: en esas unidades topeadas se pierde dinero. ¿Qué sucedió? Esta última modificación tiene algo más de 2 años. Bajaron más de un tercio los proyectos presentados, porque bajó la rentabilidad.

 

Falta de diálogo

 

¿Se ha tratado de dialogar al respecto con el MVOTMA?

APPCU ha tratado de dialogar, con muy poco éxito, por no decir con ningún éxito, con el Ministerio de Vivienda, presentándole que se podría  haber creado más de 10 mil puestos de trabajo si se volvía a eliminar los topes, generándose fuentes de inversión importantes.

Este es un tema que va a haber que volverlo hablar con el próximo gobierno, porque actualmente el diálogo es prácticamente nulo. Segundo tema que planteaba: los megaproyectos. Ahí se puede plantear otro tema desde el punto de vista filosófico.

¿Por qué exonerar de impuestos a los megaproyectos? No se exonera tanto como en vivienda promovida, pero se exonera una parte de rentas, se exonera patrimonio, pagan IVA a la venta, pero se le dan certificados por el IVA compras y eso motivó 40 o 50 proyectos, más en Punta del Este que en Montevideo, que están dando, los que se han iniciado al menos, trabajo e inversiones. Ese sistema finalizó al 31 de diciembre del 2018.

Ahora,  yo pregunto, un año de dificultades como es el 2019 y será el 2020,  ¿no se podía haber mantenido eso para generar más puestos de trabajo y más inversión? Puedo decir que entiendo la exoneración de la vivienda social ya que se está tratando de llegar a gente de clase media. ¿Pero por qué no darle exoneraciones a medianas construcciones, que no son ni las viviendas promovidas ni los megaproyectos,  y que quedan en una situación muy compleja frente a ambas.

Es más, los megaproyectos -están en UI las cifras- pero se ubican entre los 12 y 15 millones de dólares,  según fuera para Montevideo o para el interior del país. Alguien que no hace un megaproyecto, hacía dos proyectos de seis millones de dólares, simplemente en dos terrenos que estaban separados a 200 metros. Pero no los dejaban configurar desde ese punto de vista.

Creo que son temas para retocar. La regla candado se creó con la reforma tributaria con vigencia al 1ro de julio del 2007 y trata de concatenar, de alguna forma, la carga impositiva de la empresa que compra servicios y que vende servicios. Por ejemplo,  yo le pago alquileres a una persona física, yo soy sujeto pasivo de rentas, pago el 25%,  la persona física paga el 12%, me dejan bajar como carga impositiva del alquiler del 48%. Un señor me vende un terreno en un millón de dólares y hasta el 28 de febrero la regla candado me permite, si la obra se inscribe en el BPS antes de esa fecha, poder descontar el 100% del terreno. Si la obra se iniciara en marzo y no hubiera algún cambio de lo que yo planteo, se podría descontar solamente 480 mil dólares. O sea, se estaría pagando rentas por la utilidad que no tuve de 520 mil dólares por la cuota parte del terreno que no me dejan descontar. Eso me parece injusto.

Hace 10 meses que APPCU viene planteándoles notas, porque no fue recibida por el Ministerio de Economía, diciéndole prorroguemos lo del 28 de febrero del 2020 para el 2022, o para más adelante, para darle reglas claras a las personas que quieran iniciar un edificio. Yo compro un terreno y me lleva, digamos, 10 meses fusionar los padrones que estoy comprando, obtener el permiso de construcción, formar el grupo inversor, entre otras cosas. Y resulta que después no voy a poder descontar el valor del terreno, solamente el 48%.

¿Vio cuándo se apela a tomar las medidas el último día, en el último minuto, pero no le da seguridad ni tranquilidad a alguien que está comprando algo? Esto es lo que ocurre.

 

¿Y qué pasa con las ventas de inmuebles?

En las ventas de inmuebles, le diría desde hace 13 años existe el impuesto a las transmisiones patrimoniales, que grava la venta de inmuebles con un 2% el comprador y el vendedor de ese ITP.

Cuando se creó la reforma tributaria y el IVA a la primera venta de inmuebles, se habló de un impuesto neutro, que era para mejorar la prolijidad del sector. Entonces ¿por qué castigarlo con dos impuestos a la vez? Con el IVA por un lado y con el ITP por el otro. Desde ese momento, APPCU hablaba con el Ministerio de Economía, que el ministro era Astori, al igual que ahora, y dijo que razones de caja impedían ese tema. Pero creemos que es injusto dos impuestos a la venta al mismo hecho. Hay también un exagerado aporte a la construcción.

Están los aportes a la seguridad social patronales, personales -lo que sería aguinaldo, licencia, vacacional, seguro de salud, el Banco de Seguros del Estado- y un aporte a la Caja de Profesionales que, en realidad, es de las poquísimas actividades que vas a financiar la Caja de Profesionales con la mano de obra de la construcción. Es algo que no nos parece razonable mantenerlo, sino que debería ser un recurso a buscarlo por otro lado. Figuraba, luego, incentivar las ventas a no residentes.

 

¿Esto sería incentivar las ventas  a argentinos que se jubilan y deciden venir a vivir a Uruguay o que están buscando una segunda casa?

Es correcto. Y también no residentes uruguayos que viven en el exterior y quieren volver, o que quieren tener una casa en el Uruguay. A nivel bancario, para los no residentes no hay financiamiento y ese es uno de los temas que se plantean para poder buscar medidas para hacer factible ese tipo de operaciones.  Otro tema que abordamos en esa exposición fue el de los estacionamientos. En 2016 salió un decreto fomentando estacionamientos, no a nivel de la intendencia del punto de vista de hacer bajo la calle los estacionamientos, sino a nivel de alguien que quiere hacer un parking.

Hay una serie de medidas fiscales de apoyo, que vencen todas en diciembre de 2019. Es decir que hoy, prácticamente, ya no se pueden presentar para hacer parking. Medidas que tienen que ver con exoneración parcial de rentas, patrimonio, devolución de IVA de costo de construcción. Fue un decreto del Ministerio de Economía con la Intendencia de Montevideo, que abarcaba estacionamientos en prácticamente casi toda la zona viable comercialmente de Montevideo para estacionar. La intendencia figuró en el decreto, pero nunca hizo ninguna medida de apoyo a nivel municipal a tales efectos.

No fueron muchos los casos de estacionamientos que se plantearon, pero porqué discontinuar esto, en un momento que a Montevideo le faltan lugares de estacionamiento. Esto debería estar dentro del menú de cualquier política de incentivo a la construcción. La pregunta es si esto es la solución del sector inmobiliario. No, no lo es, pero ayuda.

Es decir, sería importante con esto junto a la vivienda promovida. Vale decir que se llegó a ver 72 mil puestos de trabajo en la construcción. Hoy hay 42 mil puestos de trabajo. Sacar los topes solamente llevaría 10 mil puestos de trabajo más,  en un momento que el empleo en el Uruguay no pasa por un buen momento. Esa cifra sería bienvenida y respetada, al igual que los megaproyectos.

 

Usted decía al comienzo de la entrevista que el próximo gobierno debería tomar este paquete de medidas en los primeros tres meses. 

Yo creo que sí. Todo lo que no se hace en su momento, después cuesta mucho más caro hacerlo. Yo ponía el ejemplo de una reforma del sistema jubilatorio. Una reforma del sistema jubilatorio es una medida que va a dar sus frutos en el mediano plazo. Si demoramos cinco años más en tomarla, probablemente los frutos sean demasiado tarde.

Creo que el camino se hace al andar, pero hay que empezarlo ya. Creo que son medidas que se deberían haber tomado en el 2018 o en 2019. Ojalá se toman en el 2020, porque si no se va a seguir postergando.

 

Como asesor APPCU y lider del Estudio Kaplan, creado en 1974, ¿ya han comenzado alguna ronda con los precandidatos a presidenciables o están esperando las internas para ver quiénes quedan de candidatos?

Le diría las dos cosas. Ha habido alguna conversación con algún precandidato que se acercó a APPCU. Se les ha acercado este tipo de material a los distintos candidatos y se va a tener una ronda después de las elecciones internas del 30 de junio, con los distintos y ya electos por cada uno de los partidos, para plantearles este análisis y lo puedan estudiar para ver qué opinan.  

 

La construcción es uno, tal vez el único sector, que crea un efecto cascada o de derrame hacia otros sectores de la sociedad. ¿Hay conciencia de la importancia de esta industria como reactivador de buena parte de la economía del país?

Totalmente de acuerdo. Es el sector que directa e indirectamente ocupa más gente. Creo que esa parte, la clase política, trata de entenderla.

El tema que se plantea y que hemos visto en estos últimos años, que a veces cuesta entenderlo, que es uno de los pocos sectores que el Estado no tiene ningún riesgo,  porque el riesgo lo toma todo el inversor.

Acá no hay exoneraciones como para UPM, ninguna cosa de ese tipo. No hay financiamiento, es decir es el promotor el que compra el terreno, contrata la gente, hace el edificio, y  tiene el riesgo de venderlo  o no venderlo y que le haya ido bien, regular, o mal. Son de las cosas que incentivarlas no tiene costo para el Estado.

Creo que racionalmente, razonablemente, deberían ser medidas que cayesen de conformidad a cualquier política racional en medida impositiva.

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Sábado, 15 Junio 2019 17:18

Ocupar: falacia sin asidero

Es conocido el dictamen de la OIT exhortando a que nuestro país modifique la ley de negociación colectiva antes de noviembre del año en curso.

En Uruguay las relaciones no son bilaterales, como lo exhorta la OIT y como lo refrenda el  convenio 98 de dicho organismo. Pese a que están habilitadas en la presente ley, el gobierno se inmiscuye y lanza las pautas salariales, que son el  marco en el cual hay que trabajar.

Harina de otro costal es sin son exitosas, si se dan los consensos, si el péndulo del gobierno se mueve para un lado o para otro. Me consta que han cerrado la mayoría de los grupos, pero eso no invalida lo que estamos diciendo y lo que exhorta además, la OIT.

 

Los subjetivos comentarios del sindicalismo son harto conocidos.  Hablando de intenciones políticas de los empresarios, tras bambalinas…, como si ellos fueron los adalides de la neutralidad y no se expidieran mayoritariamente, a favor de los gobiernos del FA. Cuanto tupé.

Voy al título de la nota ya harto expuesto (pero es que insisten…), pese a que no fue tema de debate en la OIT.

 

¿Qué norma nos hace pensar que la ocupación funge como extensión del derecho de huelga?

Está escrito, sí. En un decreto, el 165 del 2006, que lo único que hace es contrariar a la Constitución de la República.

 

Como una cantinela bien aprendida, gobierno y sindicalistas repiten la monserga: la ocupación es extensión del derecho de huelga. Fundaméntese tamaño aserto!!! Y entonces acuden al citado decreto de cuya validez ya nos expedimos.

Está claro que la OIT no condena la ocupación (la ley de negociación colectiva tampoco se refiere a ella), pero menciona el derecho al trabajo de los no huelguistas así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma. 

Esta es una recomendación del Comité de Libertad Sindical. Pero sucede que luce ilusorio.

Con una empresa ocupada, ¿se imaginan a los representantes de la misma u obreros no huelguistas entrando a trabajar? Eso es sinónimo de conflicto en puerta.

 En lo personal no nos alcanza con sus buenos deseos (impracticables, reiteramos).

 

Vamos una vez más: existe una diferencia cualitativa medular: huelga es simple omisión y ocupación es acción directa contra otros derechos subjetivos, tan importantes como el de no ir a trabajar. Reiteramos es un cambio cualitativo de significancia que contraviene el principio general de prohibición de uso de las vías de hecho.

 

El derecho de huelga amparado en el artículo 57, inciso 3 de la Constitución lo que hace es reconocer a los trabajadores la legitimidad de su omisión de trabajar. El decreto 165 mencionado, avasalla a la Carta Magna, no la respeta y le hace decir lo que aquella no dice: en buen romance, le permite  a los trabajadores actuar por la vía de los hechos, ocupan y obstaculizan al empresario la posesión de sus bienes, intentando amordazar la voluntad del mismo para que se avenga a los reclamos de los trabajadores en conflicto.

A mayor abundamiento ¿qué norma nos habilita a entender que también es huelga el despojo de la posesión de los bienes ajenos o impedir a otros trabajadores, los no huelguistas, el desarrollo de su actividad laboral?

Extender el concepto de ocupación al de huelga, implica afirmar que respecto de los trabajadores que quieren trabajar y de los empresarios, se han derogado derechos constitucionales como: el derecho al trabajo, el derecho al ejercicio de la libertad de empresa, derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad (de igual legitimidad que el derecho de huelga).

 

Pero además existe un principio general del derecho: cuando haya que interpretar un precepto escrito, el intérprete debe ceñirse al sentido de las palabras y no es lícito o permisivo entenderlas según le parezca más conveniente o justo (como sucede con el decreto 165). Si el sentido fuera injusto, corresponde entonces modificar el precepto, pero no violentarlo sin pudor alguno, como sucede.

 

Se simpatice o no con la norma jurídica, ésta supone límites coactivos para nuestra libre determinación. El gobierno debe adaptarse a la Constitución en función de su imperio, por su fuerza conminatoria y hasta por simple gravitación de respeto.  Este sentimiento merece ser educado en la conciencia colectiva para apoyar sobre él posibilidad espontánea de convivencia armónica.

 

Además y con UPM en ciernes y todo lo que ha trascendido respecto al tema laboral, donde la empresa finlandesa quiere tomar recaudos sabedora de la actitud vigilante del PIT CNT…, sería buena cosa el gobierno se sacara este problema de encima, porque no puede generar una normativa especial que contemple a la empresa puntualmente, en desmedro de todas las otras (excepto las públicas que no pueden ser ocupadas…).

 

Es insostenible el decreto 165; es voluntarismo violando la Constitución.

 

Aníbal Durán

Gerente Ejecutivo de APPCU

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Instalado el tema de la automatización o robotización (la sustitución de tareas hecha por humanos), el mismo podría desembocar en la pérdida importante de empleos. Sustancialmente para obreros o trabajadores de edades intermedias, 45 años hasta cerca de los 60, ya que los más jóvenes sin duda se adaptarán al cambio (como dice Darwin) y los más veteranos, se acogerán a la jubilación.

 

Un estudio de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (IEMM), se ocupó del tema.

El estudio concluyó que un 57% de los empleos analizados están en el cuadrante más expuesto, es decir, puede ser sustituidos por la tecnología. Y se estima que el citado porcentaje son más de 900.000 trabajadores.

Ante un estudio serio como éste, profesional y analítico, que se enunció,  difundió y no tengo claro que repercusión tuvo: no sería de desear que sea un tema determinante de los precandidatos a gobernarnos. Estarán enterados? En nuestro sector, la construcción, hemos visto videos de robots colocando ladrillos o revocando paredes con la  exactitud y rapidez de una tarea de excelencia.

El estudio califica a la construcción como de riesgo intermedio, “con un grado medio de exposición a la tecnología y resultado variado en las resistencias al cambio (hay factores que lo estimulan y otros lo frenan).

Quedarnos de brazos cruzados, es ir contra la corriente y a mediano o largo plazo se verán las consecuencias.

También se puede enlentecer el proceso, por ejemplo poniendo impuestos a la importación de capital (las máquinas que sustituyan el trabajo humano) o establecer que no se puede despedir a nadie cuando se incorpora un robot, lo que en definitiva estira en el tiempo el proceso, pero el desenlace será inevitable.

O finalmente, ver la realidad, avenirnos a lo que dice el mundo y crear las condiciones para que los trabajos que demanden mucha mano de obra calificada, se hagan aquí y se creen nuevos empleos.

Esto implicará abrirnos mucho más al mundo, mayor apertura comercial y adaptar la educación a ese nuevo mundo (valga la redundancia)  que se avecina.

Escuchar a los versados en ese tema, alejar ideologías anacrónicas, porque estamos hablando del futuro de cientos de miles de jóvenes. 

La industria de la construcción necesita antes que versación en la tarea, una disposición de actitud positiva, aspecto que se ha venido perdiendo paulatinamente y parecería que se estuviera revirtiendo.

El obrero debe tomar conciencia que sólo preparándose con excelencia, podrá seguir remándola en este mundo innovador.

Seguramente se requieran adaptaciones de la normativa laboral, lo hemos mencionado,  implica también flexibilizar leyes anquilosadas que tienen décadas y pertenecen a un mundo del pasado.

Decíamos antes, la tecnología no sustituye la creatividad por ende todas las actividades en que la creación juegue un rol importante, estarán más protegidas que la automatización.

Los trabajadores que tengan iniciativa y posean ideas originales, se destacarán.

Los gobiernos de turno deben captar estos mensajes, para aggiornar la currícula y acompasarla a la realidad.

No nos olvidemos de la actitud empática, algo claramente humano, que juega a favor del trabajador que astutamente capta la situación y actúa en consecuencia.

Los sindicatos y los políticos deberían hablar de estos temas todos los días, sin preocuparse por el agravio o la mezquindad al  otro, porque si nos perdemos en esas nimiedades, la derrota será irreversible.

 

Aníbal Durán

Gerente Ejecutivo de APPCU

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El 2018 fue año especial para el Sindicato Único de la Construcción y Afines (SUNCA). Por un lado, logró firmar una convenio colectivo que asegura que sus trabajadores no tendrán pérdida salarial y, por ende, de poder adquisitivo, al tiempo que conmemoró los primeros sesenta años del gremio. Sobre estos aspectos, así como el plan de acción nacional llevado a cabo por el sindicato en busca de la reactivación de la industria, una futura ronda con los candidatos presidenciables y la necesidad de crear viviendas de corte social, se refirió el dirigente gremial Richard Ferreira, en diálogo con Del Constructor.

 

¿Cuál es el balance del SUNCA en este 2018?

Nosotros arrancamos el 2018 a partir de un Consejo Directivo que se hizo a fines de enero y principios de febrero, marcando tres o cuatro ejes de acción, que tenían que ver con una campaña por el trabajo a partir de la situación de retracción en la industria que, de hecho, en los últimos tres años, fuimos de las industrias que más perdimos puestos de trabajo.

Venimos de un proceso del 2010 al 2015, donde se registraron los picos más altos de actividad. Llegamos a superar los setenta mil puestos de trabajo y, que, a partir del 2015 a la fecha, producto de la situación internacional y regional, significó la pérdida de veinticinco mil, veintiocho mil puestos de trabajo. Entonces, era lógico que la Dirección Nacional del gremio, mirando este escenario diseñara un plan de acción  para el 2018 que tuviera que ver con una fuerte campaña por el trabajo, teniendo en cuenta lo que se iba a discutir este año a partir de la Rendición de Cuentas. Si bien para nosotros no es una solución en sí misma la inversión pública, ayuda, y mucho, a la reactivación de la industria.

A partir de ahí planteamos un primer eje de acción que lo desarrollamos durante todo el año y que seguramente va a seguir en el 2019. El segundo eje tenía que ver con los Consejos de Salarios, que fue la séptima ronda y de las más importantes en los últimos años para todo el movimiento sindical. Para nosotros era un desafío abordar una discusión  de esta importancia en un momento de la industria que no era el mejor. Un tercer eje de acción tenía que ver con el Congreso del PIT-CNT, donde ahí teníamos un desafío como sindicato de colaborar en el marco de la unidad del movimiento sindical  y que pudiéramos sacar resoluciones claras. Además, poniendo al movimiento sindical de cara a un próximo período.

Esto, en el medio de lo que fue este año, particularmente en el mes de mayo que nuestro sindicato cumplió sesenta años.  A partir de estos ejes es que empezamos a desarrollar un plan de acción a nivel nacional, sin descuidar la protección y el fortalecimiento de todas las estructuras del SUNCA.

 

¿Y cuáles han sido las conclusiones?

Hoy, como primer balance, tenemos un convenio firmado para toda la industria. Hace más de un mes se firmó para el grupo mayoritario el convenio colectivo y ya tenemos la firma para la rama extractiva y la rama de cerámica, que eran los dos subsectores que estaban faltando firmar su convenio colectivo. Estamos, en este aspecto, cerrando un año positivo, a partir de la coyuntura que teníamos. Si uno mira la realidad de los otros grupos que están discutiendo sus convenios colectivos con mucha complejidad, con sectores empresariales que han vaciado la negociación colectiva al no hacerse presentes, lo que dificulta cerrar un año a nivel general con un porcentaje de acuerdo mayor al que existe hoy, que anda en aproximadamente un 50%. Mirando todo esto, para nosotros cerrar un año con un convenio colectivo donde se asegura que no habrá pérdidas salariales y con una plataforma con un profundo contenido social, nos parece sumamente positivo.

 

Ese contenido social, ¿qué planteaba?

Incluimos aspectos que hace a lo social, a la atención, tanto de los cuidados para los gurises de la construcción, como también incorporar a la negociación colectiva aspectos como, por ejemplo, lo que tiene que ver con el lenguaje de señas. Esto va de la mano con otro aspecto del plan de acción y que son las leyes laborales. Y, dentro, de ellas, la ley para mano de obra con discapacidad. Nosotros entendíamos que una vez aprobada esta ley, también teníamos que dar otro paso paralelo en la negociación colectiva, y que era introducir conocimiento a la industria que tiene que ver con el lenguaje de señas. Esto quedó establecido en la negociación colectiva. Cerramos una etapa de negociación, por lo menos hasta el 2020, que cierra la posibilidad de pérdida de salario real de los trabajadores, pérdida de poder adquisitivo y profundiza en la dirección de seguir trabajando desde la negociación colectiva en aspectos que no son salariales estrictamente, pero que sí que hacen a mejorar la calidad de vida del trabajador y su familia. Por otro lado, está la Rendición de Cuentas. Si bien es una Rendición de Cuentas parada en la realidad del país, nosotros creemos que se debieron hacer más esfuerzos para que hubiera mayor inversión en todas las áreas: educación, salud, infraestructura y vivienda. Si bien hubo una señal de inversión que, en parte, ya está en ejecución y que se va a notar más el año que viene, esperábamos, en función de la coyuntura actual de la industria, que fuera mayor. Que ayudara a la industria hasta que hubiera un componente de inversión privada, que es la otra pata importante para lograr la reactivación. Como SUNCA hicimos los esfuerzos, hasta donde pudimos llegar, para que esta Rendición de Cuentas diera resultados y hubiera una distribución de acuerdo a las necesidades que tenía nuestra sociedad en su conjunto, producto de la actual situación. El 2018 fue un año que, dentro de la coyuntura general, no fue el menor por la baja de actividad. Pese a esa situación, logramos mantener una estructura con diecinueve departamentales constituidas, funcionando y logramos crecer en el medio de una baja de actividad en organización. Hay datos que hay que mirarlos en detalles. Por ejemplo, si nos comparamos con el 2010 y 2011, cuando teníamos setenta mil trabajadores a los cuarenta y cinco mil de hoy, según datos del Banco de Previsión Social, y que hayamos logrado mantener toda la infraestructura de nuestro sindicato a nivel nacional, con las departamentales, con diecinueve locales funcionando en todo el país y manteniendo un nivel de sindicalización bien importante, no nos parece nada menor.

 

Situación del sector

Ustedes son conscientes que va a ser muy difícil volver a ese pico histórico de trabajadores activos. 

Sin duda. Nosotros lo dijimos, incluso, cuando estábamos con setenta mil trabajadores. Dijimos que si bien era una situación que nos alegraba, éramos conscientes que era una situación excepcional. Y que si uno miraba lo que es la historia de la industria, el promedio de actividad, sabíamos que en algún momento eso iba a bajar. En algún momento, a raíz de esa baja de trabajadores con respecto a ese récord histórico, se debatió si la industria estaba en crisis o no. Nosotros no dejamos de reconocer que si la comparación se hace con esos setenta mil trabajadores podríamos llegar a la conclusión que estamos en crisis. Es cierto que hay veinticinco mil, treinta mil trabajadores menos. Ahora, si la comparación se hace tomando como referencia los niveles históricos de actividad, el promedio nos da que estamos en la media.    

 

¿Pero, consideran que la industria está en crisis o en una especie de meseta?

No consideramos que la industria esté en crisis a nivel general. Ahora bien, es cierto que cuando uno recorre departamento por departamento o determinada región del país, estamos en dificultades serias, con un nivel de desocupación importante y que, en definitiva no hay, a corto plazo, una perspectiva de reactivación de la industria. Ahí somos muy cuidadosos  de no generar una opinión de que todo está mal, ni tampoco de que todo está bárbaro. Sabemos que la industria ha sufrido un impacto importante, producto de los factores que mencioné anteriormente. También es cierto que si miramos los números generales estamos dentro de la media de actividad. Creemos que la industria debería generar, a partir del 2019 y durante el 2020, determinados niveles de inversión que dieran respuesta a las necesidades que tiene la industria. Pero en cuanto a tu pregunta concreta, nosotros no creemos que la industria esté en crisis, sí que estamos con una concentración de la inversión que es dispar, que se concentra en Montevideo y donde ahora aparece, aunque aún no de forma contundente, cierta posibilidad de aumento de inversión en la zona del este, especialmente en Maldonado. Somos conscientes que solo con la inversión pública no alcanza. Por eso la pelea del SUNCA este año fue fundamentalmente una campaña por el trabajo y mayor inversión. Esperemos que el año que viene tengamos algunas señales diferentes en lo que tiene que ver con la inversión privada.

 

¿Cuánto pesa en este panorama la instalación de una segunda planta de UPM?

Creemos que a nivel de reactivación y empleo pesa mucho. Nuestra industria tiene la particularidad de generar actividad y reactivación no solamente al sector, sino a todo lo que gira alrededor, como es el caso de los proveedores, y ni que hablar a la sociedad en su conjunto. Y este tipo de emprendimientos tienen esa particularidad de concentrar, en función del tamaño de la inversión, un nivel de actividad importante, no solamente en la ejecución de la obra, sino también en el transcurso de la misma y después lo que queda, en particular para la zona. Ahí el desafío es que este tipo de inversiones, si es que se conforma su instalación, le deje algo más que una pastera al país. Estamos hablando de mayor conocimiento, más infraestructura y viviendas. En particular, creo que este tipo de emprendimientos para la industria de la construcción y para otros sectores que forman parte de la cadena, significan un impacto en función del empleo bien importante.

 

¿Cómo sindicato tienen previsto realizar una ronda con los presidenciables para saber qué idea tienen en políticas de vivienda, por ejemplo? 

Nosotros siempre lo hacemos. En cada año electoral, como sindicato, queremos conocer la opinión de los candidatos en caso de llegar a la presidencia, qué opinión tienen sobre el tema de la reactivación en la industria.

No hemos abordado esa discusión, será parte del plan de acción del 2019, pero sin duda nos interesa. Tenemos claro que en nuestro país, más allá de los esfuerzos que se han hecho, todavía existe un déficit importante de vivienda y, especialmente, de corte social. Nos interesa saber de los presidenciables cuál es su opinión en cuanto a la construcción de vivienda, a la inversión de vivienda, fundamentalmente las de corte social.

Y que aquellos sectores de menores recursos realmente puedan acceder a la vivienda. Las viviendas de interés social, hoy llamadas promovidas, más allá del esfuerzo del gobierno con exoneraciones y subsidios para la construcción de las mismas, en el precio final del producto nos encontramos con una cuota que para muchos sectores de la sociedad es inaccesible. Es cierto que no estamos en la misma situación que hace quince años atrás en lo que tiene que ver con el tema vivienda, pero también es cierto que queda mucho por hacer. Hay que seguir potenciando y facilitando el acceso a la vivienda a través del sistema cooperativo y seguir profundizando en planes de vivienda que tengan como objetivo aquellos sectores más vulnerables.

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Las empresas desarrolladoras del sector inmobiliario atraviesan un año que arrancó con las mejores expectativas positivas por el boom de los créditos hipotecarios y va a cerrar con una caída de la actividad que, según estiman, será mayor que la esperada para el resto de la economía. En este contexto, buscan alternativas para poder salir de la crisis.

Argentina tiene un déficit de 1,2 millones de viviendas nuevas pero se construyen unas 200.000 por año, según precisaron los empresarios. “El mercado podría ser cinco veces más grande”, proyectaron agentes inmobiliarios durante el  8º Coloquio de la Asociación Empresarios de la Vivienda .

“El año pasado presentamos el inicio de lo que llamamos la década de la vivienda, donde teníamos las mejores expectativas. Con la búsqueda de políticas de Estado que tengan coherencia y consistencia para que la ciudadanía tuviera un acceso a la vivienda”, señaló Gustavo Llambías, vicepresidente de la Asociación Empresaria de la Vivienda, a Infobae.

Hoy, la actividad está lejos del panorama prometedor con el que arrancó el año. “Los créditos UVA estaban produciendo una revolución en el mercado. Y en este momento, con una inflación del 40% el crédito hipotecario, es inviable. En la Argentina no logramos que el sector tenga el desarrollo que debería tener”, agregó Llambías y reclamó que el gobierno vuelva a poner foco en el sector.

El empresario advirtió que las perspectivas del negocio son malas y que, por la falta de crédito, las firmas del sector volverán a apostar al mismo público de hace 20 años: personas que pueden pagar una propiedad en el tiempo que tarda en construirse. También señaló que la actividad de la construcción amplifica los ciclos. “Cuando el país crece 3 puntos,  la construcción crece 10. Pero cuando el ciclo es negativo, la caída es mayor. Es matemático y pasa en todo el mundo”, explicó Llambías.

La mirada del sector es que esta nueva crisis los obliga nuevamente a reciclarse de forma forzosa. “Toda crisis aporta oportunidades. Si la demanda genuina queda rezagada, siempre existe el mercado de poder adquisitivo más alto, que busca un refugio para sus ahorros”, indicó Miguel Camps, presidente de la asociación y titular de la empresa Argencons.

Por su parte, Lucas Salim, CEO del Grupo Proaco de Córdoba y directivo de la Cámara Empresarial De Desarrollistas Urbanos de Córdoba (CEDUC), detalló que en esa provincia se mide un índice de la actividad basado en 45 desarrolladoras con base 100 en 2010. El máximo de actividad se dio un 2011, previo al cepo cambiario, y hoy está un 45% por debajo.  En tanto, Damián Tabakman, presidente de CEDU (Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos), señaló que las diferentes cámaras y asociaciones están armando proyectos sectoriales, con una agenda urgente,  para presentar a los candidatos a las próximas elecciones.

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