El presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) recibió a Del Constructor para analizar la situación del sector en el 2019 y qué se espera para el próximo año. O´Neill señaló que la industria lleva un lustro sostenido en la caída de la actividad, aunque afirmó que para las perspectivas son mejores para el 2020. También se refirió a la ley N° 18.795 de Vivienda Promovida (antes de Interés Social) y a la necesidad de bajar los costos para lograr competitividad y una rentabilidad razonable que acerque inversores al país.

 

¿Qué opinión, a nivel de actividad en el sector, le merece este 2019?

Hace unos días, salieron unos datos de actividad del primer semestre que publica el Banco Central  y ahí el guarismo da una caída en el primer semestre de 4.1 respecto al mismo período del año anterior.

Nosotros estimamos que con ese dato y con un segundo semestre que va hacer un poco mejor, quizá terminemos el año 2019 con una caída cercana al 2%. Es una estimación, pero puede andar por ahí.

Así que estaríamos completando cinco años consecutivos de la caída de la actividad, desde el 2015 al 2019. Esa es la realidad de la industria.

A pesar de estas cifras y de esta caída continuada de la actividad que acumula más de un 15%, la construcción  sigue representando cerca del 10% del Producto Bruto de la economía, explicando en el entorno del 8% de la ocupación en la población económicamente activa. Y es una industria con fuertes encadenamientos  hacia otros sectores, arrastra mucha actividad, eso que intuitivamente la gente piensa que si anda la construcción, anda el almacén, el supermercado…

 

El efecto cascada.

Exactamente. Hay un informe del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción  que muestra que por cada dólar de facturación  en la construcción, se facturan otros cuatro  dólares en otros sectores de actividad. Entonces la industria es un sector de arrastre importante de la actividad.

 

¿Se esperaba una caída tan sostenida en el tiempo como estos cinco años, teniendo en cuenta que se venía de un record histórico de actividad y de puestos de empleo?

En el 2013 tuvimos un pico de setenta mil trabajadores cotizantes y ahora estamos en 44 mil, es decir que estamos en 25 mil puestos de trabajo menos. Este año la ocupación se mantuvo bastante parecida al 2018  y si uno analiza cómo se compone la actividad en los últimos diez años de la industria se puede ver que la inversión pública es de un 30%, la inversión en vivienda cerca del 20% y algo más del 50%  es inversión privada en otros tipos de obras, distintas a la vivienda, como son agroindustria, logística, parques de energía renovable, plantas de celulosa. Y ahí es donde se ha sentido más la caída en estos años. La inversión pública, en este quinquenio, la verdad que se mantuvo bastante dinámica en ese guarismo del 30%. La inversión en vivienda ahora ha caído un poco, pero también como las Viviendas Promovidas se mantuvo bastante sostenida, pero lo que más se ha sentido es la caída de la inversión privada en obras más vinculadas a la producción o a los servicios, y no a la vivienda.   

 

Contexto nacional y regional

¿La situación regional afectó a la inversión privada o fue solo el contexto nacional?

Puede haber algo de contexto regional, pero probablemente hay razones internas. Los países compiten por la inversión, entonces cuando un país recibe inversiones es porque hay un paquete de condiciones que aseguran, entre otras cosas, la rentabilidad esperada. Creo que Uruguay tiene algunas ventajas comparativas que son indudables como el marco regulatorio, certezas jurídicas, una cantidad de cosas; pero, desde el punto de vista económico, lo que hace a la rentabilidad, altos costos y competitividad, quizás no tanto.

 

Ahí entra a jugar fuerte Paraguay.

Sí, es un destino que está captando mucha inversión.

 

El costo de la masa salarial, ¿cuánto incide?

Incide, en general como país estamos caros. Hay costos altos y evidentemente incide y nos genera dificultad de competitividad.

 

¿Y desde la Cámara de la Construcción del Uruguay como cree que será el 2020?

Para nuestro sector las perspectivas son bastantes mejores. Por una lado porque está confirmada la inversión de UPM. Ya empezaron con los trabajos preparatorios: movimientos de suelos, cercados de la zona que será la zona franca donde se levantará la planta, trabajo de acceso y acometidas de energía y servicios.

Empezaron ya algunas obras de alojamiento para el personal y ese tipo de cosas, pero ya se estima que a partir de febrero o marzo, tal vez se vaya hasta abril,  comience la construcción de la planta y eso indudablemente va a ser un impulso para el sector.

A esto se le suma,  también de UPM, la terminal portuaria para la celulosa y un paquete grande de proyectos de participación público privada que, por un lado el Ferrocarril Central también vinculado a UPM que es una inversión en el orden de los mil millones de dólares, pero también se vienen firmado los contratos de algunos llamados que ya tenían 2, 3 y 4 años de antigüedad, tanto en el sector vial como en el área educativa.

Son todas obras que se están iniciando y que van a estar a pleno, en auge el año que viene y el 2021.

 

Se esperaba que los proyectos en modalidad PPP fueran más rápidos en su ejecución. 

Sí, se esperaba. Indudablemente ha habido una curva de aprendizaje que ha llevado mucho más tiempo del previsto. Seguramente hay ajustes que hacer en el futuro para que estas cosas salgan más rápido. Hay muchos actores, está el Estado,  están los organismos financiadores, las propias empresas adjudicatarias, por lo que son procesos que en general, a nivel global, llevan tiempo, pero es cierto que no se esperaba que demoraran tanto. La buena noticia es que ahora se empezaron a concretar y para la próxima administración se encuentre un paquete de mil ochocientos millones de dólares de obras en curso, sin hacer ningún desembolso, porque el Estado comienza a pagar  una vez que las obras están disponibles. 

 

Viviendas promovidas 

¿Qué opinión tiene de los cambios realizados en la normativa de las Viviendas Promovidas, antes llamadas Viviendas de Interés Social?

La evaluación que nosotros hacemos de la ley es muy buena. Se construyeron en el orden de las 16 mil viviendas, algunos no están terminadas, en un período de siete u ochos años. Que además se hizo en barrios donde desde hacía décadas no había prácticamente inversión, donde no había obras nuevas, como Cordón, La Blanqueada y Centro, por ejemplo. Con estas inversiones se mejoran, se ponen en valor y es una forma de construir ciudad que creemos que fue muy buena. Se generó un stock interesante de viviendas que, básicamente, han ido al mercado de alquileres. Es cierto que la mayoría han ido al mercado de alquileres porque es cierto que no es fácil para el público la compra. En muchos casos los compradores son los inversores y las vuelcan al mercado del arrendamiento. Entonces  esto ha permitido mantener un nivel de precio en los arrendamientos razonables, sin que se dispararan, al volcarlas al mercado. También es cierto que las modificaciones a la reglamentación,  primero en el 2014 y después del 2017, introdujeron topes, introdujeron limitaciones, que afectaron el negocio y bajó la cantidad de proyectos promovidos. Más allá de eso, nosotros entendemos que hacia adelante esta ley debería complementarse con algunos instrumentos.

 

¿Por ejemplo?

Instrumentos para poder llegar a otros barrios, a otros valores menores de costo final. Instrumentos que faciliten la demanda, que financien al comprador. Pensamos, por ejemplo, en inversores institucionales, fondo de pensión o fideicomisos que puedan ser un instrumento que haga viable que los inversores desarrollan proyectos, porque estos fondos después serán en definitiva los compradores que los vuelquen al mercado de arrendamiento  o a la venta. 

 

Mucha gente no pudo acceder a este tipo de vivienda.

Sé a lo que se refiere. Capaz que el error fue el primer nombre que se le dio a ley (de interés social), pero estaba bien diseñada. Probablemente el nombre llamaba a confusión. Por eso en esta administración se cambió y se empezó a hablar de la ley de Vivienda Promovida.

 

 ¿Qué  debería hacer Uruguay en materia de políticas de Estado para atraer inversores? 

Creo que el país debe corregir los desequilibrios macro económicos que tiene -el déficit fiscal, por ejemplo-,  y poder trabajar para reducir el gasto como el peso del Estado sobre la economía y sobre la actividad privada. Además,  poder reducir tarifas de combustible, de energía eléctrica. Medidas que vayan hacia un abaratamiento de los costos que nos haga más competitivos y, por lo tanto, con una expectativa de rentabilidad razonable para los inversores.

 

¿El gobierno argentino saliente anunció un “cepo”  por lo cual se puede comprar sólo 200 dólares. ¿Cómo afectará a Uruguay, en el sector inmobiliario y de cara a la temporada por ejemplo, esta media? 

Hay que ver cómo sigue esto luego de la asunción del nuevo presidente argentino el 10 de diciembre y qué medidas adopta. Es muy pronto para analizarlo y saberlo, pero el efecto inmediato es lo que usted está comentando de cancelación de alquiler de temporada. No obstante, creo que los argentinos tienen una predilección por invertir en Uruguay y ellos siempre le encuentran la vuelta para llegar a invertir.

 

¿Cómo están las obras en Punta del Este?

Hay una serie de proyectos grandes en curso, amparados en la extensión de los beneficios de la COMAP. Son unos cuantos proyectos realmente grandes que están en curso, pero después de eso no hay muchas obras más. Son proyectos grandes, puntuales, pero el nivel de ocupación en Maldonado no ha subido mucho. Sigue estando todavía en niveles bajos.

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Martes, 19 Noviembre 2019 18:09

La negociación colectiva y sus bemoles…

El pasado 29 de octubre, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que modifica parcialmente la ley número 18566 de negociación colectiva, a efectos de cumplir con los plazos que estableció la OIT. Todo viene a cuento por la queja que presentaron en su momento las Cámaras de Industrias y Comercio, con el apoyo de las restantes gremiales.

Los cambios propuestos, brevemente enumerados fueron:

 a) Las organizaciones sindicales deberán contar con personería jurídica (alguien que se haga responsable…), viene a cuento porque las partes estarán obligadas a intercambiar información, buena fe mediante, pero solo si las organizaciones sindicales tienen personería jurídica.

 b) Al proponer la derogación del literal D del artículo 10 de la ley, se le resta al Consejo Superior Tripartito la potestad de “considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de negociación tripartita y bipartita”, por lo que estos temas quedarán librados a la voluntad de las partes.

 c) Se propone una nueva redacción al artículo 14 de la ley, que elimina la posibilidad que cuando no existe organización de los trabajadores a nivel de la empresa, la legitimación para negociar la tenga la organización representativa de nivel superior.

 

La negociación colectiva que pueda desarrollarse en la empresa podría realizarse con representantes electos por los trabajadores, sin participación del sindicato de rama.

 d) Se propone derogar el inciso segundo del artículo 17 de la ley, que establece: “El convenio colectivo cuyo plazo estuviese vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen acordado lo contrario”. El término de vigencia de los convenios queda librado a lo que las partes establezcan en el propio documento, sin que tácitamente se prorrogue el convenio como hasta ahora, lo que se llama ultraactividad.

 e) Finalmente, se dice que el registro y publicación de las resoluciones de los consejos de salarios y de los convenios colectivos dispuestos por los artículos 12 y 16 de la ley 18566, no constituirán requisito de homologación, autorización o aprobación por parte del Poder Ejecutivo, de aprobarse dicha modificación, las resoluciones de los consejos de salarios y los convenios colectivos regirán desde el momento en que las partes lo suscriben o desde el momento de la vigencia que las propias partes establezcan sin necesidad de un posterior acto del Poder Ejecutivo.

 

Hasta aquí lo recogido en el proyecto de ley. No obstante, existen observaciones efectuadas por los órganos de control de la OIT que el proyecto no aborda. Destaco que tanto las condiciones de trabajo como los ajustes a las remuneraciones deben de ser determinadas en instancias bipartitas y no tripartitas (como viene sucediendo, nuestro sector da cuenta de ello).

 

El apartamiento al convenio 98 de la OIT, específicamente del principio de negociación libre y voluntaria consagrado en el artículo 4to, sucede cuando el gobierno de oficio o a instancia de cualquiera de las partes convoca a negociar en los Consejos de Salarios, no solo salarios mínimos, sino también ajustes de las remuneraciones y otras condiciones de trabajo. En la mesa de la construcción, están las tres partes desde un inicio y se negocia sobre pautas que vienen del Poder Ejecutivo.

 

Y si bien el gobierno manifiesta que las organizaciones profesionales son libres de concurrir a las convocatorias y que acudir a los Consejos de Salarios no conlleva la obligación de acordar, desde que los mismos pueden decidir por mayoría de sus integrantes, donde el número de delegados entre el gobierno y el sindicato es mayor al número empleador, en los hechos la no concurrencia de la parte patronal, les impide incidir de acuerdo a sus intereses en una decisión que deberán acatar.

 

 En buen romance, lo medular no fue expuesto en el proyecto y seguramente de ganar el oficialismo (ignoro si al momento de salir del Constructor, ya se dilucidó el acto electoral), seguiremos regidos por lineamientos que nos imponen. No es lo que dice la OIT y el convenio 98, ya citado.

 

Aníbal Durán

Gerente Ejecutivo de APPCU

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Uruguay está avanzando para acercarse a los estándares globales en términos de regulación comercial. Según Doing Business 2020, el informe anual del Banco Mundial que estudia las regulaciones que mejoran o restringen la actividad empresarial, el país mejoró la facilidad para hacer negocios obteniendo un puntaje global que subió de 61.4 en 2019 a 61.5 en 2020.

A pesar de este avance, Uruguay cayó seis posiciones en el ranking global y ocupa este año el puesto 101 en facilidad para hacer negocios, comparado con el puesto 95 en el 2019.

Esto se debe entre otros factores a i) un cambio en la metodología (que implica una caída de cuatro lugares en el ranking) y ii) a mejoras en el entorno regulatorio de otras economías (que implica una caída de dos lugares en el ranking).

En el último año (que cubre de junio 2019  a  mayo de 2020), Uruguay introdujo una reforma importante para mejorar su entorno de regulación comercial.

 

Reforma clave

El país implementó una reforma clave en la categoría denominada Comercio transfronterizo, al introducir certificados electrónicos de origen, que permitieron al país reducir el tiempo requerido para cumplir con la documentación necesaria para importar.

Más allá de los cambios referentes a este año en particular, el informe destaca reformas estratégicas implementadas por Uruguay a lo largo de los últimos años y que le han permitido lograr mejoras sustanciales en el clima de negocios:

  • La flexibilización en el capital mínimo que deben depositar las empresas, lo cual redujo el costo de comenzar un negocio
  • La reducción sustancial en el número de procesos y tiempo necesario para realizar el pago de impuestos gracias a la introducción de servicios de pagos en línea.
  • El incremento en la tasa de recuperación de activos en caso de quiebra.
  • El fortalecimiento del acceso al crédito, con un 100% de la población adulta cubierta por una agencia de informes crediticios.

Esta última edición del estudio documenta las reformas implementadas en 10 áreas de actividad empresarial en 190 economías. A nivel global, en el último año se realizaron 294 reformas en 115 economías, para facilitar los negocios del sector privado, allanando el camino para más empleos, mayor actividad comercial y mayores ingresos.

El análisis encontró que las diez economías que más avanzaron en mejorar su clima de negocios fueron Arabia Saudita, Jordania, Togo, Bahrein, Tayikistán, Pakistán, Kuwait, China, India y Nigeria. En tanto, las diez economías que lideran el ranking 2020 son Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong SAR China, Dinamarca, República de Corea, Estados Unidos, Georgia, Reino Unido, Noruega y Suecia.

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En un encuentro -organizado por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU)- los abogados Santiago Pérez del Castillo, Leonardo Slinger y Nelson Larrañaga Zeni, especialistas en Derecho Laboral, disertaron  las relaciones laborales, al tiempo que se mostraron de acuerdo en privilegiar la negociación bipartita y modificar la ley vigente.

Los tres abogados cuestionaron el rol del gobierno en este aspecto y recordaron que en junio pasado la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) analizó la negociación colectiva en Uruguay, tras una denuncia de los empresarios. Las cámaras empresariales uruguayas hicieron hincapié en el convenio 98 de OIT suscrito por nuestro país que privilegia la negociación bipartita (entre empresas y trabajadores) sobre aumentos de salarios y condiciones laborales, y no instancias tripartitas (con la participación del Estado) como ocurre en la actualidad.

 

Negociar entre las partes

En este contexto, durante el evento realizado el pasado 29 de agosto,  Santiago Pérez del Castillo -exministro de Trabajo entre 2002 y 2005- en su disertación “Consejos de Salarios y negociación tripartita sobre condiciones de trabajo”, señaló que  lo ideal sería ponerse de acuerdo entre las partes para negociar, sin que participe el gobierno. Y agregó que la instancia se debe encarar “no con una visión de contraparte (entre trabajadores y empleadores) sino de socios”.

“La palabra tripartita tiene una enorme resonancia en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es el único órgano de las Naciones Unidas integrado por estados y grupos de empleadores y trabajadores. Pero curiosamente el tripartismo de la OIT no llega a la negociación colectiva”, afirmó Pérez del Castillo.

Recordó que el convenio 98 del organismo establece que la negociación colectiva debe ser en forma libre y voluntaria entre empleadores y trabajadores e independiente del poder estatal. “Entonces se provoca una primera tensión entre bipartismo y tripartismo porque a los estados les interesa tener control sobre el impacto inflacionario que puede tener el salario”, señaló.

Para el abogado se deben modificar los Consejos de Salarios, convocarlos siempre y cuando empleadores y trabajadores estén de acuerdo y promover el bipartismo.

El experto relató que uno de los cometidos de los Consejos de Salarios cuando fueron creados en 1943 fue la fijación de los salarios mínimos. A esa potestad, la Ley 18.566 de 2009 le agregó la actualización de las remuneraciones.

En esa línea, el abogado indicó que tampoco comparte la disposición de que “cuando no hay un sindicato de empresa tiene legitimidad para negociar el sindicato de rama”, sino que debieran poder hacerlo los delegados elegidos en la interna de la compañía. Sostuvo que esto “es un tema clave” de la negociación colectiva.

“Los empleados que van a negociar deben conocer al empleador, este no es un fulano cualquiera sino una persona que en otra ocasión quizás se portó bien, fue comprensivo con los trabajadores o repartió en épocas de bonanza. Se pierde esa riqueza de relacionamiento con el empleador cuando negocia el sindicato de rama”, señaló.

 

Ultra actividad

En tanto, el abogado Leonardo Slinger centró su exposición bajo el título “Convenios colectivos, sujetos de convenio de empresas ultra actividad y denuncia” donde señaló que está demostrado en los hechos que el Poder Ejecutivo interviene en la negociación no solo de salarios sino de condiciones de trabajo a través de la fijación de lineamientos. “El Poder Ejecutivo incluye como una propuesta para la negociación, pero todos sabemos que eso ejerce presión. Es difícil escapar en el diálogo a un tema que la propia pauta propone”, sostuvo Slinger.

“Los Consejos de Salarios deben hacer foco en su competencia que son los salarios mínimos. Si se negocia una actualización salarial debe ser hasta determinadas franjas, no puede ser igual para un gerente o un cadete, porque la negociación bipartita es diferente según las capacidades”, señaló Slinger, quien sostuvo que desde la reinstauración en 2005 de la negociación colectiva aumento el índice de sindicalización y, por ende, el poder de los gremios. A juicio del especialista “esto ha generado una capacidad y madurez para una negociación bipartita sin precisar del Estado como tutor”.

Recordó, además, que la Ley 18.566 establece que la negociación debe efectuarse entre organizaciones representativas de empleadores y trabajadores.  Y citó como ejemplo, en el caso de una empresa en la que no hay organización de los trabajadores, por qué el sindicato de la rama de actividad es el encargado de llevar a cabo la negociación. “Si los trabajadores no se afiliaron al sindicato de rama es porque no se sintieron representados y además en una negociación colectiva de empresa se está bajando al ámbito interno, entonces parece lógico que los que deben negociar son los trabajadores de la empresa”, afirmó Slinger.

La normativa vigente también establece la ultra actividad de los convenios colectivos, es decir que cuando vence se mantienen en vigencia todas sus cláusulas hasta que se alcance un nuevo acuerdo. Sobre este aspecto también mostró su disconformidad.

“Cada convenio colectivo se convierte en el piso para la negociación siguiente. ¿Qué interés voy a tener para negociar? Salvo para mejorar las condiciones, si igual aunque el convenio esté vencido voy a estas obligado a mantenerlo como empleador y el trabajador a gozar de los beneficios y las condiciones de trabajo. El convenio colectivo es un contrato y agota sus efectos con el vencimiento del plazo”, subrayó Slinger.

 

Certezas jurídicas 

Nelson Larrañaga Zeni, experto en relaciones laborales de Ferrere, coincidió con sus colegas en la injerencia en la negociación del gobierno. Durante su ponencia “Medidas de conflicto. Huelga, ocupación y piquetes”, afirmó que “hay un arbitraje obligatorio, están las tres partes en la negociación pero quien decide los aumentos de salarios es el gobierno y eso es totalmente contrario a los convenios de OIT que estamos obligados a cumplir”, afirmó. En otra parte de su disertación se refirió al derecho de huelga en Uruguay.

Afirmó que  “no existe una definición de huelga” por lo que dicho concepto “se ha ampliado”.

“La huelga es no trabajar por una decisión colectiva, pero hoy se extendió a medidas de ocupación, piquetes y otras resoluciones sindicales como el trabajo a reglamento o desgano. Esta ampliación ocurrió a través de distintos decretos promulgados entre 2005 y 2006. El concepto de huelga no es una banda elástica que estiro. Hoy cualquier acción sindical es huelga salvo que sea un delito.

Eso no debe ser así”, enfatizó Larrañaga Zeni. En este punto agregó que si bien la huelga es un derecho constitucional, también lo son “las libertades individuales” como el derecho al trabajo, y que el primero “no predomina” sobre los demás como “ha querido imponer” parte de la doctrina nacional. “No puede ser que el derecho de huelga sea absoluto ni que pasa por arriba de todo como una topadora”, subrayó.

El abogado especialista  dejó en claro que “la ocupación o piquetes en lugares de trabajo no tienen nada que ver con la huelga”, algo que es reconocido por la doctrina internacional.  “Hay que volver al concepto antiguo de huelga, no el que se ha querido imponer” y abogó por reglamentar la ley original para “dar certezas jurídicas”, enfatizó.

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Planes de capacitación para fortalecer la oferta de los servicios relacionados con salud, gastronomía, hotelería y otros rubros, que va a ser demandada en el centro de Uruguay debido a la instalación de la segunda fábrica de celulosa de la empresa finlandesa UPM, ya son desarrollados por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), señaló el director del organismo, Eduardo Pereyra.

El Inefop lleva un registro de trabajadores interesados en participar en la construcción y en la posterior operativa de la segunda planta de celulosa de UPM, que será la tercera de su tipo tras la fábrica de Fray Bentos de esa misma empresa finlandesa y de Montes del Plata, ubicada en la localidad coloniense de Conchillas.

“Trabajamos en un plan de capacitación continua, que se prevé desde el anuncio de construcción de la obra a su culminación, que comienza en unos 60 días con las personas que van a ingresar por primera vez al sector”, indicó Pereyra tras participar en la 44.° Reunión de la Comisión Técnica del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional, perteneciente a la Organización Internacional del Trabajo.

Se dictarán cursos de introducción a la construcción y, con la evolución de la obra, se ampliarán capacitaciones para nuevos trabajadores y para los que ya estarán en las empresas y que pasarán de una etapa a otra, explicó.

Previo a la definición de la empresa UPM hubo instancias de diálogo con el Gobierno y la central PIT CNT, del que también participaron empresarios vinculados al sector de la construcción, el metalúrgico y también trabajadores involucrados en esos rubros, que trabajaron y acordaron distintos protocolos, de capacitación, seguridad, vivienda y servicios.

El acuerdo entre el Gobierno y la empresa establece que hay que tener todas las personas capacitadas a disposición. En ese marco, Inefop financia en conjunto con la empresa por partes iguales, siendo el costo para cada uno de más de 1,5 millones de de dólares.

 Los llamados a inscripciones al registro, están dirigidos a personas que tengan distintos tipo de experiencia. El mismo, estará disponible para UPM, así como para las empresas que trabajen en la logística.

Pero además estos registros no solo operan para UPM, “sino para todas las empresas del país que van a tener disponible un registro muy importante por la cantidad personas que van a estar registradas y por las ya registradas.

 

Ascenso de la inversión extranjera 

Por otra parte, el departamento de Inteligencia Competitiva del instituto Uruguay XXI informó que en los primeros tres meses de este año la inversión extranjera directa (IED) se ubicó en torno a los 110 millones de dólares. La confirmación de la instalación de la segunda fábrica de celulosa de la empresa finlandesa UPM, que implicará más de 3.000 millones de dólares, significará un salto cuantitativo en la materia.

Los últimos datos disponibles de IED publicados por el Banco Central del Uruguay (BCU) muestran una mejora respecto de los años anteriores.

En el primer trimestre de este año la entrada de inversiones directas a Uruguay ascendió a 110 millones de dólares, lo que revirtió los valores negativos de períodos anteriores, señaló el último monitor trimestral en la materia elaborado por Inteligencia Competitiva del instituto Uruguay XXI.

La instalación de la segunda fábrica de celulosa de UPM, la tercera de su tipo en Uruguay, implicará una inversión total del orden de los 3.000 millones de dólares, equivalentes a 5,4% del producto interno bruto.

El tamaño y los futuros impactos de ese emprendimiento constituyen un hecho sin precedentes para el país, posicionándose como la inversión extranjera directa más importante en la historia de Uruguay.

En consecuencia, la inversión que realizará UPM en el centro del país refuerza la imagen internacional de Uruguay en cuanto a su seguridad jurídica, estabilidad institucional, seriedad, responsabilidad y confiabilidad para la llegada de inversiones extranjeras. Asimismo, ese proyecto ofrece importantes oportunidades para el desarrollo económico y social de Uruguay.

Entre los países que tienen mayor stock de inversión directa en Uruguay, hasta 2017, se encuentran Argentina, con 18%, y España, con 17%. En tanto, la medición del riesgo país, que mide la diferencia entre la cotización de los bonos soberanos del país respecto de sus similares de Estados Unidos, se encuentra en valores bajos respecto de períodos anteriores.

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