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China se plantea que el aumento del nivel del mar impulsará la construcción de viviendas en los cursos de agua y en mar abierto. Para ello, la empresa constructora china que hizo el enorme puente que une Hong Kong, Macao y Zhuhai encargó el diseño de una isla flotante de mil hectáreas de superficie usando la misma tecnología que probaron en la obra.

Resulta que para concretar la conexión de 55 kilómetros de largo entre tres ciudades, los chinos combinaron tres puentes colgantes, un túnel submarino y cuatro islas artificiales. El túnel es una caja de hormigón de 150 metros de largo que se hizo en una fábrica y se llevó flotando hasta el sitio. De allí surgió la idea de construir una isla en tierra firme y llevarla en partes hasta donde se necesite.

No se sabe si los arquitectos británicos de la firma AT Design Office o los constructores chinos fueron los que bautizaron a la futura isla como Floating City, pero lo cierto es que la ciudad ya tiene forma, está compuesta por una serie de módulos hexagonales que se conectan entre sí para proveer de todo lo que necesita para funcionar en el agua, desde una red de transporte mediante barcos y submarinos, hasta un hotel flotante y un centro de entretenimiento.

La novedad es que los espacios verdes recreativos estarán ubicados tanto por encima como por debajo del agua. Por otra parte, existirán granjas para producir la comida de todos los habitantes y sistemas que eliminarían los desechos de manera sustentable.

Por su parte, la firma China Transport Investment Co, uno de los mayores inversores inmobiliarios del país asiático, está considerando comenzar a probar la idea a pequeña escala el año que viene.

 

Varios proyectos 

Hace unos años que la idea de construir una isla flotante en el medio del océano está dando vueltas.

Es el caso del proyecto que desarrolla Patri Friedman, el nieto del Nobel Milton Friedman, pero con una diferencia al objetivo planteado por China. Friedman no busca una alternativa para el crecimiento de la ciudades, más bien quieren crear su propia ciudad independiente en aguas internacionales, sin injerencia de otros estados. Hay que tener en cuenta que los pronósticos indican que para el 2050, el aumento del nivel del mar afectará al 90% de las ciudades costeras del mundo.

Por las dudas, la firma internacional de arquitectura BIG también diseñó su ciudad flotante, que será para diez mil habitantes y aseguran que servirá para salvar a las ciudades amenazadas por el cambio climático y el “inexorable” aumento del nivel de los mares.

El fundador de BIG, el danés Bjarke Ingels, presentó su propuesta a principios de este año en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. La bautizó Oceanix City y se trata de varias islas flotantes agrupadas de a seis para formar una suerte de “aldea”.

Los agrupamientos se podrían repetir hasta cubrir 12 hectáreas donde vivirían más de 1.600 personas; y formando un archipiélago, podrían alcanzar los 10 mil habitantes programados.

Idea danesa. El estudio BIG, de Dinamarca, presentó Oceanix City, un grupo de islas flotantes agrupadas de a seis para formar una suerte de “aldea”.

Lo curioso es que tanto BIG como los británicos que diseñaron la ciudad flotante china se basaron en hexágonos. Parece que la forma de panel que ya usan las abejas en el mundo entero es la más económica y práctica.

Como en el caso del proyecto chino, cada módulo de Oceanix se construiría en tierra y luego se remolcaría hasta alta mar para unirse a otros. Para calmar a los miedosos, los expertos de BIG aseguran que las islas podrían resistir huracanes de categoría cinco.

El tema de vivir en el agua se está transformando en tendencia, tanto que en abril pasado se organizó la Primera Mesa Redonda de Alto Nivel de la ONU sobre Ciudades Flotantes Sostenibles. Allí fueron los impulsores de Oceanix con su proyecto y representantes del MIT, del Club de Exploradores y de ONU-Hábitat, una división de la ONU que se encarga de estudiar el crecimiento de las ciudades. Mientras Occidente debate, el país asiático ya se puso a trabajar.

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Las ciudades de todo el mundo se enfrentan a grandes desafíos en lo que respecta a la rápida urbanización, el envejecimiento de la población, la soledad, el cambio climático y la falta de viviendas económicamente accesibles. Ese diagnóstico, que plantea un grupo interdisciplinario convocado por la marca Ikea, supone reconsiderar la forma en que se diseña el hábitat construido. De lo contrario, “las ciudades serán cada vez más insostenibles y socialmente desiguales”, definen desde Space 10, un laboratorio global de investigación y diseño que auspicia la empresa sueca, según el suplemento ARQ del diario argentino Clarín.

Junto con el estudio Effekt Architects, Space 10 imaginó un nuevo paradigma sobre cómo diseñar y construir los hogares, los barrios y las ciudades en el futuro. “La misión es abordar algunos de los desafíos urgentes que enfrentamos en nuestras nuevas realidades urbanas, mientras creamos viviendas más habitables, asequibles y sustentables”, aseguran.

 

Premisas innovadoras

El proyecto The Urban Village desarrolla experimentalmente esas ideas partiendo de algunas premisas innovadoras. En primer término, plantea comunidades de viviendas compartidas por varias generaciones en el corazón de las ciudades, con hogares flexibles y de alta calidad, conectados a una variedad de servicios e instalaciones comunes; con una interfaz digital para satisfacer las necesidades diarias.

También considera que hay que ampliar el acceso al mercado de la vivienda. Con lo cual, habría que repensar la forma en que diseñamos y financiamos nuestros hogares; considerar la introducción de nuevos modelos basados en suscripción y ofrece la oportunidad de capitalizarse. En este nuevo modelo de propiedad, los residentes pueden comprar “acciones” si quieren y cuando pueden.

Esto significa que las personas pueden acceder a la propiedad de forma progresiva y cobrar más tarde a medida que aumenta el valor de la propiedad.

El proyecto consta de un sistema de construcción modular que puede ser prefabricado, almacenado plano e incluso desarmado. Esto garantiza un método de construcción más sustentable y reductor de CO2, y un enfoque circular para la gestión y el ciclo de vida de los edificios.

Urban Village crea comunidades para personas de todas las edades, orígenes y situaciones: “El objetivo es permitir una mejor vida cotidiana a través de los múltiples beneficios de vivir en comunidad, con instalaciones y servicios compartidos, como guardería, agricultura urbana, comidas comunitarias y transporte compartido.

Estos beneficios no solo ofrecen un sentido de pertenencia, también se ha demostrado que mejoran la salud y dan felicidad”, explican los autores.

Además, el proyecto urbano le daría cotidianeidad a la vida sustentable a través de la recolección de agua, la producción de energía limpia, el reciclaje, la producción local de alimentos y el compostaje. Incuso toda la propuesta arquitectónica está enraizada en materiales sustentables.

La construcción modular permite configurar una amplia gama de diferentes tipologías de viviendas para adaptarse a varios entornos urbanos. El sistema es prefabricado, producido en serie y empaquetado en plano, todo lo cual ayudaría a reducir los costos de construcción.

El sistema estandarizado utiliza madera laminada cruzada, un material con enormes ventajas medioambientales, superando al acero y al hormigón. Se puede utilizar para construir todo, desde casas urbanas hasta edificios en altura.

Casi todos los componentes y materiales se pueden desarmar y reemplazar, reutilizar y reciclar fácilmente a lo largo de la vida útil del edificio. Esto da a las personas la libertad de agregar, adaptar y modificar su hogar cuando lo deseen.

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Alphabet, el grupo económico que aglomera a Google, entre otras compañías, presentó a través de su división Sidewalk Labs su proyecto de ciudad del futuro “Toronto Mañana”, que aspira a “crear un nuevo estándar para la vida urbana en el siglo XXI” y a generar 44.000 puestos de trabajo cuando se complete en 2040 con medidas como barrios construidos en madera maciza, material ecológico para reducir el impacto medioambiental, WiFi público gratuito y puertos USB en sitios públicos para que los ciudadanos accedan a sus datos.

El proyecto de Alphabet se centra en el barrio marítimo de la ciudad canadiense, y se divide en dos distritos: el muelle y el área del río. En este último se espera que se ubique la nueva sede de Google en ese país, con 62 hectáreas para albergar hasta 2.500 empleados.

El muelle es el primero de los barrios que se construirán en el plan. En él se espera que residan 4.500 personas distribuidas en diez edificios de usos mixtos, con 3.900 empleos cuando se termine en 2026.En esa zona se construirá en madera maciza para reducir el impacto medioambiental, y a nivel tecnológico, Sidewalk ha propuesto seis medidas entre las que destaca la instalación de redes de fibra óptica integradas en las casas.

En cuanto al uso de datos públicos de los ciudadanos, Sidewalk se compromete a respetar la leyes de privacidad, y ha presentado unos principios rectores para su tratamiento de datos y asegurarse de que cualquiera que los use “lo haga de una manera que tenga un propósito beneficioso y proteja la privacidad”.

La ciudad del futuro de Sidewalk Labs es un proyecto diseñado por Google para Toronto, y ha contado con la colaboración de más de 21.000 ciudadanos durante 18 meses, así como gobiernos, expertos locales, ONGs e ingenieros, como aseguran sus creadores.

 

Trabajo y beneficios

 Sidewalk Labs sostiene que su proyecto, para el que fue seleccionado en octubre de 2017 por esta ciudad, “genera un número extraordinario de trabajos y beneficios económicos” para sus habitantes. Al mismo tiempo, “alcanza nuevos niveles de sustentabilidad medioambiental, es pionera en una red de movilidad del siglo XXI, produce un número récord de viviendas y establece un nuevo modelo para la innovación urbana”.

Las sugerencias de los 21.000 habitantes de Toronto encuestados han dado lugar a varias medidas, entre las que se encuentran acelerar el despliegue de trenes ligeros y cambiar las técnicas de construcción para que la vivienda sea más asequible.

A estas propuestas se añaden la de mejorar la privacidad de datos en su gestión pública a nivel local, y proporcionar a terceros la posibilidad de liderar la mayor parte del desarrollo tanto de la vivienda como de lo tecnológico, en lugar de llevar a cabo esa tarea la propia Sidewalks.

 

Planificación urbana

El proyecto de ciudad del futuro propone una planificación urbana “diseñada para mejorar dramáticamente la calidad de vida”, con medidas como la edificación del “primer barrio construido enteramente en madera, calles dinámicas que pueden adaptarse a las necesidades cambiantes del vecindario, sistemas de mitigación del clima (para controlar inundaciones y tormentas) y una red térmica para calefacción y refrigeración”. Sidewalks propone un nuevo proceso de construcción basado en fábricas para mejorar su previsibilidad, permitiendo que un 40% de las viviendas estén por debajo de los precios de mercado.

Por su parte, las nuevas iniciativas de movilidad, con una expansión del transporte público y la bicicleta, eliminarían la necesidad de poseer un coche, de forma que una familia de dos personas podría ahorrar 4.000 dólares al año. A nivel energético, con el uso de sistemas avanzados se espera crear la primera comunidad de Norteamérica con impacto climático positivo.

En cuanto al aspecto económico, se estima que, para cuando el plan se termine en 2040, el proyecto generará directamente 44.000 puestos de trabajo y unos ingresos anuales para el sector público de 4.300 millones de dólares.

El proyecto de Sidewalk Labs se desarrolló junto a la Administración local. La empresa se responsabilizará de menos del 7% del total del emprendimiento, entre lo que se incluirán un campus de innovación, una nueva sede de Google en Canadá y un Instituto de Innovación Urbana. En suma, Sidewalk Labs y sus socios proporcionarán 1.300 millones de dólares para el plan, con una inversión acumulada de terceros que alcanza los 38.000 millones de dólares.

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Aunque la mayor superficie de la Tierra no esté urbanizada, es justamente en las ciudades donde se concentran las poblaciones, generando allí un gran impacto medioambiental. Según diferentes informes, se estima que para 2030 se necesitarán 260 millones de nuevas viviendas urbanas.

Entonces, no resulta ilógico preguntarse cómo deberían ser esas construcciones para asegurar el derecho a la vivienda, pero también para ser amigables con nuestro entorno natural.

Una nota del especialista Hugo Torres, publicada por www.ambito.com sostiene que los crecimientos urbanos que se esperan para 2030 obligan a pensar qué tipo de viviendas serán necesarias para albergar a todos, sin descuidar el planeta. De esta manera, señala que en materia de volumen de construcción, para 2030 éste crecerá 15,5 trillones de dólares en el mundo, liderado claramente por tres naciones: China, Estados Unidos e India, que llegan a acaparar el 57% del mercado. Por otra parte, si ponemos el foco en Argentina, se sabe que para el 2025 tendrá un crecimiento poblacional que rondará el 16%, y esto impactará directamente sobre el sector inmobiliario y en el entramado social de las ciudades. Por todo esto es preciso diseñar la experiencia de vivir en una ciudad, desde qué tipo de transporte es necesario hasta descentralizar los puntos de mayor afluencia para generar un movimiento homogéneo en el mapa urbano.

 

Dióxido de carbono

Para ahondar en cómo las construcciones dejan su huella en el ambiente se puede comparar la cantidad de dióxido de carbono que emiten los edificios y las industrias medidos por sector. Sorprendentemente, mientras los primeros descargan un 40% a la atmósfera, las segundas sólo lo hacen en un 28%.

El mencionado dato no sorprende a los más jóvenes, que son conscientes de la problemática del techo estable, por eso el 39% de los millennials afirman que prefieren pagar una suscripción que les permita mudarse en la zona por ellos elegida que firmar un contrato de largo plazo. Es decir, ya están pensando en la propiedad de un modo colectivo.

Al mismo tiempo, exigen construcciones sustentables, pero no solo por tener atomizadores de agua en los grifos, sino que demandan un proyecto que sea 100% pensado desde su impacto.

Así, incluso, tienen en cuenta la compensación de la huella de carbono en su accionar cotidiano, y por eso valoran detalles como las terrazas o muros verdes, la recolección de agua de lluvia, la reutilización de las aguas grises y el que la climatización de los ambientes haya sido tenida ya en cuenta desde la orientación del edificio o casa.

Por todo esto es preciso pensar qué tipo de ciudad necesitamos y cómo queremos construirla, para generar ambientes sanos para el planeta, pero también para nosotros, sus usuarios, que veremos mejorada nuestra calidad de vida: tanto en lo social, como en la salud y en lo productivo.

 

El ejemplo de México

Acaso el ejemplo más cercano y preocuapante que tenemos los habitantes de continente americano sea México.

Durante los últimos años, el proceso de expansión urbana en tierras aztecas ha sido acelerado y constante, día con día la ciudad se abre paso entre las zonas conurbanas para interconectar a los habitantes y reducir la brecha entre periferia y metrópolis.

De acuerdo con el último estudio del Consejo Nacional de Población, el número de zonas metropolitanas aumentó con respecto a los datos registrados en 2010, pasando de 59 a 74 zonas en 2015, a su vez, sus habitantes pasaron de 63.8 millones a 75.1 millones, lo que representa el 56.8 y 62.8 por ciento de la población nacional respectivamente. En este sentido, el Sistema Urbano Nacional proyecta que gran parte del crecimiento demográfico en México será urbano; el país pasará de tener 384 ciudades a 961 en 2030, en las que se concentrará el 83.2 % de la población mexicana.

Este desarrollo representa una gran oportunidad de inversión a largo plazo en cuanto a infraestructura, pero principalmente en temas de movilidad y sustentabilidad, por lo que ambos sectores, público y privado, deben coordinarse para encontrar un óptimo de convergencia y crecimiento.

En muchas partes de este país, la zona periférica de las ciudades, es habitada por personas de bajos ingresos con dificultad para adquirir un automóvil, sin embargo, toda la infraestructura que les rodea es principalmente vehicular, y los servicios de transporte no cubren eficientemente la gran demanda, además, la mayoría de las unidades son viejas y emiten altas cantidades de contaminantes por el uso de combustibles fósiles.

Si persiste el enfoque de movilidad que impulsa el uso de automóvil y que no considera la renovación del parque vehicular para los servicios de transporte, se favorece al aislamiento de los ciudadanos y agudizan las afectaciones al medio ambiente. Es por ello que, uno de los principales focos de inversión debe ser la incorporación de transporte público que sea eficiente y sustentable.

La Ciudad de México es testigo diariamente de la falta de coordinación entre la planificación urbana y movilidad; el transporte público y los tiempos de traslado son un problema que parece estar lejos de resolverse.

Esto se debe a la distribución desigual de zonas de destino, la falta de un buen sistema de cobertura, la desconexión con la zona conurbada y la mala operación de las redes de transporte masivo.

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La Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU) elaboró un informe, titulado “Consideraciones sobre la vivienda en Uruguay”, donde da cuenta de la situación del sector, poniendo énfasis en la vivienda promovida.

El pasado jueves 16 de mayo, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, entregó en su sede un documento al precandidato a la presidencia Daniel Martínez. APPCU tiene como objetivo entregar dicho informe a todos los precandidatos.

El documento “Consideraciones sobre la vivienda en Uruguay” plantea una serie de ítems que tiene como fin “lograr soluciones en dicha temática que entendemos esencial para el país”. En ese sentido, se plantea –en el punto “General para todo Desarrollo Inmobiliario”, la eliminación del impuesto a las trasmisiones patrimoniales que se aplica en la primera enajenación del inmueble;  computar el 100% del costo del terreno dentro del costo de obra; reducir el monto del 4%, para la Caja Profesional, dentro del aporte unificado de la Construcción del BPS, y modernizar las condiciones laborales y establecer los mecanismos eficientes para garantizar los derechos de empleados y empleadores del sector.

 

Vivienda promovida

En cuanto a la vivienda promovida APPCU sostiene que “la experiencia de la construcción bajo el régimen de la ley 18.795, de Vivienda Promovida, ha sido muy innovadora y exitosa. No sólo porque ha sido una herramienta efectiva para atraer inversiones sino porque ha derivado gran parte de estas a zonas urbanas que estaban deprimidas y con procesos de vaciamiento no deseados. Su efecto no solo sirve para la oferta de vivienda a sectores desatendidos, sino que ha volcado al mercado de arrendamientos un gran número de viviendas, incidiendo favorablemente en la relación alquiler/ingreso del hogar, según datos arrojados por el INE en su último informe del año 2018. Cabe destacar que existe un efecto derrame dentro de este mercado, ya que el acceso a vivienda nueva, con mejores condiciones de habitabilidad promueve una redensificación de áreas centrales y por otro lado genera nuevos ocupantes en las viviendas que eran habitadas por los adquirentes de la nueva.

 En este sentido, APPCU entiende que debe retomarse el impulso inicial de la aplicación de la ley, derogando las resoluciones ministeriales 636/2014 y 434/2017 y sus correspondientes decretos reglamentarios (156/014 y 34/017), como así también impulsando beneficios por parte de los gobiernos departamentales, quienes han sido los más beneficiados por su aplicación.

En cuanto a la vivienda promovida para deciles 6 y 7, la asociación señala que “dado el informe diagnóstico elaborado en su momento por Julio Villamide en relación con el déficit habitacional y los grandes esfuerzos económicos necesarios por parte del estado para poder satisfacer las necesidades de los hogares de los deciles de ingreso inferior (planes del MVOTMA, apoyo a cooperativas, subsidios, etc.), entendemos que es posible incentivar a la promoción privada en este segmento”. Asimismo, se propone “un canal alternativo” de vivienda promovida. Para ello, se enumeran los siguientes aspectos: favorecer la consolidación de la trama urbana existente, con todos los servicios correspondientes, energía eléctrica, agua, saneamiento, transporte urbano; rever mínimos habitacionales y exigencias constructivas sin desatender condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene (no ser más exigente que la normativa departamental); mantener el régimen de exoneraciones fiscales de la ley 18.795, aumentando el plazo de estas a 20 años; eliminar las restricciones tipológicas para que los proyectos sean coherentes con la demanda (unidades de 1D son las que llegan a deciles inferiores). Incluso analizar la posibilidad de incluir unidades de 1 ambiente; mayor contribución por parte de los gobiernos departamentales: exoneración de contribución inmobiliaria por 10 años; mejorar edificabilidad o el no cobro de mayor aprovechamiento en zonas que se deseen promover, y establecer un criterio similar al actual para topes de precio y alquileres en un porcentaje de las unidades a construir como forma de garantizar la canalización de estas viviendas a los segmentos objetivo.

El documento también hace referencia a los desarrollos inmobiliarios tradicionales, al señalar que “bien conocido es lo que significa para el mundo del trabajo la industria de la construcción. El volumen de mano de obra ocupada, y el derrame natural que produce en otras actividades. En buena medida, como dijimos, los Promotores Privados han sido actores fundamentales en la construcción de la ciudad.   Y por todas estas razones, entendemos que, a esta actividad, los gobiernos centrales y departamentales, deben preservarla, promoviendo las medidas necesarias para lograr captar las inversiones necesarias que dinamicen el sector. En este sentido el decreto N° 329/016 y sus modificativos (Promoción de construcción de gran dimensión económica) han tenido un efecto positivo a tales fines. No obstante, entendemos que los plazos estipulados tanto para la presentación de proyectos como para su ejecución no son los suficientemente adecuados para la dimensión de los proyectos que son objetivo de promoción”.

En este sentido, APPCU propone extender el plazo previsto en el decreto 329/016 y modificativas, abriendo un nuevo período de presentación de proyectos ante la COMAP; flexibilizar el período establecido para la concreción de dichas inversiones, atendiendo a las características de la inversión presentada y su peso económico; considerar la posibilidad que un mismo promotor acceda a los mínimos de inversión elegible establecidos, pero como resultado de la suma de más de un proyecto, manteniendo en cada uno las demás exigencias demandadas.

 

Créditos hipotecarios

En este aspecto, el documento “Consideraciones sobre la vivienda en Uruguay”, expresa que “la capacidad de pago de una persona no es sólo lo que tiene ahorrado sino también el crédito del que pueda disponer. El acceso al crédito hipotecario es una de las claves para que las personas y familias uruguayas puedan ser compradores de vivienda, ya que la mayor parte de éstos necesitan financiar más de la mitad del valor de misma. La cantidad de transacciones a través del actual sistema de créditos hipotecarios que los promotores de nuestra asociación han concretado en los últimos 10 años es muy reducida comparada con décadas anteriores y medido en término relativos (Crédito total/PBI) muy baja respecto a países de la región”. Y agrega que “es necesario mejorar el sistema actual, buscando actores alternativos que aún no participan abiertamente (AFAPs), buscando mecanismos que permitan una mejora en las tasas ofrecidas y redunde en mejores condiciones para la toma de crédito”.

 

 

No residentes 

Otro punto refiere a la “política de tratamiento a no residentes para la compra de inmuebles”, cuya situación actual según APPCU, “se estima que, potencialmente, alrededor del 50% de las compras de inmuebles que se realizan en zonas turísticas residenciales pueden ser compradores no residentes (argentinos, brasileños, chilenos, uruguayos que no residen habitualmente en el país, y otras nacionalidades). La caída en el volumen de obras que viene produciéndose desde 2015, atenuada por medidas puntuales departamentales y nacionales, puede detenerse e incluso ir recuperándose, si fuera posible para los no residentes acceder (aunque sea parcialmente), al financiamiento bancario y en general a un tratamiento bancario amigable, con apertura de cuentas corrientes, etc., que facilite la compra de inmuebles. Ello ayudará además a un mejor conocimiento del cliente cumpliendo con las normas sobre lavado de activos. Si bien no existe impedimento a nivel de ley para otorgar un préstamo bancario para la adquisición de vivienda a un no residente, en la práctica ninguna de estas ventas se hace con financiación bancaria. De acuerdo con la normativa vigente del Banco Central, la calificación de un no residente se asimila a la que corresponde al riesgo país del lugar donde resida. Esta reglamentación hace muy difícil por ejemplo que un residente en Argentina, Brasil etc., pueda acceder a un crédito bancario en nuestro país pues no calificaría como tomador de crédito”.

Para APCCU, si bien existe por el Banco Central el concepto de que son créditos al consumo y una hipoteca lo torna riesgo local, “habría que explicitarlo en una Reglamentación o acordarlo con la Banca expresamente. Se procura que los no residentes accedan, en determinadas condiciones, a financiación bancaria para la adquisición de inmuebles, sin menoscabo de las garantías necesarias para asegurar la salud del sistema financiero nacional. Apertura de Cuenta Corriente y sus derivados”.

De esta manera, APPCU hace referencia a los turistas y al turismo, poniendo como ejemplo a países como  Chile, España, Italia y Estados Unidos, que “tienen un sistema de tratamiento para la adquisición de bienes inmuebles por no residentes, muy favorable, con excelentes préstamos bancarios y con obtención de beneficios, que podremos explayar en futuras reuniones”.     

APPCU propone “calificar al tomador de crédito no residente en función de parámetros similares a los residentes, pero en condiciones más estrictas en cuanto a montos y plazos, entre las cuales se podrían considerar titular del crédito y personas físicas con seguro que cubra el pago del crédito en caso de fallecimiento, así como monto del crédito. Hasta el 50% del valor del inmueble a adquirir; hipoteca en primer grado sobre el bien adquirido; un plazo no mayor a 10 años, y justificación de patrimonio e ingresos, a través de certificado de Contador Público o Escribano, o constancia de recibo de sueldos u otros ingresos, como rentas o pensiones,  del lugar de origen, así como de Uruguay.

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