En entrevista con Del Constructor, el contador y asesor de APPCU, Alfredo Kaplan se refirió a la exposición que realizará sobre medidas tributarias para ser adoptadas a corto plazo de cara a las eleccciones. La charla fue realizada en la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay y, en el siguiente diálogo, Kaplan explica los alcances de las mismas.

 

¿Cuáles serían a su juicio las medidas que debería adoptar el nuevo gobierno?

De alguna forma, Lo que yo planteé referido al sector inmobiliario y que se podría hacer extensivo a otros sectores, es que cualquiera sea el color político del próximo presidente es claro que Uruguay tiene que responder a una serie de situaciones, como por ejemplo: seguridad, educación, salud, inversión  y empleo, entre otros. Son  puntos que el gobierno los tiene que desarrollar.

Creo, y es un tema filosófico, que las medidas se tienen que tomar fundamentalmente en los primeros 100 días del próximo gobierno. Le pongo solo un ejemplo: la reforma del Banco de Previsión Social o el gasto público, son medidas que para tener efectividad tienen que tomarse en un período poselectoral, para no sufrir luego, digamos, todo el desgaste político que significa eso. Yendo concretamente al tema inmobiliario, me encuentro con una serie de medidas como  vivienda promovida o megaproyectos, por citar dos ejemplos.

La vivienda promovida (ex vivienda de interés social), fue la única ley, o de las poquísimas leyes, que salieron votadas por unanimidad por todos los partidos políticos en el Parlamento. En realidad, era vivienda para la clase media, para la construcción y o arrendamiento y funcionó muy bien la ley. Se generaron inversiones, se generaron puestos de trabajo, se cambió la realidad urbana de Montevideo y de muchos lugares del interior, no de todos pero sí de muchos. En los últimos 30 años en Montevideo, en  zonas como el Centro, Cordón, La Blanqueada o El Prado, no se había construido prácticamente nada. Todo era en la costa. Se aprovechó la estructura de la ciudad de Montevideo, me refiero a  luz, saneamiento, energía, calles. Toda la infraestructura de la ciudad con costo cero porque ya estaba, para cambiar el mapa edificio de la ciudad de Montevideo. El Estado no invertía, el Estado exoneraba.

Ahí viene todo un tema filosófico. Uno se puede preguntar, ¿pero cuánto cuestan esas exoneraciones que da el Estado? Si uno toma en cuenta exoneración de rentas para la primera de la unidad, exoneración de alquileres, exoneración de IVA en la construcción, no pago de patrimonio por la obra, no pago de ITP  a la primera venta. Haciendo promedio entre 1 y 2 dormitorios uno puede decir  que son 12 mil dólares por unidad.

Si se hacen 100 mil unidades al año son 120 millones de dólares, en un momento que los números en el Uruguay o están cerrados o son negativos en forma respetarle. Habría que preguntase  si estaría bien orientado el tema. Otra forma de ver costos son los costos marginales. ¿En 30 años, cuánto se recaudó por todos esos conceptos en esos lugares en el Uruguay? La respuesta es cero, porque nadie edificó.

Entonces, más que la renuncia fiscal, eso generó mejor calidad de vivienda, género una oferta importante en el mercado de arrendamiento que permitió no subir los alquileres, género trabajo, generó inversión, género mayor recaudación de aporte unificado, género mayor pago de impuestos porque las barracas, los subcontratistas, los profesionales, tuvieron que pagar sus impuestos, porque la exoneración era para el promotor.

 

Pero luego vinieron los topes. 

Exacto. Entonces a algo que funcionaba bien, se le empezaron a poner topes, porque los promotores privados ganaban mucho. Hay  frases que uno las tiene que conceptualizar. ¿Qué es ganar mucho? Yo te diría, porque las estadísticas las tiene el Ministerio de Vivienda, todos los promotores tienen que presentar los balances todos los años al MVOTMA, vía Agencia Nacional de Viviendas. Nunca se publicaron esos resultados.

Habría sido interesante conocerlos. Y difícilmente el número haya sido mayor al 20% de las ventas para una actividad que desde la compra de los terrenos hasta la construcción del edificio, hasta vender las unidades y cobrarlas, lleva entre tres y cuatro años. Se pasaron por distintos procesos de topes hasta llegar a un 10% de tope de las vivienda del programa, tanto en tipología de uno y de dos dormitorios, que las das a disposición del Ministerio, que las paga luego del año de finalizado el edificio, a precios, por decirte algo, alrededor de 90 mil dólares dos dormitorios y 70 mil dólares un dormitorio. El precio de venta 50% por encima de eso. Conclusión: en esas unidades topeadas se pierde dinero. ¿Qué sucedió? Esta última modificación tiene algo más de 2 años. Bajaron más de un tercio los proyectos presentados, porque bajó la rentabilidad.

 

Falta de diálogo

 

¿Se ha tratado de dialogar al respecto con el MVOTMA?

APPCU ha tratado de dialogar, con muy poco éxito, por no decir con ningún éxito, con el Ministerio de Vivienda, presentándole que se podría  haber creado más de 10 mil puestos de trabajo si se volvía a eliminar los topes, generándose fuentes de inversión importantes.

Este es un tema que va a haber que volverlo hablar con el próximo gobierno, porque actualmente el diálogo es prácticamente nulo. Segundo tema que planteaba: los megaproyectos. Ahí se puede plantear otro tema desde el punto de vista filosófico.

¿Por qué exonerar de impuestos a los megaproyectos? No se exonera tanto como en vivienda promovida, pero se exonera una parte de rentas, se exonera patrimonio, pagan IVA a la venta, pero se le dan certificados por el IVA compras y eso motivó 40 o 50 proyectos, más en Punta del Este que en Montevideo, que están dando, los que se han iniciado al menos, trabajo e inversiones. Ese sistema finalizó al 31 de diciembre del 2018.

Ahora,  yo pregunto, un año de dificultades como es el 2019 y será el 2020,  ¿no se podía haber mantenido eso para generar más puestos de trabajo y más inversión? Puedo decir que entiendo la exoneración de la vivienda social ya que se está tratando de llegar a gente de clase media. ¿Pero por qué no darle exoneraciones a medianas construcciones, que no son ni las viviendas promovidas ni los megaproyectos,  y que quedan en una situación muy compleja frente a ambas.

Es más, los megaproyectos -están en UI las cifras- pero se ubican entre los 12 y 15 millones de dólares,  según fuera para Montevideo o para el interior del país. Alguien que no hace un megaproyecto, hacía dos proyectos de seis millones de dólares, simplemente en dos terrenos que estaban separados a 200 metros. Pero no los dejaban configurar desde ese punto de vista.

Creo que son temas para retocar. La regla candado se creó con la reforma tributaria con vigencia al 1ro de julio del 2007 y trata de concatenar, de alguna forma, la carga impositiva de la empresa que compra servicios y que vende servicios. Por ejemplo,  yo le pago alquileres a una persona física, yo soy sujeto pasivo de rentas, pago el 25%,  la persona física paga el 12%, me dejan bajar como carga impositiva del alquiler del 48%. Un señor me vende un terreno en un millón de dólares y hasta el 28 de febrero la regla candado me permite, si la obra se inscribe en el BPS antes de esa fecha, poder descontar el 100% del terreno. Si la obra se iniciara en marzo y no hubiera algún cambio de lo que yo planteo, se podría descontar solamente 480 mil dólares. O sea, se estaría pagando rentas por la utilidad que no tuve de 520 mil dólares por la cuota parte del terreno que no me dejan descontar. Eso me parece injusto.

Hace 10 meses que APPCU viene planteándoles notas, porque no fue recibida por el Ministerio de Economía, diciéndole prorroguemos lo del 28 de febrero del 2020 para el 2022, o para más adelante, para darle reglas claras a las personas que quieran iniciar un edificio. Yo compro un terreno y me lleva, digamos, 10 meses fusionar los padrones que estoy comprando, obtener el permiso de construcción, formar el grupo inversor, entre otras cosas. Y resulta que después no voy a poder descontar el valor del terreno, solamente el 48%.

¿Vio cuándo se apela a tomar las medidas el último día, en el último minuto, pero no le da seguridad ni tranquilidad a alguien que está comprando algo? Esto es lo que ocurre.

 

¿Y qué pasa con las ventas de inmuebles?

En las ventas de inmuebles, le diría desde hace 13 años existe el impuesto a las transmisiones patrimoniales, que grava la venta de inmuebles con un 2% el comprador y el vendedor de ese ITP.

Cuando se creó la reforma tributaria y el IVA a la primera venta de inmuebles, se habló de un impuesto neutro, que era para mejorar la prolijidad del sector. Entonces ¿por qué castigarlo con dos impuestos a la vez? Con el IVA por un lado y con el ITP por el otro. Desde ese momento, APPCU hablaba con el Ministerio de Economía, que el ministro era Astori, al igual que ahora, y dijo que razones de caja impedían ese tema. Pero creemos que es injusto dos impuestos a la venta al mismo hecho. Hay también un exagerado aporte a la construcción.

Están los aportes a la seguridad social patronales, personales -lo que sería aguinaldo, licencia, vacacional, seguro de salud, el Banco de Seguros del Estado- y un aporte a la Caja de Profesionales que, en realidad, es de las poquísimas actividades que vas a financiar la Caja de Profesionales con la mano de obra de la construcción. Es algo que no nos parece razonable mantenerlo, sino que debería ser un recurso a buscarlo por otro lado. Figuraba, luego, incentivar las ventas a no residentes.

 

¿Esto sería incentivar las ventas  a argentinos que se jubilan y deciden venir a vivir a Uruguay o que están buscando una segunda casa?

Es correcto. Y también no residentes uruguayos que viven en el exterior y quieren volver, o que quieren tener una casa en el Uruguay. A nivel bancario, para los no residentes no hay financiamiento y ese es uno de los temas que se plantean para poder buscar medidas para hacer factible ese tipo de operaciones.  Otro tema que abordamos en esa exposición fue el de los estacionamientos. En 2016 salió un decreto fomentando estacionamientos, no a nivel de la intendencia del punto de vista de hacer bajo la calle los estacionamientos, sino a nivel de alguien que quiere hacer un parking.

Hay una serie de medidas fiscales de apoyo, que vencen todas en diciembre de 2019. Es decir que hoy, prácticamente, ya no se pueden presentar para hacer parking. Medidas que tienen que ver con exoneración parcial de rentas, patrimonio, devolución de IVA de costo de construcción. Fue un decreto del Ministerio de Economía con la Intendencia de Montevideo, que abarcaba estacionamientos en prácticamente casi toda la zona viable comercialmente de Montevideo para estacionar. La intendencia figuró en el decreto, pero nunca hizo ninguna medida de apoyo a nivel municipal a tales efectos.

No fueron muchos los casos de estacionamientos que se plantearon, pero porqué discontinuar esto, en un momento que a Montevideo le faltan lugares de estacionamiento. Esto debería estar dentro del menú de cualquier política de incentivo a la construcción. La pregunta es si esto es la solución del sector inmobiliario. No, no lo es, pero ayuda.

Es decir, sería importante con esto junto a la vivienda promovida. Vale decir que se llegó a ver 72 mil puestos de trabajo en la construcción. Hoy hay 42 mil puestos de trabajo. Sacar los topes solamente llevaría 10 mil puestos de trabajo más,  en un momento que el empleo en el Uruguay no pasa por un buen momento. Esa cifra sería bienvenida y respetada, al igual que los megaproyectos.

 

Usted decía al comienzo de la entrevista que el próximo gobierno debería tomar este paquete de medidas en los primeros tres meses. 

Yo creo que sí. Todo lo que no se hace en su momento, después cuesta mucho más caro hacerlo. Yo ponía el ejemplo de una reforma del sistema jubilatorio. Una reforma del sistema jubilatorio es una medida que va a dar sus frutos en el mediano plazo. Si demoramos cinco años más en tomarla, probablemente los frutos sean demasiado tarde.

Creo que el camino se hace al andar, pero hay que empezarlo ya. Creo que son medidas que se deberían haber tomado en el 2018 o en 2019. Ojalá se toman en el 2020, porque si no se va a seguir postergando.

 

Como asesor APPCU y lider del Estudio Kaplan, creado en 1974, ¿ya han comenzado alguna ronda con los precandidatos a presidenciables o están esperando las internas para ver quiénes quedan de candidatos?

Le diría las dos cosas. Ha habido alguna conversación con algún precandidato que se acercó a APPCU. Se les ha acercado este tipo de material a los distintos candidatos y se va a tener una ronda después de las elecciones internas del 30 de junio, con los distintos y ya electos por cada uno de los partidos, para plantearles este análisis y lo puedan estudiar para ver qué opinan.  

 

La construcción es uno, tal vez el único sector, que crea un efecto cascada o de derrame hacia otros sectores de la sociedad. ¿Hay conciencia de la importancia de esta industria como reactivador de buena parte de la economía del país?

Totalmente de acuerdo. Es el sector que directa e indirectamente ocupa más gente. Creo que esa parte, la clase política, trata de entenderla.

El tema que se plantea y que hemos visto en estos últimos años, que a veces cuesta entenderlo, que es uno de los pocos sectores que el Estado no tiene ningún riesgo,  porque el riesgo lo toma todo el inversor.

Acá no hay exoneraciones como para UPM, ninguna cosa de ese tipo. No hay financiamiento, es decir es el promotor el que compra el terreno, contrata la gente, hace el edificio, y  tiene el riesgo de venderlo  o no venderlo y que le haya ido bien, regular, o mal. Son de las cosas que incentivarlas no tiene costo para el Estado.

Creo que racionalmente, razonablemente, deberían ser medidas que cayesen de conformidad a cualquier política racional en medida impositiva.

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El economista Gabriel Oddone, doctor en Historia Económica (Universidad de Barcelona), Economista (Universidad de la República/ Uruguay), socio de CPA Ferrere e investigador del  Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) sostuvo que en Uruguay “estamos caro. Esta es una discusión compleja de abordar, pero las conclusiones que uno puede sacar por la evidencia que recoge por allí, reafirma la impresión que los industriales,  los exportadores, las personas que viajan o compran en el exterior, demuestran que Uruguay es un país relativamente caro”.

Oddone sostuvo que “hay una falta de consistencia de las políticas macro —fiscal, monetaria, de precios— en los últimos años que es una de las causas de que Uruguay esté caro”. Esas variables, agregó, no estuvieron lo coordinadas que debieran “probablemente porque se estuvieron atendiendo otros objetivos, por ejemplo atendiendo a la equidad, a la distribución del ingreso”.

En entrevista con Puntos de vista, en radio Uruguay, Oddone agregó que los precios presentan un desvío al alza respecto al promedio histórico, se importa más de lo que se exporta y los precios en países socios o competidores son más bajos. Esas condiciones “deberían darnos la presunción de que hay algún problema de precios relativos” y de que es acertada la calificación de país caro.

De hecho, la entrevista tuvo como disparador una columna del economista, publicada en su blog Sextante (www.gabrieloddone.com) donde analizó diferentes aspectos de esta realidad.  En la referida columna, el economista  se propuso analizar si hay evidencia que respalde esa percepción y en caso de que sí, ver por qué. Para ello, tomó  la referencia del promedio de precios del período 1980-2018, “el tipo de cambio real bilateral de Uruguay está apreciado respecto a destinos y competidores que son relevantes para su comercio” como Estados Unidos (25%), Nueva Zelanda (18%), Australia (23%), Zona Euro (30%), Argentina (26%) y Brasil (32%).

A su vez, “el crecimiento de la productividad de los factores en algunos sectores de la economía ha sido menor que el aumento de las remuneraciones” y ello “ha sido más intenso en el sector no transable (comercia localmente) que en el transable”.  Pero, ¿por qué Uruguay es caro? “Hay argumentos microeconómicos que tienen un papel relevante en la explicación del fenómeno”, escribió Oddone.

“El primer factor es los mercados donde predominan ambientes de escasa competencia. En ellos suelen comercializarse bienes no transables, muchas veces con esquemas de precios regulados y en los que existen subsidios o transferencias públicas como los combustibles, la energía, las telecomunicaciones, el transporte y la salud”.

En la “producción de combustibles, energía o telecomunicaciones, la naturaleza de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los entes, limitan la posibilidad de que los precios de los servicios reflejen las condiciones de provisión bajo criterios de eficiencia” y esto se “refuerza por la relación asimétrica ‘inversa’ entre regulado y regulador, y por el rol difuso de este último para controlar las condiciones de comercialización”, explicó Oddone.

 

Limitaciones en productividad

En mercados, “como en el transporte o en la salud existen transferencias, subsidios o regulaciones (el corralito mutual, por ejemplo) que están concebidos para preservar la viabilidad económica y financiera de las empresas o entidades prestadoras. Estos esquemas, terminan por limitar los aumentos de productividad por la vía de restringir la entrada y salida de competidores. Además, en la salud y en la educación privada, el conflicto de interés entre el gobierno corporativo de las instituciones, los proveedores y los asalariados es difuso”, afirmó.

A esto, agregó, se suma que “el esquema de negociación colectiva vigente en Uruguay no contempla mecanismos que eviten o, al menos limiten acuerdos salariales que se aparten de las condiciones de eficiencia y que sean fácilmente trasladables a precios. Esto es frecuente en mercados donde la competencia entre agentes es escasa, sobre todo en los que existen definidos subsidios, transferencias o créditos fiscales” como la “salud y la producción de bebida”.

El segundo aspecto es que el “tamaño del mercado interno limita la especialización de los factores, restringe los retornos de la innovación y desestimula la incorporación de tecnología, especialmente en aquellas actividades que no tienen posibilidad de competir en el mercado internacional”. Esto se ve “en los servicios financieros, los servicios profesionales y a las empresas, así como en la salud”, lo que lleva a “un ambiente poco propicio” para que haya “aumentos de la productividad de los factores y mejoras de eficiencia”, indicó Oddone.

El economista, puntualizó que “todo lo anterior no quiere decir que políticas fiscales procíclicas, políticas monetarias con multiplicidad de objetivos o políticas de ingresos que no han logrado terminar con la indexación de precios, no tengan responsabilidad sobre el nivel y trayectoria de los precios de la economía” y añadió que “las distorsiones de precios relativos que afectan la competitividad de Uruguay tienen fundamentos más profundos y que, en todo caso, las políticas macroeconómicas de los últimos años no lograron compensarlos”.

Así que “independientemente de lo que pueda hacerse desde la política macroeconómica, si se quiere atacar el problema de fondo de manera más o menos permanente, se requieren reformas sobre el funcionamiento de ciertos mercados que promuevan más competencia, más transparencia y más eficiencia en la asignación de recursos especialmente en diversas actividades del sector no transable”, afirmó en su blog.

El economista dijo que una de las variables para mejorar la salud macroeconómica es el buen manejo de las empresas públicas. Sostuvo que el esquema de funcionamiento debería integrarse por un Poder Ejecutivo que fije las políticas, un marco regulatorio que vele por condiciones de calidad y precio que estén alineadas a condiciones de eficiencia y un prestador que provea los servicios en base a criterios de eficiencia. “Hoy en Uruguay esos roles están difusos”, concluyó el economista Gabriel Oddone.

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El asesor inmobiliario y especialista del sector Julio Villamide analizó para Del Constructor lo ocurrido en el 2018 y los posibles escenarios para este año. La devaluación del peso argentino, algo inesperado para muchos analistas, impactó en el mercado inmobiliario nacional y aún se perciben las consecuencias. Nuestro otro vecino, Brasil, estrenando nuevo gobierno, no sería un riesgo para Uruguay de fortalecerse el real y de concretar acuerdos extra Mercosur. El asesor inmobiliario también se refirió al retiro de capitales de países emergentes, tal es el caso de Uruguay, hacia países centrales, básicamente a Estados Unidos, y a los esfuerzos que hizo el gobierno uruguayo para atraer nuevos inversores.

 

¿Cómo ha sido a nivel inmobiliario el 2018?

Ha sido un año complicado. Yo lo calificaría como de regular para abajo. Arrancó un poco mejor, pero después con las dificultades argentinas, el mercado prácticamente se paralizó. La crisis cambiaria argentina fue de una magnitud desconocida. El Ministro de Economía argentino llegó a decir que es el primer gobierno de su país que sobrevivió a una devaluación del cien por ciento, porque todos los demás cayeron. No es algo para vanagloriarse, pero lo cierto es que la magnitud de la crisis fue impactante y tuvo efectos sobre el mercado uruguayo. Detuvo la llegada  de inversores, porque los inversores que tienen dólares, cuando se genera esa volatilidad, se quedan quietos a esperar.

El otro día, en una nota de Ámbito Financiero se afirmaba que el 2018 fue el peor año de la historia del mercado inmobiliario argentino. Arrancaron el 2018 muy bien y lo terminaron en el subsuelo en materia de inversiones y de la industria de la construcción. Y eso, obviamente, produjo un efecto negativo en nuestro mercado.  El tenedor de dólares en Uruguay, porque también el dólar acá en menor medida empezó acompañar la devaluación del peso argentino, también tuvo el mismo comportamiento que el inversor argentino: guardarse los dólares. El peor momento para el mercado inmobiliario es cuando se devalúa el peso, el dólar sube y por lo tanto bajan todos los precios de la economía, incluido el de la vivienda.

Entonces, en ese contexto, la gente no tiene ningún apuro en comprar. Es lo que estamos viendo en estos momentos. La gente viene en abril por ejemplo, vuelve en julio, o deja la decisión de compra para el próximo año. Saben que el tiempo juega a su favor. Es todo lo contrario a cuando se dan los procesos donde hay inflación en dólares en el país. Ahí todos los precios -incluidos los salarios y el costo de la construcción, por ejemplo- suben en dólares, al igual que el precio de las propiedades, y el comprador no espera porque pierde. Es otro contexto de otra dinámica. Pero esos son los ciclos.

No podemos tener siempre devaluación en dólares, otros le dicen atraso cambiario, porque si no los productos uruguayos dejan de competir, o somos caros para el turismo. Cada tanto los precios relativos se deben corregir.

 

O sea que el cimbronazo económico argentino afectó nuestro mercado inmobiliario.

Sí, sobre todo como usted dice en el mercado inmobiliario. Yo lo que no esperaba es la crisis que Argentina tuvo. No estaba en nuestros pronósticos en absoluto. Nunca esperamos que fuera una luna de miel del 2017 al 2019 porque Argentina siempre tiene cimbronazos, pero tampoco esperábamos esta crisis.

Sobre todo en un contexto regional en el que parecía que las tasas de interés efectivamente iban a comenzar a subir y que se podía cortar el crédito hacia los emergentes. Uruguay lo previó e hizo admisiones de deuda que no necesitaba el año pasado para cubrir todo los vencimientos, de manera de no tener  que salir al mercado hasta que los mercados vuelvan a normalizarse. De lo contrario, teníamos que pagar tasas muy altas o directamente nos podría pasar como el caso argentino donde, de un día para otro, les dijeron ´no les prestamos más´. Los auxilió el Fondo Monetario, lograron zafar hasta finales de 2019, pero Argentina es vulnerable por su propia macro economía y por un déficit fiscal muy alto. 

Nosotros, repito, no previmos, y creo que ningún analista, argentino incluso, la magnitud de la crisis que atravesaron. Y el mercado inmobiliario uruguayo fue uno de los sectores más afectados por esta situación junto, como lo estamos viendo, con el turismo.

 

 ¿Se puede decir que el año pasado fue uno de los peores para el mercado inmobiliario uruguayo?

No; si uno compara los valores de compraventa le digo que no, porque estamos en el promedio de los últimos veinte años.

Obviamente, muy por debajo de los años buenos que hubo a principio de esta década, pero estamos por encima ligeramente del 2015 y 2016 que fueron años bastantes complicados. O sea que no es un desastre. Lo que sí pasó es que arrancamos bien, al igual que Argentina, y después hubo un párate entre abril y mayo que continúa hasta hoy, donde todos los colegas inmobiliarios dice que la gente demora meses en concretar operaciones.

 

¿El gobierno uruguayo puede, en alguna medida, revertir esta situación a través de inversiones públicas en vivienda?

En inversiones públicas el gobierno ya no tiene margen y los recursos que tiene están asignados, fundamentalmente al cooperativismo que ha sido la gran estrella de la inversión pública de este período de gobierno. Me imagino que van a seguir ejecutando el presupuesto que tienen hasta el fin del mandato. No va a haber una ampliación de presupuesto en un contexto donde se vio que en la Rendición de Cuenta hubo un descenso en las asignaciones a los ministerios. Y el Ministerio de Vivienda no fue uno de los que salió precisamente beneficiado.

No hay inversión pública en vivienda, lo que sí está habiendo y, probablemente, haya en mayor medida en este año es inversión pública en infraestructura, como carreteras y la red vial para trenes de UPM.

 

La pérdida de inversores

¿Usted cree que el gobierno apostó todo a la inversión de UPM y no diversificó en otros inversores?

Yo creo que no fue una decisión, sino lo que el mercado determinó en función de las nuevas coyunturas mundiales. No nos olvidemos que cambió el flujo. Antes venían capitales a países emergentes y ahora se están yendo a los países centrales, básicamente a Estados Unidos, que tienen una economía que está creciendo y demandando, por lo tanto, recursos.

Por lo tanto, no creo que haya sido una decisión del gobierno. Es más, el Ministerio de Economía, particularmente, amplió los beneficios intentando que la caída de la inversión fuera menor, pero la verdad es que había pocas empresas dispuestas a invertir en emergentes.  

 

¿En cuánto se evalúa la pérdida de inversión?

En términos de inversión extranjera, nosotros pasamos de dos mil millones de dólares anuales a negativa en 2017. O sea, se fueron. Eso tuvo un impacto muy grande, pese a los esfuerzos que hizo el gobierno. La aprobación de los beneficios fiscales para mega obras en Punta del Este es un ejemplo de desesperación. No era prioritario, no atiende demandas sociales, pero genera mano de obra, en un momento que el número de trabajadores de la industria de la construcción sigue cayendo.

 

Una interrogante llamada Brasil

¿Y cómo podrá impactar en el sector de la construcción y en el mercado inmobiliario uruguayo las medidas que adopte Brasil y su presidente Bolsonaro?

No sé si su ministro de Economía no es más liberal que sus antecesores. Lo que está planteando Bolsonaro es que Brasil va a tener una política agresiva de acuerdos extra Mercosur. Algo que se nos prohibió expresamente a Uruguay durante la época de Lula, cuando nuestro país planeaba  la posibilidad de hacer un acuerdo con Chile o con otros países de manera independiente y Brasil lo vetaba, de manera grosera en algunas ocasiones. Ellos ahora lo van a poder hacer y Uruguay no lo va a poder vetar. 

Lo que quizás, si ese es el camino, si Brasil concreta esto que estamos hablando, Uruguay pueda  hacer acuerdos que no pudo hacer en su momento, justamente por ese veto. Y como Macri también está en una postura  más aperturista, habrá que ver cómo funciona el Mercosur en sí. 

No tengo tantos temores. Brasil es la economía más protegida de América Latina y una de las cerradas del  mundo. Por lo tanto, si efectivamente Brasil quiere crecer -el mercado interno que fue la gran varita mágica de Lula para crecer a tasas muy altas cuando ascendió socialmente a millones de pobres y, por lo tanto, el consumo interno aumentó- pero eso tiene un techo. 

Me da la sensación que el presidente brasileño va a querer crecer hacia afuera y para eso tiene que bajar aranceles y si quiere crecer hacia el Mercosur también tendrá que pasar de una unión aduanera a una zona de intercambio de productos más libres.

Yo no veo por el lado de las políticas comerciales de Brasil un riesgo, sino por el contrario una posibilidad de que los tres principales países, y sumo a Paraguay que también está en la misma, entren en una modalidad donde digan ´bueno, el mundo se está poniendo proteccionista, salgamos como Mercosur o individualmente, a generar comercio que hoy no tenemos´.

 

¿Y a Uruguay le queda alguna carta a jugar para atraer inversores? 

Está haciendo esfuerzos, lo que pasa que cuando el mundo cambia de sentido, los esfuerzos son muchos más difíciles. Cuando los flujos de los capitales van de los emergentes a los países centrales, pararse un país chiquito y decirles ´hey, no se vayan es muy difícil´. En materia de inversión inmobiliaria, la gran vedette, la que ha salvado los platos, ha sido la vivienda promovida por la ley 18.795, que representa más de la mitad de la viviendas nuevas construidas en Montevideo en los últimos seis años.

Ahí el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, ha jugado en contra y frenó inversores que hubieran invertido si se mantenían las reglas originales. Primero, esas reglas fueron cambiadas en el 2014 y luego, más gravemente, en marzo de 2017. 

El Ministerio de Economía hizo enormes esfuerzos para intentar revertir esa situación y no pudo.  Es claro que hay menos inversiones en esta modalidad y esto se está reflejando en menor cantidad de viviendas terminadas por año. Si no influyó tanto la cantidad de viviendas, fue porque los que pudieron seguir presentando proyectos fueron los más grandes. Por eso, si bien es cierto que la cantidad de viviendas bajó, no fue tanto debido a la cantidad de proyectos de cuatrocientas o doscientas viviendas que ya habían sido aprobados. Esas empresas tienen la espalda financiera como para esperar que un 10% de sus viviendas, cuando estén terminadas, se las ceda al ministerio para que tenga un año para venderlas y si no las vende al cabo de ese período, se las devuelve. Eso tiene un costo financiero enorme que una empresa chica no lo puede bancar.

 

¿Cómo cree que será este 2019, teniendo en cuenta la coyuntura regional y nuestro mercado interno, a lo que se le suma que es año electoral?

Los años electorales nunca son buenos para el mercado inmobiliario, sobre todo por la incertidumbre con respecto a la transición. Me parece que lo que se percibe para la próxima administración, sea del partido que sea, es un gobierno que tenga obligaciones de consensuar mucho más a nivel parlamentario y eso creo que es bueno para el país.

A nivel de la economía local, el país va a volver a crecer, probablemente menos que el año pasado. En lo que respecta específicamente al sector inmobiliario, creo que este año va a ser bastante parecido al 2018, complicado, quizás con los países vecinos jugando menos en contra de nosotros. Ya no digo a favor, pero menos en contra, lo que podría llegar a concretarse en que tengamos un entorno levemente mejor.

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En una extensa entrevista realizada por la periodista Virginia Recagno, publicada en La Diaria, el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Ignacio Otegui, que dejará su cargo en octubre, se refirió a varios temas que hacen el sector.

En la nota se refirió, entre otros temas, a las relaciones laborales dentro del sector, a veces “duras” y “rígidas”. “Con los empleados, con los técnicos y entre los empresarios también. Alguien te contrata para que le produzcas un bien determinado y cuando eso está pronto, ya no te necesita más y no te quiere tener cerca porque en general en los procesos de construcción se dan discusiones, a veces fuertes”.

A modo de balance de su trayectoria al frente de la CCU recordó que una de las experiencias duras que le tocó vivir fue durante el boom de la construcción de 2012.

“El país tenía 5% de desempleo y nosotros 73.000 trabajadores, pero el sector era tierra de nadie. En todo sentido. Un momento difícil para el país, para la industria y para mí porque había 20.000 hombres de otros sectores trabajando sin código alguno. A ningún sector le fue bien, porque todos estábamos atrás de los trabajadores. Sólo los trabajadores se beneficiaron porque acordaron salarios por encima de lo que hubieran hecho en otro momento. La industria hoy, con 30.000 hombres menos trabajando, está mejor de lo que estaba en ese momento”.

 

Inversión

También se refirió a la inversión y un posible escenario a corto plazo. “Este año va a terminar igual. La industria va a seguir planchada y yo con eso igual me quedo conforme, porque, por más que quiera, si no hay inversión, no funciona. Nadie construye para comer o para sí mismo, construye para un tercero”, y agregó que, a su juicio, “se está descuidando la inversión”.

Si bien reconoció que de no primar  la modificación de las exoneraciones a la inversión de los últimos años la industria tendría 15.000 puestos de trabajo menos, consideró que  existe una división del pueblo uruguayo en ese tema.

“Nadie va a decir que está en contra de la inversión, sino de las exoneraciones, y eso es lo mismo que decir que se está en contra de la inversión, a fin de cuentas”, señaló y agregó que “el gobierno no tiene plata” y que “sólo le resta poner más impuestos”, pero afirma que “ahí la economía se asfixia en un año”.

En cuanto a la inversión externa, dijo: “¿Acaso se creen que alguien va a venir a poner plata para pagar impuestos acá? Eso no existe en ningún lugar del mundo, ni siquiera en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, que son los países con los que podemos compararnos. La pelea por la inversión es por el trabajo que genera y por el bien que queda. No es por el impuesto. Eso es de otra época”.

Para Otegui, al sector le aguardan tres años complicados. “El año que viene es electoral y el gobierno quiere hacer cosas; la oposición trata de que no se hagan, el otro –no importa de qué partido– es el primero del nuevo gobierno y está el armado de la Ley de Presupuesto. Además, si UPM comienza la planta, se vienen tres años complejos”.

 

UPM y el ferrocarril

Consultado por la periodista Virginia Recagno sobre la posible construcción de la segunda planta de UPM, señaló que implicará “un gran desafío”, especialmente por los requisitos exigidos por la empresa finlandesa antes de iniciar las obras.

“La construcción del ferrocarril, la ampliación del puerto de Montevideo, las vías de accesibilidad donde se va a instalar la planta y de 80 a 120 puentes que se van a tener que hacer de vuelta porque vienen los trenes. Todo eso está en el contrato firmado entre el gobierno y UPM”. Para Otegui, estos proyectos generarían entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo, una cifra que “mueve la aguja pero no es determinante”, si se toman en cuenta los 43.000 actuales.

No obstante, cree que el primer desafío es la puesta en marcha del ferrocarril tal como lo concibe la empresa finlandesa. “Si no se hace, UPM no va a hacer la planta. Es así”, enfatizó.

 

Una interrogante llamada PPP

Para el presidente de la CCU, los proyectos de Participación Público Privada, conocidas como PPP, son “una suerte de signo de interrogación”. “Son muy difíciles de llevar a cabo, no sólo en Uruguay, sino en el mundo entero. Acá, a dos o tres años de licitadas, las obras no empiezan porque tienen un problema financiero atrás. Cuando vos le decís a un privado ‘yo te voy a pagar por la disponibilidad y el uso, pero no te doy garantía’, el privado te mira y te hace pito catalán, salvo que encuentre mecanismos por los cuales quien invierte tenga alguna certeza de que va a cobrar. Nadie va a hacer nada si no hay una razonable responsabilidad en el pago de las cuentas. Uruguay en eso tiene una vieja tradición que ha sido difícil de armar: cumplir con los compromisos. Ahora, en todos los partidos –en algunos más y en otros menos– hay quien dice que no hay que pagar la deuda externa, y esas son de las cosas que complican a quien pone la plata”.

Las obras viales son otro de los problemas en materia de infraestructura, ya que se pasó de una red vial que “estaba subutilizada” a una que se agotó.

“La carga se multiplicó por cinco y la inversión a lo sumo por dos”, estimó. De las siete obras viales licitadas por PPP, a lo sumo se empezará una el año que viene, mientras que de las cuatro vinculadas a la educación es probable que se empiece una”.

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"El Gobierno ha tomado una serie de medidas para reactivar la inversión y la creación de empleo", destacó el ministro de Economía, Danilo Astori quien indicó el aumento en el monto de los proyectos de inversión promovidos, que totalizan 367 millones de dólares, y la recuperación del índice de volumen físico de la construcción.

Al comparecer en la Comisión Integrada de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Astori informó el crecimiento del monto de los proyectos presentados ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones de los primeros cinco meses del año. Detalló: “Los años anteriores venían registrando una evolución descendente y la medición de enero-mayo de 2018 no solo interrumpe esa evolución, sino que, al mismo tiempo, marca, en millones de dólares en este caso, la iniciación de un proceso de crecimiento de estos proyectos”.

También mencionó la recuperación del índice de volumen físico de la construcción y la recuperación de los recursos que todo el país destina a maquinarias y equipos, desde setiembre de 2017 y hasta marzo de 2018, que definió como “el corazón de la inversión”.

Por su parte, el subsecretario, Pablo Ferreri, repasó que “en 2016, los proyectos presentados alcanzaron los 222 millones de dólares; en 2017, 171 millones de dólares, y en 2018, 367 millones de dólares”.

Destacó además que esto se produjo gracias a los decretos reglamentarios de la Ley de Promoción de Inversiones, que proveen varios estímulos adicionales, particularmente a la creación de empleo. Manifestó: “Si tomamos los primeros cinco meses del año y los comparamos con iguales períodos de 2015, 2016 y 2017, los millones de dólares de inversión han aumentado considerablemente”.

En cuanto a la industria de la construcción, destacó que, durante 2017 y los primeros meses de 2018, se presentaron 60 proyectos de gran dimensión económica que implican una inversión potencial de aproximadamente 1.900 millones de dólares, divididos en partes iguales entre Maldonado, por un lado, y Montevideo y Canelones, por otro.

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