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El asesor inmobiliario y especialista del sector Julio Villamide analizó para Del Constructor lo ocurrido en el 2018 y los posibles escenarios para este año. La devaluación del peso argentino, algo inesperado para muchos analistas, impactó en el mercado inmobiliario nacional y aún se perciben las consecuencias. Nuestro otro vecino, Brasil, estrenando nuevo gobierno, no sería un riesgo para Uruguay de fortalecerse el real y de concretar acuerdos extra Mercosur. El asesor inmobiliario también se refirió al retiro de capitales de países emergentes, tal es el caso de Uruguay, hacia países centrales, básicamente a Estados Unidos, y a los esfuerzos que hizo el gobierno uruguayo para atraer nuevos inversores.

 

¿Cómo ha sido a nivel inmobiliario el 2018?

Ha sido un año complicado. Yo lo calificaría como de regular para abajo. Arrancó un poco mejor, pero después con las dificultades argentinas, el mercado prácticamente se paralizó. La crisis cambiaria argentina fue de una magnitud desconocida. El Ministro de Economía argentino llegó a decir que es el primer gobierno de su país que sobrevivió a una devaluación del cien por ciento, porque todos los demás cayeron. No es algo para vanagloriarse, pero lo cierto es que la magnitud de la crisis fue impactante y tuvo efectos sobre el mercado uruguayo. Detuvo la llegada  de inversores, porque los inversores que tienen dólares, cuando se genera esa volatilidad, se quedan quietos a esperar.

El otro día, en una nota de Ámbito Financiero se afirmaba que el 2018 fue el peor año de la historia del mercado inmobiliario argentino. Arrancaron el 2018 muy bien y lo terminaron en el subsuelo en materia de inversiones y de la industria de la construcción. Y eso, obviamente, produjo un efecto negativo en nuestro mercado.  El tenedor de dólares en Uruguay, porque también el dólar acá en menor medida empezó acompañar la devaluación del peso argentino, también tuvo el mismo comportamiento que el inversor argentino: guardarse los dólares. El peor momento para el mercado inmobiliario es cuando se devalúa el peso, el dólar sube y por lo tanto bajan todos los precios de la economía, incluido el de la vivienda.

Entonces, en ese contexto, la gente no tiene ningún apuro en comprar. Es lo que estamos viendo en estos momentos. La gente viene en abril por ejemplo, vuelve en julio, o deja la decisión de compra para el próximo año. Saben que el tiempo juega a su favor. Es todo lo contrario a cuando se dan los procesos donde hay inflación en dólares en el país. Ahí todos los precios -incluidos los salarios y el costo de la construcción, por ejemplo- suben en dólares, al igual que el precio de las propiedades, y el comprador no espera porque pierde. Es otro contexto de otra dinámica. Pero esos son los ciclos.

No podemos tener siempre devaluación en dólares, otros le dicen atraso cambiario, porque si no los productos uruguayos dejan de competir, o somos caros para el turismo. Cada tanto los precios relativos se deben corregir.

 

O sea que el cimbronazo económico argentino afectó nuestro mercado inmobiliario.

Sí, sobre todo como usted dice en el mercado inmobiliario. Yo lo que no esperaba es la crisis que Argentina tuvo. No estaba en nuestros pronósticos en absoluto. Nunca esperamos que fuera una luna de miel del 2017 al 2019 porque Argentina siempre tiene cimbronazos, pero tampoco esperábamos esta crisis.

Sobre todo en un contexto regional en el que parecía que las tasas de interés efectivamente iban a comenzar a subir y que se podía cortar el crédito hacia los emergentes. Uruguay lo previó e hizo admisiones de deuda que no necesitaba el año pasado para cubrir todo los vencimientos, de manera de no tener  que salir al mercado hasta que los mercados vuelvan a normalizarse. De lo contrario, teníamos que pagar tasas muy altas o directamente nos podría pasar como el caso argentino donde, de un día para otro, les dijeron ´no les prestamos más´. Los auxilió el Fondo Monetario, lograron zafar hasta finales de 2019, pero Argentina es vulnerable por su propia macro economía y por un déficit fiscal muy alto. 

Nosotros, repito, no previmos, y creo que ningún analista, argentino incluso, la magnitud de la crisis que atravesaron. Y el mercado inmobiliario uruguayo fue uno de los sectores más afectados por esta situación junto, como lo estamos viendo, con el turismo.

 

 ¿Se puede decir que el año pasado fue uno de los peores para el mercado inmobiliario uruguayo?

No; si uno compara los valores de compraventa le digo que no, porque estamos en el promedio de los últimos veinte años.

Obviamente, muy por debajo de los años buenos que hubo a principio de esta década, pero estamos por encima ligeramente del 2015 y 2016 que fueron años bastantes complicados. O sea que no es un desastre. Lo que sí pasó es que arrancamos bien, al igual que Argentina, y después hubo un párate entre abril y mayo que continúa hasta hoy, donde todos los colegas inmobiliarios dice que la gente demora meses en concretar operaciones.

 

¿El gobierno uruguayo puede, en alguna medida, revertir esta situación a través de inversiones públicas en vivienda?

En inversiones públicas el gobierno ya no tiene margen y los recursos que tiene están asignados, fundamentalmente al cooperativismo que ha sido la gran estrella de la inversión pública de este período de gobierno. Me imagino que van a seguir ejecutando el presupuesto que tienen hasta el fin del mandato. No va a haber una ampliación de presupuesto en un contexto donde se vio que en la Rendición de Cuenta hubo un descenso en las asignaciones a los ministerios. Y el Ministerio de Vivienda no fue uno de los que salió precisamente beneficiado.

No hay inversión pública en vivienda, lo que sí está habiendo y, probablemente, haya en mayor medida en este año es inversión pública en infraestructura, como carreteras y la red vial para trenes de UPM.

 

La pérdida de inversores

¿Usted cree que el gobierno apostó todo a la inversión de UPM y no diversificó en otros inversores?

Yo creo que no fue una decisión, sino lo que el mercado determinó en función de las nuevas coyunturas mundiales. No nos olvidemos que cambió el flujo. Antes venían capitales a países emergentes y ahora se están yendo a los países centrales, básicamente a Estados Unidos, que tienen una economía que está creciendo y demandando, por lo tanto, recursos.

Por lo tanto, no creo que haya sido una decisión del gobierno. Es más, el Ministerio de Economía, particularmente, amplió los beneficios intentando que la caída de la inversión fuera menor, pero la verdad es que había pocas empresas dispuestas a invertir en emergentes.  

 

¿En cuánto se evalúa la pérdida de inversión?

En términos de inversión extranjera, nosotros pasamos de dos mil millones de dólares anuales a negativa en 2017. O sea, se fueron. Eso tuvo un impacto muy grande, pese a los esfuerzos que hizo el gobierno. La aprobación de los beneficios fiscales para mega obras en Punta del Este es un ejemplo de desesperación. No era prioritario, no atiende demandas sociales, pero genera mano de obra, en un momento que el número de trabajadores de la industria de la construcción sigue cayendo.

 

Una interrogante llamada Brasil

¿Y cómo podrá impactar en el sector de la construcción y en el mercado inmobiliario uruguayo las medidas que adopte Brasil y su presidente Bolsonaro?

No sé si su ministro de Economía no es más liberal que sus antecesores. Lo que está planteando Bolsonaro es que Brasil va a tener una política agresiva de acuerdos extra Mercosur. Algo que se nos prohibió expresamente a Uruguay durante la época de Lula, cuando nuestro país planeaba  la posibilidad de hacer un acuerdo con Chile o con otros países de manera independiente y Brasil lo vetaba, de manera grosera en algunas ocasiones. Ellos ahora lo van a poder hacer y Uruguay no lo va a poder vetar. 

Lo que quizás, si ese es el camino, si Brasil concreta esto que estamos hablando, Uruguay pueda  hacer acuerdos que no pudo hacer en su momento, justamente por ese veto. Y como Macri también está en una postura  más aperturista, habrá que ver cómo funciona el Mercosur en sí. 

No tengo tantos temores. Brasil es la economía más protegida de América Latina y una de las cerradas del  mundo. Por lo tanto, si efectivamente Brasil quiere crecer -el mercado interno que fue la gran varita mágica de Lula para crecer a tasas muy altas cuando ascendió socialmente a millones de pobres y, por lo tanto, el consumo interno aumentó- pero eso tiene un techo. 

Me da la sensación que el presidente brasileño va a querer crecer hacia afuera y para eso tiene que bajar aranceles y si quiere crecer hacia el Mercosur también tendrá que pasar de una unión aduanera a una zona de intercambio de productos más libres.

Yo no veo por el lado de las políticas comerciales de Brasil un riesgo, sino por el contrario una posibilidad de que los tres principales países, y sumo a Paraguay que también está en la misma, entren en una modalidad donde digan ´bueno, el mundo se está poniendo proteccionista, salgamos como Mercosur o individualmente, a generar comercio que hoy no tenemos´.

 

¿Y a Uruguay le queda alguna carta a jugar para atraer inversores? 

Está haciendo esfuerzos, lo que pasa que cuando el mundo cambia de sentido, los esfuerzos son muchos más difíciles. Cuando los flujos de los capitales van de los emergentes a los países centrales, pararse un país chiquito y decirles ´hey, no se vayan es muy difícil´. En materia de inversión inmobiliaria, la gran vedette, la que ha salvado los platos, ha sido la vivienda promovida por la ley 18.795, que representa más de la mitad de la viviendas nuevas construidas en Montevideo en los últimos seis años.

Ahí el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, ha jugado en contra y frenó inversores que hubieran invertido si se mantenían las reglas originales. Primero, esas reglas fueron cambiadas en el 2014 y luego, más gravemente, en marzo de 2017. 

El Ministerio de Economía hizo enormes esfuerzos para intentar revertir esa situación y no pudo.  Es claro que hay menos inversiones en esta modalidad y esto se está reflejando en menor cantidad de viviendas terminadas por año. Si no influyó tanto la cantidad de viviendas, fue porque los que pudieron seguir presentando proyectos fueron los más grandes. Por eso, si bien es cierto que la cantidad de viviendas bajó, no fue tanto debido a la cantidad de proyectos de cuatrocientas o doscientas viviendas que ya habían sido aprobados. Esas empresas tienen la espalda financiera como para esperar que un 10% de sus viviendas, cuando estén terminadas, se las ceda al ministerio para que tenga un año para venderlas y si no las vende al cabo de ese período, se las devuelve. Eso tiene un costo financiero enorme que una empresa chica no lo puede bancar.

 

¿Cómo cree que será este 2019, teniendo en cuenta la coyuntura regional y nuestro mercado interno, a lo que se le suma que es año electoral?

Los años electorales nunca son buenos para el mercado inmobiliario, sobre todo por la incertidumbre con respecto a la transición. Me parece que lo que se percibe para la próxima administración, sea del partido que sea, es un gobierno que tenga obligaciones de consensuar mucho más a nivel parlamentario y eso creo que es bueno para el país.

A nivel de la economía local, el país va a volver a crecer, probablemente menos que el año pasado. En lo que respecta específicamente al sector inmobiliario, creo que este año va a ser bastante parecido al 2018, complicado, quizás con los países vecinos jugando menos en contra de nosotros. Ya no digo a favor, pero menos en contra, lo que podría llegar a concretarse en que tengamos un entorno levemente mejor.

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La Administración Nacional de Puertos (ANP) confirmó que la oferta presentada por la empresa finlandesa se ajusta al llamado internacional que realizó y, a la vez, la compañía sigue camino a la construcción de su planta en el departamento de Durazno, sobre lo que deberá adoptar una decisión antes del 15 de febrero de 2020. En el caso de una marcha atrás, la ANP se quedará con los US$ 4 millones de garantía que UPM había depositado en el Banco Santander, según informó el diario El País.

El 9 de enero pasado, en el segundo piso de la ANP, se abrieron los sobres para la concesión de un espacio de “acopio” y “explotación” de celulosa en el puerto de Montevideo. O, mejor dicho, se abrió el único sobre correspondiente al único interesado que se presentó: Tebesur S.A. (subsidiaria de la finlandesa UPM).

En los días previos ya se sabía que la compañía nórdica había comprado el pliego, el paso previo para su presentación, pero en todo acto de apertura de sobres siempre cabe la incertidumbre. De hecho el presidente de la ANP, Alberto Díaz, había sido testigo de “dos licitaciones fallidas” cuando todo parecía encaminado. De ahí que la confirmación de ayer, que incluye la rúbrica del jerarca, haya sido tildada por él como “un hito” y “el avance hacia otras decisiones de la empresa”.

La concesión de la terminal portuaria preveía, como mínimo, la capacidad de manejo de 1,8 millones de toneladas de celulosa por año. Pero por decisión de los directores oficialistas de la ANP —el vicepresidente Juan Domínguez y el propio Díaz—, en los primeros años el concesionario abonaría la tarifa por el volumen real de lo movilizado que puede ser inferior a ese 1,8 millones de toneladas.

La segunda planta de celulosa de UPM en Uruguay, es decir la tercera de este rubro que habrá en el país, implicará una inversión inicial de unos US$ 2.300 millones. Estará ubicada muy cerca del poblado Centenario, en Durazno, sobre el Río Negro. Desde allí, mediante trenes, el producto sería trasladado hasta la terminal portuaria en Montevideo. La planta será más grande que la que funciona en Fray Bentos y tendrá una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas anuales.

Según el acuerdo de inversión firmado por el gobierno y UPM en noviembre de 2017, la potencial planta incrementaría en 12% las exportaciones del país y generaría 8.000 puestos de trabajos directos e indirectos. Las obras en la terminal portuaria demandarán 4 años.

 

Operativa en 2022

UPM quiere que su nueva planta se inaugure en 2022. La planta generaría exportaciones adicionales por US$ 1.100 millones anuales, US$ 120 millones en impuestos y US$ 200 millones más en salarios, de acuerdo a los cálculos que ha presentado la empresa.

El gobierno se apresta a confirmar la adjudicación de las obras de construcción de vías férreas necesarias para UPM entre Paso de los Toros y Montevideo a un consorcio en el que están las empresas Saceem y Berkes. Las obras deberían comenzar en este mes y durarán 36 meses. Un grupo de vecinos afectados por las obras evalúa presentar una acción de amparo contra los trabajos.

 

El aspecto laboral 

Un aspecto clave para terminar de dar viabilidad a la que sería la mayor inversión privada en la historia del país es el marco laboral que se le aplicará. UPM ha sido clara en que no quiere ocupaciones ni piquetes. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, dijo a El País que la negociación la está llevando a cabo el SUNCA en base a la cláusula de prevención de conflictos que ha firmado con la Cámara de la Construcción. En setiembre de 2017 se firmó un acuerdo marco entre el gobierno, el PIT-CNT, las cámaras empresariales involucradas y UPM que se extenderá desde la comunicación formal de la decisión de la inversión discrecional de UPM hasta la culminación de las obras civiles y de montaje electromecánico de la nueva planta industrial.

Las partes se comprometieron solamente a “poner la mayor voluntad y los mejores esfuerzos para resolver las situaciones conflictivas que se generen, observando las normas y disposiciones legales, reglamentarias y convencionales aplicables”. No adoptarán, por lo tanto, medidas que afecten la regularidad del trabajo o el desarrollo de la obra, antes de haber finalizado las instancias de conciliación previstas. En marzo del año pasado, el vicepresidente del proyecto Javier Solari dijo, de todas maneras, que “nosotros entendemos que tiene que haber reglas más claras en cuanto a un escalamiento o manejo del conflicto”. “El manejo del conflicto tiene que ser más previsible. Conflictos siempre va a haber”, sostuvo el ejecutivo.

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El real estate uruguayo se mantendrá estable en 2019 tras cerrar un año sin grandes novedades, según varios especialistas consultados por revista Propiedades. En la etapa electoral no se prevé que haya un importante despegue del mercado. Por el contrario, se aguarda que la actividad se mantenga por debajo de los niveles de los años anteriores.

Daniel Porcaro, titular de Porcaro Consultores y coordinador académico del Diploma de Especialización en Negocios Inmobiliarios de la Universidad ORT, sostuvo que el año que finalizó no trajo consigo cambios positivos respecto a 2017, sino que la situación se dio a la inversa. Para los próximos 12 meses, no se aguardan cambios sustanciales.

“En ocasión de comentar las perspectivas para el año 2018, sostuvimos que no preveíamos que el sector inmobiliario tuviera una actividad diferente a la del año 2017, lo que nos faltó aclarar es que ese escenario se daría en el mejor de los casos. A fines de este año, los indicadores muestran un descenso de actividad (medido según la evolución del ITP), de precios de venta y alquileres y de tasas de rentabilidad de las inversiones inmobiliarias”, manifestó.

“La volatilidad de los mercados globales derivada de guerras comerciales, el estancamiento de la región por causas políticas, la consiguiente devaluación de las monedas regionales y el impacto de la inflación han determinado un cóctel con sabor amargo para el sector. Las causas reseñadas afectaron las bases mismas del mercado a partir del segundo semestre del año porque tuvieron incidencia en los precios de los inmuebles, en los costos de construcción y en el poder adquisitivo de la población respecto del acceso a la vivienda, ya sea para compra o alquiler”, añadió Porcaro.

 

¿Qué esperar?

Para el coordinador académico del Diploma de Especialización en Negocios Inmobiliarios de la Universidad ORT “las mejores expectativas para 2019 pueden estar centradas en la creencia que la temporada turística no sea mala, que Argentina logre estabilizar el tipo de cambio y disminuir la inflación, que Brasil se encamine en un rumbo económico de crecimiento previsible y que a nivel global Estados Unidos pueda compatibilizar su crecimiento con menor hostilidad comercial y bajas tasas de interés”, declaró.

A nivel local, en este año electoral no se esperan “ajustes importantes que disminuyan aún más el nivel de actividad”, dijo. A su entender, si la evolución de las variables anteriormente mencionadas no complican el panorama, “en el mejor de los casos, podemos esperar un año 2019 sin grandes ajustes de mercado a la espera del resultado electoral”. La expectativa, entonces, estará puesta en el año 2020.

Por su parte, el director del Estudio Kaplan, Alfredo Kaplán, dijo a revista Propiedades que “cierra un año de una actividad moderada en el sector inmobiliario debido a la coyuntura regional y por otro lado a factores específicos de nuestro país que afectan el mejor desempeño del sector”.

A esta altura, dijo, “está claro que el tema del tope de precios en las viviendas promovidas a más de 20 meses de los cambios de las normas provocaron un descenso de más del 50% en la presentación de proyectos ex vivienda social a la Agencia Nacional de Vivienda”.

Kaplán manifestó que en la zona costera de Montevideo y alrededores, el movimiento es “pausado, fundamentalmente con unidades chicas” y que en Punta del Este “hubo varios megaproyectos presentados de los cuales un buen número aún no han comenzado por razones del mercado. El mercado mantiene los valores, pero que está poco dinámico. Se habla que no se va a prorrogar el sistema de megaproyectos y las perspectivas para el año 2019, además de las complejidades de un año electoral, parecen bastante similares al año que cerramos”.

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La Intendencia de Canelones ha recibido interesados en invertir en desarrollos inmobiliarios en Ciudad de la Costa luego de anunciar cambios en el plan maestro de la zona, llamado Costa Plan.

A mediados de 2019 se terminará de revisar el nuevo ordenamiento territorial del lugar y será elevado a la Junta Departamental para su consideración, según informó el director general de Secretaría de Planificación de la Intendencia de Canelones, Sergio Ashfield.

El Costa Plan se encuentra en la etapa final de revisión y hasta el momento hubo “buena respuesta” de los posibles inversionistas, con los que se está llegando a “buenos acuerdos”, informó.

La transformación de Ciudad de la Costa será una realidad, especialmente luego de la detección de un gran número de habitantes de Montevideo que deciden invertir en la compra o el alquiler de un inmueble para residir de manera permanente.

El crecimiento del lugar se observa con la edificación cada vez mayor de comercios, residencias y espacios públicos. Algunos lugares convocan más que otros, pero las proximidades del aeropuerto internacional de Carrasco son las más codiciadas. Allí se ha visto un crecimiento en los últimos años de propuestas inmobiliarias y emprendimientos comerciales de distinto tipo.

Las zonas de desarrollo urbano tendrán normativas específicas sobre lo que se podrá construir. Estas zonas definidas para el desarrollo inmobiliario con edificios de hasta 60 metros son los alrededores del Lago Botavara, Shangrilá, Pinar Norte las cercanías del Arroyo Pando, San José de Carrasco, Montes de Solymar y algunas zonas de Lagomar Norte. Allí es donde se podrá apreciar edificios en altura y, además, algunas construcciones de menor porte, pero siempre con el distintivo del verde y de los espacios abiertos.

Las torres con alturas de hasta 13.5 metros serán permitidas en otras zonas de Ciudad de la Costa, como en Avenida Giannatasio desde Alvear hasta Márquez Castro, la Rambla desde Racine hasta Márquez Castro, Racine desde Avenida de las Américas hasta la Rambla, Calcagno desde Ruta 101 hasta la Rambla, Alvear desde el Centro Cívico hasta la Rambla y Avenida de las Américas acera norte.

Se apuesta a que en la zona del Arroyo Pando haya una propuesta mixta en la que se edifiquen edificios y también un barrio jardín.

La Intendencia de Canelones tiene previsto utilizar espacios sin edificar en todas esas zonas. En algunos predios se hallan grandes extensiones de tierra sin uso alguno, pero en otros casos se trata de locaciones de menor porte donde se podría albergar una o dos torres.

En todos los casos, hay interesados en poder generar desarrollos inmobiliarios, informó el jerarca de la Intendencia de Canelones. El objetivo, además, es que los inversionistas prevean la conexión de los emprendimientos con los servicios públicos, como el saneamiento, ya que Ciudad de la Costa se halla en pleno trabajo de conexión a la red.

Las principales inquietudes provienen del impacto de estas obras en el mapa verde de Ciudad de la Costa y, además, en la necesidad de generar nuevas obras viales que canalicen el tránsito que suele haber entre Canelones y Montevideo en las horas pico. Por lo pronto, en la Intendencia de Canelones existe un optimismo en la posibilidad de avanzar durante este año en varias obras al amparo de la inversión privada.

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La 18ª edición de la Encuesta de Expectativas Empresariales que elabora la consultora Deloitte mostró mayor pesimismo en varias áreas como economía e inversiones, según un relevamiento realizado entre 335 gerentes y altos ejecutivos. Los datos recabados señalan que los ejecutivos deterioraron su visión sobre la situación económica actual, el clima de negocios y cómo le va a su propia empresa respecto al relevamiento de abril. También son más pesimistas sobre cómo evolucionaran esos aspectos en los próximos 12 meses y en un contexto complicado en el mercado laboral, crece el porcentaje de empresarios que declara que disminuirá el empleo en su firma dentro de un año.

Además, los encuestados tienen la mayor desaprobación del gobierno desde que se hace el relevamiento. Estas son algunas de las conclusiones a las que arribó la encuesta Visión crítica del clima de negocios y perspectivas poco auspiciosas para 2019". Así se titula la 18ª edición de la Encuesta de Expectativas Empresariales que elabora la consultora Deloitte y que fue divulgada ayer.

El documento, titulado “Visión crítica del clima de negocios y perspectivas poco auspiciosas para 2019”, da cuenta que los empresarios que evalúan peor a la economía respecto a un año antes pasaron de ser el 32% en abril a 81% en esta edición. A su vez, los que creen que está mejor disminuyeron de 11% a sólo 2%. A su vez el 17% la evaluó igual a un año atrás. De esta forma, se ubican "en niveles similares a los observados entre la segunda mitad de 2015 y la primera de 2016, período de estancamiento de la economía", consignó Deloitte.

 

Inversiones y negocios 

Sobre el clima de inversiones 79% cree que está peor que hace un año (cuando en abril el guarismo era 45%) y apenas 1% cree que está mejor (eran 5% en abril), con 20% que lo evalúa igual.

En cuanto a la evaluación del clima actual de negocios en términos absolutos, el 65% de los empresarios opinó que es "regular". En tanto, 26% lo calificó como "malo", 1% como "muy malo" (sumados, los mayores guarismos en los ocho años de la encuesta) y apenas 8% como "bueno" (el menor porcentaje en la historia del relevamiento).

El pesimismo empresarial también se vio en las perspectivas para dentro de un año. El 61% de los ejecutivos espera que la situación económica empeore (era el 30% en abril), el 34% no aguarda variaciones (era el 58% en abril) y el restante 5% espera una mejora (era el 12% en abril).

"También aumentaron notoriamente las respuestas que apuntan a un deterioro del clima de inversiones en el próximo año", indicó Deloitte. El 56% de los empresarios cree que estará peor (era el 35% en abril), el 40% no prevé cambios (era el 56% en abril) y el 4% espera que mejore (era el 9% en abril). En línea con ello, "las empresas prevén crecimientos muy magros del Producto Interno Bruto (PIB) en 2018 y 2019", expresó Deloitte. En promedio prevén una expansión del PIB de 1,5% para este año y de 1,4% para el próximo.

Los consultados esperan que el dólar siga al alza en el correr de los próximos 12 meses y en promedio prevén que cotice en $ 35. "Para el mediano plazo, sin embargo, la mayoría no visualiza una corrección significativa de precios relativos", indicó el informe ya que el 60% cree que la "devaluación será igual a la inflación". Respecto a la suba de precios, los empresarios, en promedio, creen que cerrará este año en 8,4% y el próximo en 8,6%.

"Respecto a las expectativas para el próximo año, la mayoría (52%) no prevé cambios respecto a la situación general de sus empresas (mismo porcentaje que en abril), pero son más los que aguardan un deterioro (26%) que los que esperan una mejora (22%)", señaló Deloitte.

El 51% de los encuestados aseguró que la rentabilidad de su empresa es más baja que hace un año (33% que es igual y 16% que es más alta). A su vez, 44% cree que no variará la rentabilidad de su firma dentro de un año, 36% prevé que disminuirá y 20% que aumentará.

"Los ejecutivos se mostraron reticentes a aumentar su plantilla de trabajadores. El 60% no espera cambios en el empleo en el próximo año, el 35% anticipa una disminución y sólo el 5% de los encuestados prevé un aumento", indicó Deloitte. La razón predominante para ello es el "bajo crecimiento del volumen de negocios".

 

Desaprobación del gobierno

En la 18ª encuesta de Deloitte se dio la mayor desaprobación del gobierno por parte de los empresarios en los años que lleva la misma. En efecto, tres de cada cuatro ejecutivos desaprueba la gestión del gobierno que encabeza el presidente Tabaré Vázquez. La anterior mayor desaprobación se dio en la encuesta de abril de este año con el 65% de los empresarios. En la administración de José Mujica el máximo de desaprobación había sido de 60% en abril de 2013. En esta edición, apenas 5% de los empresarios aprueba la gestión del Poder Ejecutivo, mientras que 20% no aprueba ni desaprueba. Salvo en "promoción de la inversión" e "inflación", en todas las áreas la evaluación del gobierno es negativa (predominan las respuestas "malo" sobre "bueno"). En esas dos, el neto de respuestas es +10 y +6 respectivamente.

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