El Ministerio de Transporte es responsable de los 8.880 kilómetros que componen la red nacional vial. Hasta ahora fueron rehabilitados 3.684 kilómetros, más del 40%, con obras en todos los departamentos del país. Además, el 67% de las carreteras están en estado bueno o muy bueno, según la calificación que se utiliza desde 1994. Es el dato más importante en la historia de país, aseguró el titular de la cartera, Víctor Rossi.

Durante el almuerzo de trabajo que organizó la revista Somos Uruguay, Rossi describió las inversiones que se realizaron en las rutas entre 2015 y 2019, que incluyeron la rehabilitación de carreteras por 804 millones de dólares, mantenimiento por 180 millones y la contratación a privados para el mantenimiento por 713 millones de dólares.

A esto, agregó la mención a los 158 millones de dólares para el ensanche de rutas y mantenimiento de puentes: 117 millones para seguridad y alumbrado y el resto destinado a gastos de administración. El total de la inversión efectiva en rutas nacionales totalizó 2.020 millones de dólares.

Por otra parte, las intendencias y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través del Fondo de Desarrollo del Interior, también aportaron fondos para la recuperación vial. Rossi mencionó la inversión del viaducto, que alcanza los 120 millones de dólares y será asumido por la Administración Nacional de Puertos.

El jerarca recordó que en 2015 los recursos del ministerio previstos para vialidad eran de 123,7 millones de dólares y que en 2016 ascendieron a 261 millones de dólares. Según indicó, a partir de 2017 la cifra creció sustancialmente: 480 millones de dólares ese año, 541 millones en 2018 y 512 millones en 2019. Para el ministro, se requiere una inversión anual superior a los 500 millones de dólares para mantener el actual estado de las carreteras.

El origen de los recursos correspondió al siguiente detalle: 467 millones de dólares a presupuesto, 1.450 millones a través de la Corporación Vial del Uruguay y 102 millones por concesión de obras.

Rossi detalló los avances del proyecto por participación público-privada (PPP) que incluyen la recuperación de las rutas 21 y 24 y el bypass al puerto de Nuevo Palmira, por 80 millones de dólares, y la de las rutas 12, 54, 55, 57, un tramo de la ruta 21 y el puente sobre el Arroyo de las Vacas, en Carmelo, para lo que se prevé una inversión de 100 millones de dólares.

Están adjudicados y en trámite de cierre financiero el proyecto que involucra a las rutas 9 y 15 y un tramo de la 14 desde Sarandí del Yí a Rocha, la ruta 6 y un puente nuevo no inundable sobre el río Santa Lucía, en San Ramón, y la doble vía en la ruta 3 desde la 1 hasta la 11, con un bypass y un nuevo puente sobre el río San José.

“La participación público-privada es una herramienta muy importantes que debe ser utilizada para abordar no solo obras de carreteras y de centros educativos, como se realiza actualmente, sino también para obras de infraestructura que el país va a tener que gestionar en el futuro”, aseguró.

En cuanto a las obras proyectadas, señaló que están definidos los contratos y el financiamiento para 32 puentes, ensanche y refuerzo, y 12 pasos superiores ferroviarios, que requerirán una inversión de 60 millones de dólares.

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OSE cumplirá con el compromiso asumido a comienzos de 2015 de invertir cerca de 550 millones de dólares en infraestructura, de los cuales la mitad corresponde a saneamiento, aseguró su titular, Milton Machado. Actualmente el porcentaje de hogares con conexión se aproxima al 97%, entre saneamiento por redes y estancos, y las nuevas plantas cumplen con los mayores estándares de cuidado medioambiental, agregó.

 “Al hablar de saneamiento, no solo hablamos de plantas de tratamiento, sino también de redes y conexiones, y, mediante los convenios que hacemos con las intendencias y los vecinos, hemos extendido el sistema de saneamiento a nuevos barrios y localidades, alcanzamos una cobertura total del 97%”, dijo Machado.

En ese sentido, destacó las obras más importantes realizadas durante estos años, como la de Ciudad de la Costa, en la cual se lleva más de una década trabajando y que insumió unos 160 millones de dólares; la de Maldonado, que costó más de 80 millones de dólares, y la planta de Salto, recientemente inaugurada, en la cual se invirtieron 32 millones de dólares.

A través de más de 329.758 conexiones, hoy el 45% de la población accede al servicio por redes; en el interior del país hay más de 40 plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, correspondientes a localidades de mediano y gran porte, y más de 100 pequeños sistemas, a programas habitacionales de Mevir y otros gestores públicos de programas de vivienda.

El sistema de saneamiento, compuesto por redes de colectores, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento de efluentes y sitios de disposición final, cumple los estándares que establece la normativa nacional y colabora con uno de los principales cometidos de la empresa, que es proteger las fuentes agua y el cuidado del medio ambiente.

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“La obra comenzó hace unos meses en un terreno de dos hectáreas y media. Nos importa el potencial que el terreno tendrá para la construcción de 80 viviendas para 300 personas. Se podrá acceder a través de programas del Ministerio de Vivienda, una vez que la empresa UPM deje la infraestructura de saneamiento, agua, fibra óptica, seguridad y salones comunales”, dijo el director de Ordenamiento Territorial, José Freitas.

 

Viviendas

Los directores nacionales de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Salvador Schelotto y José Freitas, respectivamente, visitaron la ciudad de Durazno para observar las obras iniciadas de los alojamientos temporales para los trabajadores que participarán en la construcción de la planta de UPM en el pueblo Centenario.

Freitas narró que el objetivo de la visita fue ver el inicio y el alcance de las obras que se desarrollan en terrenos públicos en los que se construirán alojamientos temporales e infraestructura. “Todo este terreno con infraestructura quedará para ser incorporado a los programas del Ministerio de Vivienda, por lo tanto, para nosotros es muy importante hacerle el seguimiento”, dijo.

La obra comenzó hace unos meses en un terreno de dos hectáreas y media. Freitas afirmó que importa el potencial del terreno para la construcción de viviendas sociales, acción que permitirá instalar un total de 80 casas para 300 personas a través de los programas sociales del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, una vez que la empresa se haya retirado del predio y deje la infraestructura en condiciones.

El predio fue cedido en comodato por parte del gobierno a la empresa, para que construyera servicios e infraestructura de saneamiento, instalaciones de agua, energía y fibra óptica, seguridad y un equipamiento de parrilleros, salones comunales y canchas deportivas, que se mantendrán. “Lo que hace la empresa es consolidar la infraestructura en un predio que actualmente no la tiene, lo que contribuirá para la construcción de viviendas sociales”, destacó el funcionario.

 

Terrenos

UPM usará el terreno durante el tiempo de la obra, tres años, luego queda para el Gobierno, para ser adjudicado en los diferentes programas de vivienda social. Las construcciones modulares temporales serán retiradas por la empresa una vez que termine el uso del terreno, aclaró Freitas.

Schelotto afirmó que este tipo de infraestructuras es una repuesta a la integración urbana en predios que están bien ubicados dentro de la ciudad de Durazno. Explicó que fue una decisión del Gobierno, luego de diálogos y negociaciones, que la empresa UPM iniciara obras de infraestructura y de vivienda en las ciudades de Paso de los Toros y Durazno y en las localidades de Centenario y Carlos Reyles.

Consultado sobre si en las viviendas que se construyan se podrán establecer familias que han sufrido inundaciones, Schelotto dijo que uno de los grandes límites que existen para avanzar más rápido en la construcción de soluciones habitacionales es la falta de terrenos disponibles. “Nosotros siempre estamos abiertos a incorporar a más familias a los programas de realojos, pero, para eso, hay que disponer de buenos terrenos con buena ubicación, como este, y con infraestructura”, expresó. Agregó que en procura de más terrenos para construir, la Dirección de Ordenamiento Territorial firmó nueve convenios con las intendencias departamentales del país con el objetivo de ayudarlos a formar su cartera de tierras.

 

Efecto UPM

En otro orden, la inversión extranjera directa pasó a terreno positivo en el primer semestre del año, en parte gracias al “efecto UPM”.

En el primer semestre del año la Inversión Extranjera Directa (IED) en Uruguay ascendió a US$ 377 millones, lo que implicó una reversión de los valores negativos de los períodos previos, cuando por ejemplo en el año 2018 cerró con una salida de capitales de US$ 486 millones.

Así lo indicaron los últimos datos publicados por el Monitor trimestral de IED del Instituto Uruguay XXI.

Según se desprende de los datos del informe, en el período comprendido entre enero y junio de este año, la IED en Uruguay representó aproximadamente el 0,66% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Al analizar la IED por modalidad, los datos reflejan que en el primer semestre del año, el país recibió US$ 78 millones por aportes de capital, US$ 278 millones por reinversión de utilidades, mientras que por concepto de préstamos entre empresas el monto fue de US$ 22 millones.

Si se evalúan los proyectos recomendados por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, en el primer semestre del año, el informe destaca que la mayor parte de los proyectos son de origen nacional mientras que una pequeña parte proviene del extranjero.

Al desglosar los proyectos promovidos de capitales extranjeros según la industria, el informe de Uruguay XXI destaca que servicios es la que tuvo una mayor participación en el primer semestre del año, seguida de industria y turismo.

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Fueron presentados los 94 kilómetros de la ruta 24 rehabilitados mediante participación público-privada (PPP), tramo que conecta las rutas 2 y 3, entre Fray Bentos y Paysandú. Autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas aseguraron que más de 3.600 kilómetros de ruta quedarán recuperados, de un total de 8.700 kilómetros que componen la red vial nacional.

Junto con la ruta 21, la vía recuperada conforma el principal corredor de tránsito del litoral oeste. Esto motivó que 45 kilómetros fueran reconstruidos con pavimento de hormigón, material de mayor durabilidad.

La obra está comprendida en los trabajos correspondientes al proyecto de participación público-privada Circuito 0. Además de la ruta 24, este plan PPP implica el diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en la ruta 21 entre Nueva Palmira y la ruta 2, así como el bypass de Nueva Palmira. Una vez finalizada la construcción, la concesionaria Rutas del Litoral será responsable del mantenimiento durante los próximos 24 años.

Rossi destacó que con esta modalidad se atendió las carreteras principales, que “están todas recuperadas y estamos avanzando mucho en el mejoramiento de las rutas transversales”, indicó.

Las autoridades presentes coincidieron en la apertura de nuevas oportunidades para el transporte, la producción y el turismo, gracias a la nueva ruta.

Por su parte, el director nacional de Vialidad, Leonardo Cola, destacó que al cierre de la gestión se habrán rehabilitado más de 3.600 kilómetros de un total de 8.700 que componen la red vial nacional y agregó que  una de las apuestas de la cartera fue avanzar en obras a través de este tipo de contratos (PPP).  Desde el año 2011, Uruguay cuenta con una ley que establece el marco regulatorio aplicable a este tipo de contratos.

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El departamento de Colonia representó para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) más de 885 millones de pesos en 148 acciones en el quinquenio. Se destaca la recuperación del Real de San Carlos al que se destinará 174 millones de pesos.

El titular del organismo, Álvaro García presentó la información en la capital del departamento en el marco del ciclo de encuentros “La Descentralización como Política de Bienestar”.

Desde 2015 y al finalizar 2019 se habrá ejecutado 15.007 millones de pesos financiados por la OPP en 2.867 acciones en el territorio nacional, 981 proyectos desplegados en 112 municipios de 19 departamentos, señaló el organismo en un documento difundido en la ciudad de Colonia en el marco del ciclo de encuentros “La Descentralización como Política de Bienestar”.

A nivel nacional, la caminería fue el área de mayor volumen presupuestal en el período, con 5.489 millones de pesos y 2.018 acciones.

Le siguen en orden decreciente, el mejoramiento de barrios con 3.473 millones de pesos y 64 acciones, vialidad urbana con 3.067 millones y 102 intervenciones, espacios públicos con 572 millones de pesos y 47 acciones.

En Colonia, la inversión de la OPP representará, al cierre del presente año, más de 885 millones de pesos en 148 acciones, entre las que se incluyen un conjunto de obras como la recuperación del Real de San Carlos al que se destinará 174 millones.

 

Préstamo del BID

También destacan otras obras como la remodelación de la avenida Rodó, en Carmelo, con un presupuesto de 72 millones de pesos, el asfaltado en tramo del ramal de Ruta 97, en Víboras, con un monto de 39 millones y la compra y acondicionamiento del cine Rex, en la ciudad de Tarariras, al que se destinó 30 millones.

"El 9 de abril se cumplieron 1.500 días de este período de gobierno y la OPP lanzó una campaña publicitaria en procura que la gente acceda al sitio Mirador Ciudadano en la página del organismo que contiene el detalle completo de cada uno de los programas y obras que administramos, gestionamos y financiamos en forma conjunta con los gobiernos departamentales", explicó García en rueda de prensa.

En otro orden, pero relacionado con inversiones, Uruguay recibirá 250 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  para promover la inversión, el comercio y la innovación.  

Desde el sitio oficial de Presidencia de la República (https://www.presidencia.gub.uy) se informó que el BID confirmó la segunda etapa de un programa de modernización del marco jurídico e institucional para la inversión, el comercio y la innovación en las empresas nacionales, que insumirá una inversión de 250 millones de dólares, informó el organismo internacional. Estos recursos consolidarán el proceso de internacionalización de la economía uruguaya, asegura la web del BID.

El primer desembolso se realizó en diciembre de 2017, por 250 millones de dólares. La segunda operación se confirmó esta semana, según indica la web del BID este jueves 12.

El objeto del programa es respaldar con financiamiento una serie de reformas destinadas al aumento de la inversión y el comercio internacional de Uruguay.

Además, el préstamo busca la mejora en la innovación empresarial y la absorción tecnológica para maximizar el impacto local de la inversión. La operación “forma parte de la política de financiamiento precautorio que lleva adelante el país”, añadió el BID.

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