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La segunda planta de UPM generará más de 8.000 empleos y su producción aportará dos puntos porcentuales al producto interno bruto y una recaudación tributaria de entre 120 y 170 millones de dólares anuales. La inversión de la empresa finlandesa en la nueva fábrica de celulosa y en la infraestructura asociada superará los 4.000 millones de dólares.

La información fue difundida por el gobierno nacional el pasado 9 de agosto, a través de una emisión simultánea por radio y televisión para informar detalles de la futura segunda fábrica de celulosa en Uruguay confirmada por la empresa finlandesa UPM, por instalarse en el departamento de Durazno. Resultará la inversión más grande recibida por este país en su historia.

Este emprendimiento posibilitará incrementar de forma permanente el producto interno bruto de Uruguay en dos puntos porcentuales y recaudar por tributos entre 120 y 170 millones de dólares por año. Una vez en funcionamiento, empleará más de 8.000 personas, con remuneraciones adicionales por más de 200 millones de dólares.

El lugar elegido para la fábrica, el centro del país y a orillas del río Negro, procura el fin de lograr un desarrollo de igualdad territorial donde se registra el menor desarrollo relativo en términos de bienestar.

En Durazno, donde se levantará, y en los vecinos departamentos de Florida, Cerro Largo y Tacuarembó, se incrementará el producto por persona entre 10 % y 15 %; habrá un desarrollo adyacente a la vía férrea y se fortalecerá la cadena forestal-maderera y se diversificará la producción. En tanto, la recaudación tributaria que aportará este nuevo proyecto de UPM se situará entre 120 y 170 millones de dólares anuales.

En cuanto a las inversiones que la empresa realiza en el país, se destacan los 2.700 millones de dólares correspondientes a la fábrica de celulosa, los 280 millones para construcciones portuarias, 70 millones en instalaciones en Paso de los Toros y 7 millones en saneamiento para esa ciudad de Tacuarembó.

A ello se sumarán unos 1.000 millones de dólares destinados a plantaciones forestales, maquinaria y otras inversiones conexas para los primeros 30 años de producción, 34,5 millones para el Fondo de Innovación Sectorial, 3,5 millones en la Iniciativa Río Negro, 1,5 millones para capacitación y 2 millones de inversión en viviendas temporales, es decir, la planta de celulosa en zona franca más las inversiones asociadas superarán los 4.000 millones de dólares.

En tanto, los compromisos asumidos por Uruguay en infraestructura incluyen el Ferrocarril Central, con la rehabilitación de la línea férrea que une Montevideo con Paso de los Toros mediante la participación público-privada, la profundización del dragado del puerto de Montevideo para permitir el ingreso de buques de mayor calado y la construcción de un viaducto en la rambla portuaria, además de rutas y puentes para la circulación de camiones de gran porte.

 

Infraestructura

En materia de infraestructura energética, el informe transmitido por radio y televisión indicó que se prevé la compra-venta de excedentes de energía entre UTE y UPM por las próximas dos décadas hasta de un teravatio/hora por año, lo que contribuirá a la consolidación de la matriz energética en base a energías renovables.

La empresa recibe beneficios tributarios contenidos en la Ley de Promoción de Inversiones y los de la Ley de Zonas Francas, con una autorización de explotación por 30 años y el cobro por parte del Estado de un canon anual de 7 millones de dólares por los primeros 20 años y de 3,5 millones de dólares por los 10 siguientes. No se le otorgó exoneración total ni parcial del Impuesto al Patrimonio.

Más adelante, el informe señala que el proyecto incidirá notoriamente en la creación de empleo de buena calidad, tanto para la construcción de la planta como en la operativa posterior. El Gobierno, UPM, la Cámara de la Construcción, la Cámara Metalúrgica y la central sindical PIT-CNT firmaron el 12 de setiembre de 2017 un acuerdo marco en el área laboral, mediante el cual reconocieron el diálogo social y la negociación colectiva como los mejores instrumentos de trabajo.

 

Medioambiente

En materia ambiental, UPM hizo frente para esta inversión a la autorización más exigente existente en la materia en Uruguay, como la inclusión de siete nuevos parámetros y de mayor exigencia en los valores de todos los analizados con relación a las anteriores plantas de celulosa, como la primera de la firma finlandesa, ubicada en Fray Bentos, y Montes del Plata, en Conchillas, departamento de Colonia. También se incorpora el requerimiento de un caudal mínimo de agua del río Negro, exigido fundamentalmente para asegurar la preservación del ecosistema y mejorar incluso su situación actual.

La normativa general le impone límites a 13 parámetros de vertidos de efluentes, ocho por cada fuente de emisión de aire. Se deberá, además, monitorear la calidad del río en cinco puntos y realizar estudios de sedimentos y biota acuática. Para controlar la calidad del aire, habrá tres estaciones de monitoreo. Se incorporan niveles de exigencia en los rangos más estrictos de las referencias establecidas según normas internacionales.

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En entrevista con Del Constructor, el especialista Federico Susena de Guyer & Regules analizó la situación en materia de inversiones y las perspectivas del mercado inmobiliario uruguayo para lo que resta de este año  y el 2020. Para el especialista, el año electoral será tomado “con cautela” por los inversionistas del sector a la espera de las propuestas de los diferentes presidenciables. Además, señaló que a inicios del pasado año los augurios eran positivos ya que había grandes proyectos en vías de ejecución con buenas expectativas, pero la crisis económica argentina, acompañada de la devaluación del peso de ese país, afectó negativamente a Uruguay.

 

¿Cómo cree que afectará en año electoral y el 2020, primer año de un nuevo gobierno, el grado de inversiones? Históricamente  hay cierta cautela en este período por parte de los inversores nacionales y extranjeros esperando el nuevo rumbo de la economía.

Efectivamente, como tú dices, es un año donde muchas veces los inversores lo toman con la debida cautela a la espera de lo que puedan ser las propuestas de los partidos políticos y sus candidatos y sobre todo como impactará en el rubro que a cada uno le corresponda. Si bien es cierto que históricamente hay cierta cautela en los años electorales, en este año en particular, notamos una mayor cautela en ese sentido y una avidez por conocer exactamente cuáles son los planes de uno u otro en tal sentido.

Por ejemplo, escuchar noticias de promesas electorales que impliquen un mayor incremento en el gasto público no es algo positivo para los inversores ya que saben que al final del día ese aumento termina trasladándose a mayores impuestos y cargas.

Respecto a los extranjeros, ellos tienen una visión muy positiva de Uruguay en cuanto a estabilidad, cumplimiento de las normas, aplicación de la regla de derecho, etc. La preocupación hoy está por el lado de los altos costos y la rigidez de las normas laborales.

 

Grado inversor inmobiliario

¿Cómo ha sido el grado inversor inmobiliario durante el 2018 y en lo que va de el presente año? 

A comienzo del 2018 los augurios eran positivos ya que había grandes proyectos en vías de ejecución y las perspectivas eran buenas debido a una general estabilidad macroeconómica, la inflación controlada, las tasas internacionales de interés bajas, la economía aun creciendo y los salarios reales también y por último los bancos privados tratando de estimular mayor cantidad de créditos hipotecarios.

Pero la fuerte devaluación en Argentina y la crisis de actividad ulterior causó un impacto no menor en Uruguay. Esto, sumado al repentino aumento del dólar localmente, que como sabemos siempre termina repercutiendo en el consumo, y particularmente, afectando al mercado inmobiliario, todo ello ayudo a crear condiciones no favorables para la inversión en el sector.

Este año podemos calificarlo como chato. Y ello por varias razones, algunas internas y otras externas, pero sumado al año electoral en el que nos encontramos, podemos notar como muchas inversiones inmobiliarias se han retraído y otras se han diferido a la espera de la reversión de las condiciones.

 

El actual gobierno puso en marcha ya hace un tiempo la iniciativa   para viviendas cuyas inversiones fueran superiores a 15 millones de dólares, una serie de beneficios fiscales. ¿Cree usted que ha sido positivo? ¿Los inversores de este tipo de mega proyectos se han sentido seducidos por estos beneficios?  ¿Y de qué manera han impactado esto en el mercado?

Por supuesto que ese tipo de estímulos es muy importante y beneficioso para los emprendimientos inmobiliarios de gran porte. Son medidas contra cíclicas que, cuando el sector está en caída (como hace ya 3 o 4 años) se trata de incentivar al sector con este tipo de medidas de estímulo.

De hecho, se han presentado una cantidad importante de proyectos pero aun no conocemos los resultados concretos. Ello porque una cosa son los proyectos que se presentan ante la Comisión de Aplicación (la COMAP), y que fueron muchos, y otro los que efectivamente se terminan concretando. Cuando se dictan decretos de estímulo a la inversión inmobiliaria y donde se establece un plazo perentorio para presentar proyectos, muchas veces ocurre que se presentan proyectos que aún no estaban maduros pero para entrar dentro del plazo que marque la reglamentación y como no hay una penalidad si después no se concretan, hay muchos proyectos que luego quedan por el camino.

Y eso creemos que es lo que ha sucedido con los últimos decretos de estímulo sancionados en 2018.  Recordemos que dichos decretos habían prorrogado hasta el 31/12/2018 el plazo para presentar nuevos proyectos al amparo de este beneficio y tendrían treinta y seis meses como máximo para su ejecución.

Además, para los proyectos a desarrollarse en Montevideo, se redujo el monto mínimo de inversión y el porcentaje de áreas comunes requeridos (a Unidades Indexadas 90 millones y 15% respectivamente).

 

¿Esto benefició, de ser así,  solo a Maldonado y Colonia? ¿Qué pasó con Montevideo y el resto del territorio nacional?

Esto ha beneficiado primordialmente a proyectos a realizarse en Montevideo, por la baja que tuvo en cuanto a requisitos. Creemos que Maldonado no ha podido aprovechar este estímulo por el problema macroeconómico argentino antes señalado y a pesar de otros beneficios que el propio gobierno de Maldonado ha otorgado.

Hace pocos días se conocieron datos de metros cuadrados aprobados para construir en Maldonado y han sido los más bajos en muchos años. El año pasado los metros cuadrados a construir bajaron un 70% respecto al anterior y quedó a niveles de la crisis de 2002. Pero de vuelta, aún no sabemos cuántos de esos proyectos continuaron y comenzaron las obras de ejecución. Vamos a tener que esperar unos meses para medir con claridad su eficacia.

 

Viviendas promovidas

¿Qué efectos tuvo la vivienda promovida? El objetivo de la ley es incentivar la inversión en zonas  y barrios donde hacía décadas que no se invertía, descomprimir la zona costera y facilitar el acceso a un sector que no podía acceder a la vivienda? El cambio en los topes entorpeció algunos de estos objetivos. ¿Cuál es su opinión al respecto? 

Sí, el cambio en los topes ha entorpecido su desarrollo últimamente. Con el objetivo de tratar que los precios de las viviendas bajaran se alteró artificialmente la rentabilidad de los proyectos lo cual hizo que se desistiera de muchos de ellos. Es decir se buscó un objetivo saludable pero que terminó produciéndo un efecto colateral mucho peor, ralentizar un sector de actividad.

 El incentivo de la ley ha sido muy bueno y tenemos que tener presente que además de las condiciones comerciales, hay un cambio cultural (y que trasciende a Uruguay) en cuanto a cómo las franjas etarias más jóvenes no tienen como prioridad lograr una vivienda propia (como sí ocurría hace 20 o 30 años).

Los millennials buscan experiencias, quieren cambiar su hábitat si no están cómodos donde están, quieren amenidades y conectividad, servicios y entretenimiento. Y no están dispuestos a quedarse en un mismo inmueble muchos años si el mismo pierde algunas de las características señaladas.

Ello naturalmente hace que estos productos terminen siendo adquiridos por ahorristas o inversores para alquilar y tener una renta que si bien no es alta es bastante segura, pero no habiendo sido ése el objetivo de la norma. En cuanto a si la norma logró descomprimir zonas y fortalecer otras, ahí sí creo que se vio un éxito en los resultados ya que barrios que habían quedado en el olvido respecto a su arquitectura, hoy aparecen rejuvenecidos.  

 

La referida ley ¿tuvo efectos en el interior del país? ¿O quedó acotada solo a Montevideo?

Claramente tuvo también incidencia en el interior del país también, aunque notoriamente Montevideo fue el departamento que mayores proyectos captó. Canelones también ha sido un departamento que ha captado mucha vivienda promovida.

 

¿Este tipo de inversiones en viviendas promovidas balancearon la falta de inversores en obras suntuosas?

En su momento lo balancearon y en forma efectiva. La dramática caída que tuvo  Punta del Este y zonas aledañas a partir del año 2013 pudo ser amortiguada en gran parte por los efectos que la ley de vivienda de interés social tuvo en otras zonas del país. De lo contrario, la pérdida de puestos de trabajo en el sector de la construcción hubiere sido aún mayor de lo que fue (y que no fue poco, estancados hoy en los aproximadamente 42.000 pero que supo llegar a picos de 70.000).

 

La concreción de UPM 2

¿Cómo afectará nivel de inversiones en terrenos e inmobiliarias en Pueblo Centenario y Paso de los Toros la planta de UPM 2?

 En estos momentos dicha inversión se ve como una realidad de que se efectivizará. Si bien faltan detalles para la concreción de la misma, se ha avanzado tanto en ese sentido desde ambos lados (el gobierno y la empresa) que sería llamativa y alarmante que no se concretara.

Dicho esto, no puedo opinar sobre un mercado tan singular  como las ciudades nombradas pero es evidente que va a sufrir una importante inflación de precios de alquileres en un período muy corto de tiempo.

Por ello, hay que evitar lo más posible la especulación y tratar de lograr de que lo que se invierta para generar condiciones de habitabilidad para trabajadores (algunos muy bien pagos por alta calificación técnica y que estarán dispuestos a pagar precios altos de arrendamientos) puedan ser duraderas en el tiempo (o al menos lo más posible).

 

Desde las cámaras empresariales del sector se habla de que el costo salarial es unos de los factores fundamentales en el aumento del precio final al consumidor de bienes inmuebles. Se ha constatado que muchos capitales, inclusos nacionales, prefieren invertir, por ejemplo, en Paraguay? 

Es correcto esa apreciación aunque no es el único factor. Hay además un cierto rezago en tecnologías y tipos de construcción que se emplea en nuestro país. Que algunos promotores hayan resuelto invertir en Paraguay es lógico, natural y esperable.

La inversión va a ir donde tenga las mejores condiciones de recepción y perspectivas estables y una buena rentabilidad y no podemos desconocer que el mercado paraguayo ha sido –en los últimos años- mucho más tentador que el nuestro.

 

La región y los inversionistas

¿Se puede revertir esta situación para “retener” a estos inversionistas?

Claro que sí, con una moneda local no sobrevaluada, con ajustes de salarios adecuados a la nueva realidad de pérdida constante de empleos, con incorporación de nueva tecnología y maquinaria moderno mediante la exoneración de impuestos a su importación, con mayor flexibilización de las reglas del juego laborales, solo por mencionar algunas.

 

¿Qué efecto tiene a nivel inversor para Uruguay la situación socio política de la región, y especialmente de los países vecinos Argentina y Brasil? 

Muchísimo, pero ciertamente el peso de Argentina es mayor al de Brasil en cuanto a la inversión inmobiliaria. En efecto, hemos notado muchos inversores argentinos que en los últimos años han desembarcado en Montevideo (además de Maldonado y Colonia, donde están hace ya muchos años) y en Rocha, con fuerte presencia.

Con devaluaciones de su moneda superior al 100%  e inflación en niveles superiores al 40% es muy difícil que ese inversor argentino esté pensando fuera de su país sin arreglar antes los desajustes macroeconómicos internos. En otras palabras, es claro que la situación política interna que tienen los argentinos afectan y mucho. En el caso de Brasil, que sigue costando poder despegar y salir de la brutal recesión que han tenido, el impacto local es menor.

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En un comunicado  al cierre de esta edición -emitido en la madrugada del martes 23 de julio- la pastera UPM informó que ha tomado la decisión de invertir en la construcción de una planta de celulosa de eucaliptus con capacidad de 2,1 millones de toneladas en el departamento de Durazno. La inversión de 2700 millones de dólares en la planta industrial aumentará la capacidad actual de celulosa de UPM en más del 50%, lo que resultará en un cambio significativo en la escala de su área de negocio.

Además, UPM invertirá 350 millones de dólares en actividades portuarias en Montevideo e instalaciones locales en Paso de los Toros. El inicio de la planta está programado para la segunda mitad del año 2022. Los prerrequisitos para la inversión se han preparado cuidadosamente en cooperación con el Estado uruguayo, informa el citado comunicado.

Para Uruguay, esta inversión y la mejora de la infraestructura ofrecen importantes oportunidades para el desarrollo económico y social. "Uruguay ha demostrado una visión consistente a largo plazo en el desarrollo de las condiciones necesarias para atraer la inversión extranjera, construyendo las bases para el desarrollo industrial. Reconozco humildemente la determinación con que los tomadores de decisión han avanzado en el desarrollo económico del país.

La decisión brindará muchas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas uruguayas y mano de obra capacitada, que beneficiará a miles de uruguayos en las próximas décadas", sostuvo Jussi Pesonen, presidente y CEO de UPM. Los fundamentos del negocio para la inversión son positivos debido al sólido crecimiento del mercado basado en las grandes tendencias mundiales de los consumidores que impulsan la demanda de papel, papel higiénico, embalaje y papeles especiales.

 

Impacto  económico

El crecimiento de la tendencia anual de la demanda de celulosa en el mercado global sigue siendo de aprox. 3%. "Durante la última década, UPM ha desarrollado una base forestal adicional en Uruguay y ha creado un negocio de celulosa impulsado por el mercado con una amplia base de clientes en los crecientes usos finales. Al mismo tiempo, hemos mejorado constantemente nuestro rendimiento financiero y hemos logrado un sólido balance verdaderamente líder en la industria", dijo Pesonen.

Una vez finalizada la construcción, se estima que la planta aumentará el producto bruto de Uruguay en aproximadamente un 2% y el valor anual de las exportaciones del país en aproximadamente un 12%, según indican estudios socioeconómicos independientes. Durante la construcción, el sitio empleará en su pico máximo unas 6.000 personas.

Una vez finalizada la misma, se estima que se crearán cerca de 10.000 empleos permanentes en toda la cadena de valor de los cuales unos 4.000 serán empleados directos de UPM y sus contratistas. Además, se estima que unas 600 empresas estarán trabajando en la cadena.

La planta estará ubicada en zona franca y pagará un canon anual fijo de 7 millones de dólares por año. Se espera que la cadena de valor de la planta contribuya con 170 millones de dólares anuales en impuestos y pagos de seguridad social y contribuya con 200 millones de dólares en salarios anuales.

 

Tecnología de vanguardia

La planta de celulosa ha sido diseñada como una sola línea de producción y representa lo último en tecnología en la industria. La selección de maquinaria, materiales, nivel de automatización y estándares proporcionan una alta tasa de operación y mantenimiento, así como una producción estable de energía, garantizando excelentes niveles en seguridad y desempeño ambiental y costos competitivos durante el ciclo de vida de la planta.

La planta está diseñada para cumplir por completo las estrictas regulaciones medioambientales de Uruguay, así como las normas y recomendaciones internacionales para las plantas modernas, incluida la última y mejor tecnología probada disponible (BAT). Una vez en operación, la planta generará un excedente de energía firme, predecible y renovable de más de 110 MW fortaleciendo la matriz energética del país.

 

Inversión en viviendas

Además de las inversiones en la planta y el puerto, UPM invertirá en soluciones habitacionales en Paso de los Toros y proporcionará viviendas temporales para personal contratado durante la obra. UPM también financiará la mejora de la planta de tratamiento de aguas residuales municipales y la restauración del vertedero municipal en Paso de los Toros. Las inversiones locales fuera del predio de la fábrica, totalizan unos 70 millones de dólares.

Además, la disponibilidad de madera de eucaliptus para la planta está asegurada a través de plantaciones propias de la empresa y a través de arrendamientos, así como por acuerdos de suministro de madera con pequeños y medianos productores rurales uruguayos. Una cadena logística eficiente es fundamental para la competitividad de la fábrica y la seguridad del abastecimiento en los mercados mundiales.

Esto se logra a través de las mejoras en rutas, la modernización del ferrocarril y la construcción de la terminal portuaria. Estas inversiones en infraestructura también apoyan la actividad económica de otros sectores en Uruguay.

UPM ha decidido la construcción de una terminal especializada en celulosa en el puerto de aguas profundas de Montevideo con una inversión de aproximadamente 280 millones de dólares. El acceso directo por ferrocarril desde la fábrica a una moderna terminal portuaria crea una cadena de suministro eficiente hacia los mercados globales.

El puerto de aguas profundas de Montevideo permite sinergias en la logística con las operaciones existentes de UPM en Uruguay, ya que toda la celulosa se puede entregar en buques oceánicos a carga completa directamente a los principales mercados.

Se espera que la planta comience a funcionar en la segunda mitad de 2022. La parte principal del total de los 3.000 millones de dólares de gastos de capital se llevará a cabo en 2020-2022.

UPM tendrá el 91% de participación en el proyecto y el restante 9% pertenecerá a un grupo inversor uruguayo también vinculado al proyecto de UPM Fray Bentos.

La inversión se financiará principalmente mediante el flujo de caja operativo complementado por actividades habituales de financiamiento corporativo.

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El último informe del CEEIC sostiene que la percepción actual y las expectativas son negativas para la economía, mientras que para el sector la percepción actual es negativa pero las expectativas son positivas. Además, da cuenta  que los empresarios encuentran más probable incorporar personal que maquinaria, al tiempo que se incrementa el peso en la estructura de costos de insumos importados, que pasa del tercer a segundo lugar, por detrás la mano de obra.

El informe del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (CEEIC)  presenta los resultados de la Encuesta de Expectativas realizada durante los meses  de  mayo y Junio del presente año.

El  principal  objetivo  de  este documento es  monitorear  las  expectativas  de  las  empresas  del  sector  de  la construcción respecto a las principales variables económicas, su capacidad instalada y expectativas de crecimiento de manera tal de poder obtener información sobre la coyuntura actual y evolución futura del sector y la economía en su conjunto.

De esta manera, se relevó la opinión de 71 empresas asociadas a Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU),  así como de 10 empresas asociadas a la Asociación de Promotores privados de la Construcción del Uruguay (APPCU). Del total de las empresas contactadas se obtuvo una tasa de respuesta de 36%.  Los resultados del documento se presentan en tres secciones: Expectativas,  Capacidad instalada y Evolución de los costos

 

Expectativas

En la primera sección, las  empresas   fueron  consultadas  sobre  la  percepción  actual  y  sus expectativas futuras respecto a la economía en general y en particular el sector de la construcción.

La percepción actual fue relevada mediante la  apreciación  del estado actual de la variable de interés como  (Buena,  Ni  buena  ni  mala,  Mala)  mientras  que  las  expectativas  fueron  recogidas  mediante  la percepción de la evolución futura respecto al estado actual (Al alza, Igual, A la baja).

Los resultados señalan que tanto para la  percepción actual de la  economía (59%)  como para las expectativas (55%),  los  encuestados  respondieron  mayoritariamente  con  una  percepción  “ni  buena  ni  mala”  y  en segundo lugar se encuentran las respuestas con una percepción  “mala”. Por  último, las respuestas que valoraron  como  “buena”  la  situación  actual  son  nulas  mientras  que  las  expectativas  al  alza  sobre  la situación de la economía representaron un 10% de las respuestas.

Al  ser consultados  sobre  la  situación  actual  del  sector,  las  respuestas  denotaron  una evaluación algo más optimista que para la economía en general. En el caso  de la situación actual,  un  3% la evaluó como “buena”, y un 62% como “ni buena ni mala”. Las respuestas con una evaluación “mala” del sector suman un 35% del total.

Las respuestas  vinculadas a las expectativas del sector se dividen entre un   28%  “al alza”,  un 62% que espera que la situación se  mantenga “igual”  y un 10%  “a la baja”.  Por lo tanto, las respuestas sobre las expectativas del sector también son algo más positivas a las reportadas para las expectativas de la economía en general (10% y 55% y 35% respectivamente). sostiene el informe.

“El indicador de balance  actual, obtenido a través de la resta de los porcentajes reportados  positivos y negativos, indica,  para la economía actual,  un balance de -41% y para el sector un balance de  -32%. En el reporte anterior (informe N°20), estos guarismos se ubicaron en  -36% y -12%,  respectivamente”, sostiene el informe.

 

Capacidad Instalada

Consultadas las empresas respecto a su capacidad  instalada  actual y sus expectativas. Para esto se solicitó que se categorizara  su situación actual y sus  expectativas en uno de los 6 tramos previamente establecidos.

Los resultados  indicaron  que un 59% de los encuestados reportó  estar operando con  una capacidad  instalada  menor  al  70%,  lo  que  supone  un  deterioro  respecto  a  los  resultados  de  febrero (52%). 

Para  el  caso  de  las  expectativas,  un  49%  de  los  encuestados  espera  operar  utilizando  una  capacidad  instalada  inferior  al 70%, este valor también supone un  alza  respecto a la cifra registrada en febrero (48%).

Por otra parte, solo un 3% de las empresas declaró estar operando con capacidades de 90% o más y un 17% de las  empresas esperan operar a  un 90% o más de la capacidad instalada.

Adicionalmente,  se consultó a las empresas respecto a la  probabilidad de expansión  de la capacidad instalada en cuanto a maquinaria y personal.

En este sentido, el 65% de las empresas ve como  “muy poco probable”  o  “poco probable”  la expansión de maquinaria.  Para  el  caso  de  la  expansión  de  personal,  las respuestas  “muy poco probable” o “poco probable” suman un 59% de las respuestas,  cifra muy similar a la registrada en la anterior encuesta (60%).

En tanto, el porcentaje de respuestas que declara probable  o muy  probable la expansión de maquinaria y personal, se ubicó en 31% y 41%, respectivamente.

“Estos valores suponen una caída respecto al  informe anterior para el caso de  la expansión de maquinaria (44%) y un  aumento para la expansión de  personal, cuyo valor fue de 36% en febrero”, expresa el documento.

 

Evolución de los costos

En cuanto a la evolución de los costos, un 62% espera que la evolución sea a la par con el IPC, un 31% espera que estos evolucionen por encima del mismo y un 7% respondió que espera que evolucionen por debajo  del  IPC. 

“Respecto  al  anterior  informe  donde  un  32%  de  los  encuestados  respondió  tener expectativas por encima del IPC  y un 68% declaró  esperar una evolución a la par,  esto supone un leve descenso de las expectativas de incremento de los costos”, expresó el CEEIC.

Asimismo,  se  consultó  a  los  encuestados  respecto  de  los  principales factores  de  influencia  sobre  los costos, que nuclea subcontratos, mano de obra, insumos importados, insumos locales y costos financieros.

El 69% declaró a la mano de obra como el principal factor, un 28% a los insumos importados y el restante 3% es asignado a los insumos locales.

“Comparando las respuestas con las de la encuesta anterior, donde 76% de los encuestados declaró la mano de obra como principal factor de costo, se constata un descenso del peso de este rubro en la estructura de costos de las empresas constructoras y un aumento del peso de  los insumos importados.

Este ha crecido  desde un 4% en la encuesta anterior hasta el 28% de la presente  encuesta.  En  contrapartida,  el  peso  de  los  insumos  locales  disminuye  desde  un  12%  en  la medición anterior hasta un 3%”, concluye el relevamiento.

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En el marco del acto “Argentina-Uruguay: Integración fluvial”, organizado en el Palacio San Martín, en la ciudad de Buenos Aires, el presidente de la delegación nacional ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Felipe Michelini, destacó la finalización exitosa de la etapa de profundización del canal Martín García, que permitirá a los buques cargar hasta 5.000 toneladas adicionales de mercadería.

 “Desde el punto de vista de la delegación uruguaya ante la CARP, estamos muy satisfechos, porque los trabajos de profundización y dragado del canal Martín García concluyeron en forma exitosa, en los términos pactados con el consorcio belga-holandés Boskalis-Dredging International, según las condiciones técnicas requeridas y con minimización de los impactos ambientales que requiere una obra de este tipo”, expresó Michelini a la Secretaría de Comunicación Institucional.

El funcionario participó, el pasado viernes 21 de junio, en el Palacio San Martín, sede ceremonial de la Cancillería argentina, en Buenos Aires, del acto “Argentina-Uruguay: Integración fluvial”, que conmemoró la finalización de las obras de dragado del canal Martín García y del río Uruguay, con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores y Culto del país vecino, Jorge Faurie, y del canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, además de las delegaciones de ambos organismos binacionales.

“En 2013, la CARP asumió la administración y gestión del canal Martín García en forma plena. A partir de allí, se procuró recuperarlo, porque estaba con profundidades inadecuadas al diseño original, y luego mantenerlo.

El proceso nos permitió adquirir la experiencia logística y las capacidades para convocar a un llamado a licitación internacional, competitivo y transparente, con el que se alcanzó una profundidad de 34 pies (10,36 metros) en fondos blandos y 38 pies (11,58 metros) en fondos duros”, reseñó el funcionario.

Michelini recordó que, finalizada la etapa inicial de profundización en febrero, comenzó una fase de mantenimiento que durará cuatro años, con la posibilidad de prórroga por un lapso de cinco años adicionales. El funcionario admitió que el organismo ha considerado la posibilidad de ampliar el dragado a 36 pies (10,97 metros) en fondos blandos.

“La exportación de materias primas tiene un elemento central que es el flete. La posibilidad de aumentar 5.000 toneladas por buque de carga determina que este sea un factor menos oneroso para los exportadores”, analizó Michelini.

“Estamos convencidos de que las obras constituyen un elemento dinamizador de la economía en general y de mejora en la eficiencia en el sistema de transporte”, aseveró.

 

En agenda

En tanto, el presidente de la delegación del vecino país y de la comisión, Jorge Hugo Herrera Vegas, consideró que estos avances deben complementarse con el dragado a 34 pies de un tramo de 110 kilómetros comprendido entre la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, y la coloniense de Nueva Palmira, que incluye los ríos Paraná Guazú, Paraná Bravo y el pasaje Talvera, de jurisdicción argentina. “El asunto ingresó a la agenda de la CARP para que se considere la posibilidad de que la comisión organice el llamado a licitación”, apuntó.

Además, los titulares de ambas delegaciones coincidieron en que la comisión binacional cumplió con la instrucción de las respectivas cancillerías de aportar los informes técnicos para permitir que estas impulsen la demarcación de la frontera seca entre las islas Martín García, de jurisdicción argentina, y Timoteo Domínguez, de jurisdicción uruguaya.

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