El economista Gabriel Oddone, doctor en Historia Económica (Universidad de Barcelona), Economista (Universidad de la República/ Uruguay), socio de CPA Ferrere e investigador del  Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) sostuvo que en Uruguay “estamos caro. Esta es una discusión compleja de abordar, pero las conclusiones que uno puede sacar por la evidencia que recoge por allí, reafirma la impresión que los industriales,  los exportadores, las personas que viajan o compran en el exterior, demuestran que Uruguay es un país relativamente caro”.

Oddone sostuvo que “hay una falta de consistencia de las políticas macro —fiscal, monetaria, de precios— en los últimos años que es una de las causas de que Uruguay esté caro”. Esas variables, agregó, no estuvieron lo coordinadas que debieran “probablemente porque se estuvieron atendiendo otros objetivos, por ejemplo atendiendo a la equidad, a la distribución del ingreso”.

En entrevista con Puntos de vista, en radio Uruguay, Oddone agregó que los precios presentan un desvío al alza respecto al promedio histórico, se importa más de lo que se exporta y los precios en países socios o competidores son más bajos. Esas condiciones “deberían darnos la presunción de que hay algún problema de precios relativos” y de que es acertada la calificación de país caro.

De hecho, la entrevista tuvo como disparador una columna del economista, publicada en su blog Sextante (www.gabrieloddone.com) donde analizó diferentes aspectos de esta realidad.  En la referida columna, el economista  se propuso analizar si hay evidencia que respalde esa percepción y en caso de que sí, ver por qué. Para ello, tomó  la referencia del promedio de precios del período 1980-2018, “el tipo de cambio real bilateral de Uruguay está apreciado respecto a destinos y competidores que son relevantes para su comercio” como Estados Unidos (25%), Nueva Zelanda (18%), Australia (23%), Zona Euro (30%), Argentina (26%) y Brasil (32%).

A su vez, “el crecimiento de la productividad de los factores en algunos sectores de la economía ha sido menor que el aumento de las remuneraciones” y ello “ha sido más intenso en el sector no transable (comercia localmente) que en el transable”.  Pero, ¿por qué Uruguay es caro? “Hay argumentos microeconómicos que tienen un papel relevante en la explicación del fenómeno”, escribió Oddone.

“El primer factor es los mercados donde predominan ambientes de escasa competencia. En ellos suelen comercializarse bienes no transables, muchas veces con esquemas de precios regulados y en los que existen subsidios o transferencias públicas como los combustibles, la energía, las telecomunicaciones, el transporte y la salud”.

En la “producción de combustibles, energía o telecomunicaciones, la naturaleza de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los entes, limitan la posibilidad de que los precios de los servicios reflejen las condiciones de provisión bajo criterios de eficiencia” y esto se “refuerza por la relación asimétrica ‘inversa’ entre regulado y regulador, y por el rol difuso de este último para controlar las condiciones de comercialización”, explicó Oddone.

 

Limitaciones en productividad

En mercados, “como en el transporte o en la salud existen transferencias, subsidios o regulaciones (el corralito mutual, por ejemplo) que están concebidos para preservar la viabilidad económica y financiera de las empresas o entidades prestadoras. Estos esquemas, terminan por limitar los aumentos de productividad por la vía de restringir la entrada y salida de competidores. Además, en la salud y en la educación privada, el conflicto de interés entre el gobierno corporativo de las instituciones, los proveedores y los asalariados es difuso”, afirmó.

A esto, agregó, se suma que “el esquema de negociación colectiva vigente en Uruguay no contempla mecanismos que eviten o, al menos limiten acuerdos salariales que se aparten de las condiciones de eficiencia y que sean fácilmente trasladables a precios. Esto es frecuente en mercados donde la competencia entre agentes es escasa, sobre todo en los que existen definidos subsidios, transferencias o créditos fiscales” como la “salud y la producción de bebida”.

El segundo aspecto es que el “tamaño del mercado interno limita la especialización de los factores, restringe los retornos de la innovación y desestimula la incorporación de tecnología, especialmente en aquellas actividades que no tienen posibilidad de competir en el mercado internacional”. Esto se ve “en los servicios financieros, los servicios profesionales y a las empresas, así como en la salud”, lo que lleva a “un ambiente poco propicio” para que haya “aumentos de la productividad de los factores y mejoras de eficiencia”, indicó Oddone.

El economista, puntualizó que “todo lo anterior no quiere decir que políticas fiscales procíclicas, políticas monetarias con multiplicidad de objetivos o políticas de ingresos que no han logrado terminar con la indexación de precios, no tengan responsabilidad sobre el nivel y trayectoria de los precios de la economía” y añadió que “las distorsiones de precios relativos que afectan la competitividad de Uruguay tienen fundamentos más profundos y que, en todo caso, las políticas macroeconómicas de los últimos años no lograron compensarlos”.

Así que “independientemente de lo que pueda hacerse desde la política macroeconómica, si se quiere atacar el problema de fondo de manera más o menos permanente, se requieren reformas sobre el funcionamiento de ciertos mercados que promuevan más competencia, más transparencia y más eficiencia en la asignación de recursos especialmente en diversas actividades del sector no transable”, afirmó en su blog.

El economista dijo que una de las variables para mejorar la salud macroeconómica es el buen manejo de las empresas públicas. Sostuvo que el esquema de funcionamiento debería integrarse por un Poder Ejecutivo que fije las políticas, un marco regulatorio que vele por condiciones de calidad y precio que estén alineadas a condiciones de eficiencia y un prestador que provea los servicios en base a criterios de eficiencia. “Hoy en Uruguay esos roles están difusos”, concluyó el economista Gabriel Oddone.

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El asesor inmobiliario y especialista del sector Julio Villamide analizó para Del Constructor lo ocurrido en el 2018 y los posibles escenarios para este año. La devaluación del peso argentino, algo inesperado para muchos analistas, impactó en el mercado inmobiliario nacional y aún se perciben las consecuencias. Nuestro otro vecino, Brasil, estrenando nuevo gobierno, no sería un riesgo para Uruguay de fortalecerse el real y de concretar acuerdos extra Mercosur. El asesor inmobiliario también se refirió al retiro de capitales de países emergentes, tal es el caso de Uruguay, hacia países centrales, básicamente a Estados Unidos, y a los esfuerzos que hizo el gobierno uruguayo para atraer nuevos inversores.

 

¿Cómo ha sido a nivel inmobiliario el 2018?

Ha sido un año complicado. Yo lo calificaría como de regular para abajo. Arrancó un poco mejor, pero después con las dificultades argentinas, el mercado prácticamente se paralizó. La crisis cambiaria argentina fue de una magnitud desconocida. El Ministro de Economía argentino llegó a decir que es el primer gobierno de su país que sobrevivió a una devaluación del cien por ciento, porque todos los demás cayeron. No es algo para vanagloriarse, pero lo cierto es que la magnitud de la crisis fue impactante y tuvo efectos sobre el mercado uruguayo. Detuvo la llegada  de inversores, porque los inversores que tienen dólares, cuando se genera esa volatilidad, se quedan quietos a esperar.

El otro día, en una nota de Ámbito Financiero se afirmaba que el 2018 fue el peor año de la historia del mercado inmobiliario argentino. Arrancaron el 2018 muy bien y lo terminaron en el subsuelo en materia de inversiones y de la industria de la construcción. Y eso, obviamente, produjo un efecto negativo en nuestro mercado.  El tenedor de dólares en Uruguay, porque también el dólar acá en menor medida empezó acompañar la devaluación del peso argentino, también tuvo el mismo comportamiento que el inversor argentino: guardarse los dólares. El peor momento para el mercado inmobiliario es cuando se devalúa el peso, el dólar sube y por lo tanto bajan todos los precios de la economía, incluido el de la vivienda.

Entonces, en ese contexto, la gente no tiene ningún apuro en comprar. Es lo que estamos viendo en estos momentos. La gente viene en abril por ejemplo, vuelve en julio, o deja la decisión de compra para el próximo año. Saben que el tiempo juega a su favor. Es todo lo contrario a cuando se dan los procesos donde hay inflación en dólares en el país. Ahí todos los precios -incluidos los salarios y el costo de la construcción, por ejemplo- suben en dólares, al igual que el precio de las propiedades, y el comprador no espera porque pierde. Es otro contexto de otra dinámica. Pero esos son los ciclos.

No podemos tener siempre devaluación en dólares, otros le dicen atraso cambiario, porque si no los productos uruguayos dejan de competir, o somos caros para el turismo. Cada tanto los precios relativos se deben corregir.

 

O sea que el cimbronazo económico argentino afectó nuestro mercado inmobiliario.

Sí, sobre todo como usted dice en el mercado inmobiliario. Yo lo que no esperaba es la crisis que Argentina tuvo. No estaba en nuestros pronósticos en absoluto. Nunca esperamos que fuera una luna de miel del 2017 al 2019 porque Argentina siempre tiene cimbronazos, pero tampoco esperábamos esta crisis.

Sobre todo en un contexto regional en el que parecía que las tasas de interés efectivamente iban a comenzar a subir y que se podía cortar el crédito hacia los emergentes. Uruguay lo previó e hizo admisiones de deuda que no necesitaba el año pasado para cubrir todo los vencimientos, de manera de no tener  que salir al mercado hasta que los mercados vuelvan a normalizarse. De lo contrario, teníamos que pagar tasas muy altas o directamente nos podría pasar como el caso argentino donde, de un día para otro, les dijeron ´no les prestamos más´. Los auxilió el Fondo Monetario, lograron zafar hasta finales de 2019, pero Argentina es vulnerable por su propia macro economía y por un déficit fiscal muy alto. 

Nosotros, repito, no previmos, y creo que ningún analista, argentino incluso, la magnitud de la crisis que atravesaron. Y el mercado inmobiliario uruguayo fue uno de los sectores más afectados por esta situación junto, como lo estamos viendo, con el turismo.

 

 ¿Se puede decir que el año pasado fue uno de los peores para el mercado inmobiliario uruguayo?

No; si uno compara los valores de compraventa le digo que no, porque estamos en el promedio de los últimos veinte años.

Obviamente, muy por debajo de los años buenos que hubo a principio de esta década, pero estamos por encima ligeramente del 2015 y 2016 que fueron años bastantes complicados. O sea que no es un desastre. Lo que sí pasó es que arrancamos bien, al igual que Argentina, y después hubo un párate entre abril y mayo que continúa hasta hoy, donde todos los colegas inmobiliarios dice que la gente demora meses en concretar operaciones.

 

¿El gobierno uruguayo puede, en alguna medida, revertir esta situación a través de inversiones públicas en vivienda?

En inversiones públicas el gobierno ya no tiene margen y los recursos que tiene están asignados, fundamentalmente al cooperativismo que ha sido la gran estrella de la inversión pública de este período de gobierno. Me imagino que van a seguir ejecutando el presupuesto que tienen hasta el fin del mandato. No va a haber una ampliación de presupuesto en un contexto donde se vio que en la Rendición de Cuenta hubo un descenso en las asignaciones a los ministerios. Y el Ministerio de Vivienda no fue uno de los que salió precisamente beneficiado.

No hay inversión pública en vivienda, lo que sí está habiendo y, probablemente, haya en mayor medida en este año es inversión pública en infraestructura, como carreteras y la red vial para trenes de UPM.

 

La pérdida de inversores

¿Usted cree que el gobierno apostó todo a la inversión de UPM y no diversificó en otros inversores?

Yo creo que no fue una decisión, sino lo que el mercado determinó en función de las nuevas coyunturas mundiales. No nos olvidemos que cambió el flujo. Antes venían capitales a países emergentes y ahora se están yendo a los países centrales, básicamente a Estados Unidos, que tienen una economía que está creciendo y demandando, por lo tanto, recursos.

Por lo tanto, no creo que haya sido una decisión del gobierno. Es más, el Ministerio de Economía, particularmente, amplió los beneficios intentando que la caída de la inversión fuera menor, pero la verdad es que había pocas empresas dispuestas a invertir en emergentes.  

 

¿En cuánto se evalúa la pérdida de inversión?

En términos de inversión extranjera, nosotros pasamos de dos mil millones de dólares anuales a negativa en 2017. O sea, se fueron. Eso tuvo un impacto muy grande, pese a los esfuerzos que hizo el gobierno. La aprobación de los beneficios fiscales para mega obras en Punta del Este es un ejemplo de desesperación. No era prioritario, no atiende demandas sociales, pero genera mano de obra, en un momento que el número de trabajadores de la industria de la construcción sigue cayendo.

 

Una interrogante llamada Brasil

¿Y cómo podrá impactar en el sector de la construcción y en el mercado inmobiliario uruguayo las medidas que adopte Brasil y su presidente Bolsonaro?

No sé si su ministro de Economía no es más liberal que sus antecesores. Lo que está planteando Bolsonaro es que Brasil va a tener una política agresiva de acuerdos extra Mercosur. Algo que se nos prohibió expresamente a Uruguay durante la época de Lula, cuando nuestro país planeaba  la posibilidad de hacer un acuerdo con Chile o con otros países de manera independiente y Brasil lo vetaba, de manera grosera en algunas ocasiones. Ellos ahora lo van a poder hacer y Uruguay no lo va a poder vetar. 

Lo que quizás, si ese es el camino, si Brasil concreta esto que estamos hablando, Uruguay pueda  hacer acuerdos que no pudo hacer en su momento, justamente por ese veto. Y como Macri también está en una postura  más aperturista, habrá que ver cómo funciona el Mercosur en sí. 

No tengo tantos temores. Brasil es la economía más protegida de América Latina y una de las cerradas del  mundo. Por lo tanto, si efectivamente Brasil quiere crecer -el mercado interno que fue la gran varita mágica de Lula para crecer a tasas muy altas cuando ascendió socialmente a millones de pobres y, por lo tanto, el consumo interno aumentó- pero eso tiene un techo. 

Me da la sensación que el presidente brasileño va a querer crecer hacia afuera y para eso tiene que bajar aranceles y si quiere crecer hacia el Mercosur también tendrá que pasar de una unión aduanera a una zona de intercambio de productos más libres.

Yo no veo por el lado de las políticas comerciales de Brasil un riesgo, sino por el contrario una posibilidad de que los tres principales países, y sumo a Paraguay que también está en la misma, entren en una modalidad donde digan ´bueno, el mundo se está poniendo proteccionista, salgamos como Mercosur o individualmente, a generar comercio que hoy no tenemos´.

 

¿Y a Uruguay le queda alguna carta a jugar para atraer inversores? 

Está haciendo esfuerzos, lo que pasa que cuando el mundo cambia de sentido, los esfuerzos son muchos más difíciles. Cuando los flujos de los capitales van de los emergentes a los países centrales, pararse un país chiquito y decirles ´hey, no se vayan es muy difícil´. En materia de inversión inmobiliaria, la gran vedette, la que ha salvado los platos, ha sido la vivienda promovida por la ley 18.795, que representa más de la mitad de la viviendas nuevas construidas en Montevideo en los últimos seis años.

Ahí el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, ha jugado en contra y frenó inversores que hubieran invertido si se mantenían las reglas originales. Primero, esas reglas fueron cambiadas en el 2014 y luego, más gravemente, en marzo de 2017. 

El Ministerio de Economía hizo enormes esfuerzos para intentar revertir esa situación y no pudo.  Es claro que hay menos inversiones en esta modalidad y esto se está reflejando en menor cantidad de viviendas terminadas por año. Si no influyó tanto la cantidad de viviendas, fue porque los que pudieron seguir presentando proyectos fueron los más grandes. Por eso, si bien es cierto que la cantidad de viviendas bajó, no fue tanto debido a la cantidad de proyectos de cuatrocientas o doscientas viviendas que ya habían sido aprobados. Esas empresas tienen la espalda financiera como para esperar que un 10% de sus viviendas, cuando estén terminadas, se las ceda al ministerio para que tenga un año para venderlas y si no las vende al cabo de ese período, se las devuelve. Eso tiene un costo financiero enorme que una empresa chica no lo puede bancar.

 

¿Cómo cree que será este 2019, teniendo en cuenta la coyuntura regional y nuestro mercado interno, a lo que se le suma que es año electoral?

Los años electorales nunca son buenos para el mercado inmobiliario, sobre todo por la incertidumbre con respecto a la transición. Me parece que lo que se percibe para la próxima administración, sea del partido que sea, es un gobierno que tenga obligaciones de consensuar mucho más a nivel parlamentario y eso creo que es bueno para el país.

A nivel de la economía local, el país va a volver a crecer, probablemente menos que el año pasado. En lo que respecta específicamente al sector inmobiliario, creo que este año va a ser bastante parecido al 2018, complicado, quizás con los países vecinos jugando menos en contra de nosotros. Ya no digo a favor, pero menos en contra, lo que podría llegar a concretarse en que tengamos un entorno levemente mejor.

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En una extensa entrevista realizada por la periodista Virginia Recagno, publicada en La Diaria, el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Ignacio Otegui, que dejará su cargo en octubre, se refirió a varios temas que hacen el sector.

En la nota se refirió, entre otros temas, a las relaciones laborales dentro del sector, a veces “duras” y “rígidas”. “Con los empleados, con los técnicos y entre los empresarios también. Alguien te contrata para que le produzcas un bien determinado y cuando eso está pronto, ya no te necesita más y no te quiere tener cerca porque en general en los procesos de construcción se dan discusiones, a veces fuertes”.

A modo de balance de su trayectoria al frente de la CCU recordó que una de las experiencias duras que le tocó vivir fue durante el boom de la construcción de 2012.

“El país tenía 5% de desempleo y nosotros 73.000 trabajadores, pero el sector era tierra de nadie. En todo sentido. Un momento difícil para el país, para la industria y para mí porque había 20.000 hombres de otros sectores trabajando sin código alguno. A ningún sector le fue bien, porque todos estábamos atrás de los trabajadores. Sólo los trabajadores se beneficiaron porque acordaron salarios por encima de lo que hubieran hecho en otro momento. La industria hoy, con 30.000 hombres menos trabajando, está mejor de lo que estaba en ese momento”.

 

Inversión

También se refirió a la inversión y un posible escenario a corto plazo. “Este año va a terminar igual. La industria va a seguir planchada y yo con eso igual me quedo conforme, porque, por más que quiera, si no hay inversión, no funciona. Nadie construye para comer o para sí mismo, construye para un tercero”, y agregó que, a su juicio, “se está descuidando la inversión”.

Si bien reconoció que de no primar  la modificación de las exoneraciones a la inversión de los últimos años la industria tendría 15.000 puestos de trabajo menos, consideró que  existe una división del pueblo uruguayo en ese tema.

“Nadie va a decir que está en contra de la inversión, sino de las exoneraciones, y eso es lo mismo que decir que se está en contra de la inversión, a fin de cuentas”, señaló y agregó que “el gobierno no tiene plata” y que “sólo le resta poner más impuestos”, pero afirma que “ahí la economía se asfixia en un año”.

En cuanto a la inversión externa, dijo: “¿Acaso se creen que alguien va a venir a poner plata para pagar impuestos acá? Eso no existe en ningún lugar del mundo, ni siquiera en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, que son los países con los que podemos compararnos. La pelea por la inversión es por el trabajo que genera y por el bien que queda. No es por el impuesto. Eso es de otra época”.

Para Otegui, al sector le aguardan tres años complicados. “El año que viene es electoral y el gobierno quiere hacer cosas; la oposición trata de que no se hagan, el otro –no importa de qué partido– es el primero del nuevo gobierno y está el armado de la Ley de Presupuesto. Además, si UPM comienza la planta, se vienen tres años complejos”.

 

UPM y el ferrocarril

Consultado por la periodista Virginia Recagno sobre la posible construcción de la segunda planta de UPM, señaló que implicará “un gran desafío”, especialmente por los requisitos exigidos por la empresa finlandesa antes de iniciar las obras.

“La construcción del ferrocarril, la ampliación del puerto de Montevideo, las vías de accesibilidad donde se va a instalar la planta y de 80 a 120 puentes que se van a tener que hacer de vuelta porque vienen los trenes. Todo eso está en el contrato firmado entre el gobierno y UPM”. Para Otegui, estos proyectos generarían entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo, una cifra que “mueve la aguja pero no es determinante”, si se toman en cuenta los 43.000 actuales.

No obstante, cree que el primer desafío es la puesta en marcha del ferrocarril tal como lo concibe la empresa finlandesa. “Si no se hace, UPM no va a hacer la planta. Es así”, enfatizó.

 

Una interrogante llamada PPP

Para el presidente de la CCU, los proyectos de Participación Público Privada, conocidas como PPP, son “una suerte de signo de interrogación”. “Son muy difíciles de llevar a cabo, no sólo en Uruguay, sino en el mundo entero. Acá, a dos o tres años de licitadas, las obras no empiezan porque tienen un problema financiero atrás. Cuando vos le decís a un privado ‘yo te voy a pagar por la disponibilidad y el uso, pero no te doy garantía’, el privado te mira y te hace pito catalán, salvo que encuentre mecanismos por los cuales quien invierte tenga alguna certeza de que va a cobrar. Nadie va a hacer nada si no hay una razonable responsabilidad en el pago de las cuentas. Uruguay en eso tiene una vieja tradición que ha sido difícil de armar: cumplir con los compromisos. Ahora, en todos los partidos –en algunos más y en otros menos– hay quien dice que no hay que pagar la deuda externa, y esas son de las cosas que complican a quien pone la plata”.

Las obras viales son otro de los problemas en materia de infraestructura, ya que se pasó de una red vial que “estaba subutilizada” a una que se agotó.

“La carga se multiplicó por cinco y la inversión a lo sumo por dos”, estimó. De las siete obras viales licitadas por PPP, a lo sumo se empezará una el año que viene, mientras que de las cuatro vinculadas a la educación es probable que se empiece una”.

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"El Gobierno ha tomado una serie de medidas para reactivar la inversión y la creación de empleo", destacó el ministro de Economía, Danilo Astori quien indicó el aumento en el monto de los proyectos de inversión promovidos, que totalizan 367 millones de dólares, y la recuperación del índice de volumen físico de la construcción.

Al comparecer en la Comisión Integrada de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Astori informó el crecimiento del monto de los proyectos presentados ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones de los primeros cinco meses del año. Detalló: “Los años anteriores venían registrando una evolución descendente y la medición de enero-mayo de 2018 no solo interrumpe esa evolución, sino que, al mismo tiempo, marca, en millones de dólares en este caso, la iniciación de un proceso de crecimiento de estos proyectos”.

También mencionó la recuperación del índice de volumen físico de la construcción y la recuperación de los recursos que todo el país destina a maquinarias y equipos, desde setiembre de 2017 y hasta marzo de 2018, que definió como “el corazón de la inversión”.

Por su parte, el subsecretario, Pablo Ferreri, repasó que “en 2016, los proyectos presentados alcanzaron los 222 millones de dólares; en 2017, 171 millones de dólares, y en 2018, 367 millones de dólares”.

Destacó además que esto se produjo gracias a los decretos reglamentarios de la Ley de Promoción de Inversiones, que proveen varios estímulos adicionales, particularmente a la creación de empleo. Manifestó: “Si tomamos los primeros cinco meses del año y los comparamos con iguales períodos de 2015, 2016 y 2017, los millones de dólares de inversión han aumentado considerablemente”.

En cuanto a la industria de la construcción, destacó que, durante 2017 y los primeros meses de 2018, se presentaron 60 proyectos de gran dimensión económica que implican una inversión potencial de aproximadamente 1.900 millones de dólares, divididos en partes iguales entre Maldonado, por un lado, y Montevideo y Canelones, por otro.

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En último informe elaborado por el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (CEEIC), realizado en abril, da cuenta que se deteriora  la  percepción  actual  de  la  economía  y  del  sector,  al  tiempo  que  las  expectativas son menos optimistas en relación al informe anterior. Asimismo, los resultados de la consulta señalan que los indicadores de clima desmejoran, tanto para la economía como para el sector y  mejora levemente la utilización de la capacidad instalada actual, aunque empeoran  las expectativas para los próximos meses.

El trabajo realizado por el CEEIC, que tiene como principal objetivo monitorear las expectativas de las empresas del sector respecto  a  las  principales  variables  económicas,  su  capacidad  instalada  y expectativas de crecimiento, recabó la opinión de 71 empresas asociadas a la  Cámara de la Construcción de Uruguay (CCU) y a 10 empresas asociadas a la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU). Del total de empresas contactadas se obtuvo una tasa de respuesta de 35,8% que giró en torno a tres ejes: Expectativas, Capacidad Instalada y Evolución de los costos.

En el primero de ellos, las empresas fueron consultadas sobre su percepción actual y qué expectativas tenían para la economía y el sector de la construcción en particular. La  percepción  actual  es relevada mediante la apreciación  del presente  de la variable de interés como (Buena, Ni buena ni mala, Mala) mientras que las expectativas son recogidas mediante la percepción de la evolución futura respecto al estado actual (Al alza, Igual, A la baja).

“En cuanto a la  percepción actual de la economía, predominan las respuestas neutras (79%), seguidas por  las  respuestas  negativas  (17%)  y  en  último  lugar  las  positivas  (3%),  evidenciándose  una disminución en las respuestas positivas. En cuanto a la percepción actual del sector, los porcentajes se tornan aún más negativos, dado que 52% de respuestas son neutras, 45% son negativas y apenas 3% son respuestas positivas”, señala el informe..

Al ser consultadas sobre expectativas a futuro, también predominaron las visiones  neutras tanto para la economía (76%) como para el sector (72%). En segundo lugar, se observa una mayor prevalencia de expectativas  negativas  para  la  economía  en  su  conjunto  (21%  frente  a  un  3%  de  expectativas positivas) mientras que, en el caso de la percepción sectorial, las expectativas positivas y negativas se encuentran igualadas (14% de las empresas relevadas).

 

Capacidad y expectativa 

En cuanto al segundo punto de la encuesta, capacidad instalada actual y su expectativa sobre el futuro, los resultados  muestran que el 63% de quienes respondieron se encuentran operando por debajo del 70% de su capacidad instalada. Al momento de analizar las expectativas, este valor se ubica en 74%. Estas cifras, respecto al informe anterior del CEEIC, “suponen una variación positiva para la capacidad actual y negativa para la capacidad esperada dado que estas se ubicaron en 68% y 60,7% respectivamente.  Por  lo  tanto,  incluso  cuando  la  capacidad  actual  mejoró  levemente,  las  expectativas  sobre  la misma han empeorado. También se observa que aunque existe un mayor porcentaje de empresas operando  por  encima  del  70%  de  capacidad,  el  porcentaje  de  empresas  que  declaran  operar  a  niveles de 90% o más de capacidad pasó desde 3,5% en febrero a un 0%”, señala el documento.

Consultadas las empresas sobre la probabilidad de expansión de la capacidad instalada en cuanto a maquinaria y personal, los datos recabados arrojaron que 67,9% ve como “muy poco probable o poco probable” la expansión de maquinaria, mientras que, consultadas sobre la contratación de personal, el valor se situó en 79,3%. Lo que demuestra que es más probable para los encuestados adquirir nueva maquinaria, que contratar nuevo trabajadores.

 

Costos y factores 

En materia de la evolución de los costos, el 72% de las empresas encuestadas aguardan que aumenten a la par del IPC, mientras que un 21% cree que serán mayores al mismo y solo un 7% contestó que espera que estos sean menores. Estos porcentajes reflejan las menores expectativas sobre la evolución de costos desde el primer relevamiento realizado por el CEEIC en  octubre de 2015,  ya que el porcentaje de respuestas con expectativas menores o iguales al IPC ha sido el máximo registrado hasta el momento (79,3%).

En cuanto a los principales factores que influyen sobre los costos,  tales como  subcontratos, mano de obra, insumos importados y locales o costos financieros, el 93,1% reportó como principal factor la mano de obra, seguido de los  costos  en  insumos  locales  con  un porcentaje de 6,9%.

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