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En conferencia de prensa, autoridades de la empresa finlandesa señalaron que se ingresó en la tercera fase, fundamental para la concreción de la planta de celulosa.

La papelera finlandesa UPM, que está estudiando invertir en la segunda planta de pasta de celulosa en Uruguay, destacó que tanto la empresa como el país están haciendo un trabajo “muy fuerte” para cumplir con las etapas previstas y concretar la inversión.

Así lo dijo el vicepresidente senior del Proyecto de Desarrollo en Uruguay, Petri Hakanen, en una conferencia donde explicó que se cerró “satisfactoriamente” con la segunda etapa de la segunda fase del proceso del acuerdo de inversión para la instalación de la segunda papelera.

“Estamos ingresando a la fase tres, donde los principales asuntos están relacionados con los aspectos fundamentales del negocio de UPM, la previsibilidad y estabilidad necesarias para poder desarrollar operaciones sostenibles en el largo plazo. Estamos satisfechos con los avances y se ha realizado un trabajo muy fuerte por todas las partes”, sostuvo.

 

Inversiones a largo plazo

En este sentido, el vicepresidente acotó que el negocio de la celulosa está basado “en inversiones de largo plazo” en el entorno de los 30 a 50 años y generan empleo en muchos aspectos ya que permiten el desarrollo regional y de pequeñas y medianas empresas.

“UPM ya está establecido en Uruguay desde hace mucho tiempo, ya con operaciones en funcionamiento ininterrumpido desde hace más de diez años en Fray Bentos”, subrayó Hakaen y agregó que los principales aspectos del país son su estabilidad política y social y su tradición democrática.

Por otra parte, el representante de UPM también señaló la importancia del cumplimiento de los aspectos complementarios a la propia planta como el desarrollo del ferrocarril para el transporte de carga desde el sitio en el que se instalaría la empresa hacia el puerto de Montevideo.

Si bien reconoció ciertos atrasos en el proceso de licitación enfatizó que no están preocupados y que confían en que se puedan cumplir con los plazos establecidos.

“El ferrocarril es fundamental para UPM, la empresa aportaría la carga crítica que es de alrededor del 50% de la capacidad de la carga total, que es de aproximadamente 4,5 millones de toneladas anuales”, afirmó.

Hakaen consideró que, a diez meses de firmar el primer acuerdo, se ha realizado “mucho esfuerzo” para que los trabajos avancen según lo previsto.

Una vez que se concrete la inversión y que el ferrocarril esté en construcción, el representante de UPM manifestó que “alrededor de 30.000 personas en el mundo” se verán impactadas por esto.

La última etapa de la segunda fase está prevista que se cierre en marzo del 2019 y la empresa finlandesa tendrá como plazo máximo el 15 de febrero del 2020 para decidir si efectivamente desea concretar la millonaria inversión en nuestro país.

 

Adjudicación

Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, afirmó que, si todo está en regla, las autoridades dispondrán la adjudicación provisoria con el objetivo de comenzar las obras en enero de 2019. El proceso legal incluye el pasaje por el Tribunal de Cuentas.

“Este es un paso más en el proceso de licitación para la construcción del Ferrocarril Central”, señaló Rossi, en declaraciones a la prensa, luego de la apertura de la oferta económica del grupo Vía Central, integrado por las empresas Saceem, Berkers, Sacyr y NGE, en la sede ministerial. Este consorcio es el único que ha superado las diferentes etapas del proceso licitatorio.

El jerarca adelantó que “en breve se pasará a la evaluación por parte del Comisión Técnica encargada de analizar las ofertas, al tiempo que se harán las consultas con asesores externos” y agregó que “si todo está bien, se hará la adjudicación provisoria para comenzar los trámites correspondientes.

La oferta económica está dentro de los topes previstos”.El secretario de Estado sostuvo además que “los trámites incluyen el pasaje por el Tribunal de Cuentas de la Nación”. Sobre el recurso presentado por la empresa Acciona, descalificada del proceso, informó que “no tiene efectos suspensivos y seguirá por los carriles legales”.

 

Modalidad PPP

El proyecto del Ferrocarril Central tiene una inversión inicial estimada en 825 millones de dólares y se ejecutará mediante la modalidad de participación público-privada (PPP), con un esquema de financiamiento, diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento por parte de un inversor privado durante un plazo de 18 años.

Está previsto que las vías existentes se lleven a un estándar superior, que permita la circulación de trenes de carga a 80 kilómetros por hora y 22,5 toneladas por eje.

La vía férrea abarca una longitud de 273 kilómetros e incluye un tramo de vía doble de 26 kilómetros entre Montevideo y Progreso. También comprende una docena de vías secundarias para cruces de trenes, un tramo de vía para acceso industrial y más de 40 puentes ferroviarios, que se reforzarán o construirán.

El trazado definido incluye el bypass de varios centros poblados y la rectificación de curvas. En la interacción con las tramas urbanas de diferentes ciudades se construirán pasajes a desnivel (ferrocarril soterrado en trinchera) y en los cruces a nivel se colocarán sistemas de barreras con señalización luminosa y efectos sonoros.

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El lunes 10 de setiembre se realizó una conferencia de prensa donde la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, y el presidente de Antel, Andrés Tolosa, anunciaron  la apertura del Antel Arena para  el 12 de noviembre con un espectáculo musical.

En este sentido, Tolosa dijo que la obra de 82 millones de dólares será inaugurada con “un espectáculo musical con la banda de rock No Te Va Gustar, la murga Agarrate Catalina y el dúo Larbanois y Carrero”. También participará la Orquesta Sinfónica Juvenil del Sodre y se coordina la actuación del Ballet Nacional, a lo que se le agregará artistas femeninas a confirmar.

Adelantó que el 17 de noviembre cantará Joan Manuel Serrat y luego habrá dos partidos de la selección uruguaya de básquetbol eliminatorios del mundial, el 10 de noviembre con Estados Unidos y el 2 de diciembre con México. Asimismo, se realizarán las finales de un torneo de básquetbol femenino y masculino de liceos de todo el país junto con la NBA junior.

Agregó que “el proyecto, además de ser un centro de espectáculos que atrae turismo del país y del extranjero, albergará grandes convenciones que impulsarán la hotelería y la gastronomía. El proyecto derrama a todas las industrias”, subrayó.

Por su parte, la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, se refirió a Antel y a las telecomunicaciones.  “La fibra óptica en los hogares, el cable submarino que conecta Uruguay con Estados Unidos (con una inversión de 50 millones de dólares) y el Data Center  construido en Pando, para el almacenamiento y desarrollo de nuevos servicios, es parte de una estrategia de desarrollo de las telecomunicaciones de la mejor calidad para todos los uruguayos”, afirmó la secretaria de Estado. 

Estos  proyectos, sostuvo, son ejemplos de que "es posible ser los mejores”,  y agregó, en referencia al Cilindro, que “se podría haber realizado algún parche, pero se resolvió construir algo de primera categoría para todo el Uruguay. Se puede hacer mejor las cosas o hacer cosas nuevas”.

 

El proceso

Casi cinco años atrás, el 12 de noviembre de 2013, se daba a conocer lo que sería este escenario, un proyecto seleccionado en concurso, que tiene por autores a los arquitectos Pablo Bacchetta, José Flores y Rodrigo Carámbula.

"Se trata de un proyecto con una gran construcción, que contendrá una plaza con fuerte presencia urbana donde el público acceda a la arena. Se configura como un escenario que permite duplicar el evento que se lleva adelante dentro o realizar un evento diferente en él", se sostenía en la descripción del proyecto erigido en el predio en donde estuvo el histórico Cilindro Municipal.

"El edificio será desarrollado para actividades deportivas y culturales. Cuenta con un sistema retráctil de gradas para permitir el armado del escenario y con un sector de maniobras para camiones. La capacidad es para 10.000 personas sentadas, aumentando su capacidad a 15.000 si se ocupa la zona de cancha".

Se  presentaron 73 proyectos y el jurado dio a conocer un tiempo después los cinco que llegaron a ser finalistas y debieron entregar en octubre de ese año un anteproyecto avanzado con definición de tecnologías a aplicarse y materialidad de la construcción. Tras la suspensión que ordenó el presidente Tabaré Vázquez en junio de 2015, las obras se retomaron en enero de 2016, sobre la base de un fideicomiso con la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

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El proyecto de Rendición de Cuentas presentado en el Parlamento señala que en 2017 se invirtieron 92 millones de dólares en infraestructura portuaria. La Administración Nacional de Puertos asignó la mayor parte, 66 millones, a obras en el muelle C y construcción de la draga “21 de Julio”, mientras que la Dirección de Hidrografía utilizó los 26 millones restantes en obras de los puertos de Punta del Este y Piriápolis, entre otros.

En materia de infraestructura portuaria, en 2017 se invirtieron 92 millones de dólares, lo que totaliza una ejecución de casi 400 millones de dólares entre 2015 y 2017, señala el proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal que se encuentra a estudio en el ámbito parlamentario.

En 2017 las inversiones en puertos fueron básicamente realizadas por la Administración Nacional de Puertos (ANP) y la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La autoridad portuaria ejecutó inversiones por 66 millones de dólares, entre las que se destacan las obras relacionadas con la extensión del muelle C del puerto de Montevideo.

Además, el documento menciona la construcción de la draga 21 de Julio, adjudicada a la empresa holandesa Royal IHC, que previó la fabricación de una parte del barco en Europa y de otros componentes en Uruguay. En la actualidad, se encuentra en proceso de ensamblado en instalaciones del Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento de la Armada, en el Cerro de Montevideo. También se incluye, como destino de los recursos, la adquisición de una nueva grúa móvil para contenedores destinada al puerto de Fray Bentos y tareas diversas de dragado.

 

Inversiones

Por su lado, el año pasado Hidrografía invirtió 26 millones de dólares en línea con sus asignaciones presupuestales. Parte de esas inversiones estuvo destinada a obras en los puertos de Punta del Este y Piriápolis. En el primer caso, se destaca la reconstrucción del muelle interior de la escollera y el acondicionamiento de espacios exteriores y edilicios, que mejoran la experiencia de los turistas en embarcaciones.

En el puerto de Piriápolis finalizó la construcción del muelle multipropósito para las embarcaciones comerciales y deportivas y se construyó un nuevo muelle para el apoyo a la pesca artesanal. El texto presentado por el Poder Ejecutivo al Legislativo menciona la finalización de las obras de reconstrucción del muelle para embarcaciones de pasajeros en la dársena de Higueritas, en Nueva Palmira.

Por su parte, en el puerto de La Paloma se construyó el primer tramo de la rampa de botada y varada de embarcaciones, los muros de contención laterales y el refuerzo del muro de atraque para la operativa de grúa.

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"El Gobierno ha tomado una serie de medidas para reactivar la inversión y la creación de empleo", destacó el ministro de Economía, Danilo Astori quien indicó el aumento en el monto de los proyectos de inversión promovidos, que totalizan 367 millones de dólares, y la recuperación del índice de volumen físico de la construcción.

Al comparecer en la Comisión Integrada de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Astori informó el crecimiento del monto de los proyectos presentados ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones de los primeros cinco meses del año. Detalló: “Los años anteriores venían registrando una evolución descendente y la medición de enero-mayo de 2018 no solo interrumpe esa evolución, sino que, al mismo tiempo, marca, en millones de dólares en este caso, la iniciación de un proceso de crecimiento de estos proyectos”.

También mencionó la recuperación del índice de volumen físico de la construcción y la recuperación de los recursos que todo el país destina a maquinarias y equipos, desde setiembre de 2017 y hasta marzo de 2018, que definió como “el corazón de la inversión”.

Por su parte, el subsecretario, Pablo Ferreri, repasó que “en 2016, los proyectos presentados alcanzaron los 222 millones de dólares; en 2017, 171 millones de dólares, y en 2018, 367 millones de dólares”.

Destacó además que esto se produjo gracias a los decretos reglamentarios de la Ley de Promoción de Inversiones, que proveen varios estímulos adicionales, particularmente a la creación de empleo. Manifestó: “Si tomamos los primeros cinco meses del año y los comparamos con iguales períodos de 2015, 2016 y 2017, los millones de dólares de inversión han aumentado considerablemente”.

En cuanto a la industria de la construcción, destacó que, durante 2017 y los primeros meses de 2018, se presentaron 60 proyectos de gran dimensión económica que implican una inversión potencial de aproximadamente 1.900 millones de dólares, divididos en partes iguales entre Maldonado, por un lado, y Montevideo y Canelones, por otro.

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En el marco de una reunión solicitada por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU)a la vicepresidente de la República Lucía Topolansky y al expresidente José Mujica, representantes de la asociación plantearon nuevamente la necesidad de modificar la normativa que regula el régimen de viviendas promovidas para reactivar la inversión.

 

Planteo

En concreto, el planteo de la gremial empresarial fue que si se retorna a la ley original de 2011, (ley 18.7952) se comprometen a impulsar proyectos para la construcción de más de 100.000 metros cuadrados, que implican la generación de unos 4.000 empleos directos.

Como se recordará, en  2011, con el apoyo de todos los partidos políticos se aprobó una ley que otorgaba una serie de beneficios fiscales a los inversores privados buscando promover el acceso a la vivienda (a través de la compra o el alquiler) de los sectores de ingresos medios y medios bajos.

El mercado respondió y se reactivó la construcción en especial en zonas alejadas de la costa, donde solían concentrarse los proyectos inmobiliarios.

Como se recordará, en el 2014 el Ministerio de Vivienda (MVOTMA) impulsó una reglamentación de la ley que topeó el precio del 25% de las unidades construidas dentro del régimen, un cambio que si bien limitaba la rentabilidad imponía “un tope que estaba por encima del costo de construcción y dejaba al promotor vender a quien quiera”, según explicó al diario El País, el consultor y operador inmobiliario Julio Villamide.

La mayor complicación llegó después, a principios de 2017, cuando un nuevo decreto del MVOTMA topeó el precio de arrendamientos a los empresarios que invierten en viviendas para alquilar, si supera los valores fijados por el Ministerio, la exoneración es del 40% y no del 100%,  y además estableció que en determinados proyectos el 10% de las unidades deberán venderse a un precio fijado por la cartera.

Los nuevos topes “están por debajo del costo de construcción y entonces el promotor pierde totalmente”, sostuvo Villamide. Las modificaciones impactaron en el sector, pasando las viviendas promovidas “de 300 o 400 por mes antes a unas 80 por mes este año”, subrayó el consultor y asesor de Appcu.

Según se informa en la web de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), desde 2011 a la fecha se presentaron 703 proyectos para acceder a beneficios, de los cuales 608 fueron promovidos, lo que significó más de 16.600 viviendas construidas.

Las cifras en la web del MVOTMA muestran que mientras en todos los años previos (2012-2016) las unidades edificadas bajo el régimen superaron las 2.000, en 2017 fueron 1.571 y este año van 862.

 

En busca de apoyo 

En este contexto se llegó a la referida reunión, donde los promotores buscaron el apoyo de los dos líderes político del MPP, sector  al que pertenecen la ministra de Vivienda, Eneida De León, y el presidente de la ANV, Francisco Beltrame. “La ministra y Beltrame se oponen porque dicen que los promotores ganan mucho, pero le mostramos a Mujica y Topolansky  que eso no es así. Vieron con buenos ojos nuestro planteo, lo que más le gustó es que el Estado no pone dinero, es todo de los privados”, dijo a El País el secretario ejecutivo de APPCU, Aníbal Durán.

Julio Villamide afirmó que  el Ministerio de Economía y Finanzas “siempre tuvo una postura muy clara a favor de promover inversiones y generar mayor cantidad de estímulos y quitar trabas para concretar proyectos que puedan sumar mano de obra”; pero el MVOTMA ha impulsado “una política mucho más ideologizada, que no ha priorizado la ocupación, ni la recuperación de la actividad ni de los niveles de inversión, sino otras cosas que no sé cuáles son”.

 

Imposición de topes

El asesor inmobiliario agregó que conoce “varios casos (de inversores) que han vendido incluso los terrenos que tenían y otras empresas que se están reorientando hacia la costa” por la imposición de los topes. “Es que limitan la rentabilidad en un momento complicado por las turbulencias del tipo de cambio en Argentina y Uruguay, y hacen que el mercado esté bastante parado”, indicó.

Por su parte, la Cámara Inmobiliaria respalda la posición de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay. “La inversión se ha frenado bastante, no existe prácticamente la vivienda promovida” porque los cambios legales “no fueron atractivos para los promotores y se fueron para otro lado, así de sencillo”, dijo su presidente Wilder Ananikian ante la consulta del diario.

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