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El director de Descentralización, Pedro Apezteguía, señaló que a setiembre pasado, las transferencias del gobierno nacional a intendencias y municipios departamentales alcanzaron los 3.000 millones de pesos, durante su participación en la reunión mensual de la Comisión Sectorial en Lavalleja, que aprobó obras de infraestructura urbana por 580 millones de pesos para 11 departamentos y 250 millones en la caminería rural de otros nueve.

La reunión de la Comisión Sectorial de Descentralización, desarrollada este jueves 27 en José Pedro Varela, departamento de Lavalleja, coincidió con los festejos de los 100 años de la localidad, que desarrolla una agenda cultural y de gestión ambiental promovida con fondos aprobados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Ese ámbito está integrado, además de por OPP y las intendencias, por los ministerios de Transporte, Vivienda, Industria y Economía. Los gobiernos departamentales presentan allí sus proyectos para que sean ejecutados con aportes del gobierno central que, en el caso del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), alcanzan el 85% y, en el caso del programa de caminería rural, el 70%, indicó Apezteguía.

 

Inversiones

Entre los proyectos aprobados en la última sesión, el director de Descentralización e Inversión Pública de OPP destacó la inversión de unos 100 millones de pesos para el tratamiento integral de barrios en la localidad de Vergara y el proyecto para la construcción de un centro de alojamiento para usuarios del hospital de Artigas por más de 13 millones de pesos.

La inversión aprobada en obras correspondientes al FDI totaliza unos 580 millones de pesos, mientras que la destinada a caminería rural es de unos 250 millones de pesos. El total de transferencias de la OPP a los gobiernos subnacionales entre enero y setiembre de este año fue de 3.000 millones de pesos, según información proporcionada por el organismo.

El jerarca explicó que los proyectos aprobados completan la etapa de obras por ejecutar en 2019.

“La descentralización, que no es otra cosa que hacer que los uruguayos, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades y servicios, se concreta con obras que mejoran la calidad de vida”, enfatizó.

Por su parte, el director de OPP, Álvaro García, expresó que esto es posible gracias al acuerdo logrado al inicio de cada período entre los diferentes niveles de gobierno y luego ratificado por el Parlamento en el presupuesto nacional.

“Permite a los gobiernos departamentales tener la tranquilidad de contar con los fondos para cumplir con sus objetivos”, añadió el jerarca.

García concurrió a la localidad de José Pedro Varela para presentar en el plenario del Congreso de Intendentes el proyecto de ley modificativo de la ley de descentralización enviado por el Ejecutivo al Parlamento para su aprobación.

 

Inversión vial

Por su parte, luego de dos años de trabajo, que demandaron una inversión de 15,7 millones de dólares, el ministro  de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi inauguró las obras en las rutas Nº 11 y Nº 81. Las obras comprenden tramos reconstruidos, mejoras del pavimento y ensanche, nuevas rotondas y empalmes, además de dársenas para ómnibus e iluminación y refacciones al puente sobre el río Santa Lucía, finalizado en el gobierno anterior. La obra consistió en la construcción de una ruta de calzada simple en pavimento de hormigón. Además, se reconstruyeron las dársenas para detención de ómnibus y nuevos refugios, la señalización vertical y horizontal en todo el tramo, así como de la iluminación en los empalmes.

El titular del MTOP resaltó  que “la obra es de suma importancia, dado que ambas rutas forman parte de un corredor vial que une el oeste del país con el sur y el este, caracterizado por la alta circulación de transporte de carga pesada”.

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En conferencia de prensa, autoridades de la empresa finlandesa señalaron que se ingresó en la tercera fase, fundamental para la concreción de la planta de celulosa.

La papelera finlandesa UPM, que está estudiando invertir en la segunda planta de pasta de celulosa en Uruguay, destacó que tanto la empresa como el país están haciendo un trabajo “muy fuerte” para cumplir con las etapas previstas y concretar la inversión.

Así lo dijo el vicepresidente senior del Proyecto de Desarrollo en Uruguay, Petri Hakanen, en una conferencia donde explicó que se cerró “satisfactoriamente” con la segunda etapa de la segunda fase del proceso del acuerdo de inversión para la instalación de la segunda papelera.

“Estamos ingresando a la fase tres, donde los principales asuntos están relacionados con los aspectos fundamentales del negocio de UPM, la previsibilidad y estabilidad necesarias para poder desarrollar operaciones sostenibles en el largo plazo. Estamos satisfechos con los avances y se ha realizado un trabajo muy fuerte por todas las partes”, sostuvo.

 

Inversiones a largo plazo 

En este sentido, el vicepresidente acotó que el negocio de la celulosa está basado “en inversiones de largo plazo” en el entorno de los 30 a 50 años y generan empleo en muchos aspectos ya que permiten el desarrollo regional y de pequeñas y medianas empresas.

“UPM ya está establecido en Uruguay desde hace mucho tiempo, ya con operaciones en funcionamiento ininterrumpido desde hace más de diez años en Fray Bentos”, subrayó Hakaen y agregó que los principales aspectos del país son su estabilidad política y social y su tradición democrática.

Por otra parte, el representante de UPM también señaló la importancia del cumplimiento de los aspectos complementarios a la propia planta como el desarrollo del ferrocarril para el transporte de carga desde el sitio en el que se instalaría la empresa hacia el puerto de Montevideo.

Si bien reconoció ciertos atrasos en el proceso de licitación enfatizó que no están preocupados y que confían en que se puedan cumplir con los plazos establecidos.

“El ferrocarril es fundamental para UPM, la empresa aportaría la carga crítica que es de alrededor del 50% de la capacidad de la carga total, que es de aproximadamente 4,5 millones de toneladas anuales”, afirmó.

Hakaen consideró que, a diez meses de firmar el primer acuerdo, se ha realizado “mucho esfuerzo” para que los trabajos avancen según lo previsto.

Una vez que se concrete la inversión y que el ferrocarril esté en construcción, el representante de UPM manifestó que “alrededor de 30.000 personas en el mundo” se verán impactadas por esto.

La última etapa de la segunda fase está prevista que se cierre en marzo del 2019 y la empresa finlandesa tendrá como plazo máximo el 15 de febrero del 2020 para decidir si efectivamente desea concretar la millonaria inversión en nuestro país.

 

Adjudicación

Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, afirmó que, si todo está en regla, las autoridades dispondrán la adjudicación provisoria con el objetivo de comenzar las obras en enero de 2019. El proceso legal incluye el pasaje por el Tribunal de Cuentas.

“Este es un paso más en el proceso de licitación para la construcción del Ferrocarril Central”, señaló Rossi, en declaraciones a la prensa, luego de la apertura de la oferta económica del grupo Vía Central, integrado por las empresas Saceem, Berkers, Sacyr y NGE, en la sede ministerial. Este consorcio es el único que ha superado las diferentes etapas del proceso licitatorio.

El jerarca adelantó que “en breve se pasará a la evaluación por parte del Comisión Técnica encargada de analizar las ofertas, al tiempo que se harán las consultas con asesores externos” y agregó que “si todo está bien, se hará la adjudicación provisoria para comenzar los trámites correspondientes.

La oferta económica está dentro de los topes previstos”.El secretario de Estado sostuvo además que “los trámites incluyen el pasaje por el Tribunal de Cuentas de la Nación”. Sobre el recurso presentado por la empresa Acciona, descalificada del proceso, informó que “no tiene efectos suspensivos y seguirá por los carriles legales”.

 

Modalidad PPP

El proyecto del Ferrocarril Central tiene una inversión inicial estimada en 825 millones de dólares y se ejecutará mediante la modalidad de participación público-privada (PPP), con un esquema de financiamiento, diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento por parte de un inversor privado durante un plazo de 18 años.

Está previsto que las vías existentes se lleven a un estándar superior, que permita la circulación de trenes de carga a 80 kilómetros por hora y 22,5 toneladas por eje.

La vía férrea abarca una longitud de 273 kilómetros e incluye un tramo de vía doble de 26 kilómetros entre Montevideo y Progreso. También comprende una docena de vías secundarias para cruces de trenes, un tramo de vía para acceso industrial y más de 40 puentes ferroviarios, que se reforzarán o construirán.

El trazado definido incluye el bypass de varios centros poblados y la rectificación de curvas. En la interacción con las tramas urbanas de diferentes ciudades se construirán pasajes a desnivel (ferrocarril soterrado en trinchera) y en los cruces a nivel se colocarán sistemas de barreras con señalización luminosa y efectos sonoros.

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En una extensa entrevista realizada por la periodista Virginia Recagno, publicada en La Diaria, el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Ignacio Otegui, que dejará su cargo en octubre, se refirió a varios temas que hacen el sector.

En la nota se refirió, entre otros temas, a las relaciones laborales dentro del sector, a veces “duras” y “rígidas”. “Con los empleados, con los técnicos y entre los empresarios también. Alguien te contrata para que le produzcas un bien determinado y cuando eso está pronto, ya no te necesita más y no te quiere tener cerca porque en general en los procesos de construcción se dan discusiones, a veces fuertes”.

A modo de balance de su trayectoria al frente de la CCU recordó que una de las experiencias duras que le tocó vivir fue durante el boom de la construcción de 2012.

“El país tenía 5% de desempleo y nosotros 73.000 trabajadores, pero el sector era tierra de nadie. En todo sentido. Un momento difícil para el país, para la industria y para mí porque había 20.000 hombres de otros sectores trabajando sin código alguno. A ningún sector le fue bien, porque todos estábamos atrás de los trabajadores. Sólo los trabajadores se beneficiaron porque acordaron salarios por encima de lo que hubieran hecho en otro momento. La industria hoy, con 30.000 hombres menos trabajando, está mejor de lo que estaba en ese momento”.

 

Inversión 

También se refirió a la inversión y un posible escenario a corto plazo. “Este año va a terminar igual. La industria va a seguir planchada y yo con eso igual me quedo conforme, porque, por más que quiera, si no hay inversión, no funciona. Nadie construye para comer o para sí mismo, construye para un tercero”, y agregó que, a su juicio, “se está descuidando la inversión”.

Si bien reconoció que de no primar  la modificación de las exoneraciones a la inversión de los últimos años la industria tendría 15.000 puestos de trabajo menos, consideró que  existe una división del pueblo uruguayo en ese tema.

“Nadie va a decir que está en contra de la inversión, sino de las exoneraciones, y eso es lo mismo que decir que se está en contra de la inversión, a fin de cuentas”, señaló y agregó que “el gobierno no tiene plata” y que “sólo le resta poner más impuestos”, pero afirma que “ahí la economía se asfixia en un año”.

En cuanto a la inversión externa, dijo: “¿Acaso se creen que alguien va a venir a poner plata para pagar impuestos acá? Eso no existe en ningún lugar del mundo, ni siquiera en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, que son los países con los que podemos compararnos. La pelea por la inversión es por el trabajo que genera y por el bien que queda. No es por el impuesto. Eso es de otra época”.

Para Otegui, al sector le aguardan tres años complicados. “El año que viene es electoral y el gobierno quiere hacer cosas; la oposición trata de que no se hagan, el otro –no importa de qué partido– es el primero del nuevo gobierno y está el armado de la Ley de Presupuesto. Además, si UPM comienza la planta, se vienen tres años complejos”.

 

UPM y el ferrocarril

Consultado por la periodista Virginia Recagno sobre la posible construcción de la segunda planta de UPM, señaló que implicará “un gran desafío”, especialmente por los requisitos exigidos por la empresa finlandesa antes de iniciar las obras.

“La construcción del ferrocarril, la ampliación del puerto de Montevideo, las vías de accesibilidad donde se va a instalar la planta y de 80 a 120 puentes que se van a tener que hacer de vuelta porque vienen los trenes. Todo eso está en el contrato firmado entre el gobierno y UPM”. Para Otegui, estos proyectos generarían entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo, una cifra que “mueve la aguja pero no es determinante”, si se toman en cuenta los 43.000 actuales.

No obstante, cree que el primer desafío es la puesta en marcha del ferrocarril tal como lo concibe la empresa finlandesa. “Si no se hace, UPM no va a hacer la planta. Es así”, enfatizó.

 

Una interrogante llamada PPP

Para el presidente de la CCU, los proyectos de Participación Público Privada, conocidas como PPP, son “una suerte de signo de interrogación”. “Son muy difíciles de llevar a cabo, no sólo en Uruguay, sino en el mundo entero. Acá, a dos o tres años de licitadas, las obras no empiezan porque tienen un problema financiero atrás. Cuando vos le decís a un privado ‘yo te voy a pagar por la disponibilidad y el uso, pero no te doy garantía’, el privado te mira y te hace pito catalán, salvo que encuentre mecanismos por los cuales quien invierte tenga alguna certeza de que va a cobrar. Nadie va a hacer nada si no hay una razonable responsabilidad en el pago de las cuentas. Uruguay en eso tiene una vieja tradición que ha sido difícil de armar: cumplir con los compromisos. Ahora, en todos los partidos –en algunos más y en otros menos– hay quien dice que no hay que pagar la deuda externa, y esas son de las cosas que complican a quien pone la plata”.

Las obras viales son otro de los problemas en materia de infraestructura, ya que se pasó de una red vial que “estaba subutilizada” a una que se agotó.

“La carga se multiplicó por cinco y la inversión a lo sumo por dos”, estimó. De las siete obras viales licitadas por PPP, a lo sumo se empezará una el año que viene, mientras que de las cuatro vinculadas a la educación es probable que se empiece una”.

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"El Gobierno ha tomado una serie de medidas para reactivar la inversión y la creación de empleo", destacó el ministro de Economía, Danilo Astori quien indicó el aumento en el monto de los proyectos de inversión promovidos, que totalizan 367 millones de dólares, y la recuperación del índice de volumen físico de la construcción.

Al comparecer en la Comisión Integrada de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Astori informó el crecimiento del monto de los proyectos presentados ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones de los primeros cinco meses del año. Detalló: “Los años anteriores venían registrando una evolución descendente y la medición de enero-mayo de 2018 no solo interrumpe esa evolución, sino que, al mismo tiempo, marca, en millones de dólares en este caso, la iniciación de un proceso de crecimiento de estos proyectos”.

También mencionó la recuperación del índice de volumen físico de la construcción y la recuperación de los recursos que todo el país destina a maquinarias y equipos, desde setiembre de 2017 y hasta marzo de 2018, que definió como “el corazón de la inversión”.

Por su parte, el subsecretario, Pablo Ferreri, repasó que “en 2016, los proyectos presentados alcanzaron los 222 millones de dólares; en 2017, 171 millones de dólares, y en 2018, 367 millones de dólares”.

Destacó además que esto se produjo gracias a los decretos reglamentarios de la Ley de Promoción de Inversiones, que proveen varios estímulos adicionales, particularmente a la creación de empleo. Manifestó: “Si tomamos los primeros cinco meses del año y los comparamos con iguales períodos de 2015, 2016 y 2017, los millones de dólares de inversión han aumentado considerablemente”.

En cuanto a la industria de la construcción, destacó que, durante 2017 y los primeros meses de 2018, se presentaron 60 proyectos de gran dimensión económica que implican una inversión potencial de aproximadamente 1.900 millones de dólares, divididos en partes iguales entre Maldonado, por un lado, y Montevideo y Canelones, por otro.

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Se inauguró el puente ubicado en el kilómetro 127 de la ruta 1, sobre el río Rosario, en Colonia, que requirió una inversión de 12 millones de dólares. La información fue brindada por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, recordó varios trabajos que mejoraron la infraestructura afectada por el crecimiento productivo de esa zona, como la doble vía en Ecilda Paullier y un puente sobre el Riachuelo, en la misma carretera.

Rossi subrayó a la prensa que esta obra forma parte del programa de fortalecimiento de la ruta 1. En ese sentido, mencionó la inauguración de la doble vía en Ecilda Paullier, departamento de Colonia, y la próxima construcción de un doble puente sobre el Riachuelo.

En la oportunidad, recordó que hace un año visitó la zona, durante el inicio de la obra. Mencionó que, si bien estos trabajos no estaban en los planes originales de la cartera de Estado, las consecuencias de la inundación de abril de 2016 sobre la vía obligaron a incorporarlos, por lo que se comenzó a trabajar en ese aspecto.

En relación con el puente inaugurado, el jerarca agradeció a los actores locales que aportaron insumos al estudio hidráulico del movimiento de las aguas de toda la cuenca. “Por eso, es más amplio y más alto. Esperemos que con eso y algún cruce de caño adicional se pueda manejar bastante bien el volumen de agua que la naturaleza nos tira.

Creemos que el puente está diseñado para tener una mayor capacidad de drenaje que la que tenía el anterior”, concluyó.

“Logramos dar respuesta a una infraestructura vial que tiene dificultades, porque ha crecido la producción y la actividad económica, se ha multiplicado la carga del país y las rutas que existían ya no dan respuesta a las exigencias de hoy, no soportan la cantidad de camiones ni los volúmenes que transportan cada una de esas unidades”, enfatizó el ministro de Transporte y Obras Públicas.

"Seguiremos avanzando como vamos, mejorando poco a poco las distintas rutas del país, como, por ejemplo, la ruta 2, que hacía 30 o 35 años que no recibía atención”, dijo.

Para el ministro, en el próximo período de gobierno se deberá proseguir con el esfuerzo por levantar la calidad de la infraestructura vial.

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