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El Ministerio de Vivienda (MVOTMA) salió al cruce de los promotores privados de la construcción por los proyectos de vivienda promovida y justificó los topes de precio que impuso al decir que “tampoco es la revolución urbana”.

La Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU) planteó que se ha frenado la presentación de nuevos proyectos para construir viviendas promovidas (reciben una exoneración de impuestos para favorecer la inversión) y que eso ocurre porque los números “son muy finitos” y el tope impuesto el año pasado para la comercialización de una de cada 10 viviendas, “troncha” los emprendimientos. En la comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de Diputados, el MVOTMA salió al cruce de esas afirmaciones.

“Solamente en los tres años del actual período de gobierno se promovieron 6.330 viviendas. La meta del plan quinquenal era 6.000. Es decir que ya en el año 2017 superamos la meta prevista en el plan quinquenal y la vamos a superar con creces. Ya en el año 2018 tenemos ingresadas aproximadamente 900 viviendas hasta inicios de julio y nos queda otro semestre y todo el año próximo”, dijo el director Nacional de Vivienda, Salvador Schelotto.

“El sector privado sigue interesado en esto; no es cierto que se haya inviabilizado el negocio, sino que sigue siendo tan rentable como siempre y los operadores privados siempre van a reclamar mejores condiciones, lo cual está dentro de las reglas de juego”, agregó al quitar trascendencia al reclamo de la APPCU.

La ministra de Vivienda, Eneida de León dijo en la comisión que “ha habido mucho ruido” y se dice que “la posible baja en la inversión en las viviendas promovidas se debe a la reglamentación que nosotros hicimos”.

En ese sentido, De León justificó los topes en que “vimos que indudablemente los precios de las viviendas no solo no estaban llegando a los sectores medios y bajos, como decía la ley, sino a los medios. Es decir que todos estos proyectos llegaban a los deciles ocho y nueve (parte del 30% de la población de mayores ingresos)”.

“Lo que nosotros hicimos, sin tocar el negocio total de las viviendas promovidas y poniendo como ejemplo cualquier edificio que se haga, fue quitar el tope del 100% del interior y bajar el de Montevideo del 25% al 10%, porque el negocio total al promotor le quedó igual”, agregó.

 

Viviendas promovidas

En 2014 el Ministerio de Vivienda topeó el precio del 25% de las unidades construidas dentro del régimen, pero a un valor que estaba por encima del costo de construcción y dejaba al promotor vender a quien quiera. En 2017 el nuevo decreto al que refería la ministra, topeó el precio de arrendamientos a los empresarios que invierten en viviendas para alquilar, si supera los valores fijados por el MVOTMA, la exoneración es del 40% y no del 100%, y además estableció que en determinados proyectos el 10% de las unidades deberán venderse a un precio fijado por la cartera. Los nuevos topes “están por debajo del costo de construcción y entonces el promotor pierde totalmente”, dijo Julio Villamide, asesor de APPCU, al diario El País.

“El Ministerio, en la reglamentación, toma ese 10% y en vez de venderlo a US$ 100.000 dice: Este es un negocio tuyo, lo vendes a US$ 100.000, US$ 120.000 o US$ 150.000, pero el límite es este y si se alquila, el límite es este. ¿Para qué? Para llegar a algunos deciles más abajo. Tampoco es la revolución urbana”, respondió De León.

“Nos quedamos con ese 10% solo durante seis meses. Si no hay interesados dentro de los deciles que nosotros queremos promocionar, se devuelve al inversor la totalidad. La construcción es una industria que tiene sus ciclos. Los inversores están pensando en terminar y vender algo”, añadió la ministra.

Según De León “venimos en una baja y se ve que estamos en un momento donde se perdieron puestos de trabajo en la construcción, que se perdió inversión y la solución, en estos casos, es la inversión pública porque los privados no lo van a hacer por más exoneraciones que haya”.

Del lado de los promotores privados la visión es otra. En la reunión que los directivos de APPCU mantuvieron con Mujica y Topolansky se comprometieron a invertir si se dejan sin efecto los decretos que topean el precio de las viviendas. De hecho, se ofrecen a impulsar proyectos para la construcción de más de 100.000 metros cuadrados, que implican la generación de unos 4.000 empleos directos en el sector. “Los números son bien finitos aunque al MVOTMA y a la Agencia Nacional de Vivienda les cueste advertirlo”, indicó en una carta el secretario ejecutivo de la APPCU, Aníbal Durán.

Según la ministra, la construcción de viviendas “bajó, pero no tanto porque sigue siendo un buen negocio mantener funcionando las empresas constructoras. Estamos alcanzando a los de menor poder adquisitivo, especialmente a aquellos que pueden pagar una cuota, y nosotros ayudamos”.

 

La mano de obra en sector

Según la Cámara de la Construcción (CCU), la cantidad de trabajadores directos de obra en esta industria ascendió a 43.755 en mayo, 400 trabajadores por encima del mes anterior pero casi 2.200 trabajadores por debajo de mayo de 2017. El director de Vivienda, Salvador Schelotto cuestionó que “se habla de una pérdida de 40.000 puestos de trabajo en la industria de la construcción, medida en relación al pico histórico más alto de ocupación de la industria de la construcción en el país, que se dio en los años 2013 y 2014. Es irreal pensar que a través de la promoción de construcción de vivienda en estas condiciones, con beneficios fiscales, se pueda compensar esa pérdidas; se va a compensar con el conjunto y el despliegue de la inversión pública y privada, tanto en vivienda como en proyectos de infraestructura”.

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El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Plan de Mejoramiento de Barrios entregaron 19 viviendas en la rambla del arroyo Pantanoso entre Lanús y calle 1, hecho que completó otra etapa de los 127 realojos previstos en El Apero, Nuevo Colón y 8 de Mayo. Entre la construcción de casas, saneamiento, agua potable, energía eléctrica y vialidad se invirtieron 270 millones de pesos.

Con respecto a la modalidad de financiamiento de los 270 millones de pesos, Cecilia Cairo, responsable del Plan de Mejoramiento de Barrios, dijo que esa dirección aportó una parte de los dineros que se utilizaron en infraestructura; hizo lo propio la Dirección Nacional de Vivienda y también la Intendencia de Montevideo.

El proyecto determinó el realojo de 127 familias por motivos de inundabilidad, instalación de torres de alta tensión y amanzanamiento. En tal sentido, ya fueron realojadas 101 familias, 86 a viviendas nuevas construidas en la zona, 12 a viviendas usadas adquiridas y tres que se mudaron a otros barrios; otras siete viviendas están en construcción y se entregarán este año; hasta el momento el 99 % de estas obras ya fue ejecutado.

Cairo destacó que a los 127 realojos hay que agregarle todas las obras de infraestructura en los asentamientos El Apero, 8 de Mayo y Nuevo Colón que se ubican en la periferia noreste de Montevideo, sobre las márgenes del arroyo Pantanoso y al sur de avenida Lezica, como pluviales, alumbrados, calles, saneamiento, infraestructura con la que los vecinos recuperaron una zona que se integra con plenitud al Municipio G de la capital del país.El Plan de Mejoramiento de Barrios comenzó los trabajos de realojos en esta zona en 2014 y este año finalizarán las obras en El Apero y Nuevo Colón. Con su finalización, las familias del barrio pagarán contribución inmobiliaria y todos los impuestos, así como luz, agua o teléfono, con lo que pasan a ser parte de la ciudad donde durante un tiempo fueron invisibles, afirmó Cairo.

En corto y mediano plazo, el Plan de Mejoramiento de Barrios proyecta más acciones en Montevideo, sobre todo en la zona oeste, en los barrios Cerro, La Teja y Nuevo París. También se harán realojos en Canelones, Salto, Artigas y en otros departamentos, intervención que llegará a más de 9.000 familias.

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De León explicó que las 48.770 soluciones previstas en el Plan Quinquenal de Vivienda 2015-2019 son las que involucran en forma directa al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente e incluyen al Plan de Mejoramiento de Barrios (PMB) y el Plan Juntos, que en este período quedaron bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) de esa cartera.

De las 48.770 soluciones habitacionales, 23.500 son nuevas, entre obras de cooperativas, construcción de viviendas, viviendas del Banco de Previsión Social (BPS), autoconstrucción asistida, viviendas en pequeñas localidades, préstamos y subsidios para adquisición de vivienda y relocalizaciones, según explicó la ministra de Vivienda Eneida de León. “Hemos trabajado en forma intensa en todo Uruguay y en este momento tenemos en proceso de realización más de 40.000 soluciones habitacionales, sobre una meta que establece el Plan Quinquenal de más de 47.000”, explicó la jerarca acerca de las nuevas soluciones habitacionales, las acciones sobre el stock, los contratos de garantía de alquiler y el Programa de Mejoramiento de Barrios.

De León explicó que las 48.770 soluciones previstas en el Plan Quinquenal de Vivienda 2015-2019 son las que involucran en forma directa al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente e incluyen al Plan de Mejoramiento de Barrios (PMB) y el Plan Juntos, que en este período quedaron bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) de esa cartera.

Las 48.770 soluciones previstas también comprenden las acciones sobre el stock, que son 15.700, entre préstamos y subsidios para refacción, mejora y ampliación, mejora habitacional de hogares de extrema vulnerabilidad a través del Plan Juntos, viviendas del BPS, y en pequeñas localidades, además de 6.000 contratos de garantía de alquiler y 3.570 soluciones habitacionales realizadas a través del Programa de Mejoramiento de Barrios.

“En el marco del Plan Quinquenal de Vivienda estamos comprometidos con lo que es un objetivo central del Ministerio, el acceso y permanencia a una vivienda digna y para ello avanzamos en diferentes aspectos tales como la construcción de vivienda nueva, la política de alquileres y la política de subsidios que asegure la posibilidad de que cada familia permanezca en su vivienda sin ser afectada por su situación económica. Para ello nuestro gobierno ha elevado un proyecto de ley al parlamento que ya tiene media sanción”, expresó de León.

Y agregó que se está abordando en profundidad el tema del acceso al suelo urbano para fines habitacionales, en tanto se trata de un elemento clave para el desarrollo de las políticas públicas con el objetivo de facilitar el derecho a la vivienda y a un hábitat digno. “Esta iniciativa favorecerá a aquellas familias y grupos que están trabajando para construir sus viviendas, en primer lugar al cooperativismo de vivienda, que es uno de los orgullos de nuestro país”, sostuvo la jerarca.

 

ANV y BHU

Asimismo, está previsto totalizar 39.000 soluciones habitacionales más, mediante créditos concedidos por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y acciones de la Agencia Nacional de Vivienda, a través de refacción y comercialización de viviendas libres, refacción y comercialización de esqueletos de edificios, préstamos para refacción, reestructura de deudas y regularización, escrituras de cancelación y viviendas en proyectos promovidos a través de la ley 18795.

De León precisó que se trabaja a buen ritmo y que este es el último impulso antes de llegar a la próxima rendición de cuentas. Precisó que el Sistema Público de Vivienda espera llegar en 2019 a lo pautado en el presupuesto, en el marco del Plan Quinquenal de Vivienda, que establece la implementación de un total de 88.000 soluciones habitacionales.

El Sistema Público de Vivienda está encabezado por el Ministerio de Vivienda a través de la Dirección Nacional de Vivienda, el Programa de Mejoramiento de Barrios, el Plan Juntos y organismos como la Agencia Nacional de Vivienda, la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR) y el Banco Hipotecario del Uruguay.

 

Entrega de apartamentos

En otro orden, Ministerio de Vivienda, junto al Banco de Previsión Social entregaron 28 apartamentos en la ciudad de Minas. “El trabajo conjunto del Ministerio de Vivienda, el Banco de Previsión Social y la ONAJPU permitió brindar soluciones habitacionales a 10.000 personas en el país con la construcción de viviendas, subsidios de alquiler y soluciones cupo-cama”, dijo la directora del BPS, Rosario Oiz. Ambos organismos entregaron 28 apartamentos a jubilados y pensionistas que viven en Minas, departamento de Lavalleja.

Oiz destacó que la entrega de llaves de los 28 apartamentos de un dormitorio, cuatro para personas con discapacidad, que integran el edificio Arequita, ubicado en la calle Olegaria Núñez esquina Juan Marmolejo, en Minas, son parte de las 140 soluciones habitacionales en ocho complejos que el Banco de Previsión Social (BPS) y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente han desarrollado en el departamento de Lavalleja.

La edificación cuenta con ascensor, portero eléctrico, salón de usos múltiples y áreas verdes. Las residencias fueron construidas por el Ministerio de Vivienda y se entregan en comodato a jubilados y pensionistas del BPS con residencia permanente en el país cuyos ingresos no superen las 12 unidades reajustables (UR), unos 12.252 pesos. Los aspirantes a acceder a una vivienda deben inscribirse al Programa de Soluciones Habitacionales del BPS, en las oficinas que el organismo tiene en todo el país.

Oiz señaló además que “todas las viviendas del Banco de Previsión Social están habitadas y en condiciones de ser habitadas” al referirse a los cuidados de calidad de construcción y de reacondicionamiento constante de las viviendas existentes en distintas partes del territorio nacional.

Por su parte, el director nacional de Vivienda, Salvador Schelotto, dijo que la entrega de las 28 llaves de los nuevos apartamentos que serán estrenados por jubilados y pensionistas, lo que constituye un derecho que se hace efectivo tras el trabajo del Estado con las empresas constructoras en la edificación de soluciones habitacionales dignas en el marco de una política de construcción de ciudadanía.

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La titular de la cartera de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Eneida de León, afirmó que  “el gobierno espera superar la meta de 10.000 viviendas cooperativas en el quinquenio”, al tiempo que detalló que hay 6.500 unidades en obras en 170 cooperativas, 60 % de las cuales están en el interior del país.

Además, informó que se adjudicaron 80 viviendas para pasivos en Montevideo y otras 30 en Fray Bentos para trabajadores, y que se entregaron viviendas a familias que fueron afectadas por inundaciones en Artigas, Salto y Paysandú.

“Hay 900 realojos en todo el país con más de 80 intervenciones por año del Plan de Mejoramiento de Barrios, que realiza infraestructura en los barrios más carenciados”, apuntó la ministra.

Destacó que para el 2018 habrá 40 proyectos para más de 1.000 viviendas nuevas, de las cuales 30 son para población en general y 10 para pasivos. En otro tramo de la conferencia, sostuvo que en el sector privado hay 6.500 viviendas promovidas terminadas, 4.500 en obra y 5.000 cuya construcción va a comenzar. Añadió que en la actualidad son 600 las obras por el sistema de autoconstrucción. También detalló que hay más de 10.000 contratos de alquiler garantizados por el ministerio.

En otro orden, de León indicó que la cartera bajo su responsabilidad trabaja para finalizar el proyecto de ley para inmuebles abandonados, que está basado en los anteriormente presentados y “busca instalar familias en la ciudad consolidada con servicios e infraestructura adecuada”. Al respecto explicó que “debe definirse la doble situación de abandono y que el bien afecte la calle y el barrio para que sea posible intervenir con una actuación judicial rápida”.

Por su parte, la Comisión Pro Erradicación de la Vivienda Rural (MEVIR) y el Instituto de Colonización (INC) acordaron construir viviendas e infraestructura por 160 millones de pesos, según se anunció desde Presidencia de la República (www.presidencia.gub.uy). En este sentido, la presidenta de Mevir, Cecilia Bianco, y su par del Instituto Nacional de Colonización (INC), Jacqueline Gómez, firmaron un convenio marco de cooperación por el que se invertirán 160.000 unidades reajustables (UR) para construir viviendas, salas de ordeñe y galpones, así como mejorar la caminería, electrificación y alambrados perimetrales.

Bianco y Gómez suscribieron ese acuerdo interinstitucional con la finalidad de un mejor aprovechamiento de los recursos y una complementariedad técnica, a los efectos de realizar más de 60 intervenciones focalizadas en la construcción de viviendas en colonias del Instituo Nacional de Colonización.

A través de este acuerdo, Mevir asume la obligación de proporcionar asistencia técnica al INC para los servicios profesionales de arquitectura, agrimensura, trabajo social y geología en la realización de programas y proyectos, ejecución, administración, contralor y dirección de las obras, además de aportar todos los equipos de infraestructura necesarios.

 

Convenio por dos años 

Bianco explicó que el convenio que desarrollará acciones durante dos años implicará un costo total de 160.000 UR (160 millones de pesos) y unas 80.000 UR por año, cifras que permitirán la concreción de un proyecto en el que trabajan ambas instituciones desde hace un año y medio.

También posibilitará la planificación de acciones para continuar el trabajo que ya se concreta en más de 20 colonias del INC, además de impulsar el óptimo manejo de recursos humanos y económicos.

Hasta el momento, Mevir totalizó más de 600 intervenciones junto al INC a lo largo de su historia en todo el país. “En lo que va del quinquenio, hemos hecho trabajos de modo coordinado por unas 130.000 unidades reajustables, lo cual nos permite decir que en el quinquenio esta entidad hará un esfuerzo en coordinación con Mevir, lo cual redundará en la realización de infraestructura productiva y de vivienda por casi 10 millones de dólares”, señaló la jerarca.

Gómez destacó que el INC ha definido como prioritario trabajar en el acceso a la tierra y en las condiciones de vida de los productores familiares y de los asalariados rurales para que puedan desarrollar sus proyectos, acción que calificó como aporte a la construcción del desarrollo rural de las personas que viven en esas zonas.

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El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a través de su titular Eneida de León, anunció la nueva escala de valores máximos para acceder a programas habitacionales existentes, considerando ingresos de 40 unidades reajustables (UR) para una persona, 60 para el caso de dos, 72 para núcleo familiar de tres miembros, 84 para cuatro y 96 para cinco o más.

 De León anunció que la cartera a su cargo aprobó una resolución que aumenta los ingresos máximos de personas y núcleos familiares para acceder a programas habitacionales, con el objetivo de que más ciudadanos puedan hacerlo.

En el marco del anuncio, explicó que hasta ahora existía un tope de ingresos único de 60 UR, equivalentes hoy a casi 61.000 pesos, que no contemplaba la composición del núcleo familiar. “Ahora hacemos hincapié en el ingreso per cápita y no en un ingreso único”, explicó la jerarca.

En tal sentido, la nueva escala va desde 40 UR, unos 41.000 pesos, para un integrante, 60 para dos, 72 para tres, 84 para cuatro hasta 96 para cinco o más miembros del núcleo familiar.

Destacó que esta nueva resolución “contempla la realidad de muchas familias”. “La modificación avanza en la dirección de profundizar las políticas y alcanzar metas comprometidas por el gobierno en el Plan Quinquenal de Vivienda 2015-2019, en cuanto a la implementación de planes de vivienda y hábitat que contemplen la heterogeneidad de los hogares a los que están dirigidos”, afirmó. La ministra agregó que la integración de las familias destinatarias de los programas habitacionales del ministerio constituye una variable relevante para determinar quiénes pueden acceder a estos planes.

 

Programas de viviendas

De León indicó, también, que una evaluación de la normativa vigente hasta ahora identificó la necesidad de realizar cambios que permitirán ampliar el acceso a los programas de vivienda, sobre todo a aquellas familias más numerosas, lo cual, a su vez, lo hace más consistente con la política de subsidio. De esta forma, se resolvió ampliar el tope de ingreso que se acepta para postular a los programas habitacionales, “en particular para aquellos hogares que tienen mayor número de integrantes”, señaló.

De León agregó que “se extiende el acceso a hogares pertenecientes a los quintiles sociales de menores ingresos, que bajo la normativa anterior quedaban excluidos del acceso a los programas habitacionales, y se contribuye al conjunto de las políticas sociales del país que procuran una distribución más justa de los ingresos y de la riqueza”.

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