“Hemos recorrido diferentes asentamientos de Montevideo y en el interior de Uruguay. Hemos tomado conciencia de la magnitud del problema y asumimos el compromiso de encontrar soluciones que mejoren la calidad de vida a nuestros compatriotas más frágiles, dijo la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira.

Asimismo, destacó la importancia de las áreas de agua, cambio climático y medio ambiente.

Moreira delineó las prioridades de su gestión en su discurso de asunción realizado el pasado 2 de marzo, en la sede ministerial, entre las que se encuentra la generación de soluciones habitacionales para los residentes del “interior profundo”, con la promoción del arraigo en el lugar donde los ciudadanos nacieron.

Aseguró que recorrerá todos los caminos con la meta de construir viviendas en cantidades suficientes que resuelvan los problemas habitacionales para los sectores de más bajos recursos, en el marco de una política nacional, porque “el derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución, debido a la importancia del tema para todos los habitantes de la nación. Nuestro trabajo se centrará en lograr que todos los compatriotas puedan acceder a un techo digno”.

En cuanto a ordenamiento territorial, afirmó que la visión del ministerio será la formulación de políticas nacionales con los controles necesarios a efectos de promover el desarrollo del territorio a escala nacional y en un marco regional, trabajando en estrecho contacto con los gobiernos departamentales y otras dependencias involucradas en el tema.

 En el área de medio ambiente, el ministerio cumplirá con la ejecución, supervisión y evaluación nacional de protección que sea compatible con un desarrollo sostenible. "A nadie escapa la importancia que tiene el cuidado del mundo en el que vivimos por lo que seremos celosos custodios de la normativa vigente", afirmó y agregó que es fundamental la educación de la ciudadanía en el cuidado ambiental.

"Es momento de una verdadera conciencia ambiental, así como la fiscalización y el castigo a aquellos que irresponsablemente contribuyan a su degradación", precisó. En tal sentido, dijo que tienen previsto impulsar un proyecto de ley que establezca un cronograma posible de eliminación de uso de envases no degradables.

También afirmó que la Dirección Nacional de Agua deberá proponer soluciones a la problemática de los cursos de hídricos.

“En particular se deberán atender las amenazas que se ciernen sobre la principal fuente de agua potable de Uruguay, que es el río Santa Lucía, del que depende más de la mitad de la población”, señaló. Y anunció que la dirección de Cambio Climático al igual que la dirección de Aguas se incorporará al nuevo ministerio, que se creará próximamente.

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La entrega del Premio Nacional de Urbanismo se realizó el pasado martes 5 de noviembre y de 115 postulaciones, se reconoció a 20, correspondientes a siete categorías, entre las que se destaca el Premio a la Trayectoria, otorgado al arquitecto Mariano Arana.

El objetivo es consolidar la cultura de la planificación urbana y territorial, para lo cual es necesario analizar lo que se realiza, dijo la titular de Vivienda, Eneida de León.

En un encuentro que reunió a más de 200 personas, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, el director nacional de Ordenamiento Territorial, José Freitas, y el decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Marcelo Danza, dieron la bienvenida a los presentes.

“Consideramos que es muy importante que se analice lo que se realiza, el nivel de intervención en los espacios públicos y a nivel de urbanismo”, dijo De León, quien agregó que es necesario valorar las propuestas que cargan de sentido el territorio y seguir trabajando por ciudades más inclusivas, dignas y sostenibles.

Por su parte, Freitas manifestó la necesidad de que este nuevo ámbito del Premio Nacional se constituya definitivamente como una plataforma que impulse y visibilice ideas y proyectos que, a través de acciones concretas, mejoran la calidad de vida de los habitantes del territorio.

El premio viene ganando importancia en el ámbito urbanístico del país y en esta oportunidad recibió 115 postulaciones. Además, a través de la firma de un acuerdo entre el ministerio y la Universidad de la República (Udelar), se formalizó la colaboración de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Este año se sumó una innovadora categoría, Eventos urbanos, que acercó nuevos actores y miradas.

El cierre del evento estuvo a cargo del ganador del Premio a la Trayectoria, Mariano Arana, docente, dos veces intendente de Montevideo, ministro, senador de la República y actual edil departamental.  Recibió el premio de manos de la ministra De León y, visiblemente emocionado, ubicó esta distinción sobre su persona como integrante de una generación y como producto genuino de la Udelar.

Esta edición tuvo 20 premiados, entre los que se destacan el festival Jazz a la Calle, Un Silencio Bárbaro y Ferias de Culturas Alternativas, dentro de la nueva categoría Eventos urbanos. También fueron distinguidas por sus proyectos y planes las intendencias de Paysandú, Flores, Maldonado y Canelones, así como el Municipio B de Montevideo. En el área de investigación y comunicación, fueron reconocidos estudiantes y profesionales de las más diversas ramas.

Tanto el ministerio como la Facultad de Arquitectura impulsan desde los más amplios y variados ángulos el desarrollo de la disciplina urbanística y sus prácticas conexas, con el objetivo de consolidar en Uruguay la cultura de la planificación urbana y territorial.

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“La obra comenzó hace unos meses en un terreno de dos hectáreas y media. Nos importa el potencial que el terreno tendrá para la construcción de 80 viviendas para 300 personas. Se podrá acceder a través de programas del Ministerio de Vivienda, una vez que la empresa UPM deje la infraestructura de saneamiento, agua, fibra óptica, seguridad y salones comunales”, dijo el director de Ordenamiento Territorial, José Freitas.

 

Viviendas

Los directores nacionales de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Salvador Schelotto y José Freitas, respectivamente, visitaron la ciudad de Durazno para observar las obras iniciadas de los alojamientos temporales para los trabajadores que participarán en la construcción de la planta de UPM en el pueblo Centenario.

Freitas narró que el objetivo de la visita fue ver el inicio y el alcance de las obras que se desarrollan en terrenos públicos en los que se construirán alojamientos temporales e infraestructura. “Todo este terreno con infraestructura quedará para ser incorporado a los programas del Ministerio de Vivienda, por lo tanto, para nosotros es muy importante hacerle el seguimiento”, dijo.

La obra comenzó hace unos meses en un terreno de dos hectáreas y media. Freitas afirmó que importa el potencial del terreno para la construcción de viviendas sociales, acción que permitirá instalar un total de 80 casas para 300 personas a través de los programas sociales del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, una vez que la empresa se haya retirado del predio y deje la infraestructura en condiciones.

El predio fue cedido en comodato por parte del gobierno a la empresa, para que construyera servicios e infraestructura de saneamiento, instalaciones de agua, energía y fibra óptica, seguridad y un equipamiento de parrilleros, salones comunales y canchas deportivas, que se mantendrán. “Lo que hace la empresa es consolidar la infraestructura en un predio que actualmente no la tiene, lo que contribuirá para la construcción de viviendas sociales”, destacó el funcionario.

 

Terrenos

UPM usará el terreno durante el tiempo de la obra, tres años, luego queda para el Gobierno, para ser adjudicado en los diferentes programas de vivienda social. Las construcciones modulares temporales serán retiradas por la empresa una vez que termine el uso del terreno, aclaró Freitas.

Schelotto afirmó que este tipo de infraestructuras es una repuesta a la integración urbana en predios que están bien ubicados dentro de la ciudad de Durazno. Explicó que fue una decisión del Gobierno, luego de diálogos y negociaciones, que la empresa UPM iniciara obras de infraestructura y de vivienda en las ciudades de Paso de los Toros y Durazno y en las localidades de Centenario y Carlos Reyles.

Consultado sobre si en las viviendas que se construyan se podrán establecer familias que han sufrido inundaciones, Schelotto dijo que uno de los grandes límites que existen para avanzar más rápido en la construcción de soluciones habitacionales es la falta de terrenos disponibles. “Nosotros siempre estamos abiertos a incorporar a más familias a los programas de realojos, pero, para eso, hay que disponer de buenos terrenos con buena ubicación, como este, y con infraestructura”, expresó. Agregó que en procura de más terrenos para construir, la Dirección de Ordenamiento Territorial firmó nueve convenios con las intendencias departamentales del país con el objetivo de ayudarlos a formar su cartera de tierras.

 

Efecto UPM

En otro orden, la inversión extranjera directa pasó a terreno positivo en el primer semestre del año, en parte gracias al “efecto UPM”.

En el primer semestre del año la Inversión Extranjera Directa (IED) en Uruguay ascendió a US$ 377 millones, lo que implicó una reversión de los valores negativos de los períodos previos, cuando por ejemplo en el año 2018 cerró con una salida de capitales de US$ 486 millones.

Así lo indicaron los últimos datos publicados por el Monitor trimestral de IED del Instituto Uruguay XXI.

Según se desprende de los datos del informe, en el período comprendido entre enero y junio de este año, la IED en Uruguay representó aproximadamente el 0,66% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Al analizar la IED por modalidad, los datos reflejan que en el primer semestre del año, el país recibió US$ 78 millones por aportes de capital, US$ 278 millones por reinversión de utilidades, mientras que por concepto de préstamos entre empresas el monto fue de US$ 22 millones.

Si se evalúan los proyectos recomendados por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, en el primer semestre del año, el informe destaca que la mayor parte de los proyectos son de origen nacional mientras que una pequeña parte proviene del extranjero.

Al desglosar los proyectos promovidos de capitales extranjeros según la industria, el informe de Uruguay XXI destaca que servicios es la que tuvo una mayor participación en el primer semestre del año, seguida de industria y turismo.

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El lunes 7 de octubre se presentó en Presidencia de la República el documento final del Plan Nacional Ambiental, cuyos principales ejes son un ambiente sano para una buena calidad de vida; la sostenibilidad en el tiempo de actividades económicas y productivas; una ciudadanía con conciencia de lo ambiental y un marco de gestión que considere la justicia

De la presentación, participaron varios ministros y cerca de 300 participantes entre técnicos y representantes de la sociedad civil. Carlos Colacce, secretario nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático explicó que se trata de “un plan para el desarrollo sostenible con metas claras para el año 2030, pero basado en lo que ahora se está trabajando, ya está implementado y en ejecución”.

Agregó que se están definiendo quiénes serán los organismos responsables para completarlo y tendrá un sistema de seguimiento y actualización a cargo del Sistema Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente.

Por su parte, la titular del MVOTMA, Eneida de León sostuvo que esta iniciativa llevó un trabajo de unos cuatro años y en el ministerio “su misma preparación ha sido una experiencia clave que enriqueció y fortaleció la política pública ambiental y la institucionalidad vinculada. El proceso generado ha sido un enorme aporte para una gestión ambiental amplia, integrada y sistémica, como lo exige el desafío de la sostenibilidad del desarrollo, de la degradación de ecosistemas vitales y la respuesta al cambio climático”.

 

Estrategia

En tanto, el subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Jorge Rucks quien estuvo al frente del equipo del Plan, explicó que éste da continuidad a un proceso sostenido de planificación ambiental estratégica que tiene como hitos la Política Nacional Energética, el Plan Nacional de Aguas y la Política de Cambio Climático que se asocian con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2050.

“Los temas complejos requieren de planificación estratégica. Es una política ambiental explícita que suma esa visión, en un marco general de planificación”, sostuvo.

SeExplicó que “siendo este el primer Plan Ambiental para el país, se fortalece una estrategia de transversalidad de la temática ambiental en las políticas estatales y consolida la articulación de los esfuerzos de gestión en temas ambientales de las distintas instituciones”.

Asimismo, se destacó que este Plan es interinstitucional y participativo. Formaron parte más de 800 personas de todo el territorio nacional, más de 20 instituciones durante más de 3 años de construcción y se contó con el apoyo de la Universidad de la República, tanto en aportes científicos y de revisión del documento inicial como en la facilitación del proceso participativo a través de los diálogos en los 19 departamentos.

Rucks, destacó que en el documento se identifican algunos aspectos que afectan a la población más vulnerable, como las inundaciones, y atiende temas relacionados con el agua y los residuos.

En el informe se trata el desarrollo de la agroecología y se establecen controles que fueron reclamados por la sociedad cuando se trabajó en territorio.

Según el jerarca del gobierno, este plan insiste en los mecanismos de control ambiental, fundamenta su avance en un proceso educativo y de comunicación y fortalece todo lo relacionado con la información actualizada, transparente y entendible para la población.

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ULa organización TECHO, presente en 19 países de América Latina, tiene como objetivo superar la situación de pobreza que viven millones de personas en asentamientos populares, a través de la acción conjunta de sus habitantes y jóvenes voluntarios. En Uruguay según su último informe regional, en Uruguay hay 60.191 viviendas en esta situación. Más de un tercio de ellas (33%) no tiene acceso al agua potable.

Un recorrido por los 19 departamentos, entrevistas a referentes vecinales y formularios de entorno urbanístico diseñados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el censo de 2011 y replicados por Techo Uruguay, permitieron que esta organización armara un informe con la lupa puesta en un epicentro de vulnerabilidad social. El estudio arrojó que existen 656 asentamientos informales en todo el país, con 60.191 viviendas.

Montevideo, Canelones y Artigas lideran este ranking: el 61% de los asentamientos se ubica en la capital, el 15% está en el departamento vecino, y el 6% en la jurisdicción más al norte del país. Flores es el único departamento que no tiene asentamientos.

A su vez, el informe de Techo arroja otros datos preocupantes: el 86% de los referentes consultados aseguró que en su asentamiento no hay acceso regular al saneamiento. Y el 33% carece de agua potable.

 

En América Latina

El número de viviendas de estas características trepa a 7.500 en América Latina. La información se logró recabar gracias a trabajos realizados por 12 de los 17 países del continente miembros de la organización Techo.

Uruguay se alineó a los esfuerzos: capacitó a 70 voluntarios para que salieran por todo el territorio nacional entre marzo de 2018 y enero de 2019 y relevaran datos. Las conclusiones fueron a parar a la investigación titulada “Derechos Humanos y Asentamientos Informales”, que se presenta hoy en el Centro de Formación de la Cooperación Española.

Para desarrollar este informe se partió de la definición de asentamiento informal que maneja el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA).

Son agrupamientos de 10 viviendas o más ubicadas en terrenos públicos o privados construidos sin autorización del dueño, en condiciones irregulares, y sin respetar la norma urbanística. Tienen, además, severas dificultades para acceder a servicios sociales básicos e infraestructura.

Techo se trazó como meta la georreferencia: los voluntarios caminaron cuadra por cuadra para identificar la ubicación exacta de cada asentamiento informal. Se pretendía dar cuenta de las características en que se vive, las carencias y derechos vulnerados.

 

Visibilizar

Otro objetivo era visibilizar la producción social del hábitat, es decir, acciones comunitarias organizadas por los pobladores con miras a mejorar la situación crítica.

Por ejemplo, los vecinos de Gruta de Lourdes construyeron medio kilómetro de caminería interna para mejorar la conectividad y acceso al asentamiento los días de lluvia.

“En Uruguay hay mucho hecho a base de mano y músculo de los vecinos, grupos barriales, comisiones y cooperativas”, según Belén González, directora ejecutiva de Techo Uruguay.

Se usó como antecedente para esta investigación el registro de cartografía del PMB en 2011, y actualizado en 2018. Los instrumentos usados en la recolección de datos fueron: los formularios de entorno urbanístico diseñados por el INE con alguna modificación puntual, y las entrevistas en profundidad a los referentes del asentamiento, o a sus pobladores más antiguos.

Las variables a relevar fueron: alumbrado público, estado de las veredas y calles, presencia de basurales y arbolado, y paradas de ómnibus.

 

Concentración

El 61% de los asentamientos de Uruguay se concentra en Montevideo y totalizan 346. La periferia es la zona más afectada: el Municipio A acumula 111, le sigue el D con 88, y el F tiene 77. Los Municipios B y CH no presentan viviendas de estas características.

Los referentes de 140 asentamientos (22%) reconocieron que hubo incendios en el último año. “El fuego puede representar perderlo todo”, señala González. En 57 viviendas declararon haber sufrido riesgo de desalojo en los últimos 12 meses. Otro 41% fue víctima de las inundaciones.

Uno de cada tres asentamientos cuenta con organización comunitaria interna. Esto significa que hay una estructura, capital social y humano que trabaja para avanzar en procesos de mejora barrial.

En Maldonado, Paysandú, Salto y Rivera la mitad de los asentamientos tienen plataformas de acción para garantizar sus derechos. “Se ejerce la ciudadanía activa y responsable frente a la marginalización. Hay comunidades organizadas para producir su hábitat”, señala Laura Posadas, directora territorial de Techo al diario El País.

 

Situación y cifras

 El 45% de los asentamientos del país son pequeños: tienen menos de 40 viviendas. El 34% se consideran medianos (40 a 120 viviendas), el 12% grandes (120 a 200) y 9% clasifica como macro por contar con más de 200 viviendas. Hay 60 asentamientos macro: 41 en Montevideo, y 19 entre Paysandú, Salto, Maldonado y Rivera.

El 86% de los referentes consultados aseguró que en su asentamiento no hay acceso regular al saneamiento. El 33% carece de agua potable, es decir, no existe conexión de OSE donde abrir la canilla y tener facturación. Otro 41% de los entrevistados negó tener acceso a la energía regular, y por ende falta de una conexión segura.

El 76% de los asentamientos cuenta con un CAIF en su interior o a menos de 1 km. Un 75% declara tener una escuela a esa misma distancia, y el porcentaje se eleva a 80% en materia de educación secundaria: solo el 3% tiene el centro de estudio dentro del asentamiento; el 42% lo encuentra a 1 km, y el 36% entre 1 y 3 km.

La razón principal que motiva a una persona a instalarse en un asentamiento es porque es la única chance de acceder a una tierra o vivienda después de haber hecho varios intentos. La opción más frecuente cuando los núcleos crecen es permanecer en el mismo terreno que la familia: en Montevideo sucede en el 79% de los casos.

El principal plan era generar un aporte útil para el análisis y posterior toma de decisiones a nivel país. Por eso, a partir de hoy estará disponible una plataforma SIG con información libre, abierta y pública que permita “monitorear la situación de los asentamientos y hacer las reflexiones pertinentes”, sostuvo Belén González.

 

Aspiraciones

Otra de las aspiraciones es contribuir en políticas integrales para la emergencia habitacional y urbana que aún se mantiene en Uruguay.

Muchas personas habitan en situaciones muy precarias sin la seguridad necesaria, y los voluntarios de Techo han sido testigos de estas dinámicas gracias al plus que les dio pisar el territorio y recorrer los asentamientos uno a uno. Los vecinos de La Vía, por ejemplo, les contaron que pasaron un 31 de diciembre a oscuras porque carecen de acceso a la energía regular con conexión segura.

El informe dio luces para que se apueste a la realización de pilotos de inversión pública para potenciar la autogestión entre los vecinos, y la autoconstrucción de su hábitat.Por último, se plantea hacer foco en los departamentos con densidad de vivienda crítica y alta: Canelones, Artigas, Paysandú, Salto, Maldonado y Rivera.

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