En entrevista con Del Constructor, el economista Alfonso Capurro, gerente Senior de CPA Ferrere, analizó la situación de la industria de la construcción y qué escenarios probables se plantean a corto y mediano plazo. Capurro señaló que desde hace cuatro años, el sector registra una caída en la actividad, pero se mostró optimista en el proceso de proyectos de PPP educativas, viales, las obras a cargo de la Corporación Vial del Uruguay y, eventualmente, la PPP del ferrocarril central.

 

¿Cuál es la situación en la industria de la construcción? 

Estamos conociendo hoy datos del 2018 que volvieron a marcar un año de caída para el sector. Hace poco conocimos los datos del cierre de actividad del año pasado y volvió a mostrar una economía uruguaya que crece con ciertas debilidades, con asimetría sectorial, con algunos sectores que siguen creciendo y con otros que ya están con dificultades marcadas.

La construcción es uno de los sectores que está con dificultades y yo diría que es el que más claramente está en fase de contracción. De hecho, podríamos decir que es un sector que está en recesión. Ya lleva cuatro años consecutivos de caída.

También es cierto que en el 2013 y 2014 había un componente extraordinario de la actividad que fue la construcción de la planta de Montes del Plata y de los parques eólicos, algo que era difícil sostener en el tiempo. En el 2015 caímos y así seguimos hasta el año pasado. La caída total acumulada es del orden del 15%. Eso es cuando miramos el PBI de la construcción, el  producto bruto sectorial. Si miramos el empleo, el efecto ha sido algo mayor. La cantidad de ocupados bajo la ley 14.411, teníamos setenta mil ocupados en el pico del 2013 y bajamos a cuarenta y cinco mil. O sea que se perdieron veinticinco mil puestos de trabajo que representa el 37% del empleo. Esto significa que el empleo se resintió más de lo que se resintió la actividad.

Estos datos son del empleo formal, de los puestos cotizantes en el BPS, pero si vamos a otra fuente de información, como la Encuesta Continua de Hogares, la cantidad de personas que dicen trabajar en la construcción no cayó tanto como el empleo formal. 

Esto quiere decir que hay personas que salieron del mundo formal para trabajar en lo informal o en otros sectores como puede a través de subcontratos que no figuran en la ley 14.411. O pueden estar haciendo changas, o actividades de menores ingresos, o de menor regularidad de trabajo. Cuando el Instituto Nacional de Estadística hace la encuesta y le pregunta a la gente si está ocupada o desocupada, con hora que haya trabajado la persona la semana pasada ya se la considera ocupada.

Esto siempre existió, no quiere decir que esté bien  medido o mal medido, pero no es lo mismo tener a una persona trabajando cuarenta o cuarenta y cuatro horas por semana en una obra, con todos los aportes y todas las condiciones de formalidad y de seguridad, que tener una persona que le pintó una pared a un vecino o le amuró una ventana. Lo que está claro que el empleo formal, y sobre todo el empleo formal, se resintió más de lo que dicen los datos de actividad económica.  

 

De todas formas, era muy difícil mantener el record histórico de más de setenta mil trabajadores en el sector.

No se iba a mantener, pero la planta de celulosa, en el pico de su construcción, emplea cinco mil personas, más algún subcontrato, indirectos y proveedores de cemento. O sea, no perdiste solo los trabajadores de la planta, también todo lo que lo rodea. Un efecto multiplicador, o efecto cascada que se pierde.

Nosotros tenemos un trabajo realizado por el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (CEEIC) donde analizamos los efectos multiplicadores y concluimos que la construcción es uno de los sectores que más encadena, o más efecto cascada tiene.

Cuando la construcción cae o sube, eso se replica más allá del sector.

 

Medidas y exoneraciones 

El gobierno adoptó una serie de medidas, exoneraciones de algunos tributos por ejemplo, para obras de gran porte, en un intento de traer inversores. ¿Cómo ve esa iniciativa?

Es una típica medida contra cíclica. Creo que, en general, las políticas públicas, sacando el caso de la construcción, subestimaron el shock que recibió Uruguay en el 2014. En realidad, salvo este caso del incentivo a las obras de gran dimensión económica, no hubo ninguna política contra cíclica que intente frenar el shock que nos hizo cambiar el ciclo en el 2014, que nos agarró en medio de un año electoral. Esto hizo que fuera difícil de asumirlo para el gobierno y la oposición porque nadie quería traer malas noticias en un año electoral.

Después, cuando el gobierno asumió, intentó corregir, hacer un ajuste fiscal, pero después trató también de no generar expectativas bajistas, y las únicas medidas que ha tomado en política económica ha sido para corregir el desvío fiscal y han sido pocas en general.

 

¿Esto a qué se debió?

Se debió, entre otras cosas, por la situación fiscal heredada y por la posición fiscal que no permite hacer políticas, digamos, de gran calado. Cualquier país que tenga espacio fiscal, lo hizo Estados Unidos en el 2008, cuando viene una crisis o un shock negativo, una de las formas de amortiguar es desplegando una política fiscal agresiva, bajando impuestos para que los privados inviertan más o aumentando el gasto para que haya más inversión en infraestructura.

Uruguay no tenía mucho margen del lado fiscal,  hubo algunas políticas como  los incentivos a las obras de gran inversión y también se había largado todo el proceso de la PPP que, a la postre, terminó siendo tal vez más lento de lo que las autoridades pensaban. Seguramente sobrestimaron la velocidad de este proceso. El ministro Rossi se refirió a eso en varias oportunidades, aunque también es justo decir que en este período de gobierno las PPP avanzaron mucho más rápido que el período anterior.

También es cierto que la ley se aprobó en el 2011 y en esto de las PPP no es inmediato. Hay una curva de aprendizaje, tanto para el sector público como para el privado, que hay que recorrer. Recién ahora existe una corriente de proyectos PPP bastante importante que van a empezar a madurar este año y el que viene.

Entonces, esto llega tarde, porque Uruguay viene teniendo problemas de crecimiento desde el 2015, que en parte fueron disimuladas por el efecto argentino y un par de temporadas turísticas buenas. Eso nos permitió estirar un poquito más el ciclo de crecimiento,  pero hoy ya es bastante evidente que la economía está en una fase de estancamiento mucho más clara.

 

¿Las PPP podrían ayudar a rebatir este ciclo bajista?

Seguramente todas estas cosas que fueron lentas de maduración, como las PPP, y no llegar a tiempo para amortiguar el ciclo bajista de los últimos cuatro años, pero si  logran terminan de cuadrarse los aspectos de financiamiento de esos contratos, que son complejos, sería importante ya que hay una serie de proyectos de PPP educativas, viales, las obras a cargo de la Corporación Vial del Uruguay y, eventualmente, la PPP del ferrocarril central.

 

 De concretarse la segunda planta de UPM, ¿en qué medida inclinaría la balanza de la industria, teniendo en cuenta la pérdida de empleos registrados?

Algunas estimaciones que tenemos hechas nosotros, en base a la estructura de gastos de estos proyectos, si uno suma las PPP viales que son como 650 millones de dólares, las PPP educativas -que ya tienen adjudicación provisional- y equivalen a unos 150 millones de dólares, la PPP del ferrocarril central que son 850 millones de dólares y la construcción de la planta de UPM, todos eso sumado podría tener un efecto en el PBI  de hasta cuatro puntos, repartido en tres o cuatro años. Son un conjunto de obras grandes, algunas que demoraron en salir, pero todas concentradas a partir de la segunda mitad de este año y durante el 2010 y el 2021, es un conjunto de obras importantes que para el sector sería un cambio de actividad notorio y no solo para el sector, ya que tendría efectos relevantes en el crecimiento a corto plazo.

 

¿Estaríamos ante un perìdodo de crecimiento o no basta sólo con esto?

Si bien no es una envergadura suficiente como para que el país vuelva a crecer al 4%  o 5% como creció antes del 2014, pero es importante para el sector. La estimación del empleo que podría generarse no la tenemos todavía afinada, pero hay un número importante de empleos, tanto en la obra de eventual construcción de la planta, la infraestructura y, sobre todo, también en vivienda. 

Si uno mira lo que está pasando hoy en  la construcción, y separa los motores, los tipos de obra que hay, se ve que hubo una contracción en vivienda y hubo, en los últimos dos años, un repunte importante de lo que son obras viales.

De hecho, ahora hay un ritmo de construcción vial importante y si se destapan estas PPP seguramente vamos a tener unos años de inversión vial record. Y sin embargo, no ha tenido tanto efecto en el PBI ni en el empleo.

 

¿Por qué no ha tenido ese efecto?

En parte porque la industria vial es relativamente chica en comparación con otras cosas  y es más intensivo en maquinaria que en mano de obra.  En cambio, la vivienda es todo lo contrario. Es muy intensiva en mano de obra. El otro sector que es intensivo en mano de obra son aquellas del tipo industrial y de montaje. 

Nosotros, para tratar de entender lo que está pasando en la industria, lo dividimos en tres sectores: vivienda –que tienen toda una dinámica particular-, vialidad y obra pública, que depende del presupuesto; y el resto que son construcciones en inversiones productivas –parques eólicos, dos plantas de celulosa,  galpones, silos, plantas logísticas- que han sido muy importantes en los últimos años.

 

¿Y cómo son estos sectores?

Si miramos los tres sectores hoy, el vial repuntó en los últimos dos años, la construcción de vivienda se trancó por distintas razones –aunque seguramente con todos los beneficios  de gran dimensión económica y las obras de Maldonado va a hacer que este sector crezca en el próximo año- y el tercer sector es el que hoy está más parado, respondiendo en cierta medida a este nuevo ciclo económico, a esta nueva realidad económica, que comenzó en el 2015. 

Hasta el 2014, Uruguay venía registrando tasas de crecimiento económico record y tasas de inversión record, venía invirtiendo más del 20% del producto. Hoy estamos con la misma tasa de inversión que teníamos en el 2005, estamos invirtiendo el 16.5% del producto.

Esto en el fondo está reflejando que para muchos sectores productivos no hay condiciones de rentabilidad o de retorno de los proyectos, y directamente las situaciones, en algunos casos, dejaron de ser atractivas, pese a los incentivos económicos que hay.

 

Viviendas

¿Esto fue lo que ocurrió con las Viviendas Promovidas? 

Ese es un tema más regulatorio, yo me refería al resto de los sectores que son clientes de la construcción, como el agro y las industrias. Todos esos sectores que demandaban mucha inversión y que eran contratantes de la construcción, en los últimos cuatro años están atravesando dificultas económicas, de rentabilidad y de flujo de caja, y ya no están invirtiendo porque los negocios ya no son atractivos como eran antes.  Por lo tanto, no hay condiciones favorables para la inversión. Todo ese otro motor, que era aproximadamente la mitad de la actividad de la construcción, se fue apagando. En el caso de la vivienda, hay distintos nichos de mercado. Una cosa es el mercado de vivienda de la costa y Punta del Este, del tipo de inversores, y otra cosa es la vivienda social que, en los últimos años, se paró porque hubo un cambio en el régimen de promoción.

Las autoridades entendieron que merecía algunos ajustes y esto hizo que para los desarrolladores y los inversores el negocio  no fuera tan atractivo. Las intenciones de las autoridades seguramente eran buenas, era tratar de cambiar la población para que las viviendas sociales bajaran de precio, o no subieran de precio, pero en el fondo si del otro lado no hay una ecuación razonable, al final no hay proyecto y no hay vivienda.

 

¿Y cuánto influye a nivel de inversiones el año electoral?

Obviamente que el año electoral genera per se incertidumbre siempre.  Pese a eso, creo que en los últimos años, en grandes líneas de la política económica hay una corriente que no va a cambiar radicalmente. Si miramos a Argentina por ejemplo, están discutiendo si van para el norte o van para el sur. Macri es una cosa, Cristina es otra y la  tercera vía otra cosa. Estamos hablando de giros de 180 grados en su política económica. En Uruguay eso no está arriba de la mesa. Estamos hablando sí de discusiones de correcciones, algunos diagnósticos distintos, pero mucho más gradual dentro de un rumbo que, en más o menor medida, se va a mantener.

 

¿Hay consenso en este aspecto económico entre los diferentes candidatos uruguayos?

Hay también un consenso bastante claro de que hay que introducir algunas correcciones macro económicas. Y esto no es por ideología, sino porque la realidad está imponiendo que hay cosas para ajustar. Creo que las elecciones en Uruguay van a tener un efecto sobre las expectativas y el humor en general porque éste período de gobierno en general ha sido largo y con pocas novedades. Seguramente hay ansiedad por parte del mercado, los inversores y la ciudadanía en general, de tener claridad sobre cuáles van a ser los rumbos del próximo gobierno, independientemente que haya un cambio o no de partido político. 

Si se miran las propuestas de los candidatos del oficialismo, de alguna forma insinúan que hay que darle un nuevo impulso a la agenda de políticas públicas, porque hay una agenda que dio su resultado, pero hay que darle una nueva dirección. En el caso de Argentina es mucho más binario el panorama por muchas razones. Primero porque la situación económica en este último año ha sido mucho peor para ellos de la que todos pensábamos hace un año.

Hoy Argentina tiene un problema importante de crecimiento, con la depreciación de su moneda y la emisión de deuda para financiar el déficit fiscal, puso de manifiesto un problema de endeudamiento mucho antes de lo que esperábamos. 

Esto quiere decir que cualquiera sea el que gane, va a tener en 2020 un panorama complejo  de gestionar en las finanzas públicas. En cambio, las elecciones en Uruguay  van a tener un efecto relevante más que nada en las expectativas de entrar en un nuevo ciclo en las políticas públicas, pero siempre estamos hablando de cosas graduales.

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El Ministerio de Transporte y Obras Públicas firmó el pasado viernes 10 de mayo el contrato para el inicio de obras del Ferrocarril Central con el consorcio Grupo Vía Central, trabajos que implicarán la construcción y mantenimiento de 273 kilómetros de vías férreas entre el puerto de Montevideo y Paso de los Toros. El proyecto requerirá una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares y demandará unos 36 meses de trabajo.

 “Se trata de un paso muy significativo para Uruguay”, destacó el ministro Rossi, durante la firma del contrato con el consorcio Grupo Vial Central en la sede ministerial.

 

Inicio de obras

En la firma también estuvieron presentes, el prosecretario de la Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y el presidente de la empresa Saceem, Alejandro Ruibal.

“En los próximos días se irá dándole forma al proyecto de ingeniería en detalle y, aproximadamente un mes y medio, podrían iniciarse las obras”, estimó Rossi, quien añadió que la inversión va a oscilar alrededor de los 1.000 millones de dólares.

El proyecto implica la construcción de 273 km de vías entre Paso de los Toros y Montevideo, un tramo doble inicial de 26 kilómetros, una docena de carriles secundarios para cruces de trenes, un acceso industrial y la edificación de más de 40 puentes.

“Las habilitaciones necesarias se van concediendo de manera gradual, según las etapas que se van abordando, y hasta ahora hemos venido teniendo las habilitaciones de acuerdo a la fase en que estamos”, explicó, al ser consultado por la prensa acerca de la autorización de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).

El ministro reconoció que los trabajos pueden generar incertidumbre y molestias pero aseguró que el Gobierno informará al conjunto de la población las características de las obras y los objetivos a lograr.

En ese sentido, adelantó la realización de una audiencia informativa a la población el próximo 23 de mayo en Paso de los Toros y otra el 6 de junio con la empresa constructora adjudicataria en Montevideo.

Por su parte, el ministro de Economía, Danilo Astori, consideró que se trata de un paso fundamental para corregir “un error histórico garrafal” cometido décadas atrás, en referencia a la activación del sistema de ferrocarriles de Uruguay. “Hoy estamos percibiendo el costo de aquella enorme decisión”, añadió.

Para el jerarca la construcción del Ferrocarril Central permitirá mejorar los niveles de competitividad de Uruguay. Agregó que, más allá de la concreción del proyecto para la construcción de la segunda planta de celulosa de UPM en el centro del país, el nuevo ferrocarril está asociado a sectores productivos “que todavía no existen y están esperando su funcionamiento. También transportará volúmenes de producción que hoy no son competitivos”.

En tanto el gobierno  y UPM acordaron todos los puntos que se plantearon para llegar a un acuerdo y ahora se aguarda la definición de la asamblea de accionistas.  En este contexto, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, informó que en próximos días llegará a Uruguay el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para firmar el contrato final e iniciar las obras del ferrocarril.

“Es firme, seguro. Las obras comenzarían inmediatamente. Ya está adjudicado, ya actuó el Tribunal de Cuentas que aprobó por unanimidad que se lleve adelante lo del ferrocarril. Eso está liquidado, se empieza a trabajar, y generará una cantidad de puestos de trabajo”, sostuvo el mandatario.

Ese mismo día viajará a Uruguay el principal de UPM de Finlandia a recibir toda la información de sus representantes en el país, con los que el gobierno cerró en forma positiva todos los temas vinculados a la empresa.

Dijo, además, que la cláusula de prevención de conflictos se acordó con mucho trabajo y con la participación de todos los actores. Confirmó que, una vez que la máxima autoridad de UPM reciba la información la llevará a consideración de los accionistas en Finlandia y tomarán la decisión. “Todo viene a favor de que se instale la planta pero se debe aguardar la resolución de la asamblea de accionistas”, subrayó.

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El predio del Mercado Modelo (que se mudará al Polo Agroalimentario) tiene 10 hectáreas, de las que seis son propiedad de la Intendencia de Montevideo y cuatro están en manos de privados.

Hace aproximadamente un mes, la Intendencia de Montevideo (IMM) solicitó a la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU) un estudio para analizar qué proyectos se pueden realizar en el predio donde actualmente funciona el Mercado Modelo. Entre otras cosas, la propuesta presentada por APPCU implica la realización de múltiples edificios destinados a vivienda.

Se espera que a mediados de 2020, el principal centro de comercio mayorista de frutas y productos de granja de Uruguay, se mude de su ubicación actual (Cádiz 3280) al kilómetro 11,500 de la ruta 5 a un predio de 95 hectáreas. El traslado del viejo mercado dejará libre un predio de aproximadamente 10 hectáreas de propiedad pública, seis de ellas pertenecen a la Intendencia y las otras cuatro que son propiedad privada.

Según indicaron desde APPCU al diario El País, tras el pedido de la IMM se creó una comisión de trabajo -de la que participó el asesor inmobiliario, Julio Villamide, fallecido el mes pasado- para evaluar de qué forma se puede renovar el lugar. Pese a que todavía el proyecto no ha recibido total aprobación por parte de la comuna, desde APPCU señalaron que “a la Intendencia le encantó el proyecto e hicieron apenas algunas correcciones”.

Asimismo, desde la asociación indicaron que “ya hay promotores (de la construcción) comprando tierras en el Mercado Modelo para poder hacer edificios llegado el momento” y opinaron que el proyecto “será espectacular porque va a darle trabajo a un montón de gente”.

El nuevo mercado fue bautizado con el nombre Parque Agroalimentario y buscará convertirse en un centro moderno que ofrezca además de frutas y hortalizas, otros productos como carnes, pescados y flores.

Además del mercado, se prevé la construcción de una zona de actividades complementarias. El monto total del proyecto reúne inversiones -pública y privada- por aproximadamente unos US$ 100 millones.

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El Ministerio de Vivienda dispuso más de 75 millones de dólares en este período de gobierno para obras en Maldonado a través de sus distintos programas, estableció la titular de la cartera, Eneida de León. La jerarca participó este jueves 16 en la firma de un convenio para destinar 304 millones de pesos al realojo del asentamiento San Antonio IV, en beneficio de 500 personas.

La ministra de Vivienda, Ordenamiento y Territorial y Medio Ambiente, Eneida de Léon y la Intendencia de Maldonado firmaron un convenio con la empresa constructora Buresil SA, adjudicataria de la licitación para las dos primeras etapas del proyecto de mejoramiento barrial de San Antonio IV. A partir de esta firma, se construirán 66 viviendas para realojo en terrenos de la intendencia, 46 de ellas en Cañada Aparicio y 20 en Urbanización al Este.

Con esta medida, unas 500 personas accederán a una casa en condiciones dignas, aseguró la secretaria de Estado. Consignó que, de la cifra inicial de 82 edificaciones, este proyecto se redujo a 66, porque algunas familias accedieron a una solución habitacional mediante el programa de vivienda usada del ministerio.

“Nosotros sabemos que es fundamental no solo la vivienda, sino que todos los servicios sean útiles para que los habitantes tengan el derecho a la ciudad, el derecho a la salud, a la educación y a la recreación para su incorporación a los barrios ya existentes. Además, habrá obras de mejoramiento de baños y viviendas y del parque lineal a lo largo de la cañada”, afirmó.

Una vez que se concrete la mudanza de estas familias, comenzará una tercera etapa de obras para instalar infraestructura, vialidad, saneamiento, drenaje pluvial, alumbrado, energía eléctrica y todas las conexiones que correspondan, detalló.

“La inversión es de unos 340 millones de pesos, de los cuales 304 son un aporte que hace el Ministerio de Vivienda y 40 millones corresponden a la Intendencia de Maldonado”, afirmó. En total, el aporte del Gobierno nacional a través de esta cartera superó los 75 millones de dólares.

 

Plan Quinquenal

Los distintos programas de vivienda alcanzarán las 2.562 soluciones habitacionales para el departamento de Maldonado. El director nacional de Vivienda, Salvador Schelotto, destacó que la inversión pública total en el rubro se ubica en 10.000 millones de pesos, un 0,5 % del producto bruto interno (PBI). Recordó que durante el último año se quintuplicó la cantidad de recursos destinados a este derecho, en relación a 2005.

Tras la visita de las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por Maldonado que encabezó la titular de la cartera, Eneida de León, Schelotto reiteró que varios objetivos del plan quinquenal fueron superados, algunos en hasta un 20% más de lo proyectado. Mencionó como ejemplo el programa de cooperativas que, de una meta inicial de 10.000 viviendas, finalizará con 14.000 construidas o en ejecución.

Por otra parte, señaló que “estamos rozando el 0,5 % del PBI, unos 10.000 millones de pesos de inversión pública en vivienda que se ha venido incrementando sostenidamente en 15 años”. Indicó además que las políticas para atender la demanda de soluciones habitacionales incluye vivienda nueva, planes de mejora, autoconstrucción o alquileres.

En este departamento, los programas de soluciones habitacionales, acciones sobre el stock existente y alquileres permitieron llegar a la concreción de 2.562 viviendas, entre obras ejecutadas y terminadas.

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La cifras fueron informadas por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, durante la a rendición de cuentas denominada “1.500 obras para un gran proyecto de país”, realizada en la Torre Ejecutiva.

 “El martes 9 de abril se cumplieron 1.500 días del período gobierno, por eso convocamos a la presentación de la rendición de cuentas denominada ‘1.500 obras para un gran proyecto de país’, a la hora 11:00, en el salón de actos de la Torre Ejecutiva (Liniers 1324)”, comunicó el director de la OPP, Álvaro García.

En conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros realizado este lunes 8, detalló que la Dirección de Descentralización e Inversión Pública de esa oficina ejecuta obras, en conjunto con los gobiernos departamentales y municipios, que representan una inversión de 12.000 millones de pesos desde el 1.° de marzo 2015.

“Nos llena de orgullo que todo lo comprometido con los gobiernos subnacionales desde 2005 se cumplió”, sostuvo el jerarca, quien recordó que existieron casos, como las inundaciones o el tornado en Dolores en 2016, en que hubo que redirigir recursos económicos. “El acuerdo con los intendentes y municipios brinda el marco de trabajo y tranquilidad para lograr el objetivo principal, que es realizar obras para la gente”, reseñó.

 

Proyectos

A modo de ejemplo, mencionó algunos proyectos que se culminaron en los últimos días: las obras en la calle Atanasio Sierra de Colonia, la refacción completa de la plaza de toros Real de San Carlos y la inauguración del centro de Sarandí Grande, que representa la mayor obra de la historia de la cuidad floridense.

También resaltó el camino que une la ruta 1 con el camino Carretón en San José, la infraestructura en el barrio Chapita de Paysandú, la inauguración del museo en Cerro Chato, donde votó por primera vez la mujer, y el puente de la Raca en Rivera. Además, enfatizó que para las obras de caminería rural se destinaron 230 millones de dólares.

“Esto es importante, lleva la descentralización a la práctica y tiene que tener una vuelta de tuerca. Para eso, presentamos un proyecto de ley, que están en tratamiento parlamentario, para que Uruguay avance aún más en este proceso permanente”, acotó García.

 

Nueva etapa UPM

Por otra parte, el titular de la OPP señaló que una nueva etapa del acuerdo con UPM se cerró “satisfactoriamente”. García, no obstante, afirmó que aún restan ajustar algunas líneas sobre cuestiones ambientales, aunque se resolverá rápidamente. La segunda fase del acuerdo de inversión para la instalación de una segunda planta de la papelera finlandesa UPM en Uruguay, que sería la tercera de este tipo en el país, cerró “satisfactoriamente”, anunció este lunes la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

García explicó que si bien aún restan algunas líneas de trabajo vinculadas a las autorizaciones ambientales necesarias para la instalación de la planta, todos los demás ítems tratados en la segunda fase de negociaciones, que tenía su plazo límite el pasado 31 de marzo, culminaron satisfactoriamente.

El director de OPP indicó que este abril será “un mes importante” porque está previsto que en él culminen los plazos vinculados a las autorizaciones ambientales y “se pueda arribar a una decisión”.

La papelera finlandesa UPM se encuentra desde 2016 en negociaciones con el Gobierno uruguayo para instalar su segunda planta de celulosa en el país suramericano, que sería la tercera de este tipo en Uruguay y se ubicaría a orillas del Río Negro.

La propuesta de inversión tuvo un primer período de negociación de aproximadamente un año y medio que culminó el 7 de noviembre de 2017.

Al culminar esa primera fase, ambas partes firmaron un contrato de inversión que sentó las bases para la instalación de la planta, aunque la decisión final sobre la inversión se dará a mediados de 2019 o principios de 2020 según establece el texto del acuerdo.

Por otro lado, García sostuvo que el próximo 9 de abril se cumplen 1.500 días del actual período de Gobierno, que comenzó el 1 de marzo de 2015, y destacó que en ese período se han concretado más de 1.500 obras en conjunto con intendencias y municipios y se han invertido unos 12.000 millones de pesos (unos 354 millones de dólares).

 

Se aprobó transferencia

Un proyecto de mejora de la costa de la ciudad de Paysandú sobre el río Uruguay será cofinanciado con aportes del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional, para lo cual el director de la OPP, Álvaro García, firmó la transferencia de unos 126 millones de pesos a la intendencia departamental. Las obras consisten en el reacondicionamiento urbano y paisajístico del paseo ribereño de la capital sanducera.

El plan para la mejora del paso costero de Paysandú es considerado por las autoridades departamentales como uno de las más importantes del actual quinquenio de gobierno, ya que permitirá dotar a la zona de mayor seguridad vial, con la construcción de una separación vehicular-peatonal y una bicisenda.

Además, se instalará nuevo equipamiento y mobiliario urbano, alumbrado público e iluminación peatonal y se concretará mayor jerarquización del paseo y acondicionamiento paisajístico.

La intervención abarcará la zona oeste de la ciudad de Paysandú, que bordea el río Uruguay, en el tramo comprendido entre el Obelisco y la avenida José Batlle y Ordóñez. Se invertirán para su ejecución más de 126 millones de pesos, a través del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional II (PDGS II) que administra la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Para ello, García ya aprobó la transferencia de los fondos a la Intendencia de Paysandú.

En los últimos años, el Gobierno nacional transfirió a la intendencia sanducera el equivalente a unos 13 millones de dólares en inversión mediante el referido programa, precisó el subdirector de la OPP, Santiago Soto, durante la presentación del proyecto, el 22 de mayo de 2018.

Esa cifra incluye la financiación de la recuperación ya ejecutada de la avenida Roldán, la recuperación y reconstitución del espacio público del barrio La Chapita y la transformación del parque París Londres, agregó.

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