Error
  • La plantilla no está disponible para esta presentación. Por favor, contacte con un administrador del sitio.

Las ciudades de todo el mundo se enfrentan a grandes desafíos en lo que respecta a la rápida urbanización, el envejecimiento de la población, la soledad, el cambio climático y la falta de viviendas económicamente accesibles. Ese diagnóstico, que plantea un grupo interdisciplinario convocado por la marca Ikea, supone reconsiderar la forma en que se diseña el hábitat construido. De lo contrario, “las ciudades serán cada vez más insostenibles y socialmente desiguales”, definen desde Space 10, un laboratorio global de investigación y diseño que auspicia la empresa sueca, según el suplemento ARQ del diario argentino Clarín.

Junto con el estudio Effekt Architects, Space 10 imaginó un nuevo paradigma sobre cómo diseñar y construir los hogares, los barrios y las ciudades en el futuro. “La misión es abordar algunos de los desafíos urgentes que enfrentamos en nuestras nuevas realidades urbanas, mientras creamos viviendas más habitables, asequibles y sustentables”, aseguran.

 

Premisas innovadoras

El proyecto The Urban Village desarrolla experimentalmente esas ideas partiendo de algunas premisas innovadoras. En primer término, plantea comunidades de viviendas compartidas por varias generaciones en el corazón de las ciudades, con hogares flexibles y de alta calidad, conectados a una variedad de servicios e instalaciones comunes; con una interfaz digital para satisfacer las necesidades diarias.

También considera que hay que ampliar el acceso al mercado de la vivienda. Con lo cual, habría que repensar la forma en que diseñamos y financiamos nuestros hogares; considerar la introducción de nuevos modelos basados en suscripción y ofrece la oportunidad de capitalizarse. En este nuevo modelo de propiedad, los residentes pueden comprar “acciones” si quieren y cuando pueden.

Esto significa que las personas pueden acceder a la propiedad de forma progresiva y cobrar más tarde a medida que aumenta el valor de la propiedad.

El proyecto consta de un sistema de construcción modular que puede ser prefabricado, almacenado plano e incluso desarmado. Esto garantiza un método de construcción más sustentable y reductor de CO2, y un enfoque circular para la gestión y el ciclo de vida de los edificios.

Urban Village crea comunidades para personas de todas las edades, orígenes y situaciones: “El objetivo es permitir una mejor vida cotidiana a través de los múltiples beneficios de vivir en comunidad, con instalaciones y servicios compartidos, como guardería, agricultura urbana, comidas comunitarias y transporte compartido.

Estos beneficios no solo ofrecen un sentido de pertenencia, también se ha demostrado que mejoran la salud y dan felicidad”, explican los autores.

Además, el proyecto urbano le daría cotidianeidad a la vida sustentable a través de la recolección de agua, la producción de energía limpia, el reciclaje, la producción local de alimentos y el compostaje. Incuso toda la propuesta arquitectónica está enraizada en materiales sustentables.

La construcción modular permite configurar una amplia gama de diferentes tipologías de viviendas para adaptarse a varios entornos urbanos. El sistema es prefabricado, producido en serie y empaquetado en plano, todo lo cual ayudaría a reducir los costos de construcción.

El sistema estandarizado utiliza madera laminada cruzada, un material con enormes ventajas medioambientales, superando al acero y al hormigón. Se puede utilizar para construir todo, desde casas urbanas hasta edificios en altura.

Casi todos los componentes y materiales se pueden desarmar y reemplazar, reutilizar y reciclar fácilmente a lo largo de la vida útil del edificio. Esto da a las personas la libertad de agregar, adaptar y modificar su hogar cuando lo deseen.

Publicado en Noticias

El Ministerio de Vivienda mantendrá abierta, hasta el 30 de setiembre, la licitación a privados para el reciclaje de la exfábrica textil La Aurora en el barrio Capurro de Montevideo.

El proyecto requiere 12 millones de dólares para construir 100 unidades habitacionales, un Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) e instalaciones para que el gobierno desarrolle propuestas culturales y educativas abiertas al barrio.

Un proyecto de reconversión de una zona obrera emblemática del barrio Capurro, próxima al arroyo Miguelete, fue presentado en un acto del que participaron los directores Salvador Schelotto, de Vivienda, y José Freitas, de Ordenamiento Territorial, el adscripto al Ministerio de Educación y Cultura, Horacio Ramírez, la presidenta del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), Marisa Lindner, la presidenta de la Junta Departamental, Adriana Barros, el presidente de la Comisión Permanente del Prado, Esteban Dieste, y el edil Mariano Arana.

El llamado a licitación para la presentación de propuestas por parte de empresas privadas cierra el 30 de setiembre y las obras en el predio ubicado en las calles Uruguayana e Inocencio Raffo se prevé que comiencen en el primer trimestre de 2020.

La iniciativa contempla el desarrollo de intervenciones de viviendas dúplex con el objetivo de aprovechar la altura de cada nivel de la explanta fabril La Aurora, de José Martínez Reina, pues la estructura existente se debe mantener tal cual está debido a que ese edificio ha sido nominado patrimonio histórico protegido. El reciclaje llegará a 6.000 metros cuadrados en intervenciones.

 

Inversiones privadas

Schelotto destacó la importancia actual de la inversión pública en ese proyecto, que tiene por objetivo que se sumen más inversiones privadas para mejorar un barrio con acciones de integración e inclusión. Recordó que la caída de la industria, en ese momento, significó mucho sufrimiento para esta zona de Montevideo, lugar que estuvo esperando por años la llegada de soluciones habitacionales.

"Ese proyecto une a los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial  y de Educación y Cultura con el INAU para la realización de un programa urbano que incluye un centro para el cuidado de niños y niñas, otra apuesta a la primera infancia, política que es prioritaria en este período de Gobierno (2015-2020)”, dijo Lindner.

El proyecto Capurro se enmarca en la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano (Enasu) que lidera el Ministerio de Vivienda desde su dirección de Ordenamiento Territorial. Esa política tiene como objetivo establecer de forma ordenada y sistemática mecanismos concretos para coordinar el accionar de los actores implicados en la planificación y gestión del uso del suelo urbano.

Para el MVOTMA, el acceso al suelo urbano es clave para el desarrollo de las políticas públicas con el objetivo de facilitar el derecho a la vivienda y a un hábitat digno, lo que implica diseñar alternativas habitacionales en lugares que cuenten con infraestructura y servicios vinculados a trabajo, salud, educación y la cultura.

Publicado en Noticias

Comprar una casa o un piso, reformarlo para mejorar su eficiencia energética y obtener a cambio una reducción del precio de la hipoteca o un mayor porcentaje de financiación, es una de las nuevas premisas en España para incentivar, justamente, este tipo de viviendas.  O, directamente, adquirir una vivienda con una de las mejores certificaciones energéticas y conseguir un préstamo a condiciones más favorables, según un informe de El País de Madrid.

Esto es lo que se denomina una hipoteca verde, cuya finalidad es crear un círculo virtuoso: se mejora la eficiencia energética de la vivienda, lo que redunda, por un lado, en una contribución en la lucha contra el cambio climático y, por el otro, en un ahorro que, a su vez, permite reforzar la solvencia del usuario quien, por ende, obtiene un préstamo más barato. El problema es: ¿de verdad existe la hipoteca verde? ¿Y sus virtudes son reales?, se pregunta el diario español.

Si se atiende únicamente a la legislación española, de la hipoteca verde solo se encuentra un tenue rastro. La nueva Ley de crédito inmobiliario, que entró en vigor a mediados del mes pasado y que introduce importantes novedades en los préstamos para comprar viviendas, menciona las hipotecas verdes por primera vez en un texto legislativo.

No obstante, no concreta qué se entiende con estos términos y deja su definición y regulación para un desarrollo posterior.

En uno de los borradores que se elaboraron antes de la aprobación definitiva de la ley se establecía que firmar una hipoteca verde no hubiera obligado a elevarla a escritura pública y no se hubiera tenido que abonar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Unas medidas para incentivarla que, sin embargo, no se incorporaron en el texto final.

 

La oferta despierta

Productos que tienen las características de una hipoteca verde mencionadas anteriormente, sin embargo, ya se comercializan.

El mes pasado, el banco BBVA —que aprobó en 2018 un plan para movilizar 100.000 millones de euros hasta 2025 en financiación verde, infraestructuras sostenibles, emprendimiento social e inclusión financiera— lanzó en el mercado una línea de préstamos para la promoción de nuevas viviendas de alta eficiencia energética y consumo casi nulo (uno de los requerimientos a los que las directivas europeas obligarán a partir de 2021, para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero).

Lo que ofrece esta entidad es una bonificación en el diferencial de la hipoteca para aquellos compradores que financien su vivienda a través de esta línea verde. En las mismas semanas, Santander anunció la bonificación de 10 puntos básicos en el tipo de interés de los créditos para viviendas sostenibles.

También en junio pasado, la Comisión Europea publicó su informe sobre taxonomía de actividades sostenibles, en el que, entre muchos otros aspectos, define un inmueble verde como aquel que tenga un certificado de eficiencia energética A o B. Para vivienda que se renueven, se acepta cualquier letra, siempre y cuando las obras de mejora supongan al menos el 30% de ahorro energético.

 

La demanda crece

Pese a estos avances, “en Europa todo es muy incipiente y no hay grandes desarrollos concretos” en lo que respecta a las hipotecas verdes, admiten fuentes de la Caja Rural. El año pasado esta entidad, junto con la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) y Triodos Bank y otras del viejo continente, puso en marcha el plan de acción sobre hipotecas para la eficiencia energética (Eemap, por sus siglas en inglés), bajo el paraguas de la Federación Hipotecaria Europea.

En este programa para la concienciación sobre las ventajas de este producto, y su desarrollo y promoción, participan diversos países a través de diferentes colectivos, como entidades financieras, constructoras, consultoras, promotoras y tasadoras.

“Las hipotecas verdes se encuentran en una etapa muy embrionaria, aunque está empezando a tener visibilidad en muchos países de Europa”, afirmó la responsable del Proyecto de hipotecas y préstamos verdes de la Unión de Créditos Inmobiliarios, Cátia Alves. Y la demanda crece. “Desde 2013, hemos financiado unas 2.000 hipotecas teniendo en cuenta criterios de eficiencia energética en España y más de 11.800 en Europa, con un crecimiento del 36% en el último año”, señaló la responsable de Hipoteca de Triodos, Gemma Balasch.

De todas formas, indica El País de Madrid, más de tres de cada cuatro socios de la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV), que integran 22 sociedades de tasación, no consideran estadísticamente probado todavía que en España las viviendas sostenibles se estén revalorizando más y más rápido que las convencionales, ni que el ahorro energético se esté convirtiendo verdaderamente en una mayor capacidad de hacer frente al pago de la hipoteca. Lo que socavaría el pilar en el que se sustentan las hipotecas verdes.

“Nadie puede dudar de que una vivienda que se reforma y alcanza una mejor calificación energética consume menos energía y que por lo tanto supone también un ahorro económico, y eso aumenta el valor de la vivienda. Todavía es muy pronto para hacer valoraciones sobre este tema, mientras se están desarrollando modelos de análisis”, señalaron desde la Caja Rural.

 

Faltan incentivos

Lo que está claro es que la implantación de la hipoteca verde es “aún escasa en España”, en palabras de la secretaria de la AEV, Paloma Arnaiz. Según Alves, para fomentarla sería necesario “que todos los actores del mercado trabajen” en el mismo sentido, algo que en lo que coincidió Gemma Balasch, quien añadió la falta de reconocimiento normativo de la hipoteca verde como la principal tarea pendiente.

“Aunque favorecer la financiación verde desde un punto de vista legal sea positivo, lo importante sería fomentar la compra o renovación verde, es decir, que el dueño de la vivienda tenga incentivos para tomar este tipo de decisiones”, sostienen desde la Caja Rural. Para esta fuente, se trata de un proceso “imparable”, en el que es probable que “se produzcan iniciativas públicas que hagan que se acelere, como penalizaciones fiscales a viviendas menos eficientes o más apoyos o subvenciones para renovaciones”.

Publicado en Noticias

La casa gira 360 grados sobre sí misma para buscar el sol o darle la espalda y elegir las mejores vistas según la hora del día. Tras tres años de trabajos e investigaciones, la empresa andaluza Sun House, cuyas oficinas están en Marbella, empieza a comercializar la primera vivienda giratoria inteligente de Europa, según informó El País de Madrid.

 

Sunhouse360º

Gracias a su sistema de giro, la casa Sunhouse360º consigue un ahorro energético de hasta el 70% en el consumo energético frente a una vivienda convencional y es capaz de disminuir las emisiones de dióxido de carbono hasta un 68%. Incluye dos captadores solares planos de alto rendimiento con los que se llega a reducir la factura eléctrica para agua caliente sanitaria hasta en un 80%. También ayudan los sistemas constructivos empleados, así como la concepción sostenible y bioclimática de su diseño.

En el mercado existen ya algunos proyectos similares, pero en este caso se combina diseño contemporáneo con los últimos avances disponibles. La tecnología responsable del sistema de rotación proviene del sector industrial y se ha adaptado para su uso en el hogar. La vivienda está dotada de un novedoso sistema de giro que le permite la rotación sobre su propio eje en cualquier sentido y sin límite de vueltas.

El mecanismo es propulsado por dos motores de bajo consumo que la hacen girar con un periodo máximo de 15 minutos por vuelta. El control domótico del sistema de giro es muy sencillo y permite orientar la vivienda de la manera más eficiente para aprovechar al máximo la energía solar.

Además del modo manual se han desarrollado tres modos de funcionamiento preestablecidos: la vivienda gira automáticamente adaptando su posición en cada momento permitiendo conseguir una mayor o menor captación solar; posibilidad de orientar una habitación concreta al paisaje elegido previamente; y una estancia concreta puede seguir la trayectoria solar permitiendo que reciba luz solar directa todo el día.

La vivienda, con estructura de madera y metálica, posee un área construida interior de 251 metros cuadrados y 237 metros de espacios exteriores cubiertos. Presenta cuatro configuraciones diferentes, el cliente puede elegir desde uno hasta tres dormitorios y su interior también se puede personalizar.

Publicado en Noticias

La Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU) elaboró un informe, titulado “Consideraciones sobre la vivienda en Uruguay”, donde da cuenta de la situación del sector, poniendo énfasis en la vivienda promovida.

El pasado jueves 16 de mayo, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, entregó en su sede un documento al precandidato a la presidencia Daniel Martínez. APPCU tiene como objetivo entregar dicho informe a todos los precandidatos.

El documento “Consideraciones sobre la vivienda en Uruguay” plantea una serie de ítems que tiene como fin “lograr soluciones en dicha temática que entendemos esencial para el país”. En ese sentido, se plantea –en el punto “General para todo Desarrollo Inmobiliario”, la eliminación del impuesto a las trasmisiones patrimoniales que se aplica en la primera enajenación del inmueble;  computar el 100% del costo del terreno dentro del costo de obra; reducir el monto del 4%, para la Caja Profesional, dentro del aporte unificado de la Construcción del BPS, y modernizar las condiciones laborales y establecer los mecanismos eficientes para garantizar los derechos de empleados y empleadores del sector.

 

Vivienda promovida

En cuanto a la vivienda promovida APPCU sostiene que “la experiencia de la construcción bajo el régimen de la ley 18.795, de Vivienda Promovida, ha sido muy innovadora y exitosa. No sólo porque ha sido una herramienta efectiva para atraer inversiones sino porque ha derivado gran parte de estas a zonas urbanas que estaban deprimidas y con procesos de vaciamiento no deseados. Su efecto no solo sirve para la oferta de vivienda a sectores desatendidos, sino que ha volcado al mercado de arrendamientos un gran número de viviendas, incidiendo favorablemente en la relación alquiler/ingreso del hogar, según datos arrojados por el INE en su último informe del año 2018. Cabe destacar que existe un efecto derrame dentro de este mercado, ya que el acceso a vivienda nueva, con mejores condiciones de habitabilidad promueve una redensificación de áreas centrales y por otro lado genera nuevos ocupantes en las viviendas que eran habitadas por los adquirentes de la nueva.

 En este sentido, APPCU entiende que debe retomarse el impulso inicial de la aplicación de la ley, derogando las resoluciones ministeriales 636/2014 y 434/2017 y sus correspondientes decretos reglamentarios (156/014 y 34/017), como así también impulsando beneficios por parte de los gobiernos departamentales, quienes han sido los más beneficiados por su aplicación.

En cuanto a la vivienda promovida para deciles 6 y 7, la asociación señala que “dado el informe diagnóstico elaborado en su momento por Julio Villamide en relación con el déficit habitacional y los grandes esfuerzos económicos necesarios por parte del estado para poder satisfacer las necesidades de los hogares de los deciles de ingreso inferior (planes del MVOTMA, apoyo a cooperativas, subsidios, etc.), entendemos que es posible incentivar a la promoción privada en este segmento”. Asimismo, se propone “un canal alternativo” de vivienda promovida. Para ello, se enumeran los siguientes aspectos: favorecer la consolidación de la trama urbana existente, con todos los servicios correspondientes, energía eléctrica, agua, saneamiento, transporte urbano; rever mínimos habitacionales y exigencias constructivas sin desatender condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene (no ser más exigente que la normativa departamental); mantener el régimen de exoneraciones fiscales de la ley 18.795, aumentando el plazo de estas a 20 años; eliminar las restricciones tipológicas para que los proyectos sean coherentes con la demanda (unidades de 1D son las que llegan a deciles inferiores). Incluso analizar la posibilidad de incluir unidades de 1 ambiente; mayor contribución por parte de los gobiernos departamentales: exoneración de contribución inmobiliaria por 10 años; mejorar edificabilidad o el no cobro de mayor aprovechamiento en zonas que se deseen promover, y establecer un criterio similar al actual para topes de precio y alquileres en un porcentaje de las unidades a construir como forma de garantizar la canalización de estas viviendas a los segmentos objetivo.

El documento también hace referencia a los desarrollos inmobiliarios tradicionales, al señalar que “bien conocido es lo que significa para el mundo del trabajo la industria de la construcción. El volumen de mano de obra ocupada, y el derrame natural que produce en otras actividades. En buena medida, como dijimos, los Promotores Privados han sido actores fundamentales en la construcción de la ciudad.   Y por todas estas razones, entendemos que, a esta actividad, los gobiernos centrales y departamentales, deben preservarla, promoviendo las medidas necesarias para lograr captar las inversiones necesarias que dinamicen el sector. En este sentido el decreto N° 329/016 y sus modificativos (Promoción de construcción de gran dimensión económica) han tenido un efecto positivo a tales fines. No obstante, entendemos que los plazos estipulados tanto para la presentación de proyectos como para su ejecución no son los suficientemente adecuados para la dimensión de los proyectos que son objetivo de promoción”.

En este sentido, APPCU propone extender el plazo previsto en el decreto 329/016 y modificativas, abriendo un nuevo período de presentación de proyectos ante la COMAP; flexibilizar el período establecido para la concreción de dichas inversiones, atendiendo a las características de la inversión presentada y su peso económico; considerar la posibilidad que un mismo promotor acceda a los mínimos de inversión elegible establecidos, pero como resultado de la suma de más de un proyecto, manteniendo en cada uno las demás exigencias demandadas.

 

Créditos hipotecarios

En este aspecto, el documento “Consideraciones sobre la vivienda en Uruguay”, expresa que “la capacidad de pago de una persona no es sólo lo que tiene ahorrado sino también el crédito del que pueda disponer. El acceso al crédito hipotecario es una de las claves para que las personas y familias uruguayas puedan ser compradores de vivienda, ya que la mayor parte de éstos necesitan financiar más de la mitad del valor de misma. La cantidad de transacciones a través del actual sistema de créditos hipotecarios que los promotores de nuestra asociación han concretado en los últimos 10 años es muy reducida comparada con décadas anteriores y medido en término relativos (Crédito total/PBI) muy baja respecto a países de la región”. Y agrega que “es necesario mejorar el sistema actual, buscando actores alternativos que aún no participan abiertamente (AFAPs), buscando mecanismos que permitan una mejora en las tasas ofrecidas y redunde en mejores condiciones para la toma de crédito”.

 

 

No residentes 

Otro punto refiere a la “política de tratamiento a no residentes para la compra de inmuebles”, cuya situación actual según APPCU, “se estima que, potencialmente, alrededor del 50% de las compras de inmuebles que se realizan en zonas turísticas residenciales pueden ser compradores no residentes (argentinos, brasileños, chilenos, uruguayos que no residen habitualmente en el país, y otras nacionalidades). La caída en el volumen de obras que viene produciéndose desde 2015, atenuada por medidas puntuales departamentales y nacionales, puede detenerse e incluso ir recuperándose, si fuera posible para los no residentes acceder (aunque sea parcialmente), al financiamiento bancario y en general a un tratamiento bancario amigable, con apertura de cuentas corrientes, etc., que facilite la compra de inmuebles. Ello ayudará además a un mejor conocimiento del cliente cumpliendo con las normas sobre lavado de activos. Si bien no existe impedimento a nivel de ley para otorgar un préstamo bancario para la adquisición de vivienda a un no residente, en la práctica ninguna de estas ventas se hace con financiación bancaria. De acuerdo con la normativa vigente del Banco Central, la calificación de un no residente se asimila a la que corresponde al riesgo país del lugar donde resida. Esta reglamentación hace muy difícil por ejemplo que un residente en Argentina, Brasil etc., pueda acceder a un crédito bancario en nuestro país pues no calificaría como tomador de crédito”.

Para APCCU, si bien existe por el Banco Central el concepto de que son créditos al consumo y una hipoteca lo torna riesgo local, “habría que explicitarlo en una Reglamentación o acordarlo con la Banca expresamente. Se procura que los no residentes accedan, en determinadas condiciones, a financiación bancaria para la adquisición de inmuebles, sin menoscabo de las garantías necesarias para asegurar la salud del sistema financiero nacional. Apertura de Cuenta Corriente y sus derivados”.

De esta manera, APPCU hace referencia a los turistas y al turismo, poniendo como ejemplo a países como  Chile, España, Italia y Estados Unidos, que “tienen un sistema de tratamiento para la adquisición de bienes inmuebles por no residentes, muy favorable, con excelentes préstamos bancarios y con obtención de beneficios, que podremos explayar en futuras reuniones”.     

APPCU propone “calificar al tomador de crédito no residente en función de parámetros similares a los residentes, pero en condiciones más estrictas en cuanto a montos y plazos, entre las cuales se podrían considerar titular del crédito y personas físicas con seguro que cubra el pago del crédito en caso de fallecimiento, así como monto del crédito. Hasta el 50% del valor del inmueble a adquirir; hipoteca en primer grado sobre el bien adquirido; un plazo no mayor a 10 años, y justificación de patrimonio e ingresos, a través de certificado de Contador Público o Escribano, o constancia de recibo de sueldos u otros ingresos, como rentas o pensiones,  del lugar de origen, así como de Uruguay.

Publicado en Noticias
Página 1 de 11