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El Banco Hipotecario del Uruguay ofrecerá préstamos a particulares para la construcción de viviendas en todo el país. Además, lanzará nuevos productos y actualizará los existentes para incentivar el ahorro, según anunció su presidenta Ana Salveraglio.

La información fue proporcionada por la jerarca al periodista Andrés Oyenard, del diario El Observador, al tiempo que adelantó que una de las mayores innovaciones para este año será el retorno del principal agente hipotecario del mercado uruguayo al segmento de préstamos para la construcción de vivienda desde cero, es decir, sin ahorro previo e incluso contemplando la posibilidad de otorgar recursos para la compra del propio terreno. Hasta ahora, el BHU solo tenía operativa una línea de crédito para reforma de inmuebles.

Salveraglio explicó que este producto será “muy flexible”, con la condición de que debe hipotecarse un inmueble que no podrá ser el que se planea construir. La propiedad puede ser del propio cliente o de un tercero. Antes de 2002, el BHU no exigía una garantía sino que lo era el propio inmueble a construir, algo que implicaba un riesgo mayor que el mecanismo actual. En este caso, el tope del crédito que otorgará el BHU será de hasta US$ 160 mil con un plazo para el repago máximo de 20 años.

 

Tipos de construcciones

En el área comercial del banco informaron a El Observador que el organismo no pondrá “ningún tipo de reparos” sobre el tipo de construcción que el particular pretenda utilizar. Esto porque en los últimos años han surgido métodos más económicos que el tradicional de cemento como el steel framing, casas prefabricadas de madera o yeso, entre otras. El BHU recibirá la propuesta que lleve el particular y luego la analizará con sus técnicos para su aprobación.

La necesidad de lanzar este producto surgió luego de un relevamiento que hizo el banco estatal sobre todo apuntando al interior del país, donde acceder a terrenos para construir suele no ser algo tan complejo como en Montevideo, donde la oferta es bastante acotada. “Esto también surgió de las miles de consultas que distintas personas que han pasado por el banco han realizado en los últimos años. En base a ello fue que estamos lanzando esta nueva batería de productos”, justificó la presidenta del BHU.

 

En Unidades Indexadas 

En el marco de los 10 años del programa Podés, con el que en marzo de 2008 el BHU volvió al mercado de préstamos luego de seis años, se lanzará una promoción para los préstamos tanto de compra como de construcción de vivienda denominado Podés Más.

El programa implica que por un monto menor a los límites actuales y menor plazo máximo de 15 años, se podrá acceder a un crédito con una tasa en unidades indexadas (UI) de 6% anual para la compra de vivienda, y de 6,5% para la construcción. “Esto tiene un límite de un equivalente a US$ 20 millones en total en principio. Veremos a ver cómo reacciona el mercado, pero estamos con muy buenas expectativas para lo que pueda pasar este año”, dijo la presidenta del BHU, Ana Salveraglio.

Ese plan está pensado para aquellos propietarios que piensen en cambiar de inmueble y acceder a otro, lo que implicaría un crédito menor que el de una primera vivienda, por ejemplo. El banco pudo bajar la tasa producto de que accedió a fondeos en UI a un costo menor que en el pasado.

 

Mejoran las condiciones

El plan de cambios del BHU abarca también una mejora en las condiciones de crédito para la compra de vivienda destinada a profesionales universitarios. En ese segmento el banco decidió mejorar la relación cuota/garantía y también el ratio cuota/ingreso tope.

En el primer caso, permite hasta 30% de la retención de los ingresos mensuales y accede a financiar hasta el 90% de la vivienda con un plazo de 25 años y una tasa general de 7% anual en UI o de 6,5% si son ahorristas de la institución. Esos préstamos tienen un tope fijado en 2,8 millones de UI (unos US$ 280 mil).

Dentro de los cambios en el régimen de ahorro, el BHU sacará un nuevo producto denominado Yo Ahorro Alquilando. El banco estatal cuenta con un servicio destinado a la garantía de arrendamiento de inmuebles, que no ha sido muy promocionado dentro de su cartera de productos. Por este sistema, un inquilino acuerda con el propietario determinados meses de garantía como depósito en UI, y el BHU cobra una determinada comisión por oficiar como garante.

“Ahora, en el momento en que el cliente abre una cuenta de garantía de arrendamiento, en paralelo, le vamos a abrir otra cuenta del programa Yo Ahorro”, indicó Salveraglio.

Esto porque, en general, uno de los argumentos es que las personas que alquilan tienen poco margen para poder mantener una conducta de ahorro constante durante todos los meses del año. Por ello el BHU no exigirá un mínimo de 18 meses de depósito consecutivo como pauta el programa Yo Ahorro vigente, sino que dará la posibilidad a estos inquilinos de que depositen en esa cuenta cuando tengan disponibilidad para hacerlo. Además, el BHU le tomará el depósito que tiene como garantía de alquiler como parte de saldo de la cuenta del Yo Ahorro.

Este programa ofrece a los clientes una bonificación en la tasa de interés en UI de 0,5 puntos porcentuales respecto al régimen general (hoy está 6,5% o 6,75% en UI anual según el tipo de cliente), y en la relación deuda/garantía, ya que permite financiar hasta el 90% del inmueble frente al 80% de la hipoteca tradicional.

Acá se exige un saldo inicial para la apertura de la cuenta de 500 UI ($ 1.914) y depósitos mensuales por el mismo monto aunque no tienen que ser consecutivos.

Por otro lado, para aquellas personas que alquilan y pretenden sacar un crédito hipotecario cuya cuota es inferior al alquiler y demuestran que fueron buenos pagadores, el BHU accede a afectar hasta el 35% del ingreso líquido de los hogares, hoy los máximos van desde 20% hasta 30%.

También en este caso permite financiar hasta el 90% del inmueble con un tope de 2,8 millones de UI (unos US$ 280 mil). El BHU decidió también reducir las exigencias mínimas para el programa Yo Ahorro tanto en depósito mínimo para la apertura de la cuenta como de los 18 depósitos mensuales que se exigen para acceder a un préstamo hipotecario. Antes para abrir la cuenta se exigían 4.000 UI (unos $ 15.314), ahora son 1.000 UI (unos $ 3.828), mientras que los depósitos mensuales que tenían que llegar como mínimo a 700 UI ($ 2.678), ahora bajan a 500 UI ($ 1.914).

 

Perspectivas para 2018

Por otra parte, se busca atender la necesidad que en un futuro tendrán las nuevas generaciones de acceder a un vivienda, el BHU lanzará el programa Yo Te Ahorro, para que padres y abuelos puedan abrir una cuenta para sus hijos o nietos.

“Este fue un producto muy pedido, sobre todo para aquellos que tienen sus hijos en el interior y luego vienen a Montevideo a estudiar y se genera un problema para ver dónde viven”, comentó Salveraglio. Esta opción está destinada a menores de 18 años, y ofrece una bonificación de la tasa de interés de un futuro préstamo de 0,5 punto porcentual.

El organismo  tiene previsto aprobar préstamos hipotecarios este año por un piso de unos 900 millones de UI (unos US$ 122 millones) en línea con el resultado del año anterior. Ese año el banco otorgó 1.500 créditos. “No tenemos un estudio de mercado del impacto de estas nuevas líneas, pero esperamos superar el 2017. La morosidad ha ido bajando a contrapelo del todo el sistema financiero. Estamos con una tasa total de 1,5%, mientras que si se contempla los nuevos préstamos estamos con 0,6%”, afirmó la titular del Banco Hipotecario del Uruguay, Ana Salveraglio.

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De León explicó que las 48.770 soluciones previstas en el Plan Quinquenal de Vivienda 2015-2019 son las que involucran en forma directa al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente e incluyen al Plan de Mejoramiento de Barrios (PMB) y el Plan Juntos, que en este período quedaron bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) de esa cartera.

De las 48.770 soluciones habitacionales, 23.500 son nuevas, entre obras de cooperativas, construcción de viviendas, viviendas del Banco de Previsión Social (BPS), autoconstrucción asistida, viviendas en pequeñas localidades, préstamos y subsidios para adquisición de vivienda y relocalizaciones, según explicó la ministra de Vivienda Eneida de León. “Hemos trabajado en forma intensa en todo Uruguay y en este momento tenemos en proceso de realización más de 40.000 soluciones habitacionales, sobre una meta que establece el Plan Quinquenal de más de 47.000”, explicó la jerarca acerca de las nuevas soluciones habitacionales, las acciones sobre el stock, los contratos de garantía de alquiler y el Programa de Mejoramiento de Barrios.

De León explicó que las 48.770 soluciones previstas en el Plan Quinquenal de Vivienda 2015-2019 son las que involucran en forma directa al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente e incluyen al Plan de Mejoramiento de Barrios (PMB) y el Plan Juntos, que en este período quedaron bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) de esa cartera.

Las 48.770 soluciones previstas también comprenden las acciones sobre el stock, que son 15.700, entre préstamos y subsidios para refacción, mejora y ampliación, mejora habitacional de hogares de extrema vulnerabilidad a través del Plan Juntos, viviendas del BPS, y en pequeñas localidades, además de 6.000 contratos de garantía de alquiler y 3.570 soluciones habitacionales realizadas a través del Programa de Mejoramiento de Barrios.

“En el marco del Plan Quinquenal de Vivienda estamos comprometidos con lo que es un objetivo central del Ministerio, el acceso y permanencia a una vivienda digna y para ello avanzamos en diferentes aspectos tales como la construcción de vivienda nueva, la política de alquileres y la política de subsidios que asegure la posibilidad de que cada familia permanezca en su vivienda sin ser afectada por su situación económica. Para ello nuestro gobierno ha elevado un proyecto de ley al parlamento que ya tiene media sanción”, expresó de León.

Y agregó que se está abordando en profundidad el tema del acceso al suelo urbano para fines habitacionales, en tanto se trata de un elemento clave para el desarrollo de las políticas públicas con el objetivo de facilitar el derecho a la vivienda y a un hábitat digno. “Esta iniciativa favorecerá a aquellas familias y grupos que están trabajando para construir sus viviendas, en primer lugar al cooperativismo de vivienda, que es uno de los orgullos de nuestro país”, sostuvo la jerarca.

 

ANV y BHU

Asimismo, está previsto totalizar 39.000 soluciones habitacionales más, mediante créditos concedidos por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y acciones de la Agencia Nacional de Vivienda, a través de refacción y comercialización de viviendas libres, refacción y comercialización de esqueletos de edificios, préstamos para refacción, reestructura de deudas y regularización, escrituras de cancelación y viviendas en proyectos promovidos a través de la ley 18795.

De León precisó que se trabaja a buen ritmo y que este es el último impulso antes de llegar a la próxima rendición de cuentas. Precisó que el Sistema Público de Vivienda espera llegar en 2019 a lo pautado en el presupuesto, en el marco del Plan Quinquenal de Vivienda, que establece la implementación de un total de 88.000 soluciones habitacionales.

El Sistema Público de Vivienda está encabezado por el Ministerio de Vivienda a través de la Dirección Nacional de Vivienda, el Programa de Mejoramiento de Barrios, el Plan Juntos y organismos como la Agencia Nacional de Vivienda, la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR) y el Banco Hipotecario del Uruguay.

 

Entrega de apartamentos

En otro orden, Ministerio de Vivienda, junto al Banco de Previsión Social entregaron 28 apartamentos en la ciudad de Minas. “El trabajo conjunto del Ministerio de Vivienda, el Banco de Previsión Social y la ONAJPU permitió brindar soluciones habitacionales a 10.000 personas en el país con la construcción de viviendas, subsidios de alquiler y soluciones cupo-cama”, dijo la directora del BPS, Rosario Oiz. Ambos organismos entregaron 28 apartamentos a jubilados y pensionistas que viven en Minas, departamento de Lavalleja.

Oiz destacó que la entrega de llaves de los 28 apartamentos de un dormitorio, cuatro para personas con discapacidad, que integran el edificio Arequita, ubicado en la calle Olegaria Núñez esquina Juan Marmolejo, en Minas, son parte de las 140 soluciones habitacionales en ocho complejos que el Banco de Previsión Social (BPS) y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente han desarrollado en el departamento de Lavalleja.

La edificación cuenta con ascensor, portero eléctrico, salón de usos múltiples y áreas verdes. Las residencias fueron construidas por el Ministerio de Vivienda y se entregan en comodato a jubilados y pensionistas del BPS con residencia permanente en el país cuyos ingresos no superen las 12 unidades reajustables (UR), unos 12.252 pesos. Los aspirantes a acceder a una vivienda deben inscribirse al Programa de Soluciones Habitacionales del BPS, en las oficinas que el organismo tiene en todo el país.

Oiz señaló además que “todas las viviendas del Banco de Previsión Social están habitadas y en condiciones de ser habitadas” al referirse a los cuidados de calidad de construcción y de reacondicionamiento constante de las viviendas existentes en distintas partes del territorio nacional.

Por su parte, el director nacional de Vivienda, Salvador Schelotto, dijo que la entrega de las 28 llaves de los nuevos apartamentos que serán estrenados por jubilados y pensionistas, lo que constituye un derecho que se hace efectivo tras el trabajo del Estado con las empresas constructoras en la edificación de soluciones habitacionales dignas en el marco de una política de construcción de ciudadanía.

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Un estudio llevado a cabo por la arquitecta Sharon Recalde propone generar conocimiento sobre la precariedad habitacional dispersa de Montevideo y estudiar medidas que permitan revertir la situación.  El estudio es la tesis de doctorado presentada ante la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Pablo y recibió una mención en la última edición del Premio Nacional de Urbanismo.

Según el trabajo, “en este nuevo siglo se produce una polarización entre las condiciones de vida de los distintos estratos sociales, que tiene su reflejo en el territorio” y que se materializan en la “segmentación social, segregación residencial y exclusión urbana”.

De manera paralela “se manifiestan nuevas formas de habitar en el tejido formal de la ciudad, asociadas a nuevas formas de pobreza y vulnerabilidad”. Se trata de la precariedad habitacional dispersa y es “la menos visible, subdiagnosticada y atendida por las políticas públicas”, afirmó Recalde.

 

Precariedad habitacional

Se considera precariedad habitacional, entonces, a la manifestación física de pobreza o vulnerabilidad en el hábitat residencial. La precariedad dispersa es la precariedad física y social que caracteriza localizaciones puntuales dentro del tejido formal. En tanto, la precariedad habitacional concentrada hace referencia a la precariedad física y social que caracteriza porciones homogéneas de la ciudad, como parte de procesos de fragmentación urbana.

Existen ambos tipos de precariedad habitacional, pero en la tesis doctoral se recuerda un trabajo estadístico previo que daba cuenta que existen tres familias pobres en el tejido formal por cada una que vive en asentamientos irregulares en Montevideo. Ello, sostuvo Recalde, “evidencia la existencia de situaciones de vida críticas diseminadas por ese tejido formal que no necesariamente son conocidas y mitigadas por la acción estatal”.

Los barrios de las zonas centrales de Montevideo fueron identificados como poseedores de algunas situaciones de precariedad habitacional. Es más, en el trabajo se indica que existen “niveles críticos (altos) en las zonas centrales e intermedias o que presentan particularidades que implican la necesidad de profundizar el análisis en las zonas de interés”.

 

Cambio de paradigmas

Según Recalde, en los últimos años se observa un “real interés en innovar en la búsqueda de soluciones para las problemáticas habitacionales existentes, tanto a nivel legal como institucional, como en el diseño e implementación de los programas”. Cree que “existe un evidente viraje del paradigma del acceso a la vivienda al de permanencia en ella” y que la diversificación de los programas “ha permitido comenzar a atender el stock habitacional existente” en el que se evidencia la precariedad.

De todos modos, pese a la existencia de diagnósticos y la aplicación de planes desde el Estado, la especialista entiende que “aún existe desconocimiento de situaciones de precariedad, mayormente de la precariedad dispersa, tanto de su localización como de su caracterización”.

 

Formales y precarios

La tesis doctoral afirma que se desarrollaron programas estatales “de aplicación concentrada y dispersa” y que las medidas aplicadas sobre la precariedad dispersa “tienen menor inversión ya que se limitan a mejoras en la vivienda, han tenido menor evaluación, van en aumento (diversificación), aunque no están aún consolidadas”.

Asimismo, señaló que “su gestión no es simple, debe atenderse caso a caso“, y que los beneficiarios son los protagonistas ya que son los que deben procurar el programa habitacional más adecuado a sus necesidades y posibilidades”.

Recalde sostuvo en el trabajo que “los programas que atienden las situaciones de precariedad concentrada tendrán un mayor impacto a nivel urbano, por un lado por la propia concentración de los resultados y porque incluyen acceso a servicios de infraestructura y equipamientos sociales y culturales. También será mayor la cantidad de beneficiarios”.

Sobre los programas de aplicación dispersa, señaló  que “se limitan a intervenciones en las viviendas y su alcance es aún limitado”. Y explica: “Pueden atender situaciones que promuevan la conservación del stock construido, salpicando de mejoras el tejido formal en proceso de deterioro. Esos programas a pesar de no proponer el mejoramiento del espacio público, en algunos casos contribuyen a la imagen urbana a partir de las mejoras de los inmuebles”.

 

Conclusiones

Entre las conclusiones del trabajo se encuentra la necesidad de generar más información acerca de la precariedad habitacional dispersa. “La falta de información es el primer obstáculo a superar para revertir esa problemática. La investigación realizada propone una metodología para su reconocimiento, define zonas donde comenzar un análisis más profundo y genera un sistema de información geográfica que queda disponible para continuar con la manipulación de los datos e indicadores utilizados”, indicó Recalde.

Además, sostuvo que la visibilidad de los distintos tipos de precariedad habitacional es diferente, “siendo mayor el reconocimiento en el caso de los edificios ocupados, luego el caso de los terrenos formales con ocupación precaria y finalmente el de las pensiones”.

“Los edificios ocupados se encuentran en toda el área estudiada, los terrenos formales con ocupación precaria se localizan en la parte más periférica de esa zona y las pensiones en la zona más central”, explicó la profesional.

Desde su perspectiva, “es necesario coordinar y articular, hacer sinergia entre programas de distintos sectores (urbano, habitacional y social) y entre distintos organismos, potenciar la autogestión, autoproducción, autoconstrucción e intensificar el apoyo técnico; facilitar las acciones y aproximar los programas a los usuarios”. En línea con lo que trabaja el gobierno, Recalde  manifestó que en el caso de terrenos formales con ocupación precaria los principales aspectos a resolver son las condiciones de habitabilidad y las condiciones legales de las viviendas.

“Las intervenciones físicas a realizar incluyen el mejoramiento de las condiciones materiales y apoyo a la autoconstrucción. Las estrategias a desarrollar deben tender a potenciar las acciones a través, por ejemplo, de la cooperación entre familias y coordinación entre beneficiarios para hacer más eficiente la acción de las instituciones, valorando las intervenciones grupales sobre las individuales”, enfatizó la arquitecta.

Por otro lado, se plantea en la tesis doctoral que “hace falta facilitar la formalización de las viviendas lo que implica posibilitar la subdivisión de los terrenos originales, la regularización de las construcciones -impedida por el incumplimiento de las condiciones físicas-, permitiendo en ambos casos la incorporación a propiedad horizontal”.

En el caso de los edificios ocupados, plantea que antes de cualquier otra acción se deben resolver los problemas de tenencia, y sostiene que el caso de las pensiones y casas de inquilinato “debe ser reconocido como un problema a atender” ya que “apenas se conocen las condiciones de vida de los locales habilitados”, señala el estudio de la arquitecta Sharon Recalde.

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La arquitectura de la participación cívica, es decir, la idea de que los edificios deben abordar la desigualdad y mejorar la vida de todos los habitantes, sin perder los niveles de confort y seguridad actuales, ha comenzado a ganar protagonismo en los últimos años.  Un informe de la cadena de televisión estadounidense en español Univisón, elaboró un informe donde enumera tres de estos proyectos.

La participación cívica en la arquitectura va contracorriente con la imaginación popular que, con frecuencia, relaciona a las ciudades con sus edificios más grandes y sus monumentos más colosales. Pero  las ciudades tienen un “núcleo duro” que consiste en sus edificios cívicos y espacios públicos de pequeña escala, tales como bibliotecas, escuelas, centros comunitarios, parques y parques infantiles. Estos lugares son espacios de reunión para los residentes y crean enclaves urbanos que son robustos y duraderos.

 

Tres proyectos

En este contexto, se anunciaron en Estados Unidos  tres proyectos, que serán concretados en el correr de este año, que demuestran el poder  de la arquitectura de construir, sostener y forjar comunidades. El primer proyecto es una  biblioteca en el vecindario Greenpoint de Brooklyn —la cual será bautizada como la Biblioteca y Centro de Educación Ambiental Greenpoint— que ejemplifica la capacidad de la arquitectura pública de reflejar las preocupaciones de las comunidades locales. Diseñado por la firma arquitectónica Mable Fairbanks, el edificio de dos plantas tiene todas las características de una biblioteca tradicional, desde libros apilados a salones de lectura. Pero también habrá espacios para reuniones que se están construyendo para el uso expreso de los activistas comunitarios y los ambientalistas, así como un centro educativo para la conciencia ambiental, los cuales son reconocimientos de la historia de activismo ambiental del vecindario.

El edificio será construido según las normas más exigentes del diseño ecológico, con planes para reducir la contaminación de aire por parte del edificio y disminuir su uso energético y del agua. En los dos techos verdes del edificio, al igual que en su plaza pública, se cultivarán especies oriundas de la región.

 

Planificación urbanística

Lo mismo se podría decir de una planificación urbanística de viviendas asequibles que se está construyendo en Humboldt Park, en el West Side de Chicago. Tan importante como los espacios públicos, la vivienda asequible ayuda a crear ciudades equitativas y accesibles. Bautizado “‘Tierra Linda”, la planificación es el resultado de la colaboración continua entre la empresa Landon Bone Baker Architects y la Latin United Community Housing Association (Asociación Latina Unida de Vivienda Comunitaria), una organización comunitaria local.

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La construcción de casas para veraneo con contenedores adaptados tuvo una fuerte expansión en la costa uruguaya en los últimos años. Abonaron a esta tendencia su bajo costo, la agilidad con que se erigen y la conveniencia de no tener que viajar a supervisar obras, ya que se realizan en un taller y luego se instalan fácilmente en el terreno.

Un informe de la periodista Marcela Dobal, publicado por el suplemento El Empresario del diario El País, señala que mientras las empresas del rubro perciben un aumento en la demanda, en paralelo en algunos balnearios crece la instalación de contenedores sin un proyecto de diseño. Esto despertó alertas en las comisiones vecinales e incluso en la Intendencia de Maldonado, que ya trabaja en una reglamentación para “inhibir” estas construcciones.

Al margen de esas irregularidades, el mercado formal ofrece opciones estándar y otras de alta gama, según el material con que se reviste el interior. En los modelos básicos suele utilizarse melamínica en paredes y fenólico en techos, mientras que los más costosos incorporan yeso o lambriz. La construcción es “modular”, uniendo contenedores. Así, se pueden sumar metros cuadrados de a 15 m2 y 30 m2.

“El precio del metro cuadrado va de US$ 500 a US$ 800, depende de las terminaciones y tipos de aislamiento”, explicó Santiago Pérez, director de Total Containers, una de las principales empresas del mercado. “Apuntamos a un público que busca buena calidad, buenas terminaciones y no al costo más bajo”, remarcó. Otros jugadores de trayectoria en el negocio son Multicontainer y Living Containers.

Lo más demandado son las viviendas de dos contenedores (de 60 m2, con dos dormitorios, cocina, living y baño), que por tanto pueden obtenerse a un precio base de US$ 30.000.

A ese monto hay que sumarle el valor del terreno. Por lo general, los que son utilizados para este fin son de 300 m2 o 400 m2, indicó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, Jorge Díaz.

Punta Negra es uno de los balnearios donde más se desarrollaron viviendas con contenedores. Allí, el precio promedio del metro cuadrado de terrenos es de US$ 78,5, según los predios actualmente publicados a la venta en Gallito.com. Por tanto, se podría comprar terrenos a unos US$ 23.500. Pasando raya, con el desembolso de US$ 53.500 se obtiene una casa de veraneo estándar.

Ese precio es muy inferior al de las viviendas que más abundan a la venta en esa zona (las de tres dormitorios), que asciende a US$ 133.000 en promedio, según datos del portal Gallito.com procesados por El País. De dos dormitorios hay muy pocas casas publicadas, cuyo precio medio (unos US$ 100.000) casi duplica los US$ 53.500 de las viviendas con contenedores.

No obstante, Total Containers ha construido viviendas de hasta cinco o seis módulos. “Son para personas que empiezan a buscar casas grandes, cómodas, lindas. Con barbacoa, parrillero, deck, pérgola, de buen nivel”, dijo Pérez.

 

Préstamos bancarios

A diferencia de las de construcción tradicional, estas no se pueden hipotecar, pero hay disponible financiamiento bancario con préstamos al consumo. “Hace unos cuatro años comenzamos a financiar y la demanda siempre fue en aumento”, dijo Emilio Díaz, responsable de Desarrollo de productos de BBVA. Estos créditos “anualmente se incrementan en un 30% promedio”, aseguró al suplemento El Empresario.

El banco presta hasta US$ 40.000, aunque “se analizan excepciones por mayores capitales”. Y se puede financiar hasta el 100% de la vivienda, dependiendo de su valor, el patrimonio del cliente y la capacidad de pago.

Los requisitos que se exigen a los solicitantes son: ser mayor de 18 años, tener un año de antigüedad laboral (en caso de ser empleados dependientes) o tres en actividad (si son trabajadores) independientes. La exigencia de ingresos mensuales es que superen los $ 30.000 líquidos.

Al ser un préstamo al consumo, la tasa de interés es superior al de un crédito hipotecario. “Está en el entorno al 9% en Unidades Indexadas”, informó Díaz. También existen empresas del mercado que ofrecen planes a tasa cero en plazos hasta 36 meses. El plazo máximo que ofrece BBVA es de cinco años, pero el habitual es entre dos y tres.

El director de Total Containers señaló a la periodista Marcela Dobal del referido suplemento que el perfil de los clientes es muy variado. “Vendimos una casa divina de cuatro contenedores en Bella Vista a unos clientes mayores de 60 años. Hay gente joven, hay de todo. Antes el público era medio reacio, pero ahora se comprobó que esta construcción funciona y puede hacerse bien”, remató Pérez.

 

Reglamentación

“Estamos redactando una reglamentación para inhibirlos en zonas donde se entienda que la construcción con contenedores puede degradar el entorno, o sea, áreas balnearias que entendemos que tienen una cierta homogeneidad o calidad en el tipo de construcción, donde una edificación con contenedores pueda significar una depreciación de las residencias en esa área”, dijo a El Empresario la directora de Urbanismo de la Intendencia de Maldonado, Soledad Laguarda. Agregó que es probable que la inhibición alcance a “la mayor parte de las áreas balnearias y que si se autoriza, sea con alguna condición muy especial, porque reconocemos que existen construcciones que se realizan bajo diseño con proyectos interesantes que podrían ser viables. No alcanza con hacer una perforación para una ventana y una puerta, tiene que tener un proyecto, un diseño”, dijo. Se exigirán también ciertas condiciones de aislación acústica y térmica.

Según Laguarda, en Punta Negra, Sauce de Portezuelo y Ocean Park esta construcción “se convirtió en un problema y las propias comisiones vecinales nos están pidiendo que lo regulemos y limitemos”. Las viviendas ya deben tramitar permiso de construcción, conexión a la red pública de agua potable, al saneamiento, al alumbrado público y pago de contribución inmobiliaria.

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