El evento, organizado por el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (CEEIC), fue presentado por el economista de CPA Ferrere, e integrante del centro, Gabriel Oddone, que expuso sobre los objetivos del CEEIC, y adelantó los resultados de un estudio de productividad realizado en la industria de la construcción.

A partir de un relevamiento de datos reportados al Banco de Previsión Social en 116 obras de vivienda, el estudio señala que en la actualidad construir un metro cuadrado requiere 20% más jornales de lo que ocurría a fines de la década del 1990. Según Oddone, esos datos confirman la percepción que existe entre los empresarios de la construcción respecto al descenso de la productividad. Para  el economista, tomando en cuenta la incorporación realizada de equipos y de maquinaria, no necesariamente debe asociarse la caída a un problema de inversión, sino a la calificación de la mano de obra y a la organización de los procesos de trabajo. El estudio final será publicado próximamente.

Oddone también hizo referencia a un trabajo de caracterización del empleo en la industria de la construcción que el CEEIC está realizando en conjunto con economistas del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas.  Si bien este trabajo aún no ha sido publicado, Oddone sostuvo que los datos recogidos “confirman lo que los empresarios saben bien. Hay una alta informalidad en el sector. Las estadísticas de empleo que reporta en el sector construcción el Instituto Nacional de Estadísticas divergen siempre con los números que tiene en la cabeza el sector de la construcción, precisamente porque el sector aún tiene un alto contenido de trabajadores cuentapropistas o de trabajadores que trabajan en muy pequeñas empresas que están en el ámbito informal. El trabajo que estamos elaborando va a cuantificar y describir la frecuencia de estas observaciones en la territorialidad, y las características de la población que trabaja en el sector formal e informal”, señaló Oddone. 

Tras la presentación, fue el turno del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, quien se refirió a dos temas medulares en esa cartera de Estado: infraestructura vial y proyectos de participación público - privada (PPP).  De hecho, Rossi afirmó que es motivo de preocupación para el MTOP el ritmo con el que transcurre la adjudicación de los proyectos de participación público - privada (PPP) para la realización de obras de infraestructura vial. Esta visión, sin embargo, no es compartida por todo el Poder Ejecutivo, ya que desde el Ministerio de Economía (MEF) entiende que los tiempos del instrumento están en línea con los plazos internacionales. “Les confieso que algunas veces siento que el ministerio está maniatado en su responsabilidad, en la respuesta que tiene que darle a la ciudadanía y a los sectores económicos y sociales del país, porque no maneja totalmente los elementos que le pueden permitir dar esas respuestas”, afirmó Rossi.

Rossi dijo que a veces se utiliza como “consuelo” que los tiempos manejados en Uruguay son los mismos que han enfrentado otros países con experiencias similares, pero insistió en que Uruguay “no está en condiciones” de seguir demorando. “Yo no sé si es así, pero el hecho que hoy estemos festejando que se terminó de aprobar el contrato para un llamado que se hizo en 2013 (rutas 21 y 24) por lo menos a mí me pone muy nervioso”, dijo el ministro.

El jerarca volvió a poner sobre la mesa su idea de conformar una agencia especializada para la herramienta de PPP y otros proyectos especiales, que funcione en la órbita de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Para Rossi, una vez definidos los proyectos, esta agencia debería encargarse de la gestión hasta su concreción, aun sin que otros organismos como el MEF tengan que renunciar a sus competencias y potestades en la materia. “El esfuerzo que hace la ley uruguaya de encontrar la forma de participación con todas las instituciones del Estado en las PPP y en ámbitos de consulta permanente y de intercambios es un mecanismo que tendríamos que revisar”, añadió.

 

Infraestructura vial

El secretario de Estado afirmó que Uruguay ha crecido económicamente y a nivel de producción, al igual que en su infraestructura. “Vamos a seguir creciendo. Y como vamos a seguir creciendo tenemos que tener plena conciencia de nuestros déficits. En esta materia somos conscientes que tenemos déficits en materia de carreteras, de puertos, y ni que hablar que prácticamente no tenemos ferrocarriles. Aumenta la producción y por lo tanto tenemos la necesidad, no solo de recuperar lo que de algún modo podemos identificar como rezagos, sino procurar ponernos a tono con los desafíos que tenemos por delante, para que ese crecimiento de las distintas posibilidades económicas que el país tiene, puedan perfectamente no encontrar un obstáculo justamente en esa infraestructura que señalamos con rezagos y que está, en buena parte, en el área de responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas”, afirmó.

Rossi recordó que el Uruguay tiene 8.775 kilómetros de rutas nacionales, de las cuales 380 kilómetros son de hormigón, 3.283 kilómetros de carpeta asfáltica, 4.030 kilómetros de tratamiento bituminoso, y 830 kilómetros de tosca. De ese total de 8.775 kilómetros, el 92% está pavimentado. Asimismo, dijo que el crecimiento de la carga genera una demanda en materia de infraestructura vial, pero que, fundamentalmente, esa demanda no apunta a la extensión de la red vial, sino a la calidad de la misma.

“La extensión es suficiente para atender desde las zonas de producción del país al transporte y la carga especialmente hacia el litoral del país y hacia el sur, al puerto de Montevideo, y en alguna proporción está estimada hacia la frontera norte con Brasil. Cuando nos ponemos a discutir sobre el estado de nuestras rutas, y si discutimos sobre la base de la evolución y estimación del estado de conservación, podemos no advertir cuán es el problema nuevo que tenemos que abordar. Como lo dije en distintas oportunidades, a través de las sistemáticas mediciones que realiza la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte, y que han servido de base a los trabajos que se realizan, incluso por la Asociación de Caminos, dividiendo el estado de las rutas en cuatriles, no es este el momento en que las rutas del país estén peores. El seguimiento de las rutas que se realiza desde 1988, nos demuestra que, por ejemplo en 1996, había un 25% de rutas buenas y muy buenas y un 75% de rutas regulares y malas, mientras que en el 2015 estamos en un 40% de rutas buenas y muy buenas. Es un  porcentaje sensiblemente más alto. Para relativizar esta referencia, hemos podido apreciar que han venido,  año a año, generándose un crecimiento de determinadas áreas de rutas que tienden a empeorar su performance y que va creciendo por lo tanto, en los últimos años, la cantidad de rutas en mal estado”, señaló Rossi.

En concordancia con lo expresado, el secretario de Estado dijo que cuando se discute sobre las necesidades de inversión en infraestructura vial en relación al aumento y frecuencia de las cargas, no se tiene en cuenta que llega un momento donde se cruza el nivel de inversión con el volumen de carga, “y eso no se expresa de la misma manera en toda la red vial, sino que se concentra  en determinadas zonas y en determinadas rutas del país. En general no están preparadas para poder atender esa multiplicación de carga que sostienen sistemáticamente”, señaló.

En otro tramo de su exposición, se refirió a que el Uruguay tiene 730 puentes, de los cuales el 24% tiene más de 70 años de antigüedad, y un 18% menos de 20 años de construidos. “Actualmente se está trabajando en 19 puentes, en algunos casos para su sustitución, su reforzamiento o su ensanchamiento. El 43% de los 730 puentes son puentes que tienen menos 7.20 de ancho de calzada. Y en las licitaciones que están en curso aparecen decenas de proyectos que dan respuestas a las demandas de esos puentes”, sostuvo.

También se refirió a que no existen corredores completos de rutas en todo el territorio nacional, a excepción del litoral, donde se está trabajando en la reconstrucción de puentes en la ruta 5 para que alcance el nivel que exige un corredor nacional.  “Similar problema tenemos en algunos tramos de la ruta 8, particularmente en uno de sus puentes, así como en un tramo de la ruta 11 y otro de la ruta 21. Es decir, tenemos que de algún modo, a partir del patrimonio que hemos acumulado, y que no es poco a lo largo de la historia del país, repensar y reproyectar los objetivos de las necesidades que tiene el país que resolver”, afirmó Rossi.

Recordó que al comienzo de esta gestión de gobierno, se hizo una proyección de la inversión necesaria y posible que se podría llevar adelante según las necesidades del país. “Esto daba una inversión general en cinco años en unos dos mil quinientos millones de dólares. Esto lo abordamos a partir del trabajo tradicional, vía presupuesto de los diez regionales que hacen sustancialmente mantenimiento en el país, y con insuficiencias que tenemos que ver cómo podemos ir reforzando y fortaleciendo. Eso tiene que ver con la utilización del mecanismo de las concesiones, dos de ellas privadas, sobrevivientes de la época  de las concesiones de obras públicas en la ruta 5 y ruta 8, que se han ampliado con trabajos adicionales.  Y de los contratos promovidos a través de la concesión de la Corporación  Vial del Uruguay. En esta materia, en estos momentos se trabaja en 42 contratos de rehabilitación,  35 de mantenimiento, y 21 de alumbrados, señalamientos y puentes. Por esta vía apuntamos en el 2016 una inversión de doscientos millones de dólares. Para el 2017 se suman hasta 132 proyectos con una inversión prevista de 309 millones de dólares por la vía de la Corporación Vial del Uruguay”, explicó el ministro.                     

 

Anuncios

Durante el encuentro, el ministro realizó una serie de anuncios como que en los últimos días se terminó de confeccionar, negociar y aprobar el contrato financiero para la reconstrucción y mantenimiento de las rutas 21 y 24, y el baipás en Nueva Palmira. La obra, a cargo del consorcio integrado por la española Sacyr y Grinor (propiedad de la uruguaya Saceem), es el único paquete adjudicado hasta la fecha y podría comenzar antes de fin de año. Otro proyecto que comprende las rutas 12, 54, 55 y 57 está en proceso de adjudicación. Por su parte, está en la última fase de evaluación el llamado para la reparación de la ruta 9 entre Rocha y Chuy, y un tramo de la ruta 15.

En los próximos días, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas espera tener las propuestas para el llamado de obras en la ruta 14, entre Mercedes y Sarandí del Yi, incluyendo el puente sobre el río del mismo nombre. En relación al tramo de la ruta 26 entre Tacuarembó y Paysandú, Rossi informó que el proyecto está “avanzado”, pero con “demoras”. Mientras tanto, se realizan trabajos de reparación para recuperar ese trayecto que, según dijo el ministro, “se ha deteriorado más del límite de lo aceptable”.

También están en elaboración el proyecto para la ruta 14, en el tramo que une Sarandí del Yi con el departamento de Rocha, y el llamado para la doble vía en ruta 3, desde la ruta 1 hasta San José. La otra PPP planteada es la ruta 6 con baipás en San Ramón. Los paquetes a licitar bajo el régimen de contratos PPP equivalen a unos 1.630 kilómetros de rutas y una inversión aproximada para el quinquenio de US$ 660 millones.

Semanas atrás, el gobierno dio un paso clave para poder hacer frente a los problemas de infraestructura y viabilidad de las PPP. En lo que fue la emisión más grande en la historia del mercado bursátil uruguayo, quedó constituido el Fondo de Deuda para Infraestructura, que dispondrá de US$ 350 millones provenientes de inversores institucionales (mayoritariamente AFAP) para financiar parcialmente la necesidad de recursos de empresas que invertirán en el sector en los próximos cinco años.

El fideicomiso será gestionado por una subsidiaria de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, la empresa uruguaya Caf-Am Administradora de Activos Uruguay S.A. Entre los proyectos a financiar, el fondo otorgará créditos a proyectos de infraestructura ejecutados por parte de empresas concesionarias o contratistas de PPP. Además, la CAF cofinanciará con 10% adicional a cada iniciativa.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) informó a empresarios de la construcción que se modificará el régimen de topes a los precios de las viviendas de interés social, promovidas dentro de la ley 18.795, aprobada en agosto de 2011, que brinda exoneraciones fiscales.

Luego de varios cuestionamientos de empresarios de la construcción, el Poder Ejecutivo decidió cambiar las pautas de los topes al precio de venta  que habían sido adoptados en junio del 2014. Los empresarios entendían que el tope de 25% para Montevideo y el 100% para el resto del país, obstaculizaba la venta de las viviendas y desalentaba la inversión. A partir del 1ro de enero de 2017, el tope se aplicará para el 10% de las viviendas construidas en Montevideo, por lo que el 90% restante quedará liberado, y para el 20% de las unidades construidas en el interior del país, quedando libres el 80% restantes. No será el único cambio ya que las viviendas de interés social  pasarán a denominarse “viviendas promovidas”.

 

Beneficios

Como se recordará, luego de aprobada la ley en agosto del 2011, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,  incorporó en julio de 2014 los topes de precios que fijan el valor máximo en que pueden venderse las viviendas. Luego de esto, bajó 49% el número de proyectos de interés social presentados según la revista Propiedades.

Los beneficios tributarios para los inversores de las viviendas bajo esta modalidad abarcan, por ejemplo, la exoneración de las rentas derivadas de la primera enajenación y del IVA sobre esa transacción, así como de los impuestos al Patrimonio y a las transmisiones patrimoniales.

“Las modificaciones resueltas procuran contemplar algunos reclamos del sector privado a la vez que incluir con nuestras políticas a los sectores bajos, medios bajos y medios que han presentado dificultades en el acceso a una vivienda adecuada, mediante la aplicación de una potente herramienta como lo es el subsidio a la cuota conjugado con el crédito hipotecario”, detalló el MVOTMA.

 

Otros cambios 

También se informó que se realizó “una revisión general del sistema para mejorar el alcance de la política y recoger la experiencia del camino recorrido”, con el objetivo de “incrementar la inversión en vivienda” por sus impactos en la economía, el empleo y stock habitacional.

El MVOTMA se hará cargo de la comercialización de una parte de las viviendas construidas por privados amparadas en este régimen, buscando que las familias de ingresos bajos y medios bajos puedan adquirir una solución habitacional, que será de un dormitorio y abonando una cuota se podría llegar hasta 10.000 pesos. Esto se hará a través del subsidio a la cuota, según  informó el semanario Búsqueda. Si la cartera de Estado no logra colocarlas en determinado plazo las viviendas volverán a quedar a disposición del promotor de la obra sin tope de precio, señaló.

Actualmente los inmuebles construidos con exoneraciones de impuestos están siendo adquiridos por familias de los deciles de ingreso siete u ocho, pero no del cinco al que apuntara llegar el MVOTMA en el futuro.  También se presentó el calendario de licitaciones previstas para 2017, que junto a las de 2016 suman una inversión de US$ 230 millones entre viviendas nuevas y reciclaje.

La actividad en la industria de la construcción seguirá incambiada, al menos es lo que se espera hasta el segundo semestre del 2017. Si bien no decaerá la actividad, el crecimiento no será el pronosticado para el segundo semestre de este año. Así lo expresó el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Ignacio Otegui en entrevista con Del Constructor. “No creemos que la situación se agrave en lo que queda del año. Tenemos expectativas que empiece a mejorar en el segundo semestre del 2017 “, afirmó.

Durante la charla, el empresario se refirió a la situación en la región –y cómo podría impactar en nuestro país- sobre todo a partir de la “Ley del blanqueo”  impulsada por el gobierno argentino y al anuncio de una tercera planta de celulosa en Uruguay. Sobre este último punto, se mostró cauteloso.  “El tema es si tenemos la capacidad de diseñar, montar y poner en marcha dos obras de gran porte –la vía férrea y un puerto- además de la tercera planta de celulosa, en un año.  Nadie va a invertir cuatro mil millones de dólares en un país, sino tiene garantizado el acceso al puerto”, sostuvo Otegui.

 

¿Cómo se encuentra hoy la industria de la construcción?

La segunda mitad del año viene transcurriendo casi igual que la primera. En consecuencia no hay un incremento notorio en la actividad, apenas un 2% o 3%, lo que significa entre 1.500 y 2.000  puestos de trabajo a nivel nacional. Esa es la oscilación que ha tenido en los últimos meses, con lo cual no hay recuperación, pero se frenó, en teoría, la caída. La realidad es esa. La percepción que nosotros tenemos es que esto va a seguir así hasta el primer semestre del año que viene. Es decir, la industria va a continuar con los niveles de actividad que tiene hoy. Es probable que en el segundo semestres del año que viene empecemos a encontrar alguna incidencia un poco mayor de la obra pública y, eventualmente, también de la obra privada. En definitiva, el universo de la actividad del sector hoy es un 16% de obra privada vinculada a la vivienda, 27% de obra pública y el resto es obra privada no vinculada a la vivienda. Todos tienen que mejorar algo a los efectos de que la industria mejore en su contexto global.

 

Durante el 2015 había expectativas de que el sector se reactivara en este segundo semestre, lo que no ocurrió. Esto significa que hay un desfasaje en un reinicio fuerte de la actividad.

Esa es la impresión que tenemos, de un corrimiento de un año. El escenario externo es más complejo de los que habíamos pronosticado  hace un año y medio. Da la impresión de que Argentina va a incidir en algunos rubros más rápido que en otros. Por ejemplo, en el rubro turismo es probable que incida primero que en el rubro construcción.  Eso tiene una incidencia importante en el rubro vivienda,  pero va a demorar todavía. El otro rubro, que no está vinculado a la vivienda, que es la mayor parte del sector construcción,  más del 45%, está vinculado a todas las obras privadas, no vinculadas a la vivienda, que de alguna forma han pasado por la Comap, la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones.  Ahí tenemos la impresión de que hubo una baja, por eso la industria cayó en el 2015 de forma importante y en el 2016 es probable que tengamos una caída menor a la del 2015, y eso va a repercutir en el primer semestre del 2017.  Ahora todo este escenario de ajuste  y las condiciones  diferentes en la ley de presupuesto que fue aprobada ahora, también implica una reducción de la inversión pública. Por lo menos, significa postergar algunas obras  porque no hay con qué hacerlas. Esa es la realidad.

 

¿En qué se está generando expectativa dentro del sector?

Hay una expectativa importante en la participación pública privada, en la inversión privada en algunos segmentos de lo que  son la obra no vinculada a la vivienda  y en la vivienda. La obra pública va a hacer lo que pueda hacer el gobierno con sus propias finanzas, más lo que pueda sumar el sector privado.  Para eso necesitamos ciertas condiciones que se están estudiando y negociando. Creo que hay cosas que se van a lograr  con más trabajo del que nos imaginamos a priori y hay otras que cosas que no se van a poder lograr.

 

¿Cómo afectará esto en los puestos de trabajo?

Estamos en 47.800 puestos de trabajo, aproximadamente. Este año vamos a estar por debajo de los 50.000 puestos de trabajo, que es muy diferente a los 70.000 que teníamos en los momentos pico con Montes del Plata. Estamos hablando de 27.000, 28.000 trabajadores menos  en la parte directamente de obra.  Lo que hay que visualizar aquí es que las obras se van terminando, arrancan menos de las que se terminan y en consecuencia empieza a bajar el número de trabajadores.  Después empieza a descender el personal técnico de obra, luego comienza a bajar el personal administrativo  y no técnico de obra, y después empieza a bajar en las oficinas. Ese proceso se está llevando hoy adelante en la industria. En el sector se han sacado esos 28.000 trabajadores dentro de obra y no menos de otros 20.000 que estaban en otras áreas.

 

Lo que vendrá

La nueva planta de celulosa, en caso de concretarse, supondrá un envión para la reactivación de la industria.

Si se hace, sería para el 2018.  Se me ocurre que en Uruguay  existe materia prima suficiente como para imaginarse una tercera planta  de celulosa. Eso es así desde hace ya un tiempo. En qué momento se hace, en qué condiciones y quién la hace, dependerá del momento. Si usted quiere ubicar una planta cerca de Paso de los Toros y conoce el país, sabe que tiene un problema. Hay una infraestructura inadecuada, primero para arrimar la materia prima a la planta y segundo, y el más importante y grave, es asegurarse que de la planta pueda acceder al puerto para poder embarcar lo que se ha vendido.  Si no tiene eso garantizado, no puede construir la planta. Nadie va a invertir cuatro mil millones de dólares en un país, sino tiene garantizado el acceso al puerto. Se requiere, lo ha dicho el propio gobierno, una línea férrea de Paso de los Toros al puerto de Montevideo y ampliación del puerto para este tema específico.  Eso hay que hacerlo sí o sí antes de la inversión. Le repito, nadie va a invertir cuatro mil millones de dólares si el dueño de casa no le dice que la casa está en condiciones para invertir.

  

¿Esta infraestructura requerida deberá instrumentarse por PPP o solo con dinero del Estado?

Puede ser con PPP con capitales locales o extranjeros, también como país podemos conseguir préstamos con organismos internacionales que puedan financiar los dos proyectos. Los mecanismos pueden existir, el tema es si tenemos la capacidad de diseñar, montar y poner en marcha esas dos obras de gran porte, además de la tercera planta de celulosa, en un año. Estamos hablando que esto es para finales del 2017, a más tardar a comienzos del 2018 debe estar iniciada. Si no se solucionan esas dos cosas, difícilmente haya tercera planta de celulosa. Estamos hablando de una planta que va a producir lo que producen las otras dos juntas.

 

 En la región

A nivel regional tenemos la crisis política en Brasil, que seguramente repercutirá en el sector, y por otro lado cierta expectativa de los inversores en el gobierno de Macri en Argentina, que anunció la llamada “ley de blanqueo”. ¿Cómo cree que afectará este escenario en Uruguay?

Eso va a blanquear parte de los activos que los argentinos tienen acá, como pueden ser propiedades, lo cual es bueno para ellos.  Por un lado es una oportunidad que tienen ellos de blanquear dinero que no tienen declarado, el problema es cómo van a tratar esos capitales en el futuro, dentro de cinco o diez años, si es que la mantienen invertida afuera. Esa es la pregunta que se están haciendo, porque después que uno declara sus bienes no hay marcha atrás, hasta tanto no los venda y demuestre qué hizo con esa plata. O sea, es un capital que no está en el régimen visual y después de declarado pasa a ser visualizado. A nosotros esas cosas no nos inciden mucho. La plata que está acá de los argentinos es el cambio chico de lo que tienen en el exterior. Seamos sinceros: lo que nosotros vemos de los argentinos en el Uruguay es la caja chica. Quien crea que el Uruguay es el gran refugio del capital oculto de la Argentina, me parece que comete un error. Es cierto que ha tenido una incidencia mayor en los últimos años que en el pasado, porque al sector inmobiliario se le sumó el sector agrícola y ganadero con inversiones importantes. 

   

¿Pero está ley del blanqueo no busca el retorno de los inversores argentinos a su país?

Es probable que pueda ocurrir en alguna medida esto que usted dice. Pero van invertir siempre y cuando sea negocio. Y para que sea negocio hay que tener compradores y el problema del Uruguay es que somos tres millones trescientas mil personas. Punta del Este no es para los uruguayos. Los compatriotas que van a Punta del Este son la minoría. Punta del Este funciona así porque  tiene una afluencia de turistas argentinos, que además son propietarios, que es altísima. Debe haber cuatro argentinos por cada uruguayo. Esa es una lógica que hay que entenderla. Y esto no es de ahora, viene de la década del 50. Creo que las medidas que ha adoptado el gobierno argentino podrán tener en algún momento un resultado no favorable para Punta del Este, pero en la medida que haya venta de apartamentos, empiece de vuelta a haber negocios y se rompa el circuito de los buenos negocios en otros lados, como se está rompiendo en Estados Unidos, comenzará a funcionar.  Hoy, aunque no cueste decirlo, es más caro construir en Estados Unidos que en Uruguay. Claro, sigue siendo más barato construir en Asunción, donde han captado capitales uruguayos y argentinos

SEVES GLASSBLOCK

Seves Glassblock es la división bloque de vidrio del Grupo Seves, líder mundial en la fabricación de aisladores para el transporte de energía eléctrica y en la producción de bloques de vidrio para la arquitectura y la decoración.

Seves Glassblock produce y distribuye el 36% de los bloques de vidrio comercializados al mundo, presentados en 9 colores, además del neutro y de otras 200 diferentes decoraciones, con una cuota de más del 40% del mercado mundial.

Conviven y se valoran en Seves Glassblock la rica tradición y el preciado know how de las marcas más prestigiosas que han escrito la historia del bloque de vidrio, como Vetroarredo, Vitrablock, Vidromatone, Sindoco.

Seves Glassblock ofrece hoy un producto de contenidos cualitativos, tecnológicos y formales de altísimo nivel, respetando de igual forma al ser humano y al medio ambiente.

 

La razón del éxito

El éxito de Seves Glassblock se explica con una visión y un objetivo bien definidos: liberar el bloque de vidrio de la lógica marginal del “vidriocemento” rescatando su gran potencial.

La empresa se ha propuesto, desde sus inicios, la finalidad de cambiar las reglas de la producción y el destino del bloque de vidrio, hasta hace muy pocos años considerado un “pobre” complemento de la industria de la construcción, utilizable sólo en situaciones de carencia de luz.

Seves ha transferido al humilde bloque de vidrio la experiencia y tecnología más avanzadas, destacando su pureza, brillo, transparencia y resistencia, consideradas como componentes individuales del producto, agregando una característica exclusiva, reservada anteriormente sólo a los vidrios más sofisticados: el color. Un atento proceso de racionalización productiva ha modificado y ampliado la gama total de modelos y módulos complementarios haciendo posible las soluciones personalizadas.

La actividad de I+D (Investigación y Desarrollo), ha permitido el desarrollo de nuevos procedimientos de instalación de las paredes, de nuevas maltas especiales para la colocación y acabado, además la reducción progresiva de la dimensión de la junta entre bloque y bloque a solamente 2 mm.

 

El bloque de vidrio de alto nivel estético 

Gracias a la utilización de materias primas de gran calidad, a la introducción en las líneas productivas de maquinaria estudiada a propósito, a la aplicación de antiguas y experimentales técnicas de coloración y de tratamientos con rigurosos procedimientos del control sistemático, Seves Glassblock ha transformado el viejo “vidriocemento” en bloque de vidrio, un nuevo y refinado objeto de decoración arquitectónico para interiores y exteriores, para la casa y la ciudad, para fabricarse “a medida”, según las exigencias y el destino.

Hoy el bloque de vidrio es un producto destinado al mercado alto, no ya un objeto de servicio, sino un sujeto autónomo, que expresa y valora en pleno todo su potencial también como objeto de decoración, aliado necesario de la creatividad y de las obras de elevado perfil estético-formal.

Seves Glassblock presenta una gama propia de bloques de vidrio para ofrecer la mejor solución a todas las exigencias de arquitectos, profesionales del sector y usuarios finales.

Seves Glassblock ofrece 4 líneas diferentes de producto: una reorganización que recupera los elementos esenciales de las históricas gamas, inspiradas en los mas altos valores de la tradición vidriera europea, que revaloriza la especificidad del bloque de vidrio para una oferta más eficaz e inteligente.

Seves Glassblock, en todo el mundo, confía en la colaboración de distribuidores dedicados a la comercialización y venta de sus productos.

Hablando de lo especifico del mercado Uruguayo, Barraca Central se distingue por su trabajo de desarrollo y atención a la gran variedad de productos propuestos por Seves Glassblock.

Caracterizándose, siempre, por ser pionera en la comercialización de productos innovadores, Barraca Central ha impuesto su liderazgo en el mercado, debido al duro trabajo, a la inversión hecha en publicidad y ferias, confirmándose líder en el mercado Uruguayo.

Cliente oficial desde hace más de 15 años, siempre se ha destacado por su seriedad, voluntad de crecer y dar a conocer la gama completa de Seves Glassblock.

Para Seves GB Barraca Central ya no es solamente un distribuidor sino el partner ideal con el cual compartir ideas de desarrollo del “bloque de vidrio”. De hecho, podemos afirmar que así ha sido en los últimos 10 años.

 

 

Giusy Contini

Manager para América Latina

de Seves Glassblock 

 

www.barracacentral.com.uy

Pese a la ley de responsabilidad penal empresarial, falta “conciencia real”, afirmó Ángel Dobrich, asesor de APPCU

 

El Instituto para la Capacitación en Seguridad de la Construcción (Incasco), de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU), se apresta a cumplir un año y, para conocer su funcionamiento, Del Constructor conversó con Ángel Dobrich, uno de sus docentes, especialista y asesor en seguridad para la industria de la construcción.

Dobrich, que tiene una vasta experiencia de 36 años a nivel nacional y con capacitación en el exterior en países como Japón y Argentina, se inició en 1980 como inspector de Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Catorce años después renunció al MTSS para trabajar como asesor de APPCU. Actualmente, además de impartir los cursos, participa por APPCU en la Comisión Tripartita de Seguridad e Higiene del MTSS.

Durante la charla, el especialista se refirió al impacto que tuvo en la toma de conciencia  el factor seguridad en el sector, la promulgación de la ley 19.196 de Responsabilidad Penal Empresarial, promulgada el 14 de abril de 2014 y a la falta de conciencia  sobre el tema seguridad, pese al esfuerzo realizado por el sector empresarial y el SUNCA.

“Oficialmente Incasco va a cumplir un año, pero el servicio Asesores en Seguridad e Higiene de APPCU, conocido como ASHA es antes de Incasco. Estamos dando capacitación desde 1996 sobre seguridad e higiene en el trabajo y de aspectos técnicos, a partir de los diferentes decretos. Incasco se dedica a la capacitación en sí de trabajadores que no necesariamente tienen  que estar relacionados con empresas asociadas a APPCU. Los seminarios y cursos que impartimos son para cualquier trabajador de la construcción”, explicó Dobrich.

 

Seguridad y trabajo 

Los cursos van desde primeros auxilios hasta capacitación para gruistas en los que han participado más de 6.000 trabajadores desde que se lleva un registro de los participantes, por lo que se estima que la cifra debe rondar los 10 mil trabajadores. “La capacitación aborda diferentes aspectos como la seguridad, pero también el uso de maquinaria. No podemos separar el uso de una maquina con la seguridad. No se puede hablar solo de seguridad, sino se usa de forma correcta determinada maquinaria. No se puede separar seguridad del trabajo. Siempre pongo el ejemplo del piloto de avión. Pilotear un avión implica que hay que seguir ciertas pautas para que el avión no se venga abajo.  Eso es lo mismo. Nos importa mucho el trabajo en sí, pero también cómo se hace”, señaló el especialista.

Los trabajadores interesados se acercan por motu propio y en otras oportunidades es la empresa la que envía a sus empleados a participar de Incasco. Incluso hay casos de trabajadores independientes a quienes no se les cobra el costo de los cursos, que van desde charlas de seguridad (que pueden realizarse en una sola jornada) hasta aquellos con una duración de varios meses. “Tenemos un programa tentativo para actualización en seguridad e higiene, así como generalidades de la industria, aspectos normativos, planificación previa como herramienta, inicios de obra, recaudo y acciones, desarrollo de riesgo y riesgo en demoliciones, entre otros. También damos cursos sobre tecnologías nuevas. Puede ocurrir que una empresa que trabaja como proveedora en APPCU se acerca y nos ofrece sus servicios de cómo se trabaja con determinado producto, para que sea correcto en el uso, pero también en el tema de seguridad. Ocurre cuando aparece una máquina nueva. Se da un curso para sacarle el mayor rendimiento, pero también para trabajar con ella de forma segura”, afirmó Dobrich.   

 

Concientización

Consultado sobre qué cambió y cómo impactó la promulgación de la ley 19.196 de Responsabilidad Penal Empresarial, que entró en vigencia el 14 de abril de 2014, el asesor en seguridad dijo que se ha incrementado el interés por el tema y que la preocupación mayor ha sido desde el sector empresarial.  “A mi criterio, el trabajador en sí, no ha cambiado mucho. Creo que lo mejor que tiene el decreto 125 de la ley es el abordaje de la capacitación. La capacitación en forma reiterada, de alguna manera, va cambiando la cabeza de los trabajadores y toman conciencia de lo importante que es capacitarse en seguridad”, sostuvo. 

Sin embargo, Dobrich señala que, si bien, hubo un  fuerte interés, traducido en mayor demanda, con la promulgación de la ley, con el paso del tiempo ese interés se fue diluyendo. “El susto pasó y el interés ha bajado un poco. Igual seguimos trabajando. Los viernes, por ejemplo, damos Inducciones, que es abierto a cualquier persona, y que trata de capacitación en temas generales para trabajar en la construcción. Viene mucha gente, por lo general son subcontratos o personas que van a entrar a trabajar a una empresa y deben tener esa capacitación de forma obligatoria”, afirmó. 

En materia de concientización por parte de los trabajadores, Dobrich dice que ha cambiado mucho el panorama, aunque “cuesta mucho la concientización real”.

“El Sunca ha hecho mucho al respecto, yendo por las obras, lo que hace que la gente se interese más. Los empresarios han puesto lo suyo también. De hecho, Incasco es una propuesta de ellos para capacitar a los trabajadores. Igual cuesta mucho la toma de conciencia. Así y todo hemos subido algunos escalones”, afirmó el especialista en seguridad.

2016-09-28

Página 6 de 6
Top