Para este año se prevé una contracción cercana al 5%  que podría mantenerse durante todo el 2017, mientras que se estima que un 40% de los promotores no iniciarán nuevos emprendimientos una vez terminados los edificios que están construyendo, según datos aportados por el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (CEEIC). Ante esta situación, el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU), arquitecto Eduardo Steffen, en diálogo con Del Constructor, reflexionó sobre la situación que atravesó el sector en el 2016 y qué se puede esperar, en materia de reactivación, para este año.

En este contexto, Steffen hizo hincapié en la construcción de viviendas de interés social (VIS), promovidas a través de la ley 18.795, y en el decreto del Poder Ejecutivo del 13 de octubre de este año que promueve la construcción de proyectos de gran dimensión, como algunos de los incentivos para reactivar la industria de la construcción. También se refirió a los salarios como uno de los elementos que encarecen el costo final de la obra. “Los costos de construcción en nuestro país han aumentado sensiblemente en los últimos años y se alejan cada vez más de las posibilidades de los potenciales adquirentes” y que “los costos salariales en el Uruguay han aumentado 108% en términos reales en los últimos 10 años”.

Sobre el tema productividad, uno de los puntos en los que no concuerdan trabajadores y empresarios, el presidente de la APPCU dijo que existen dos causas que conspiran contra un acuerdo entre ambas partes. La primera son los nuevos procedimientos constructivos  y, la segunda, “la pérdida de gobernanza en las obras”. “Los capataces tienen un margen muy limitado de conducción y las acciones gremiales dificultan la posibilidad de exigir rendimiento en el trabajo. En ese sentido la conocida cultura del trabajo, que se ha ido perdiendo, y la poca posibilidad de revertir esa tendencia, gravitan en forma importante”, sentenció Steffen.

¿Cuál es la situación actual de la construcción?

El sector de la construcción ha experimentado variaciones importantes en la última década. En materia de inversión, alcanzó un máximo de 8.200 millones de dólares en el año 2013 cayendo a 6.800 millones en el 2015.Paralelamente en la ocupación de la mano de obra, llega a 73.115 personas en noviembre de 2012 bajando a 47.656 en julio del 2016. La mayor caída se produjo  durante el año 2015 a razón de 1.000 obreros por mes. En el correr del 2016, se estabiliza entre 47.000 y 48.000.En el sector vivienda es donde se produce la mayor contracción. De representar el 30% de la inversión total en construcción durante 2013, pasa a tener el 14% de participación en el 2015.

Hubo un descenso de la actividad. ¿Cree usted que se frenó la caída?

El Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (CEEIC) previó una contracción tendencial cercana al 5% para el 2016, pronóstico que se mantiene para 2017. Por otra parte en materia de vivienda, la iniciación de nuevas obras sigue cayendo sistemáticamente y un 40% de los promotores no iniciarán nuevos emprendimientos una vez terminados los edificios que están construyendo. 

 Se habla de una posible reactivación para el segundo semestre  de este año. ¿Qué piensa al respecto?

Hay varios factores que son fundamentales en cuanto a la posibilidad de reactivación del sector vivienda. Los programas promovidos dentro de la Ley 18.795 crecieron fuertemente hasta junio de 2014, momento en el cual se modifica la reglamentación estableciéndose topes de precios para el 25% de las viviendas de cada programa. Esto produjo una retracción importante en el ingreso de nuevas obras para ser promovidas en la Agencia de Vivienda, pasando de 347 viviendas por mes hasta ese momento, a 180 en el año siguiente. Si consideramos el período junio de 2014  a junio de 2016 el promedio baja a 131.Por otra parte, el 72% de las viviendas promovidas se radican en Montevideo, 21% entre Maldonado y Canelones que son los que tienen topes más altos, 7% entre 12 departamentos y ninguna vivienda en 4, que son Rivera, Flores, Río Negro y Treinta y Tres. La Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU), conjuntamente con nuestro asesor en materia habitacional Julio Villamide, hemos mantenido varias conversaciones a nivel del MVOTMA planteando la necesidad de efectuar cambios para reactivar el plan, que tantos beneficios ha reportado sobre todo a Montevideo, construyendo en barrios donde hacía más de 40 años que la inversión privada no se había interesado. Barrios como Cordón, Centro, Unión, Aguada, por nombrar algunas, se revitalizaron con importantes construcciones. Fundamentalmente nuestros petitorios fueron dirigidos a la eliminación de los topes de venta en todo el país, y a la eliminación de la obligación de no superar el 50% de cada programa con viviendas de un dormitorio. La realidad demuestra que dado la variación de las características de los nuevos hogares, tanto para la adquisición como para el arrendamiento, el interés de los nuevos ocupantes se orienta fundamentalmente hacia la vivienda de un dormitorio.

 Por otra parte, vemos con mucho interés el último decreto del Poder Ejecutivo del 13 de octubre del 2016 que promueve la construcción de proyectos de gran dimensión. Desde luego que se trata de obras puntuales, de gran envergadura, con una inversión en construcción de obra civil superior a 123.000.000 unidades indexadas (algo más de U$S 15.000.000 a la cotización actual), lo que habla de proyectos excepcionales, ya que la mayoría de los emprendimientos que realizan nuestros promotores son de dimensiones sustancialmente menores. También, vemos con mucha atención a la evolución de la construcción en la República Argentina. Ese mercado, que sufrió una depresión más importante que la de nuestro país, se está revitalizando y los precios de venta de unidades a estrenar ya superan los de Uruguay. La temporada pasada ya se vio gran interés por parte de los argentinos en el arrendamiento de apartamentos en edificios de Punta del Este. Hoy ya constatamos un gran interés en alquilar unidades en la temporada.

 

Costos y posibilidades

Se ha esgrimido que una de las causas del descenso de la actividad es, entre otras razones, la migración de inversores para otros países, como Paraguay. ¿Qué piensa de esto y cuáles serían las otras causas de ese descenso?

Los inversores están permanentemente buscando oportunidades de negocios, y no sólo en Paraguay, dónde la construcción tiene costos sustancialmente inferiores a los de Uruguay, y las condiciones laborales y la facilidad de comenzar nuevos emprendimientos son mucho mejores, sino también en países como Colombia, Panamá y la ciudad de Miami. Los costos de construcción en nuestro país han aumentado sensiblemente en los últimos años y se alejan cada vez más de las posibilidades de los potenciales adquirentes. Si bien a nivel regional no estamos demasiado altos, sí lo estamos a nivel internacional. Los costos salariales en el Uruguay han aumentado 108% en términos reales en los últimos 10 años, y su incidencia en los costos es muy importante. Por otra parte, entre los años 2010 y 2014 se fue generando un sobre stock de viviendas que se está paulatinamente absorbiendo. Ya  desde 2015 la venta de unidades construidas supera en cantidad a las que se inician en nuevos emprendimientos.

La situación regional como el cambio de gobierno en Argentina y crisis en Brasil, ¿cómo afectará a la industria de la construcción en nuestro país?

Tanto la Argentina como Brasil experimentaron una profunda depresión como consecuencia de la aplicación de políticas que crearon grandes desequilibrios macroeconómicos. No poca importancia tienen los motivos económicos a nivel popular, en la voluntad de cambio de gobernantes. Los nuevos gobiernos se ven enfrentados a la necesidad de aplicar correctivos muy duros e impopulares para poder encaminar nuevamente a sus economías. Del éxito de estas nuevas políticas económicas dependerá que puedan emerger de tal situación. Indudablemente que la recuperación de nuestros grandes vecinos influirá sustancialmente en nuestro país. El inversor argentino, y paulatinamente cada vez más el brasilero, experimentan gran atracción por invertir en el Uruguay por razones extra económicas. Punta del Este está considerada como el balneario más selecto de cono sur. Pese a nuestra gran autocrítica, nos ven como un lugar excepcional, tanto desde el punto de vista de la seguridad personal como de la jurídica.

 

Productividad

La productividad es otro de los temas que se han planteado. ¿Por qué es tan difícil llegar a un acuerdo entre empresarios y el Sunca?

Considero que hay dos causas fundamentales. La primera se refiere a la gran complejidad que ha devenido en la construcción como consecuencia de los nuevos materiales, nuevos procedimientos constructivos y la incorporación cada vez mayor de maquinaria. En consecuencia, la definición de una tarea y la posibilidad de establecer un rendimiento mínimo para cada una de ellas es sumamente compleja. La segunda causa es la pérdida de gobernanza en las obras. Los capataces tienen un margen muy limitado de conducción y las acciones gremiales dificultan la posibilidad de exigir rendimiento en el trabajo. En ese sentido la conocida cultura del trabajo, que se ha ido perdiendo, y la poca posibilidad de revertir esa tendencia, gravitan en forma importante.

¿Obras en la modalidad PPP y la nueva planta de celulosa podrán reactivar la actividad en el sector?

Hasta ahora las PPP han tenido un desarrollo limitado. Entendemos que el gobierno está haciendo esfuerzos por llevarlas adelante, lo cual apoyamos. En relación a la planta de celulosa creo que hay dos aspectos que considerar. Uno es la incidencia de la producción que generaría ese emprendimiento en el PBI uruguayo. Sería muy importante en cuanto al incremento de la producción y las exportaciones. Además generaría nuevas fuentes de trabajo, no tanto en el funcionamiento de la planta en sí misma, sino en el sector forestal, que es más intensivo en mano de obra. El otro aspecto es la incidencia en la creación de puestos de trabajo en la construcción. Ya hemos tenido la experiencia en las dos plantas anteriores. Generan un gran crecimiento de la mano de obra durante un período relativamente breve creando una distorsión importante en el mercado laboral y luego de terminada la obra queda una gran cantidad de obreros sin trabajo. Nosotros somos partidarios de políticas que tiendan a la creación de puestos de trabajo en forma permanente, de manera de poder planificar nuestros emprendimientos, como, asimismo, la capacitación del personal, tanto en los diversos oficios que involucran a la construcción como lo atinente a la prevención de accidentes laborales.

No ha sido un buen año laboral para contratistas y subcontratistas. Así definió el ritmo de actividad del 2016 el presidente de la Liga de la Construcción, Ubaldo Camejo, al ser consultado por Del Constructor. Camejo agregó que los pronósticos sobre una posible reactivación del sector en el segundo semestre no fueron acertados y habrá que esperar a la segunda mitad del 2017.

No obstante, enumeró una serie de señales –la baja en los topes para las viviendas de interés social, la posibilidad de construcción de una nueva planta de celulosa, y la construcción de más de cien centros Caif por la modalidad PPP-, a lo que suma las medidas adoptadas por Argentina, que permite avizorar que la actividad irá en aumento en el próximo año. “Por eso esperamos que la situación comience a mejorar en la segunda mitad del año que viene”, afirmó Camejo.  Por último, se refirió al nuevo convenio en el Grupo 9-01 de la construcción e instalaciones de la construcción y a los alcances del mismo.

 

¿Cómo presidente de la Liga de la Construcción qué balance hace de este 2016?

Para la Liga, internamente considero que, ha sido un año bueno porque estamos finalizando los trabajos en el local social que conducen a una consiguiente ampliación de la sede en un espacio que hemos convertido en un salón de actos, para un auditorio con una capacidad para 50 a 60 personas.  Para nosotros es muy importante ese espacio con el fin de realizar asambleas, cursos  de capacitación laboral y eventos. En ese aspecto ha sido bueno. Lo que no ha sido bueno, como en años anteriores, ha sido en materia laboral. Todas las empresas, ya sean contratistas o subcontratistas, que integran la Liga, han sentido el impacto de la baja laboral que hubo en el correr de este año. Una situación que se viene deteriorando desde hace dos años, por cierto. Era previsible que esto ocurriera. Creo que el que no lo vio fue porque no quiso verlo. Estamos en una situación de la que, tal vez, no captamos la envergadura de la misma. La tomamos un poco a la ligera en muchos aspectos, porque veníamos con mucho viento en la camiseta. No tomamos las previsiones debidas. La recesión fue importante en algunos rubros.

 

¿En qué rubro, por ejemplo?

En el rubro subcontrato ha sido bastante elocuente. Se están haciendo obras de arrastre, pero no hay ese flujo de obras que hubo en años anteriores. Fue un año regular. Se esperaba una reactivación del sector para el segundo semestre de este año. Ahora las expectativas están centradas en el segundo semestre del 2017.

Quienes creíamos que la situación iba a empezar a mejorar en el segundo semestre de este año, nos equivocamos. Las condiciones, y no me refiero solo a las internas del país, sino también a nivel regional, no nos han ayudado.  Eso repercute en un país pequeño, de tres millones de habitantes, como el nuestro. Esperemos que el año que viene, nosotros calculamos que a partir del segundo semestre del 2017, se empiece a ver algunas mejorías. Hay algunas condicionantes que, nos atrevemos a decir, que podrían indicarnos ese panorama.

 

¿Se refiere al anuncio de una nueva planta de celulosa? 

Tenemos a futuro lo que todos consideramos una gran posibilidad de una nueva planta de celulosa. Por otro lado, se empezó a hablar lo de la planta regasificadora. El gobierno acaba de emitir  varias medidas concernientes a las viviendas de interés social, tanto para Montevideo como para el interior del país.  Esa son señales positivas. A nivel regional, Argentina ha tomado algunas medidas y todo indica que lentamente va a retomar su ritmo de actividad y por lo tanto de crecimiento. Eso esperamos que repercuta en Uruguay. Para nadie es un misterio que los argentinos tienen muy buena parte de sus ahorros y bienes en nuestros país, sobre todo en la zona del este, donde tienen sus mayores intereses. También las exoneraciones de tipo tributario es un punto atractivo para que los argentinos realicen nuevas inversiones. Por eso esperamos que la situación comience a mejorar en la segunda mitad del año que viene.

 

Ahora que nombra a las viviendas de interés social, ¿qué expectativa hay depositada en ellas para reactivar el sector?

En cuanto a la mano de obra no tiene una gran incidencia porque todos sabemos que una obra de cuarenta, cincuenta apartamentos, se hace con aproximadamente medio centenar de trabajadores, pero serviría para una reactivación al crear nuevos puestos de trabajo. No hay que olvidarse que hoy estamos por debajo de los 47.000 trabajadores en la industria de la construcción. Por lo tanto, si podemos mantener esa cifra y acrecentarlo en alguna medida, bienvenido sea.  La idea, el objetivo es, al menos, mantenernos en ese número, y frenar la caída. Todos sabemos que la construcción siempre se manejó en el orden de los 35.000 a 40.000 trabajadores.  Con esto quiero decirle que es muy difícil volver a ese pico, récord histórico de más de 74.000 trabajadores cotizantes del BPS que tuvimos en el 2013.  Ojalá llegáramos a esa cifra, no solo por el bien de la industria, sino por el bien del país, pero es muy difícil a corto plazo.

 

Panorama laboral 

 

¿Y la participación público privada, conocidas como PPP?

En estos días la Anep y el Codicen han salido a anunciar la ejecución  por la modalidad PPP de más de 150 Caif y jardines de infantes. Ya están preparando una licitación de más de cuarenta de estos centros que se van a licitar en los primeros meses del año que viene. Esto es un número muy importante para el sector. Creo que se está buscando, por un camino u otro, la reactivación de la industria.  No hay que olvidarse, además que la construcción de una posible nueva planta de celulosa va a implicar un gran trabajo de infraestructura de ampliación de puerto, puentes, carreteras y vías férreas. Todo eso generaría mucha mano de obra. 

Lo que sí parece descartado, al menos por un tiempo, es la construcción de edificios de gran porte, como ocurrió en años anteriores.

Lo que pasa es que la plaza está saturada para edificios de ese tipo con fines de vivienda. Hay muchas viviendas de ese tipo para comerciar en la franja costera y dentro de Montevideo. En ese aspecto, dependemos de los inversores que quieran realizar emprendimientos de ese tipo, pero la situación actual es que la plaza está saturada.  De hecho, nos consta que hay muchos proyectos de este estilo que están frenados a la espera de ver cómo se comporta el mercado.

 

¿En cuanto al nuevo Convenio Salarial del Sector que nos puede decir?

Creo que se logró un acuerdo potable y llevadero para el sector, el nuevo es de 22 meses de duración, o sea desde el 1º. de octubre de 2016 al 31 de julio de 2018.- El sector obrero no perdió salario real, dado que se incluyó un correctivo que se generó del 3.7% del período 1º. de octubre de 2015 al 30 de setiembre de 2016, más un 7,025% para los 12 meses que van desde el 1º de octubre de 2016 al 30 de setiembre de 2017, no hay que olvidar que ambas partes tuvimos que negociar dentro de las pautas establecidas por el Poder Ejecutivo y eso dificultó en varios aspectos la negociación.

Debo mencionar que dentro del Convenio se incluyeron temas muy importantes, como ser, el protocolo de prevención de conflictos (ver recuadro), se incrementó la partida por alimentación en un 11%, se realizó una declaración muy importante sobre el tema Salud Laboral, se creó una bolsa acumulable de horas que los trabajadores podrán utilizar en diversos cursos de capacitación dentro de Instituciones como son Focap, Inefop, Cetp, siempre reguladas por el Focap.

Otro tema de importancia fue la creación de algunas comisiones que estudiarán el tema del trabajo migrante, también la inclusión de las personas con discapacidad.- Se incluyó además dentro del Convenio una cláusula de la inserción de la Mujer en la Industria y otros temas de interés y que forman parte del nuevo convenio.

Considero que el Sector conformado por las Asociaciones Empresariales y el Sunca hemos dado un ejemplo de negociar dentro de un clima de mutuo respeto y madurez, donde cada una de las partes buscó resguardar desde su posición los intereses de su sector y también de la industria.

Deseo hacer público el agradecimiento a los representantes del Poder Ejecutivo y a los integrantes de la Mesa de Negociación que son en realidad quienes además de su aporte sobrellevan a las partes y el tiempo de esas negociaciones.

 

¿Y cómo influye en el sector  la situación de Brasil y su crisis política y Paraguay como mercado para los inversores?

No voy a opinar sobre política, la Liga de la Construcción del Uruguay es totalmente apolítica, pero varios economistas han pronosticado qué puede ocurrir con Brasil para el 2017 y 2018. Según estos analistas, Brasil crecería el año que viene a un ritmo de un 1% y para el 2018 estaría creciendo un 2.5%. Ojalá que sea así. De más está decir que si Brasil crece, va a repercutir en nuestra economía. Sabemos perfectamente que nuestro principal socio comercial es Brasil. En cuanto a Paraguay, prefiero no opinar porque desconozco personalmente ese mercado.  Paraguay no guarda mucha similitud con Uruguay, ni con Argentina, ni con Brasil.

El evento, organizado por el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (CEEIC), fue presentado por el economista de CPA Ferrere, e integrante del centro, Gabriel Oddone, que expuso sobre los objetivos del CEEIC, y adelantó los resultados de un estudio de productividad realizado en la industria de la construcción.

A partir de un relevamiento de datos reportados al Banco de Previsión Social en 116 obras de vivienda, el estudio señala que en la actualidad construir un metro cuadrado requiere 20% más jornales de lo que ocurría a fines de la década del 1990. Según Oddone, esos datos confirman la percepción que existe entre los empresarios de la construcción respecto al descenso de la productividad. Para  el economista, tomando en cuenta la incorporación realizada de equipos y de maquinaria, no necesariamente debe asociarse la caída a un problema de inversión, sino a la calificación de la mano de obra y a la organización de los procesos de trabajo. El estudio final será publicado próximamente.

Oddone también hizo referencia a un trabajo de caracterización del empleo en la industria de la construcción que el CEEIC está realizando en conjunto con economistas del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas.  Si bien este trabajo aún no ha sido publicado, Oddone sostuvo que los datos recogidos “confirman lo que los empresarios saben bien. Hay una alta informalidad en el sector. Las estadísticas de empleo que reporta en el sector construcción el Instituto Nacional de Estadísticas divergen siempre con los números que tiene en la cabeza el sector de la construcción, precisamente porque el sector aún tiene un alto contenido de trabajadores cuentapropistas o de trabajadores que trabajan en muy pequeñas empresas que están en el ámbito informal. El trabajo que estamos elaborando va a cuantificar y describir la frecuencia de estas observaciones en la territorialidad, y las características de la población que trabaja en el sector formal e informal”, señaló Oddone. 

Tras la presentación, fue el turno del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, quien se refirió a dos temas medulares en esa cartera de Estado: infraestructura vial y proyectos de participación público - privada (PPP).  De hecho, Rossi afirmó que es motivo de preocupación para el MTOP el ritmo con el que transcurre la adjudicación de los proyectos de participación público - privada (PPP) para la realización de obras de infraestructura vial. Esta visión, sin embargo, no es compartida por todo el Poder Ejecutivo, ya que desde el Ministerio de Economía (MEF) entiende que los tiempos del instrumento están en línea con los plazos internacionales. “Les confieso que algunas veces siento que el ministerio está maniatado en su responsabilidad, en la respuesta que tiene que darle a la ciudadanía y a los sectores económicos y sociales del país, porque no maneja totalmente los elementos que le pueden permitir dar esas respuestas”, afirmó Rossi.

Rossi dijo que a veces se utiliza como “consuelo” que los tiempos manejados en Uruguay son los mismos que han enfrentado otros países con experiencias similares, pero insistió en que Uruguay “no está en condiciones” de seguir demorando. “Yo no sé si es así, pero el hecho que hoy estemos festejando que se terminó de aprobar el contrato para un llamado que se hizo en 2013 (rutas 21 y 24) por lo menos a mí me pone muy nervioso”, dijo el ministro.

El jerarca volvió a poner sobre la mesa su idea de conformar una agencia especializada para la herramienta de PPP y otros proyectos especiales, que funcione en la órbita de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Para Rossi, una vez definidos los proyectos, esta agencia debería encargarse de la gestión hasta su concreción, aun sin que otros organismos como el MEF tengan que renunciar a sus competencias y potestades en la materia. “El esfuerzo que hace la ley uruguaya de encontrar la forma de participación con todas las instituciones del Estado en las PPP y en ámbitos de consulta permanente y de intercambios es un mecanismo que tendríamos que revisar”, añadió.

 

Infraestructura vial

El secretario de Estado afirmó que Uruguay ha crecido económicamente y a nivel de producción, al igual que en su infraestructura. “Vamos a seguir creciendo. Y como vamos a seguir creciendo tenemos que tener plena conciencia de nuestros déficits. En esta materia somos conscientes que tenemos déficits en materia de carreteras, de puertos, y ni que hablar que prácticamente no tenemos ferrocarriles. Aumenta la producción y por lo tanto tenemos la necesidad, no solo de recuperar lo que de algún modo podemos identificar como rezagos, sino procurar ponernos a tono con los desafíos que tenemos por delante, para que ese crecimiento de las distintas posibilidades económicas que el país tiene, puedan perfectamente no encontrar un obstáculo justamente en esa infraestructura que señalamos con rezagos y que está, en buena parte, en el área de responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas”, afirmó.

Rossi recordó que el Uruguay tiene 8.775 kilómetros de rutas nacionales, de las cuales 380 kilómetros son de hormigón, 3.283 kilómetros de carpeta asfáltica, 4.030 kilómetros de tratamiento bituminoso, y 830 kilómetros de tosca. De ese total de 8.775 kilómetros, el 92% está pavimentado. Asimismo, dijo que el crecimiento de la carga genera una demanda en materia de infraestructura vial, pero que, fundamentalmente, esa demanda no apunta a la extensión de la red vial, sino a la calidad de la misma.

“La extensión es suficiente para atender desde las zonas de producción del país al transporte y la carga especialmente hacia el litoral del país y hacia el sur, al puerto de Montevideo, y en alguna proporción está estimada hacia la frontera norte con Brasil. Cuando nos ponemos a discutir sobre el estado de nuestras rutas, y si discutimos sobre la base de la evolución y estimación del estado de conservación, podemos no advertir cuán es el problema nuevo que tenemos que abordar. Como lo dije en distintas oportunidades, a través de las sistemáticas mediciones que realiza la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte, y que han servido de base a los trabajos que se realizan, incluso por la Asociación de Caminos, dividiendo el estado de las rutas en cuatriles, no es este el momento en que las rutas del país estén peores. El seguimiento de las rutas que se realiza desde 1988, nos demuestra que, por ejemplo en 1996, había un 25% de rutas buenas y muy buenas y un 75% de rutas regulares y malas, mientras que en el 2015 estamos en un 40% de rutas buenas y muy buenas. Es un  porcentaje sensiblemente más alto. Para relativizar esta referencia, hemos podido apreciar que han venido,  año a año, generándose un crecimiento de determinadas áreas de rutas que tienden a empeorar su performance y que va creciendo por lo tanto, en los últimos años, la cantidad de rutas en mal estado”, señaló Rossi.

En concordancia con lo expresado, el secretario de Estado dijo que cuando se discute sobre las necesidades de inversión en infraestructura vial en relación al aumento y frecuencia de las cargas, no se tiene en cuenta que llega un momento donde se cruza el nivel de inversión con el volumen de carga, “y eso no se expresa de la misma manera en toda la red vial, sino que se concentra  en determinadas zonas y en determinadas rutas del país. En general no están preparadas para poder atender esa multiplicación de carga que sostienen sistemáticamente”, señaló.

En otro tramo de su exposición, se refirió a que el Uruguay tiene 730 puentes, de los cuales el 24% tiene más de 70 años de antigüedad, y un 18% menos de 20 años de construidos. “Actualmente se está trabajando en 19 puentes, en algunos casos para su sustitución, su reforzamiento o su ensanchamiento. El 43% de los 730 puentes son puentes que tienen menos 7.20 de ancho de calzada. Y en las licitaciones que están en curso aparecen decenas de proyectos que dan respuestas a las demandas de esos puentes”, sostuvo.

También se refirió a que no existen corredores completos de rutas en todo el territorio nacional, a excepción del litoral, donde se está trabajando en la reconstrucción de puentes en la ruta 5 para que alcance el nivel que exige un corredor nacional.  “Similar problema tenemos en algunos tramos de la ruta 8, particularmente en uno de sus puentes, así como en un tramo de la ruta 11 y otro de la ruta 21. Es decir, tenemos que de algún modo, a partir del patrimonio que hemos acumulado, y que no es poco a lo largo de la historia del país, repensar y reproyectar los objetivos de las necesidades que tiene el país que resolver”, afirmó Rossi.

Recordó que al comienzo de esta gestión de gobierno, se hizo una proyección de la inversión necesaria y posible que se podría llevar adelante según las necesidades del país. “Esto daba una inversión general en cinco años en unos dos mil quinientos millones de dólares. Esto lo abordamos a partir del trabajo tradicional, vía presupuesto de los diez regionales que hacen sustancialmente mantenimiento en el país, y con insuficiencias que tenemos que ver cómo podemos ir reforzando y fortaleciendo. Eso tiene que ver con la utilización del mecanismo de las concesiones, dos de ellas privadas, sobrevivientes de la época  de las concesiones de obras públicas en la ruta 5 y ruta 8, que se han ampliado con trabajos adicionales.  Y de los contratos promovidos a través de la concesión de la Corporación  Vial del Uruguay. En esta materia, en estos momentos se trabaja en 42 contratos de rehabilitación,  35 de mantenimiento, y 21 de alumbrados, señalamientos y puentes. Por esta vía apuntamos en el 2016 una inversión de doscientos millones de dólares. Para el 2017 se suman hasta 132 proyectos con una inversión prevista de 309 millones de dólares por la vía de la Corporación Vial del Uruguay”, explicó el ministro.                     

 

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Durante el encuentro, el ministro realizó una serie de anuncios como que en los últimos días se terminó de confeccionar, negociar y aprobar el contrato financiero para la reconstrucción y mantenimiento de las rutas 21 y 24, y el baipás en Nueva Palmira. La obra, a cargo del consorcio integrado por la española Sacyr y Grinor (propiedad de la uruguaya Saceem), es el único paquete adjudicado hasta la fecha y podría comenzar antes de fin de año. Otro proyecto que comprende las rutas 12, 54, 55 y 57 está en proceso de adjudicación. Por su parte, está en la última fase de evaluación el llamado para la reparación de la ruta 9 entre Rocha y Chuy, y un tramo de la ruta 15.

En los próximos días, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas espera tener las propuestas para el llamado de obras en la ruta 14, entre Mercedes y Sarandí del Yi, incluyendo el puente sobre el río del mismo nombre. En relación al tramo de la ruta 26 entre Tacuarembó y Paysandú, Rossi informó que el proyecto está “avanzado”, pero con “demoras”. Mientras tanto, se realizan trabajos de reparación para recuperar ese trayecto que, según dijo el ministro, “se ha deteriorado más del límite de lo aceptable”.

También están en elaboración el proyecto para la ruta 14, en el tramo que une Sarandí del Yi con el departamento de Rocha, y el llamado para la doble vía en ruta 3, desde la ruta 1 hasta San José. La otra PPP planteada es la ruta 6 con baipás en San Ramón. Los paquetes a licitar bajo el régimen de contratos PPP equivalen a unos 1.630 kilómetros de rutas y una inversión aproximada para el quinquenio de US$ 660 millones.

Semanas atrás, el gobierno dio un paso clave para poder hacer frente a los problemas de infraestructura y viabilidad de las PPP. En lo que fue la emisión más grande en la historia del mercado bursátil uruguayo, quedó constituido el Fondo de Deuda para Infraestructura, que dispondrá de US$ 350 millones provenientes de inversores institucionales (mayoritariamente AFAP) para financiar parcialmente la necesidad de recursos de empresas que invertirán en el sector en los próximos cinco años.

El fideicomiso será gestionado por una subsidiaria de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, la empresa uruguaya Caf-Am Administradora de Activos Uruguay S.A. Entre los proyectos a financiar, el fondo otorgará créditos a proyectos de infraestructura ejecutados por parte de empresas concesionarias o contratistas de PPP. Además, la CAF cofinanciará con 10% adicional a cada iniciativa.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) informó a empresarios de la construcción que se modificará el régimen de topes a los precios de las viviendas de interés social, promovidas dentro de la ley 18.795, aprobada en agosto de 2011, que brinda exoneraciones fiscales.

Luego de varios cuestionamientos de empresarios de la construcción, el Poder Ejecutivo decidió cambiar las pautas de los topes al precio de venta  que habían sido adoptados en junio del 2014. Los empresarios entendían que el tope de 25% para Montevideo y el 100% para el resto del país, obstaculizaba la venta de las viviendas y desalentaba la inversión. A partir del 1ro de enero de 2017, el tope se aplicará para el 10% de las viviendas construidas en Montevideo, por lo que el 90% restante quedará liberado, y para el 20% de las unidades construidas en el interior del país, quedando libres el 80% restantes. No será el único cambio ya que las viviendas de interés social  pasarán a denominarse “viviendas promovidas”.

 

Beneficios

Como se recordará, luego de aprobada la ley en agosto del 2011, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,  incorporó en julio de 2014 los topes de precios que fijan el valor máximo en que pueden venderse las viviendas. Luego de esto, bajó 49% el número de proyectos de interés social presentados según la revista Propiedades.

Los beneficios tributarios para los inversores de las viviendas bajo esta modalidad abarcan, por ejemplo, la exoneración de las rentas derivadas de la primera enajenación y del IVA sobre esa transacción, así como de los impuestos al Patrimonio y a las transmisiones patrimoniales.

“Las modificaciones resueltas procuran contemplar algunos reclamos del sector privado a la vez que incluir con nuestras políticas a los sectores bajos, medios bajos y medios que han presentado dificultades en el acceso a una vivienda adecuada, mediante la aplicación de una potente herramienta como lo es el subsidio a la cuota conjugado con el crédito hipotecario”, detalló el MVOTMA.

 

Otros cambios 

También se informó que se realizó “una revisión general del sistema para mejorar el alcance de la política y recoger la experiencia del camino recorrido”, con el objetivo de “incrementar la inversión en vivienda” por sus impactos en la economía, el empleo y stock habitacional.

El MVOTMA se hará cargo de la comercialización de una parte de las viviendas construidas por privados amparadas en este régimen, buscando que las familias de ingresos bajos y medios bajos puedan adquirir una solución habitacional, que será de un dormitorio y abonando una cuota se podría llegar hasta 10.000 pesos. Esto se hará a través del subsidio a la cuota, según  informó el semanario Búsqueda. Si la cartera de Estado no logra colocarlas en determinado plazo las viviendas volverán a quedar a disposición del promotor de la obra sin tope de precio, señaló.

Actualmente los inmuebles construidos con exoneraciones de impuestos están siendo adquiridos por familias de los deciles de ingreso siete u ocho, pero no del cinco al que apuntara llegar el MVOTMA en el futuro.  También se presentó el calendario de licitaciones previstas para 2017, que junto a las de 2016 suman una inversión de US$ 230 millones entre viviendas nuevas y reciclaje.

La actividad en la industria de la construcción seguirá incambiada, al menos es lo que se espera hasta el segundo semestre del 2017. Si bien no decaerá la actividad, el crecimiento no será el pronosticado para el segundo semestre de este año. Así lo expresó el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Ignacio Otegui en entrevista con Del Constructor. “No creemos que la situación se agrave en lo que queda del año. Tenemos expectativas que empiece a mejorar en el segundo semestre del 2017 “, afirmó.

Durante la charla, el empresario se refirió a la situación en la región –y cómo podría impactar en nuestro país- sobre todo a partir de la “Ley del blanqueo”  impulsada por el gobierno argentino y al anuncio de una tercera planta de celulosa en Uruguay. Sobre este último punto, se mostró cauteloso.  “El tema es si tenemos la capacidad de diseñar, montar y poner en marcha dos obras de gran porte –la vía férrea y un puerto- además de la tercera planta de celulosa, en un año.  Nadie va a invertir cuatro mil millones de dólares en un país, sino tiene garantizado el acceso al puerto”, sostuvo Otegui.

 

¿Cómo se encuentra hoy la industria de la construcción?

La segunda mitad del año viene transcurriendo casi igual que la primera. En consecuencia no hay un incremento notorio en la actividad, apenas un 2% o 3%, lo que significa entre 1.500 y 2.000  puestos de trabajo a nivel nacional. Esa es la oscilación que ha tenido en los últimos meses, con lo cual no hay recuperación, pero se frenó, en teoría, la caída. La realidad es esa. La percepción que nosotros tenemos es que esto va a seguir así hasta el primer semestre del año que viene. Es decir, la industria va a continuar con los niveles de actividad que tiene hoy. Es probable que en el segundo semestres del año que viene empecemos a encontrar alguna incidencia un poco mayor de la obra pública y, eventualmente, también de la obra privada. En definitiva, el universo de la actividad del sector hoy es un 16% de obra privada vinculada a la vivienda, 27% de obra pública y el resto es obra privada no vinculada a la vivienda. Todos tienen que mejorar algo a los efectos de que la industria mejore en su contexto global.

 

Durante el 2015 había expectativas de que el sector se reactivara en este segundo semestre, lo que no ocurrió. Esto significa que hay un desfasaje en un reinicio fuerte de la actividad.

Esa es la impresión que tenemos, de un corrimiento de un año. El escenario externo es más complejo de los que habíamos pronosticado  hace un año y medio. Da la impresión de que Argentina va a incidir en algunos rubros más rápido que en otros. Por ejemplo, en el rubro turismo es probable que incida primero que en el rubro construcción.  Eso tiene una incidencia importante en el rubro vivienda,  pero va a demorar todavía. El otro rubro, que no está vinculado a la vivienda, que es la mayor parte del sector construcción,  más del 45%, está vinculado a todas las obras privadas, no vinculadas a la vivienda, que de alguna forma han pasado por la Comap, la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones.  Ahí tenemos la impresión de que hubo una baja, por eso la industria cayó en el 2015 de forma importante y en el 2016 es probable que tengamos una caída menor a la del 2015, y eso va a repercutir en el primer semestre del 2017.  Ahora todo este escenario de ajuste  y las condiciones  diferentes en la ley de presupuesto que fue aprobada ahora, también implica una reducción de la inversión pública. Por lo menos, significa postergar algunas obras  porque no hay con qué hacerlas. Esa es la realidad.

 

¿En qué se está generando expectativa dentro del sector?

Hay una expectativa importante en la participación pública privada, en la inversión privada en algunos segmentos de lo que  son la obra no vinculada a la vivienda  y en la vivienda. La obra pública va a hacer lo que pueda hacer el gobierno con sus propias finanzas, más lo que pueda sumar el sector privado.  Para eso necesitamos ciertas condiciones que se están estudiando y negociando. Creo que hay cosas que se van a lograr  con más trabajo del que nos imaginamos a priori y hay otras que cosas que no se van a poder lograr.

 

¿Cómo afectará esto en los puestos de trabajo?

Estamos en 47.800 puestos de trabajo, aproximadamente. Este año vamos a estar por debajo de los 50.000 puestos de trabajo, que es muy diferente a los 70.000 que teníamos en los momentos pico con Montes del Plata. Estamos hablando de 27.000, 28.000 trabajadores menos  en la parte directamente de obra.  Lo que hay que visualizar aquí es que las obras se van terminando, arrancan menos de las que se terminan y en consecuencia empieza a bajar el número de trabajadores.  Después empieza a descender el personal técnico de obra, luego comienza a bajar el personal administrativo  y no técnico de obra, y después empieza a bajar en las oficinas. Ese proceso se está llevando hoy adelante en la industria. En el sector se han sacado esos 28.000 trabajadores dentro de obra y no menos de otros 20.000 que estaban en otras áreas.

 

Lo que vendrá

La nueva planta de celulosa, en caso de concretarse, supondrá un envión para la reactivación de la industria.

Si se hace, sería para el 2018.  Se me ocurre que en Uruguay  existe materia prima suficiente como para imaginarse una tercera planta  de celulosa. Eso es así desde hace ya un tiempo. En qué momento se hace, en qué condiciones y quién la hace, dependerá del momento. Si usted quiere ubicar una planta cerca de Paso de los Toros y conoce el país, sabe que tiene un problema. Hay una infraestructura inadecuada, primero para arrimar la materia prima a la planta y segundo, y el más importante y grave, es asegurarse que de la planta pueda acceder al puerto para poder embarcar lo que se ha vendido.  Si no tiene eso garantizado, no puede construir la planta. Nadie va a invertir cuatro mil millones de dólares en un país, sino tiene garantizado el acceso al puerto. Se requiere, lo ha dicho el propio gobierno, una línea férrea de Paso de los Toros al puerto de Montevideo y ampliación del puerto para este tema específico.  Eso hay que hacerlo sí o sí antes de la inversión. Le repito, nadie va a invertir cuatro mil millones de dólares si el dueño de casa no le dice que la casa está en condiciones para invertir.

  

¿Esta infraestructura requerida deberá instrumentarse por PPP o solo con dinero del Estado?

Puede ser con PPP con capitales locales o extranjeros, también como país podemos conseguir préstamos con organismos internacionales que puedan financiar los dos proyectos. Los mecanismos pueden existir, el tema es si tenemos la capacidad de diseñar, montar y poner en marcha esas dos obras de gran porte, además de la tercera planta de celulosa, en un año. Estamos hablando que esto es para finales del 2017, a más tardar a comienzos del 2018 debe estar iniciada. Si no se solucionan esas dos cosas, difícilmente haya tercera planta de celulosa. Estamos hablando de una planta que va a producir lo que producen las otras dos juntas.

 

 En la región

A nivel regional tenemos la crisis política en Brasil, que seguramente repercutirá en el sector, y por otro lado cierta expectativa de los inversores en el gobierno de Macri en Argentina, que anunció la llamada “ley de blanqueo”. ¿Cómo cree que afectará este escenario en Uruguay?

Eso va a blanquear parte de los activos que los argentinos tienen acá, como pueden ser propiedades, lo cual es bueno para ellos.  Por un lado es una oportunidad que tienen ellos de blanquear dinero que no tienen declarado, el problema es cómo van a tratar esos capitales en el futuro, dentro de cinco o diez años, si es que la mantienen invertida afuera. Esa es la pregunta que se están haciendo, porque después que uno declara sus bienes no hay marcha atrás, hasta tanto no los venda y demuestre qué hizo con esa plata. O sea, es un capital que no está en el régimen visual y después de declarado pasa a ser visualizado. A nosotros esas cosas no nos inciden mucho. La plata que está acá de los argentinos es el cambio chico de lo que tienen en el exterior. Seamos sinceros: lo que nosotros vemos de los argentinos en el Uruguay es la caja chica. Quien crea que el Uruguay es el gran refugio del capital oculto de la Argentina, me parece que comete un error. Es cierto que ha tenido una incidencia mayor en los últimos años que en el pasado, porque al sector inmobiliario se le sumó el sector agrícola y ganadero con inversiones importantes. 

   

¿Pero está ley del blanqueo no busca el retorno de los inversores argentinos a su país?

Es probable que pueda ocurrir en alguna medida esto que usted dice. Pero van invertir siempre y cuando sea negocio. Y para que sea negocio hay que tener compradores y el problema del Uruguay es que somos tres millones trescientas mil personas. Punta del Este no es para los uruguayos. Los compatriotas que van a Punta del Este son la minoría. Punta del Este funciona así porque  tiene una afluencia de turistas argentinos, que además son propietarios, que es altísima. Debe haber cuatro argentinos por cada uruguayo. Esa es una lógica que hay que entenderla. Y esto no es de ahora, viene de la década del 50. Creo que las medidas que ha adoptado el gobierno argentino podrán tener en algún momento un resultado no favorable para Punta del Este, pero en la medida que haya venta de apartamentos, empiece de vuelta a haber negocios y se rompa el circuito de los buenos negocios en otros lados, como se está rompiendo en Estados Unidos, comenzará a funcionar.  Hoy, aunque no cueste decirlo, es más caro construir en Estados Unidos que en Uruguay. Claro, sigue siendo más barato construir en Asunción, donde han captado capitales uruguayos y argentinos

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