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Durante 23 años, distribuidos en dos períodos, Ignacio Otegui fue el presidente, y la cara visible,…

La implementación de la metodología Building Information Modeling (BIM) implica entre otras cosas la utilización de un innovador software para el modelado eficiente en distintas aristas dentro de la actividad de la construcción. Su aplicación en Uruguay fue el eje del Segundo Encuentro Nacional BIM, organizado por la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).

“En 2017 la tercera industria en materia de impacto sobre el Producto Bruto Interno fue la construcción. Somos potentes y conscientes de que en los procesos de obra hay muchos sectores involucrados y hay que evitar errores, porque son sinónimo de pérdidas”, Ignacio Otegui, presidente de la CCU, ante una nutrida concurrencia de académicos, estudiantes, profesionales y empresarios.

En el encuentro, que se desarrolló en el Auditorio Mario Benedetti de la Torre de las Telecomunicaciones, Otegui destacó que el uso e implementación del sistema BIM se ha intensificado en los últimos años contribuyendo al incremento de la competitividad de los proyectos.

Por su parte, Germán Benítez, vicepresidente de la CND, agradeció a CAF -banco de Desarrollo de América Latina- y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por respaldar la trasmisión de mejores prácticas y financiación de iniciativas.

En tanto, Álvaro Ons, representante de Transforma Uruguay, subrayó la esencia cooperativa del método BIM y la importancia de colaborar entre los diversos sectores involucrados para su aplicación.

Durante el evento también se realizó la presentación oficial de BIM Forum Uruguay por parte de su secretaria ejecutiva, Florencia Seré, economista responsable del Departamento de Estudios Económicos de la CCU. Creada en diciembre de 2017, la organización busca promover y acelerar el proceso de adopción de la herramienta en el país mediante iniciativas de investigación, difusión y capacitación para la industria de la construcción, el sector público y privado, y la educación.

En Latinoamérica también hay BIM Forums en Chile, México, Argentina, Panamá y Costa Rica. Según explicó Seré, hasta el momento en Uruguay la organización cuenta con 51 inscriptos, mayormente profesionales del rubro arquitectura, de los cuales un 62% manifiesta tener alto grado de conocimiento de BIM y un 47% señala que el uso de la metodología también es alto.

 

Resultados

Seguidamente, Josefina Borad, jefe de Planificación y Desarrollo de CSI Ingenieros, y Mauricio Loyola, arquitecto chileno especializado en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Construcción, presentaron los resultados preliminares de la Encuesta Nacional BIM en Uruguay, realizada a estudios de arquitectura e ingeniería, constructoras y supervisores de obra principalmente de Montevideo.

Entre los resultados, destacaron que entre el 28% y el 34% de los encuestados son usuarios de BIM, siendo los arquitectos los que muestran el mayor nivel de utilización general (51%), seguidos por ingenieros (40%) y constructores (20%). En términos de satisfacción, en una escala del 1 al 10 los usuarios de BIM en Uruguay lo puntúan con un 7, mientras que entre las principales barreras percibidas para implementar el software destaca su alto valor en un 71%.

Considerando esto, Loyola concluyó que “es un muy buen momento para aplicar la metodología porque hay masa crítica, pero tener diferencias tan grandes entre disciplinas afecta la articulación e impide que los beneficios de BIM se transfieran a la obra”.

 

Foto: © g.adda - ccu/gota

El último informe elaborado por el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (CEEIC), que revela  las expectativas de la industria  ,concluye que la percepción actual es más optimista para la economía que para el sector. En cambio, las expectativas son menos pesimistas para el sector que para la economía. Asimismo, los encuestados ven menos probable expandir su capacidad instalada y la adquisición de  maquinaria vuelve a ser más probable que la incorporación de personal.

El principal objetivo del estudio del CEEIC es monitorear las expectativas de las empresas del sector de  la  construcción  respecto  a  las  principales  variables  económicas,  su  capacidad  instalada, así como las expectativas de crecimiento de manera tal de poder obtener información sobre la coyuntura actual y evolución futura del sector y la economía.

Este último informe relevó la opinión de 81 empresas asociadas a Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU),  así como de 10 empresas asociadas a Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU). Del total de empresas  contactadas se obtuvo una  tasa de  respuesta muy baja,  de  apenas  22.2%, esto, señala el documento, “hace que los resultados de esta edición deban ser considerados con cautela.

Los resultados se presentan en tres secciones: Expectativas, Capacidad Instalada y Evolución de los costos. En el primer ítem (Expectativas), las empresas fueron consultadas respecto a  la percepción actual y sus expectativas futuras respecto a la economía y el sector de la construcción. La percepción actual es relevada mediante la percepción del estado actual de la variable de interés como Buena, Ni buena ni mala, Mala, mientras que  las expectativas son recogidas mediante la percepción de la evolución futura respecto al estado actual (Al alza, Igual, A la baja).

“La  percepción  reportada  para  la  economía  en  su  conjunto  es  mayormente  neutra  tanto  para  la economía actual (72%) como para las expectativas a futuro (61%). En  segundo lugar aparecen una cantidad importante de respuestas negativas, tanto para la situación actual como para el futuro. Considerando  las  respuestas  referentes  al  sector  de  la  construcción,  estas  muestran  una  peor evaluación de la situación actual si se la compara con la economía. Para el sector, el  porcentaje de respuestas neutras  se ubica en  56%  mientras que las respuestas pesimistas se ubican en 44%.  No obstante, al  comparar las expectativas  a futuro  del sector con las de la economía, las respuestas revelan  que para el sector las expectativas son algo menos pesimistas que para la economía en su conjunto”, señala el documento.

Comparando  estos  datos  con  los  del  informe  anterior de la CEEIC,  se  constata  un  deterioro  para  el  balance  actual de la economía y del sector. En cambio, en el caso de las expectativas, se observaron dos  movimientos opuestos:  el balance  para la economía general sigue empeorando mientras que  se observa una mejora en el balance sectorial. Por último, los indicadores de clima para la economía y el sector que consideran tanto la situación actual como las expectativas, que en junio se situaron en -22% y -28 %, empeoran en ambos casos.

El informe sotiene que “el mayor retroceso se observa para el indicador de clima de la economía, que presenta por  primera  vez  en  el  año  valores  inferiores  a  los  del  sector”, lo que significa que “las percepciones actuales y futuras sobre la construcción y la economía son  mayormente negativas, lo que permite interpretar este escenario como un clima de caída”.

 

Capacidad instalada

 Consultadas sobre el segundo punto (Capacidad Instalada) y su expectativa sobre el futuro, se les solicitó a las empresas que categoricen su situación actual y sus expectativas. Los datos recabados indican que el 67% de quienes respondieron se encuentran operando debajo  del 70%  de  su  capacidad  instalada.  Al  analizar  las  expectativas,  este valor se  ubica en el mismo porcentaje. Adicionalmente se consultó a las empresas respecto a la probabilidad de expansión  de la capacidad instalada en cuanto a maquinaria y personal. “El 67% de las empresas ve como muy poco probable o poco probable la expansión de maquinaria mientras que  72%  declara  lo  mismo  para  la  expansión  de  personal.  Por  lo  tanto,  se  observa  una  diferencia  respecto al informe anterior donde dichos datos fueron de 78% para la expansión de maquinaria y de 70% para la expansión de personal.  En segundo lugar, el porcentaje de respuestas que considera probable o muy probable la expansión de maquinaria es de 22% y 11% para la expansión de personal, mientras que en el anterior informe tales  porcentajes se ubicaron en 13%  para maquinaria y  expansión de personal.  Por lo tanto, la preferencia por la expansión de maquinaria sobre la expansión de personal vuelve a acentuarse en esta edición”, indica el relevamiento.

 

Evolución de los costos 

En cuanto a la evolución de los costos, un 61  % espera que la evolución sea a la par con el IPC y el restante  39%  espera  que  sus  costos  aumenten  por  encima  de  la  inflación. “Respecto  al  anterior  informe,  estos  valores  reflejan  un  aumento  del  porcentaje  de  respuestas  que  consideran  un aumento de costos por encima del IPC respecto a la edición anterior: (39% actualmente y 35% en el anterior.

También se consultó a los encuestados respecto de los principales factores de influencia sobre los costos. El 78% declaró a la mano de obra como el principal costo, un 11% a los insumos importados y el restante 11% se reparte en partes iguales para los insumos locales y subcontratos. En la encuesta anterior, el 83% de los encuestados declaró la mano de obra como principal factor de costo, y en la relevada en febrero, ese guarismo se ubicó en 93%, por lo que se observa una caída en el peso de la mano de obra en la estructura de costos de las empresas.

El planteo de la Cámara de la Construcción del Uruguay, la Liga de la Construcción del Uruguay y la Cámara Inmobiliaria Uruguaya busca clarificar el alcance de la norma, que prevé la enajenación de inmuebles vacíos y degradados, y cuyo objetivo es facilitar el acceso a las obras de construcción abandonadas y a aquellas estructuras que se encuentran sin uso.

Un informe de la revista Propiedades sostiene que según el proyecto, que ya cuenta con  media sanción del Senado, se podrá enajenar “los inmuebles ubicados en suelo urbano, cualquiera sea su destino, que se encuentren vacíos y degradados”.  Se considerará que el lugar está vacío cuando “se encuentre desocupado por un plazo no menor a 24 meses continuos”, período en el que no tenga conexión o consumo de agua potable o energía eléctrica.

 Si el inmueble está ocupado de manera irregular ese período será comprendido dentro de los dos años. El texto dice que la ocupación precaria se configura cuando hay una tenencia sin contrato, ya sea por “ignorancia” de la persona que ocupa o por “mera tolerancia del propietario”.

Por su parte, el artículo 11 del proyecto establece que después de que la intendencia departamental establezca que el inmueble se encuentra degradado (en situación de ruina, deteriorado, o que tenga una edificación paralizada), se deberá intimar judicialmente a los titulares de la propiedad para que “en un plazo de 20 días presenten, y luego ejecuten, un proyecto de rehabilitación”. Se establecerán, según el caso, las condiciones técnicas y los plazos para la ejecución de las obras.

 Si el inmueble pasa a remate, tendrá como precio base 75% de su valor de tasación fijado por la Dirección Nacional de Catastro, y podrá ser comprado por un privado o por el Estado. Si en el remate no hay postores, se podrá volver a rematar a la mitad de precio de la tasación, y si en ese segundo proceso tampoco hay interesados, se venderá a la mitad de precio, sin remate.

 

Preocupación

 Ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, el asesor de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Ignacio Castiglioni, sostuvo que se debe introducir modificaciones al texto, de acuerdo a las actas parlamentarias.  “Nos preocupa que las condiciones de vacío y degradado sean conjuntas”, sostuvo. “Se podría llegar a interpretar que son condiciones separadas y no conjuntas, que una u otra no serían suficientes para poder enmarcarlos en una próxima ley”, señaló.

 “Más allá de que se dé el proceso más garantista que tenemos a nivel judicial, que es el proceso ordinario, y de que a los propietarios se les dé la oportunidad de participar y tomar acciones en el asunto, resulta un poco extraño cómo se computarían los 24 meses. Es decir, hay una intimación, existe una diligencia preparatoria, preliminar, y a partir de ahí se cuentan veinticuatro meses para atrás, cuando lo lógico sería que se contara a partir del inicio del proceso para tomar acciones”, indicó Castiglioni.

En este contexto, agregó que “es verdad que se ha hablado que durante el desarrollo del proceso se pueda generar y eso aumenta el plazo y las garantías del propietario del inmueble, pero parecería lo más lógico empezar a computar los plazos hacia adelante. Por tanto, y a modo de síntesis, nuestra preocupación principal es cómo se interpreta, que es en suma y no una condición de vacío o degradado; que se debería ahondar en el concepto de obras abandonas y no dejarlo librado a la reglamentación del proyecto”.

En tanto, el vicepresidente de la Liga de la Construcción del Uruguay, Santiago Horjales, explicó ante los legisladores que “hay técnicas constructivas lo suficientemente desarrolladas en el Uruguay como para poner al día rápidamente en uso esos edificios degradados, sin necesidad de esperar mucho tiempo, si se utilizan las tecnologías que en este momento están en desarrollo en nuestro país, pero que en el mundo tienen más de cien años”.

 En tanto, desde la Cámara Inmobiliaria Uruguaya se elaboró un informe que se hizo público. El encargado de la redacción fue Alberto Puppo, el asesor legal de la gremial. Para el abogado, “el proyecto otorga una norma en blanco a los titulares de la acción (el Ministerio de Vivienda) sin ningún contralor de carácter legislativo departamental o nacional para privar al titular del inmueble de su derecho, sin la previa y justa compensación requerida por el artículo 32 de la Constitución”.

 Desde su perspectiva, a quienes se les confiere la potestad de decidir en qué momento y cuáles bienes serán objeto de la declaración de inmueble vacío y degradado que culminará con un remate judicial “se les otorga un poder enorme ya que la mayor parte del proceso se realizará sin noticia del propietario demandado y la compensación estará regulada por normas cambiantes del mercado que dependerán de la época en la que se lleve a cabo el remate judicial”.

Por otra parte, el informe de Puppo sostiene que en el articulado “no se contemplan situaciones cotidianas que rodean la situación del titular del inmueble”. Por ese sentido, estima que “no parece razonable” que al titular del inmueble se le exija comprometerse a realizar reparaciones en un plazo de 12 meses.

El reporte observa, por otra parte, que “no es realista” el procedimiento que se estipula para resolver una situación de ocupación precaria puesto que la desocupación en el sistema judicial “puede llevar y habitualmente conlleva un proceso civil de entre uno y tres años si se oponen defensas judiciales a la solicitud de desocupación”.

 Tras escuchar las observaciones realizadas, los legisladores analizarán la pertinencia de introducir modificaciones al texto, según supo revista Propiedades.

El prever y evitar los accidentes laborales es la preocupación máxima de toda obra en construcción y dada la importancia que dicho problema ha tomado en virtud de la nueva ley en vigencia, la firma PROAMAR ofrece una solución para minimizar ese riesgo: El sistema de redes de seguridad Segu-Red®.

Los accidentes laborales son un problema, que si bien han disminuído a través del tiempo, aún queda mucho por hacer al respecto. Una de las formas de prevención es obligar al operario del uso de elementos de seguridad, y el control permanente de que dicha utilización se realice, así como también que los elementos a usar posean certificaciones que los avalen.

Los accidentes por caídas desde altura en la construcción son los más frecuentes, llegando al 50% de la totalidad de los siniestros, teniendo consecuencias graves o fatales en la mayoría de los casos.

No hay nada infalible para evitar la caída de las personas que trabajen en altura, pero sí hay sistemas que pueden ser más eficientes que otros.

PROAMAR comercializa un sistema de redes de seguridad colectiva (denominado Segu-Red®) utilizado en obras de construcción de edificios, puentes, galpones o torres. El sistema, creado en España, es capaz de cubrir grandes superficies y da total libertad de movimiento de los trabajadores, contrariamente a los sistemas de seguridad individuales que permiten un desplazamiento restringido. Construcciones de gran porte han utilizado este sistema para el trabajo en altura de sus operarios.

 

Ventajas

Segu-Red® es una red de protección colectiva de fabricación española certificada por el Instituto AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), que involucra y brinda seguridad contra caídas a todos los operarios que se encuentren por encima de la misma, pero además también protege a los que puedan estar debajo (operarios, transeúntes, vehículos, etc.), contra la caída de cualquier elemento de la obra (herramientas, materiales, etc.).

Los otros sistemas como ser arneses o cinturones de seguridad son de uso individual y el grado de protección dependerá de la responsabilidad y conocimiento del operario en su correcta utilización. Otro sistema que se ve frecuentemente en obras, son las bandejas de varilla de hierro con tejido de alambre, pero su utilización no resiste análisis y resulta inexplicable que pueda ser autorizado.

 

Características

En cuanto al tamaño estándar de la red, es en módulos de 10 por 5 metros, con un entramado de 10 por 10 centímetros, y el hilo es polipropileno trenzado de 5 mm. Pueden ser instalados de forma horizontal o vertical, sus materiales son de alta tenacidad y las medidas utilizadas cumplen con la norma europea UNE-EN 263 1 que es la que exige la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

El sistema Segu-Red® se monta a través de soportes estructurales llamados horcas o pescantes, fabricadas con caños en espesores determinados por la norma española, de 8 metros de alto y vuelo de 2 metros, que cumplen la función de absorber la energía del peso amortiguando el golpe.

Cuando una persona o un objeto cae, (es frecuente con los chapones de madera que se usan para la confección de las losas), el sistema (red y pescante) absorberán el impacto ya que ambos están diseñados para ese efecto de amortiguación, lo cual hará disminuir las consecuencias del accidente. Luego de una situación de ese tipo será necesario siempre revisar todo el sistema en la zona de impacto.

Las redes de seguridad tienen además un código de trazabilidad, lo que nos permite saber la fecha de adquisición y los datos del cliente.

 

En caso de que las redes quieran reutilizarse en una segunda obra, deberán ser sometidas a control, para lo cuál se debe testear el hilo testigo que hay en cada módulo ante el LATU, y dicho resultado determinará si pueden seguir en uso. La vida útil de las redes es de un año y medio quizá dos. La del pescante, puede ser un poco más, dependerá de las condiciones de uso en cada obra.

 

www.proamar.com.uy

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