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Desde 2015 se promovió la construcción de 6.700 unidades con beneficios impositivos

Mientras los promotores privados reclaman modificaciones reglamentarias que devuelvan el dinamismo a la construcción de Viviendas Promovidas (antes Vivienda Social), el gobierno considera que el flujo de inversión privada sigue siendo importante.

A partir de 2015 y hasta la fecha, se han promovido 257 proyectos con 6.706 viviendas. Según el Ministerio de Vivienda, esa cifra supera la meta trazada en el plan quinquenal 2015-2019 que es de 6.000 nuevas unidades.

“Desde el momento de su aprobación y fundamentalmente a partir de 2012, la inversión privada en vivienda exonerada de ciertas cargas impositivas se viene ejecutando de forma sostenida”, informó la cartera.

Las cifras muestran que el pico de proyectos ingresados se dio entre 2012 y 2013 con una media algo superior a las 3.000 viviendas. En los años posteriores las cifras descendieron y el año pasado se presentaron algo más de 1.500 viviendas.

En lo que va de 2018 se presentaron ante la Oficina del Inversor de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) 33 nuevos proyectos por un total de 862 viviendas. Según el ministerio, el flujo de proyectos “no se ha detenido, sino que continúa a buen ritmo”.

En la actualidad hay 7.954 viviendas terminadas, 6.016 en construcción y 1.188 cuyo proyecto ya fue aprobado y se espera el inicio de las obras. En tanto, existe declaración de venta de los inversores-promotores de 6.430 unidades

Los promotores privados sostienen que los inversores comenzaron a perder interés a comienzo de 2017 cuando entraron en vigencia los cambios en el sistema de tope de precios dispuestos por el Poder Ejecutivo.

De hecho, señalan ese factor como el principal elemento que ha modificado sus ecuaciones y que ha desestimulado la presentación de nuevas obras. Los empresarios entienden que la única regulación de ese mercado promovido desde el gobierno con exoneraciones impositivas casi totales debe estar dada por la oferta y la demanda.

Originalmente, cuando se aprobó la ley de Vivienda Social en 2011, no había topes sobre los precios de venta. Tres años después se limitó el precio del 25% de las unidades de cada proyecto. Luego, en 2017 el tope se redujo al 10% de las viviendas, pero con la salvedad de que esas unidades se ponen a disposición del Ministerio de Vivienda hasta un año después de terminadas y a valores de entre US$ 35 mil y US$ 40 mil menos que su valor de mercado.

También se modificaron los beneficios fiscales para las viviendas que se vuelcan al mercado de arrendamiento. Los inversores que adquieren esos inmuebles pueden exonerar el 100% de IRPF e IRAE siempre que los precios de arrendamiento no superen los topes que determina el gobierno. Cuando se supera ese límite, el beneficio se reduce a 40% de las rentas generadas. Antes la normativa no hacía referencia a los precios.

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