La industria de la construcción cayó 12,3% en marzo y acumula en el primer trimestre del año una contracción del 11,3%, en siete meses de continuas variaciones negativas, informó el  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina.  El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), registró en marzo respecto del mes anterior una contracción del 3,5%, de acuerdo con las cifras oficiales.

En esta comparación con el mes anterior la variación negativa se da después de dos meses de indicadores positivos del 4,8% de enero y del 8,6% de febrero, que hacían pensar en una mejora del sector. Los empresarios de la construcción estimaron que la recesión continuará durante el segundo trimestre del año.

Entre las compañías que se desempeñan en el sector de emprendimientos privados, un 50% de los empresarios consideró que el nivel de actividad seguirá cayendo entre abril y junio, y entre las que se dedican a la obra pública el 44,6% también estimó que disminuirá. Solamente el 7,5% de los empresarios que se desempeñan en emprendimientos privados y el 2,7% de los que se dedican a la obra pública, proyectaron una mejora en ese período.

Los empresarios que proyectaron una baja para el segundo semestre la adjudicaron a la caída de la actividad económica, la inestabilidad de los precios y los atrasos en las cadenas de pagos. La encuesta que elabora el INDEC señaló que los empresarios estimaron que las políticas para reactivar el sector, que lleva siete meses de contracción, deben dirigirse a la estabilidad de precios, créditos, bajar las cargas fiscales y reflotar el crédito hipotecario.

Los pedidos de permisos de construcción de emprendimientos privados en los 60 municipios más representativos del país, cayeron en marzo un 19,5% en la medición interanual y un 8,7% en la comparación con febrero pasado. El consumo de los insumos para la construcción en marzo con relación a igual mes del año anterior, registró bajas de 34,2% en pisos y revestimientos cerámicos, 29,5% en asfalto, 23,4% en artículos sanitarios, 20,1% en ladrillos y 17,6% en hierro y aceros. También se contrajo en un 13,8% el consumo de cemento, 8,3% el de mosaicos, 7,4% en cales, 5,5% en el resto de los insumos (grifería, tubos de acero y vidrio), 3,7% en hormigón elaborado, 2,9% en yeso y 0,8% en pinturas.

 

Reducción de cargas fiscales

Desde el ámbito de la construcción también destacaron la necesidad de articular propuestas en conjunto para hacer frente tanto a los vaivenes macroeconómicos como los microeconómicos. En este sentido, desde la Cámara Argentina de la Construcción insistieron en la necesidad de “reconocer el trabajo de los espacios intersectoriales e interinstitucionales, que ya han consensuado los proyectos estratégicos para el desarrollo del país. Es tiempo de poner en marcha esos proyectos de infraestructura productiva, sanitaria, social, educativa, vial, que hacen falta, además de recuperar la iniciativa y proponer un plan de infraestructura para la ciudad y la región, cuyas prioridades sean definidas localmente y sea tenido en cuenta por las distintas jurisdicciones de gobierno, con un compromiso explícito de asignación presupuestaria y ejecución”.

Al igual que el sector industrial, aseguraron que la realidad de la industria de la construcción en lo local “no escapa a las mediciones oficiales publicadas recientemente por el INDEC”, aunque anticiparon que desde la Cámara están trabajando en la generación de “un índice local que refleje con mayor precisión las variaciones de la ciudad y la zona”.

“Como ocurre con otros sectores, las condiciones macroeconómicas y el direccionamiento de las políticas públicas generan incentivos o restricciones al desarrollo de la actividad de la construcción. Se trata de uno de los sectores con mayor capacidad de dinamización de la economía en su conjunto y que en nuestra ciudad tiene una participación de alrededor del 10% en el PBG local”, indicaron.

Según señalaron, los indicadores de coyuntura de la actividad y el análisis de las expectativas generales de las empresas del sector muestran un panorama “adverso”. De hecho, la encuesta que la Cámara realizó al sector señala que tanto las empresas que ejecutan obra pública como las dedicadas a la obra privada consideran que el nivel de actividad del sector “disminuirá o mantendrá los niveles actuales”.

Según un informe de la Universidad Católica de Chile, el valor de las propiedades ha subido hasta 150% en el Gran Santiago en la última década, mientras que los ingresos lo han hecho solo en 25%.

El documento, dado a conocer por el diario trasandino La Tercera,  sostiene que “existe una brecha creciente en el precio de las viviendas y los ingresos familiares, y son las clases medias las que se ven más impactadas: no son sujetos de subsidios, no tienen capacidad de ahorro y se enfrentan a condiciones crediticias cada vez más restrictivas en los bancos”. Esta es una de las consecuencias que, a juicio de Luis Fuentes, director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, se puede inferir del análisis del nuevo índice de precios de viviendas para el Área Metropolitana de Santiago, desarrollado por esta entidad y la consultora urbana Inciti.

Este analiza la evolución de los valores reales (en UF) y nominales (en pesos) de las propiedades, nuevas y usadas, en los últimos 10 años, y los compara con el aumento de los ingresos familiares durante el mismo período. Así, mientras las viviendas han aumentado su valor nominal entre un 95% y 150%, según el sector de la capital, los ingresos han crecido solo 25% en el mismo período.

“El alza de precios del mercado inmobiliario es un fenómeno global, pero en Chile los salarios no crecen al mismo nivel. Así se da el fenómeno de que hoy las personas deben destinar un mayor porcentaje de su presupuesto para pagar un dividendo”, agregó Fuentes y ejemplificó que “Si entre 2009 y 2010 las familias pagaban por concepto de crédito hipotecario en torno al 22% de sus ingresos, entre 2016 y 2017 esa proporción subió a 29%”.

Marcelo Bauzá, socio fundador de Inciti, explicó que este índice de precios de las viviendas fue elaborado a partir de una “metodología internacionalmente reconocida, por la cual analizamos más de 500 mil transacciones de casas y departamentos en el Gran Santiago y calculamos un valor promedio de estas propiedades mirando un conjunto de características como metros cuadrados, ubicación y año de construcción”.

Utilizando esta referencia, el instituto e Inciti publicaron en mayo del año pasado un estudio que analizaba la cantidad de personas que pueden comprar una vivienda. “De cada 10 familias, seis no podrían pagar por una vivienda, ni siquiera por las más baratas”, recalca el director del Instituto de Estudios Urbanos. “Gran parte de la población no tiene más alternativa que el arriendo”, concluyó.

 

Soluciones 

La brecha de las familias para comprar sus viviendas es un tema que volvió al debate tras los dichos del ministro de Vivienda chileno, Cristián Monckeberg, y del empresario Andrónico Luksic, quienes afirmaron que un grupo importante de chilenos son propietarios y que la clase media puede darse el lujo de tener un segundo auto y una casa en la playa.

La académica de Sociología de la Universidad de Chile (UC) y especialista en estudios de la clase media Emmanuelle Barozet indicó que el estudio de la UC muestra que la segregación se está reforzando, “pues se limita la movilidad de las familias para pasar de un barrio a otro. Para la clase media alta, el recorrido es más libre y puede fijar una estrategia de movilidad, pero los demás grupos están limitados a cohabitar en espacios de la misma condición social”.

Agregó además que es  preocupante “el estancamiento de los salarios, porque existe la tendencia en Chile a endeudarse para cosas no suntuarias, sino fundamentales para vivir, como lo es la vivienda, la salud o la educación”.

Para revertir esta situación, Marcelo Bauzá dice que estos números “obligan a repensar la forma de construir la ciudad”, y que deben abrir un debate “sobre las nuevas políticas públicas que se requieren para solucionar estas brechas”.

Entre sus propuestas están la densificación de la ciudad con un mejor equipamiento, servicios y áreas verdes; la mejora de los proyectos de integración social; la creación de nuevos subsidios de clase media, y el incentivo a las formas colectivas de acceso a la vivienda, como las cooperativas.

El especialista Wilson Baliño, quien, además, es asesor laboral de la Liga de la Construcción, explicó…

La cifras fueron informadas por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, durante la a rendición de cuentas denominada “1.500 obras para un gran proyecto de país”, realizada en la Torre Ejecutiva.

 “El martes 9 de abril se cumplieron 1.500 días del período gobierno, por eso convocamos a la presentación de la rendición de cuentas denominada ‘1.500 obras para un gran proyecto de país’, a la hora 11:00, en el salón de actos de la Torre Ejecutiva (Liniers 1324)”, comunicó el director de la OPP, Álvaro García.

En conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros realizado este lunes 8, detalló que la Dirección de Descentralización e Inversión Pública de esa oficina ejecuta obras, en conjunto con los gobiernos departamentales y municipios, que representan una inversión de 12.000 millones de pesos desde el 1.° de marzo 2015.

“Nos llena de orgullo que todo lo comprometido con los gobiernos subnacionales desde 2005 se cumplió”, sostuvo el jerarca, quien recordó que existieron casos, como las inundaciones o el tornado en Dolores en 2016, en que hubo que redirigir recursos económicos. “El acuerdo con los intendentes y municipios brinda el marco de trabajo y tranquilidad para lograr el objetivo principal, que es realizar obras para la gente”, reseñó.

 

Proyectos

A modo de ejemplo, mencionó algunos proyectos que se culminaron en los últimos días: las obras en la calle Atanasio Sierra de Colonia, la refacción completa de la plaza de toros Real de San Carlos y la inauguración del centro de Sarandí Grande, que representa la mayor obra de la historia de la cuidad floridense.

También resaltó el camino que une la ruta 1 con el camino Carretón en San José, la infraestructura en el barrio Chapita de Paysandú, la inauguración del museo en Cerro Chato, donde votó por primera vez la mujer, y el puente de la Raca en Rivera. Además, enfatizó que para las obras de caminería rural se destinaron 230 millones de dólares.

“Esto es importante, lleva la descentralización a la práctica y tiene que tener una vuelta de tuerca. Para eso, presentamos un proyecto de ley, que están en tratamiento parlamentario, para que Uruguay avance aún más en este proceso permanente”, acotó García.

 

Nueva etapa UPM

Por otra parte, el titular de la OPP señaló que una nueva etapa del acuerdo con UPM se cerró “satisfactoriamente”. García, no obstante, afirmó que aún restan ajustar algunas líneas sobre cuestiones ambientales, aunque se resolverá rápidamente. La segunda fase del acuerdo de inversión para la instalación de una segunda planta de la papelera finlandesa UPM en Uruguay, que sería la tercera de este tipo en el país, cerró “satisfactoriamente”, anunció este lunes la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

García explicó que si bien aún restan algunas líneas de trabajo vinculadas a las autorizaciones ambientales necesarias para la instalación de la planta, todos los demás ítems tratados en la segunda fase de negociaciones, que tenía su plazo límite el pasado 31 de marzo, culminaron satisfactoriamente.

El director de OPP indicó que este abril será “un mes importante” porque está previsto que en él culminen los plazos vinculados a las autorizaciones ambientales y “se pueda arribar a una decisión”.

La papelera finlandesa UPM se encuentra desde 2016 en negociaciones con el Gobierno uruguayo para instalar su segunda planta de celulosa en el país suramericano, que sería la tercera de este tipo en Uruguay y se ubicaría a orillas del Río Negro.

La propuesta de inversión tuvo un primer período de negociación de aproximadamente un año y medio que culminó el 7 de noviembre de 2017.

Al culminar esa primera fase, ambas partes firmaron un contrato de inversión que sentó las bases para la instalación de la planta, aunque la decisión final sobre la inversión se dará a mediados de 2019 o principios de 2020 según establece el texto del acuerdo.

Por otro lado, García sostuvo que el próximo 9 de abril se cumplen 1.500 días del actual período de Gobierno, que comenzó el 1 de marzo de 2015, y destacó que en ese período se han concretado más de 1.500 obras en conjunto con intendencias y municipios y se han invertido unos 12.000 millones de pesos (unos 354 millones de dólares).

 

Se aprobó transferencia

Un proyecto de mejora de la costa de la ciudad de Paysandú sobre el río Uruguay será cofinanciado con aportes del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional, para lo cual el director de la OPP, Álvaro García, firmó la transferencia de unos 126 millones de pesos a la intendencia departamental. Las obras consisten en el reacondicionamiento urbano y paisajístico del paseo ribereño de la capital sanducera.

El plan para la mejora del paso costero de Paysandú es considerado por las autoridades departamentales como uno de las más importantes del actual quinquenio de gobierno, ya que permitirá dotar a la zona de mayor seguridad vial, con la construcción de una separación vehicular-peatonal y una bicisenda.

Además, se instalará nuevo equipamiento y mobiliario urbano, alumbrado público e iluminación peatonal y se concretará mayor jerarquización del paseo y acondicionamiento paisajístico.

La intervención abarcará la zona oeste de la ciudad de Paysandú, que bordea el río Uruguay, en el tramo comprendido entre el Obelisco y la avenida José Batlle y Ordóñez. Se invertirán para su ejecución más de 126 millones de pesos, a través del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional II (PDGS II) que administra la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Para ello, García ya aprobó la transferencia de los fondos a la Intendencia de Paysandú.

En los últimos años, el Gobierno nacional transfirió a la intendencia sanducera el equivalente a unos 13 millones de dólares en inversión mediante el referido programa, precisó el subdirector de la OPP, Santiago Soto, durante la presentación del proyecto, el 22 de mayo de 2018.

Esa cifra incluye la financiación de la recuperación ya ejecutada de la avenida Roldán, la recuperación y reconstitución del espacio público del barrio La Chapita y la transformación del parque París Londres, agregó.

“Tras la autorización por parte de la Dinama, en cumplimiento de la primera fase del proceso de habilitación ambiental, en los próximos días comenzarán los trabajos preparatorios para la construcción del Ferrocarril Central”, informó el ministro de Transporte, Víctor Rossi. Sobre las expropiaciones de padrones, explicó que “solamente hay 30 expedientes de un total de 651 que han recurrido al trámite judicial”.

 “Se firmó la autorización por parte de la  Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), en cumplimiento de la primera fase del proceso de habilitación ambiental para el proyecto Ferrocarril Central”, repasó Rossi en rueda de prensa este miércoles 20 en la sede ministerial, junto al subsecretario, Jorge Setelich. Señaló que “esta resolución llega luego de más de un año de trabajo con estudios profundos y los trámites correspondientes de acuerdo con lo que establece la legislación”.

Informó que “en los próximos días comenzarán los trabajos preparatorios para la construcción, como la definición de la faja, el desmalezamiento, alineaciones, el establecimiento de niveles y la preparación del terreno para el inicio de las obras físicas de mayor porte”.

Sobre las expropiaciones de terrenos, enfatizó que “el proceso se desarrolla con absoluta normalidad”. Dijo que, “desde luego, puede haber alguien que desee una mayor compensación, pero hay un altísimo porcentaje de acuerdo entre los vecinos y los representantes del Estado”.

En este sentido, manifestó que “solamente hay 30 expedientes de un total de 651 que han recurrido al trámite judicial”. Explicó que, de ese total, 81 padrones son del Estado, en los que ya se puede actuar, a los que se suman 439 en los que el ministerio cuenta con la autorización de los titulares para ocupar, y los demás están en trámite.

“En la vía judicial, están los 30 casos mencionados, que incluyen disconformidad de los vecinos, y, en algunos, la necesidad de lograr de la Justicia la confirmación de la documentación, porque hay muchos que no tienen la certificación del título de propiedad y eso es necesario para recibir la compensación de la expropiación”, señaló Rossi.

En otro aspecto del proceso, repasó que “se realizó un análisis teórico de máxima para estimar el traslado de cargas y frecuencias”. El objetivo es que “el ferrocarril sea capaz de transportar unos cuatro millones de toneladas netas anuales”.

Detalló que “si se instala la nueva planta de UPM, se estiman poco más de dos millones de toneladas anuales netas para traslado de celulosa”. Para esto “se tiene la posibilidad de que corran siete frecuencias de ida y siete de vuelta”, indicó.

Agregó que “a estas cargas se pueden agregar otras, que sumarían hasta 15 frecuencias de ida y 15 de vuelta”. Paralelamente, “se estiman hasta nueve frecuencias de ida y nueve de vuelta para el transporte de pasajeros”.

Por su parte Setelich, destacó que se creó una comisión de seguimiento para obtener un monitoreo y una capacidad de respuesta rápida y precisa a situaciones que no estén contempladas. Puntualizó que “el ministerio es el responsable, pero creó este ámbito institucional junto con otros actores relevantes, como Dinama, intendencias, otros organismos, el contratista, vecinos y empresas”.

 

Estudio previo

Como se recordará, la (Dinama) otorgó la autorización para el comienzo de las obras del Ferrocarril Central, marco en el cual se deberá presentar un plan de gestión ambiental por cada tramo, según informó el titular de la repartición, Alejandro Nario. Los principales aspectos considerados en el estudio de impacto fueron los ruidos, la calidad del aire y la afectación del tránsito.

Nario, en compañía del ministro interino de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rucks, anunció la aprobación de la autorización previa para la realización del proyecto Ferrocarril Central. En rueda de prensa, explicó que los principales componentes considerados fueron los relacionados con la contaminación sonora, la calidad del aire y la afectación del tránsito, en especial, en la localidad de Sarandí Grande, departamento de Florida.

El titular de la Dinama destacó el valor del proceso de participación popular realizado a partir de ocho diálogos locales y dos audiencias públicas, en las cuales la población plasmó sus consejos y reclamos, que fueron tomados en cuenta a la hora de determinar el proyecto final. 

“Estamos muy orgullosos del trabajo de nuestros técnicos y con el Observatorio Ambiental se puede confirmar todos los pasos seguidos, lo cual le fuimos pidiendo a la empresa a cargo de la construcción de las vías férreas y al Ministerio de Transporte”, dijo.

Se acordó, además, crear una comisión de coordinación para el seguimiento de la obra, que analizará cada tramo por construir, y que las próximas etapas se centrarán en la topografía y la geodesia.

Rucks precisó que el proceso de análisis de la obra comenzó en abril de 2018 y que ese estudio concluye que los impactos ambientales que provoque la obra serán mitigables en el cumplimiento de lo exigido.

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